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DECISIÓN AMPARO ROL C4342-20</p>
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Entidad pública: Secretaría Regional Ministerial de Bienes Nacionales Región de Arica-Parinacota.</p>
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Requirente: Roberto Eduardo Santamaría Koch.</p>
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Ingreso Consejo: 23.07.2020</p>
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RESUMEN</p>
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Se acoge el amparo deducido en contra de la Secretaría Regional Ministerial de Bienes Nacionales Región de Arica-Parinacota, en cuanto a la falta de derivación del requerimiento a la Fuerza Aérea de Chile, en los términos dispuestos en el artículo 13 de la Ley de Transparencia, respecto del oficio N° 2204, de 1976, solicitado. Además, en virtud del principio de facilitación se derivará la solicitud de acceso, en lo pertinente, a dicha Institución.</p>
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Por su parte, se requiere la entrega del plano solicitado, debido a que se trata de información pública, la cual tenida a la vista se observa que sólo se consignan los deslindes del inmueble en los mismos términos indicados en el decreto de destinación, sin hacer alusión alguna a la distribución interna del predio. Además, dicho plano forma parte de la inscripción del inmueble fiscal en el Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Arica, el cual tiene el carácter de público, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 49 del Reglamento del Registro Conservatorio de Bienes Raíces. A mayor abundamiento, el propio órgano mantiene permanentemente a disposición del público, en su portal de Transparencia Activa, los decretos de destinación de inmuebles fiscales, particularmente, los de fecha posterior al año 2010, motivo por los cuales se desestimaron las alegaciones del órgano relativas a una afectación a la Seguridad y Defensa Nacional.</p>
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En tal sentido, con anterioridad se ha resuelto la publicidad de decretos de destinación en las decisiones de los amparos Roles C3741-18 (Fuerza Aérea de Chile) y C5727-18 (Armada de Chile).</p>
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Finalmente, se representa al órgano reclamado el no haber derivado la solicitud de información a la Fuerza Aérea de Chile.</p>
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En sesión ordinaria N° 1139 del Consejo Directivo, celebrada el 27 de octubre de 2020, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto del amparo Rol C4342-20.</p>
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VISTO:</p>
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Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.</p>
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TENIENDO PRESENTE:</p>
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1) SOLICITUD DE ACCESO: Con fecha 17 de julio de 2020, don Roberto Eduardo Santamaría Koch solicitó a la Secretaría Regional Ministerial de Bienes Nacionales Región de Arica-Parinacota, "Antecedentes mencionados en el decreto N° 704 del 18 de Junio de 1976 del Ministerio de Tierras y Colonización":</p>
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a) "Oficio N° 2204, de 15 de marzo de 1976, de la Comandancia en Jefe de la Fuerza Aérea de Chile".</p>
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b) "Plano N° 97.450".</p>
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2) RESPUESTA: La Secretaría Regional Ministerial de Bienes Nacionales Región de Arica-Parinacota mediante resolución exenta N° 27893, de fecha 22 de julio de 2020, denegó el acceso a la información solicitada en virtud de la causal de secreto o reserva dispuesta en el artículo 21 N° 3 de la Ley de Transparencia.</p>
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3) AMPARO: Con fecha 23 de julio de 2020, don Roberto Eduardo Santamaría Koch dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra de la Secretaría Regional Ministerial de Bienes Nacionales Región de Arica-Parinacota, fundado en la respuesta negativa a la solicitud.</p>
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4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación el presente amparo, confiriendo traslado al Sr. Secretario Regional Ministerial de Bienes Nacionales Región de Arica-Parinacota mediante Oficio N° E13.019, de fecha 10 de agosto de 2020, para que formulara sus descargos y observaciones solicitando, especialmente, lo siguiente: (1°) se refiera a las causales de secreto o reserva que, a su juicio, harían procedente la denegación de la información reclamada; (2°) detalle cómo la entrega de aquella afectaría la seguridad de la Nación; y, (3°) remita copia íntegra de la solicitud objeto del presente amparo.</p>
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El órgano reclamado por medio de oficio N° 4526, de fecha 7 de octubre de 2020, reiteró lo señalado en su respuesta en orden a que respecto de lo pedido se configura la causal de secreto o reserva dispuesta en el artículo 21 N° 3 de la Ley de Transparencia, agregando que "el Decreto N° 704, de fecha 18 de junio de 1976 versa sobre la destinación en favor del Ministerio de Defensa - Subsecretaría de Guerra-, respecto del inmueble fiscal denominado "El Buitre", ubicado en la comuna y provincia de Arica. Por lo anterior, el Oficio N° 2204, de 15 de marzo de 1976, de la Comandancia en Jefe de la Fuerza Aérea de Chile, se refiere a los antecedentes que se tuvieron a la vista para la dictación del Decreto, mientras que el Plano N° 97.450 se refiere al inmueble destinado. De esta manera, el requerimiento se estaría refiriendo a un antecedente que se refiere a la Defensa Nacional". Así, sostienen que la divulgación de lo pedido afecta la Seguridad de la Nación, por cuanto dichos antecedentes versan sobre una destinación otorgada en favor del Ministerio de Defensa para el cumplimiento de sus funciones, más tratándose de una zona fronteriza, como lo es la Región de Arica y Parinacota.</p>
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Por su parte, consideran que se configura la causal de secreto o reserva establecida en el artículo 21 N° 5 de la ley citada, en relación con lo prescrito en el artículo 436 N° 2 del Código de Justicia Militar. Así, estiman que la ley ha señalado expresamente, despejando cualquier duda del intérprete, que es secreta la información relacionada con las instalaciones militares, así como también lo son todos los antecedentes relativos a la materia. En este aspecto no cabe sino concluir que la información relativa a la destinación del inmueble fiscal denominado El Buitre es materia reservada, toda vez que versa sobre instalaciones de recintos militares. De esta forma, indican que si bien es cierto la expresión "seguridad de la Nación" no se encuentra definida en términos formales, no es menos cierto que las reglas hermenéuticas contenidas en nuestro ordenamiento jurídico permiten concluir, en lo sustancial, que ella abarca tanto la preservación de la seguridad interna como externa del Estado de manera de asegurar la soberanía, por lo que la defensa nacional juega un rol preponderante en aquello.</p>
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5) GESTIÓN OFICIOSA AL ÓRGANO RECLAMADO: En atención a lo señalado precedentemente, este Consejo solicitó a la Secretaría Regional Ministerial de Bienes Nacionales Región de Arica-Parinacota, mediante correo electrónico de fecha 7 de octubre de 2020, remita copia de la información solicitada.</p>
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El órgano reclamado por medio de correo electrónico, de fecha 7 de octubre de 2020, remitió copia del plano requerido, informando que el oficio pedido fue dictado por la Fuerza Aérea, razón por la cual, no obra en su poder.</p>
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Y CONSIDERANDO:</p>
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1) Que este amparo se funda en la respuesta negativa a la solicitud de información. Al respecto, el órgano reclamado argumentó que concurre las causales de secreto o reserva dispuestas en el artículo 21 N° 3 y N° 5 de la Ley de Transparencia, en relación con lo establecido en el artículo 436 N° 2 del Código de Justicia Militar.</p>
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2) Que la información solicitada dice relación con el decreto supremo N° 704, de fecha 18 de junio de 1976, del Subsecretario de Tierras y Colonización, que "deroga decreto N° 2062 de 1950. Ministerio de Defensa Nacional -Subsecretaría de Guerra.- Destina predio fiscal de la I Región"; en el que se señala, en lo pertinente, lo siguiente: "Vistos estos antecedentes, el oficio N° 2204, de 15 de marzo de 1976, de la Comandancia en Jefe de la Fuerza Aérea...". Por su parte, en el N° 2 se indica "Destínese al Ministerio de Defensa Nacional - Subsecretaría de Guerra - para fines propios del Ejército de Chile, el predio fiscal ubicado en el lugar denominado El Buitre, de la comuna y provincia de Arica, I Región, inscrito (...) individualizado en el plano N° 97.450...".</p>
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3) Que el decreto ley N° 1.939, año 1977, Normas sobre adquisición, administración y disposición de bienes del Estado - en adelante D.L. N° 1939 -, establece que dichas facultades corresponden al Presidente de la República, quien las ejercerá por intermedio del Ministerio de Tierras y Colonización (artículo 1°, inciso 1°). Los bienes del Estado podrán ser objeto, entre otros, de destinaciones (artículo 55), por medio de las cuales uno o más de éstos se le asignan a la institución que los solicita, con el objeto de que los emplee en el cumplimiento de sus fines propios. Estas destinaciones sólo se dispondrán en favor de los servicios y entidades que conforman la Administración del Estado, el Poder Judicial, los Servicios dependientes del Congreso Nacional y la Contraloría General de la República (artículo 56, incisos 1° y 2°). La Dirección de Tierras y Bienes Nacionales del Ministerio deberá registrar los decretos y resoluciones en los cuales se disponga la destinación de esos bienes, los que deberán contener la frase "Regístrese en la Dirección de Tierras y Bienes Nacionales" (artículo 5°, inciso 1°).</p>
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4) Que, por su parte, el artículo primero del decreto ley N° 3.274, año 1980, que fija ley orgánica del Ministerio de Bienes Nacionales, se dispone que "El Ministerio de Bienes Nacionales es la Secretaría de Estado encargada de aplicar, controlar y orientar las políticas aprobadas por el Supremo Gobierno, como asimismo aplicar la legislación correspondiente y controlar su cumplimiento, en las siguientes materias; sin perjuicio de las facultades de la Contraloría General de la República: a) Las relativas a la adquisición, administración y disposición de bienes fiscales...". En tal sentido, el artículo 2 del decreto supremo N° 386, año 1981, del Ministerio de Bienes Nacionales, Reglamento Orgánico del Ministerio de Bienes Nacionales - en adelante D.S. N° 386/1981-, dispone que "El Ministerio, a través de la Subsecretaría y sus organismos regionales, estudiará, planificará, resolverá o propondrá, según corresponda, especialmente respecto de las siguientes materias: (...) b) Destinaciones, concesiones y arrendamientos de bienes fiscales...".</p>
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5) Que, en este punto, cabe tener presente lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 8 de la Constitución Política de la República, en orden a que "son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen. Sin embargo, sólo una ley de quórum calificado podrá establecer la reserva o secreto de aquéllos o de éstos, cuando la publicidad afectare el debido cumplimiento de las funciones de dichos órganos, los derechos de las personas, la seguridad de la Nación o el interés nacional". Por su parte, según lo establecido en los artículos 5, inciso segundo y 10 de la Ley de Transparencia, se considera información pública toda aquella que obre en poder de los órganos de la Administración del Estado, cualquiera sea su formato, soporte, fecha de creación, origen, clasificación o procesamiento, además de aquella contenida en "actos, resoluciones, actas, expedientes, contratos y acuerdos, así como a toda información elaborada con presupuesto público", salvo que dicha información se encontrare sujeta a las excepciones establecidas en el artículo 21 de la Ley de Transparencia, las que, por ser de derecho estricto y una excepción, deben aplicarse en forma restrictiva, debiendo ser acreditada por aquel que la invoca.</p>
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6) Que, en consecuencia, en principio, la información solicitada es pública, toda vez que corresponde a los antecedentes que sirvieron de fundamentos al decreto supremo N° 704, esto es, acto administrativo emitido por el respectivo órgano de la Administración del Estado, en el ejercicio de una potestad pública en los términos del artículo 3° de la ley N° 19.880, que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado.</p>
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7) Que en cuanto al oficio N° 2204 pedido en el literal a) de la solicitud, si bien el órgano reclamado alegó la concurrencia de las causales de secreto o reserva señaladas; con ocasión de respuesta a gestión oficiosa realizada por este Consejo, señaló que aquel no obra en su poder por ser un acto emanado de la Comandancia en Jefe de la Fuerza Aérea. En este punto, se debe considerar lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley de Transparencia, en orden a que "En caso que el órgano de la Administración requerido no sea competente para ocuparse de la solicitud de información o no posea los documentos solicitados, enviará de inmediato la solicitud a la autoridad que deba conocerla según el ordenamiento jurídico, en la medida que ésta sea posible de individualizar, informando de ello al peticionario...". De esta forma, atendido lo alegado por el órgano reclamado, la procedencia del acto y su data, se acogerá este amparo, sólo por cuanto infringió el artículo señalado, situación que se representará en lo resolutivo de esta decisión, al no derivar la solicitud de acceso al órgano de la Administración del Estado competentes Con todo, en virtud del principio de facilitación consagrado en el artículo 11 letra f) de la ley mencionada, este Consejo derivará a la Fuerza Aérea de Chile, el requerimiento de acceso, en lo pertinente, a fin de que se pronuncien expresamente respecto de las materias propias de su competencia.</p>
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8) Que respecto al plano solicitado en el literal b) del requerimiento, cabe hacer presente que este Consejo lo tuvo a la vista, así como también el decreto supremo N° 704, el que en su texto señala los antecedentes de la destinación, pone término a destinaciones anteriores, indica la ubicación del inmueble, los datos de inscripción en el Registro de Propiedad del año 1935 del Conservador de Bienes Raíces de Arica, indicación del plano, superficie y deslindes del inmueble. De esta forma se constata que en plano pedido sólo se señalan los deslindes del inmueble en los mismos términos indicados en el decreto de destinación, sin hacer alusión alguna a la distribución interna del predio. En tal sentido, el órgano reclamado alegó la concurrencia de las causales de excepción dispuestas en el artículo 21 N° 3 y N° 5 de la Ley de Transparencia, en relación con lo establecido en el artículo 436 N° 2 del Código de Justicia Militar.</p>
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9) Que el artículo 436 del Código de Justicia Militar prescribe que "Se entiende por documentos secretos aquellos cuyo contenido se relaciona directamente con la seguridad del Estado, la Defensa Nacional, el orden público interior o la seguridad de las personas y entre otros: () 2.- Los atinentes a planos o instalaciones de recintos militares o policiales y los planes de operación o de servicio de dichas instituciones con sus respectivos antecedentes de cualquier naturaleza, relativos a esta materia". Al respecto, a partir de la decisión del amparo Rol C45-09, ha establecido que el artículo 436 del Código de Justicia Militar posee el carácter de ley de quórum calificado para efectos de establecer el secreto o reserva respecto de aquellos documentos que se relacionan directamente con la seguridad del Estado, la defensa nacional, el orden público interior o la seguridad de las personas, algunos de los cuales menciona a título ejemplar. Ahora, en virtud de lo dispuesto en el artículo 21 N° 5 y del artículo 1° transitorio de la Ley de Transparencia, este Consejo ha concluido, que para la aplicación de una norma que disponga el secreto o reserva de determinados antecedentes dictada con anterioridad a la ley señalada, no sólo basta que ésta sea de rango legal y entendida por este hecho de quórum calificado, sino que, además debe reconducirse a alguno de los motivos constitucionales de secreto o reserva que además establece el artículo 8°, inciso 2°, de la Carta Fundamental.</p>
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10) Que, por lo expuesto, si bien el artículo 436 del Código de Justicia Militar, en tanto norma legal, está formalmente sujeta a lo dispuesto por el artículo 1° transitorio de la Ley de Transparencia (y puede por tanto ser objeto de reconducción formal), es igualmente menester determinar si el contenido de dicha disposición guarda correspondencia con las causales de secreto señaladas por el constituyente (es decir, si puede tener lugar a su respecto la reconducción material). Esta reconducción material señalada debe estar guiada por la exigencia de "afectación" de los bienes jurídicos indicados en el artículo 8°, inciso 2°, de la Constitución Política de la República, esto es, debido cumplimiento de las funciones de los órganos del Estado, derechos de las personas, seguridad de la Nación o el interés nacional, lo que, en la especie, no ha ocurrido. En efecto, de los antecedentes examinados, a juicio de este Consejo, aquél no ha sido el estándar demostrado por el órgano reclamado, por cuanto no se ha acreditado detalladamente la afectación de ninguno de los bienes jurídicos establecidos en la norma constitucional, sino que sus argumentaciones se sustentan en situaciones hipotéticas respecto a eventuales consecuencias de la publicidad del plano reclamado, pero sin acreditarla de manera concreta, suficiente e indubitada, de forma tal que permita tener por configurada la causal de reserva alegada.</p>
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11) Que, en este punto, cabe tener presente que la información contenida en el plano pedido es la misma de la que se da cuenta en la inscripción del inmueble, referido a sus deslindes, por lo que, son datos públicos, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 49 del Reglamento del Registro Conservatorio de Bienes Raíces, pues se encuentran en registros públicos. De esta forma, el requirente podría concurrir al Conservador de Bienes Raíces del respectivo territorio o departamento donde se emplaza el terreno consultado, y con la sola revisión de los índices pertinentes podría acceder a lo requerido, sin necesidad de aportar determinados datos o solicitar certificaciones o copias de los documentos en que dicha información consta. En consecuencia, resulta plausible concluir que la información relativa a la destinación, la inscripción del inmueble en el Conservador de Bienes Raíces, su ubicación, superficie y deslindes, es pública, por cuanto consta su inscripción en un registro de carácter eminentemente público.</p>
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12) Que, por otra parte, el propio Ministerio de Bienes Nacionales, en su Portal de Transparencia Activa, apartado "Actos y resoluciones con efectos sobre terceros", ítem "Destinaciones", y de conformidad a lo dispuesto en el artículo 7 letra g) de la Ley de Transparencia, mantiene permanentemente a disposición del público una gran cantidad de decretos de destinación de inmuebles fiscales a diversos órganos de la Administración del Estado, entre ellos al Ejército de Chile, a Carabineros de Chile, a la Dirección General de Movilización Nacional, mediante la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas, a la Dirección de Aeronáutica Civil, entre otros. Los que tienen formato similar a aquel acto administrativo, al que sirvió de fundamento el plano consultado, en los que se indica, principalmente, el órgano beneficiado con la destinación, la ubicación o dirección del inmueble, los datos de inscripción en el Conservador de Bienes Raíces respectivo, así como los datos referidos al plano, superficie y deslindes del inmueble. En tal sentido, se debe considerar que este Consejo ha resuelto la entrega de decretos de destinación en las decisiones de los amparos Roles C3741-18 (Fuerza Aérea de Chile) y C5727-18 (Armada de Chile).</p>
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13) Que, en virtud de lo razonado precedentemente, este Consejo no advierte de qué forma la entrega del plano requerido pueda afectar la seguridad o defensa nacional, puesto que las alegaciones del órgano reclamado al no haber sido acreditadas fehacientemente, constituyen argumentaciones que no revisten la consistencia suficiente para configurar las causales de reserva alegadas.</p>
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14) Que, en consecuencia, tratándose de información que obra en poder del órgano reclamado, y habiéndose desestimado las causales de reserva del artículo 21 N° 3 y N° 5 de la Ley de Transparencia, en relación con lo dispuesto en el artículo 436 N° 2 del Código de Justicia Militar, este Consejo procederá a acoger el presente amparo, requiriendo la entrega de la información solicitada.</p>
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EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:</p>
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I. Acoger el amparo deducido por don Roberto Eduardo Santamaría Koch en contra de la Secretaría Regional Ministerial de Bienes Nacionales Región de Arica-Parinacota, en cuanto no procedió a derivar el requerimiento respecto de lo pedido en el literal a), en los términos previstos en el artículo 13 de la Ley de Transparencia a la Fuerza Aérea de Chile, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.</p>
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II. Requerir al Sr. Secretario Regional Ministerial de Bienes Nacionales Región de Arica-Parinacota, lo siguiente:</p>
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a) Hacer entrega al reclamante de copia del plano N° 97.450.</p>
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b) Cumplir dicho requerimiento en un plazo que no supere los 10 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia.</p>
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c) Acreditar la entrega efectiva de la información señalada en el literal a) precedente, en conformidad a lo establecido en el inciso segundo del artículo 17 de la Ley de Transparencia, por medio de comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dio cumplimiento a las obligaciones impuestas en la presente decisión en tiempo y forma.</p>
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III. Representar al Sr. Secretario Regional Ministerial de Bienes Nacionales Región de Arica-Parinacota la infracción al artículo 13 de la Ley de Transparencia, y al principio de oportunidad consagrado en el artículo 11, letra h) de la citada ley, al no haber derivado la solicitud de información, en lo pertinente, al organismo competente. Lo anterior, con la finalidad de que se adopten las medidas necesarias para que, en lo sucesivo, no se reiteren tales infracciones.</p>
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IV. Encomendar al Director General (S) y a la Directora Jurídica (S) de este Consejo, indistintamente, lo siguiente:</p>
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a) Derivar la solicitud de acceso, en cuanto a lo pedido en su literal a), a la Fuerza Aérea de Chile, a fin de que se pronuncien sobre las materias propias de su competencia.</p>
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b) Notificar el presente acuerdo a don Roberto Eduardo Santamaría Koch y al Sr. Secretario Regional Ministerial de Bienes Nacionales Región de Arica-Parinacota.</p>
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En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.</p>
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Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Jorge Jaraquemada Roblero y sus Consejeros doña Gloria de la Fuente González y don Francisco Javier Leturia Infante.</p>
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Por orden del Consejo Directivo, certifica la Directora Jurídica (S) del Consejo para la Transparencia doña Ana María Muñoz Massouh.</p>