Base de Datos de Jurisprudencia - Consejo para la Transparencia

Decisión ROL C4430-20

Reclamante:	CLAUDIO CIFUENTES LOBO
Reclamado:	DELEGACIÓN PRESIDENCIAL REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO
Resumen del caso: Se rechaza el amparo deducido en contra de la Intendencia Región Metropolitana de Santiago, Lo anterior, por cuanto el cuaderno marca Torre que porta regularmente el Intendente de la Región Metropolitana, no obra en poder de la reclamada, por ser un objeto personal del funcionario consultado y no revestir la naturaleza de información pública. Asimismo, se hace presente que, las agendas o cuadernos de los funcionarios públicos se configuran como instrumentos de organización personal constitutivos de la vida privada de su titular, en conformidad a la Garantía de Protección a la Vida Privada, consagrada en el artículo 19 N°4 de la Constitución Política de la República. Adicionalmente, este Consejo advierte que la publicidad de lo requerido afectaría el debido cumplimiento de las funciones del órgano reclamado.
Tipo de decisión:	Decisión de Fondo
Fecha de la decisión:	9/28/2020
Consejeros:	-Gloria Alejandra de la Fuente González -Francisco Javier Leturia Infante
Legislación aplicada:	Constitución Política de la República Ley de Transparencia
Palabras clave:
Jurisprudencia desde:	C533-09
Jurisprudencia a:	C4872-20 C4876-20
Recursos relacionados:
Descriptores jurídicos:	- Procedimiento de reclamo y amparo >> Requisitos de la presentación >> Otros
Descriptores analíticos:	Otros

DECISIÓN AMPARO ROL C4430-20   Entidad pública: Intendencia Región Metropolitana de Santiago Requirente: Claudio Cifuentes Lobo Ingreso Consejo: 28.07.2020 RESUMEN Se rechaza el amparo deducido en contra de la Intendencia Región Metropolitana de Santiago, Lo anterior, por cuanto el cuaderno marca Torre que porta regularmente el Intendente de la Región Metropolitana, no obra en poder de la reclamada, por ser un objeto personal del funcionario consultado y no revestir la naturaleza de información pública. Asimismo, se hace presente que, las agendas o cuadernos de los funcionarios públicos se configuran como instrumentos de organización personal constitutivos de la vida privada de su titular, en conformidad a la Garantía de Protección a la Vida Privada, consagrada en el artículo 19 N°4 de la Constitución Política de la República. Adicionalmente, este Consejo advierte que la publicidad de lo requerido afectaría el debido cumplimiento de las funciones del órgano reclamado. En sesión ordinaria N° 1130 del Consejo Directivo, celebrada el 22 de septiembre de 2020, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C4430-20. VISTO: Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia. TENIENDO PRESENTE: 1) SOLICITUD DE ACCESO: El 13 de junio de 2020, don Claudio Cifuentes Lobo solicitó a la Intendencia Región Metropolitana de Santiago, en adelanta e indistintamente, la Intendencia, la "copia del cuaderno marca Torre que el Intendente de la Región Metropolitana, Felipe Guevara, porta regularmente, asumiendo que éste se utiliza en el cumplimiento de sus funciones ministeriales, y que por lo tanto, la información que contiene sirve de sustento o complemento directo y esencial de los actos y resoluciones del Estado, cualquiera sea el formato o soporte en que se contenga. Por ello, requiere que la totalidad de este cuaderno sea escaneada directamente desde el original, tarjando las porciones de información que contengan datos personales u otros protegidos por el artículo 21 de la Ley de Transparencia. Agregando luego que, solicitó la información haciendo aplicación del principio de divisibilidad, establecido en el artículo 11 de la Ley de Transparencia, en virtud del cual, si un acto administrativo contiene información que puede ser conocida, e información que debe denegarse en virtud de causa legal, se dará acceso a la primera y no a la segunda". 2) RESPUESTA: Mediante oficio ordinario N° 4831, de 14 de julio de 2020, la Intendencia respondió a dicho requerimiento de información indicando que el cuaderno no fue adquirido con recursos públicos, por lo que su petición no constituye un requerimiento amparado por la Ley de Transparencia, correspondiendo además a un documento personal de la autoridad. 3) AMPARO: El 28 de julio de 2020, don Claudio Cifuentes Lobo dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en la respuesta negativa a la solicitud de información. Además, el reclamante hizo presente que: "En un periodo de aproximadamente 6 meses, el intendente metropolitano utilizó este cuaderno en diferentes instancias públicas propias del cumplimiento de sus funciones (...) Este cuaderno, entonces, está visiblemente ligado a sus labores como funcionario público, a las decisiones y actos administrativos que conlleva su cargo, a sus fundamentos, procedimientos y actividades propias del cargo. Por lo tanto, la información que contiene el cuaderno ha sido visiblemente producida con presupuesto público, más allá del origen de los recursos con los cuales se compró este artículo. Ahora, en caso de que se acoja el argumento de la Intendencia Metropolitana, y se asuma que el cuaderno contiene anotaciones correspondientes a la vida privada del Sr. Felipe Guevara, el organismo reclamado debió haber aplicado un adecuado procedimiento de oposición, trasladando la solicitud al titular de la información requerida. Tal y como indica el artículo 20 de la Ley 20.285, es el tercero afectado quien debe informar si accede o se opone a la entrega de la información requerida dentro del plazo de tres días hábiles contado desde la fecha de notificación, indicando, en tal evento, los derechos que le asisten y que se verían afectados con la publicidad de dichos antecedentes. En la respuesta de denegación enviada por la Intendencia Metropolitana, no se especifica si el órgano trasladó o no esta solicitud al intendente, y, por lo tanto, no queda constancia que él se haya rehusado a hacer público el contenido de su cuaderno. No obstante, incluso si se hubiese dado traslado al titular y éste se hubiese opuesto a la entrega de información de carácter personal, hay partes del cuaderno que podrían haber sido entregadas en virtud del principio de divisibilidad, el que fue invocado explícitamente en la solicitud de acceso a la información. De acuerdo al principio de divisibilidad, establecido en el artículo 11 letra e) de la Ley 20.285, el organismo reclamado tendría que haber analizado el material solicitado y tarjado las porciones de información protegidas por el artículo 21, numeral 2) de la Ley 20.285. Sin embargo, el organismo reclamado no tomó en consideración el principio de divisibilidad invocado y decidió negar por completo el acceso al cuaderno del Sr. Felipe Guevara" 4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado al Sr. Intendente de la Región Metropolitana de Santiago, mediante oficio N° E12994, de 10 de agosto de 2020, solicitándole que: (1°) aclare indique las razones por las que, a su juicio, lo requerido no constituye una solicitud de información amparable por la Ley de Transparencia; (2°) considerando lo expuesto por el reclamante y la respuesta proporcionada por el órgano que Ud. representa, aclare si la información requerida obra en su poder, constando en alguno de los soportes documentales que señala el inciso segundo del artículo 10 de Ley de Transparencia; (3°) se refiera a las circunstancias de hecho que hacen procedente la denegación de la información solicitada; (4°) se pronuncie acerca de la eventual concurrencia de algunas de las causales constitucionales o legales de secreto o reserva que, a su juicio, harían procedente la denegación de la información requerida; (5°) indique si la publicidad de la información requerida, a su juicio, afecta derechos de terceros y, en la afirmativa, si procedió de conformidad a lo estipulado en el artículo 20 de la Ley de Transparencia; (6°) de haber procedido conforme al artículo 20 de la Ley de Transparencia, señale si los terceros eventualmente afectados presentaron su oposición a la solicitud que motivó el presente amparo y en la afirmativa acompañe a este Consejo todos los documentos incluidos en el procedimiento de comunicación a los terceros, incluyendo copia de la respectiva comunicación, de los documentos que acrediten su notificación, de la oposición deducida y los antecedentes que den cuenta de la fecha en que ésta se presentó ante el órgano que usted representa; y, (7°) proporcione los datos de contacto de los terceros - por ejemplo: nombre, dirección, número telefónico y correo electrónico-, a fin de evaluar una eventual aplicación de lo dispuesto en los artículos 25 de la Ley de Transparencia y 47 de su Reglamento. Mediante oficio ordinario N° 6541, de 25 de agosto del 2020, el órgano reclamado evacuo sus descargos, señalando en síntesis que las razones por las cuales se denegó el acceso a lo solicitado obedecen a que la misma no es de carácter público, conforme a lo señalado en los artículos 5 y 10 de la Ley de Transparencia con relación al artículo 8° inciso segundo de la Constitución Política de la Republica, indicando que: "Para sustentar aquello, es menester tener presente el criterio utilizado por el Tribunal Constitucional, para fijar el alcance del artículo 8 inciso segundo de la Constitución Política de la República. En efecto, el citado artículo dispone que: " Son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como los fundamentos y los procedimientos que utilicen. Sin embargo, sólo una ley de quórum calificado podrá establecer la reserva o secreto de aquellos o de estos, cuando la publicidad afectare el debido cumplimiento de las funciones de dichos órganos, los derechos de las personas, la seguridad de la Nación el interés nacional", A lo que la señalada magistratura manifiesta que este precepto constitucional no hace público todo lo que el Estado tenga o posea, sino que solo " los actos o resoluciones de los órganos del Estado, así como los fundamentos y procedimientos que utilicen ", o dicho en otros términos " son públicos sólo ciertos aspectos de la actuación administrativa: los actos y resoluciones, sus fundamentos y los procedimientos que utilicen". Así lo indica en los roles 2246/ 2012, 2153/ 2013, 2379/ 2013, 2907/2015, 3111/2016, 3974/2018, 4986/2019 y 8118/2020// Lo anterior se condice con el hecho de que la actuación de los órganos del Estado debe siempre apegarse a la legalidad, teniendo su actuar como el límite lo dispuesto tanto en el texto constitucional, como es las normas dictadas conforme a ella, es por ello que, todo acto de la administración debe ser efectuado con estricto cumplimiento y apego al principio de juridicidad, procediendo conforme a derecho, tal como lo establecen los artículos 6 y 7 de la carta fundamental, las cuales indican que los órganos de la administración del Estado deben someter su acción a la Constitución y a las normas dictadas conforme a ella, obligando los preceptos de la misma, tanto a los integrantes de dichos órganos a toda otra persona, institución o grupo en virtud de la eficacia directa de la Carta Fundamental. A mayor abundamiento, se hace presente que, en la esfera del derecho público sólo se puede hacer aquello que esté permitido por ley, siendo las normas que rigen el actuar de los órganos estatales, de carácter imperativo. Por tanto, esta autoridad regional en pleno y estricto cumplimiento del texto constitucional, no se puede extralimitar en el ejercicio de sus facultades y funciones conferidas por ley". Agregando que "respecto de si la información requerida obra en esta Intendencia, se indica que no se posee, toda vez que la misma se encontraría, aparentemente contenida en un cuaderno marca Torre, el cual, al ser de uso personal de esta autoridad pública, no es posible para este Servicio determinar el alcance de ella, ya que no tiene el carácter de información pública". Finalmente, añadió que, a su juicio, no se configuró causal de reserva alguna y que, no se dio aplicación a lo establecido en el artículo 20 de la Ley de Transparencia, por cuanto lo solicitado no reviste la naturaleza de información pública, sino que es un documento que es parte de la esfera privada de la autoridad regional, por lo tanto, tampoco es posible y procedente suministrar los datos de contacto para estos fines. Y CONSIDERANDO: 1) Que, el presente amparo se funda en la respuesta negativa otorgada por el órgano a la solicitud de acceso a la información mediante la que se requirió copia del cuaderno marca Torre que el Sr. Intendente de la Región Metropolitana, Felipe Guevara, porta regularmente en el ejercicio de sus funciones. 2) Que, al efecto, el órgano reclamado señalo que el cuaderno requerido no obra en su poder, por cuanto se trata de un objeto de uso personal del Sr. Intendente y el que no reviste el carácter de información pública. 3) En ese sentido, el artículo 10° de la Ley de Transparencia, dispone que toda persona tiene derecho a solicitar y recibir información de cualquier órgano de la Administración del Estado "cualquiera sea el formato o soporte en que se contenga (...)". Complementando lo anterior, el artículo 3° letra d) del Reglamento del cuerpo legal citado, preceptúa que "toda persona tiene derecho a solicitar y recibir información que obre en poder de cualquier órgano de la Administración (...)". 4) Al respecto, este Consejo a partir de la decisión de amparo Rol C533-09. En dicha decisión, se resolvió que la información cuya entrega puede ordenar, debe contenerse "en actos, resoluciones, actas, expedientes, contratos y acuerdos" o en un "formato o soporte" determinado, según dispone el inciso segundo del artículo 10° de la Ley de Transparencia. Por tal motivo, no resulta procedente requerir a la Intendencia que haga entrega de información que, de acuerdo con lo señalado, no obraría en su poder, como tampoco de aquélla que resulte inexistente. 5) Que, no obstante haberse explicado debida y fundadamente la inexistencia del instrumento consultado, este Consejo procederá a pronunciarse sobre el fondo del procedimiento de especie, esto es, la publicidad de las agendas o cuadernos de funcionarios públicos. 6) Que, esta Corporación estima que las agendas o cuadernos de los funcionarios públicos, se configuran como instrumentos de orden y organización personal, los cuales no se encuentran subsumidos dentro de los supuestos -y, soportes documentales- contemplados por el ordenamiento jurídico. Al efecto, el artículo 8° de la Constitución Política de la República, dispone que: "Son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen". Acto seguido, el artículo 5° de la Ley de Transparencia consigna que: "En virtud del principio de transparencia de la función pública, los actos y resoluciones de los órganos de la Administración del Estado, sus fundamentos, los documentos que les sirvan de sustento o complemento directo y esencial, y los procedimientos que se utilicen para su dictación, son públicos, (...)". En idéntico sentido, el artículo 10° de la Ley de Transparencia dispone que: "El acceso a la información comprende el derecho de acceder a las informaciones contenidas en actos, resoluciones, actas, expedientes, contratos y acuerdos (...)". Conforme al marco normativo precedentemente expuesto, esta Corporación advierte que los insumos y artículos personales de los funcionarios públicos, que contienen sus anotaciones no se encuentran subsumidos dentro del Principio de Publicidad y Transparencia de la Función Pública, consagrados en la Carta Magna y la Ley de Transparencia, toda vez que no se configuran como actos administrativos, resoluciones, documentos o soportes análogos, emanados por parte de un órgano de la administración del Estado, sino que son una manifestación inherente de la vida privada del sujeto -como se expondrá en los considerandos siguientes-. Por tal motivo, dicho instrumento -y su contenido- no detenta la calidad de información pública, en los términos previstos en la Ley de Transparencia. 7) Que, establecido lo anterior, tratándose de antecedentes de naturaleza privada, aún en la eventualidad de que su publicidad pudiera estar justificada en la medida que dicho instrumento hubiera sido proporcionado a la reclamada -entendiendo que obran en su poder-, y habiendo sido financiado potencialmente por recursos públicos, el mismo es susceptible de ser reservado, en aplicación de las hipótesis de reserva previstas en el artículo 21 N°1 y N°2 de la Ley de Transparencia. En tal contexto, sin perjuicio de que dicha información se genere presumiblemente en el ámbito del ejercicio de la función pública, y se vierta consecuencialmente en un soporte tangible, a juicio de esta Corporación, dichos instrumentos constituyen una materialidad que decantan la vida privada de su titular, en particular, de sus apuntes, ideas, reflexiones, opiniones o juicios de valor confidenciales o privados, su registro de actividades e intereses, todos aspectos constitutivos y salvaguardados por el Derecho a la Vida Privada, consagrado en el artículo 19 N°4 de la Constitución Política de la República. En tal sentido, es menester tener presente que la vida privada es "el conjunto de los asuntos, conductas, documentos, comunicaciones, imágenes o recintos que, el titular del bien jurídico protegido, no desea que sean conocidos por terceros sin su consentimiento previo" (Cea Egaña, José Luis, en Derecho Constitucional, Tomo II Derecho, Deberes y Garantías, Ediciones Universidad Católica, Santiago, 2004, p.178). Bajo esta lógica, dicha información fue creada discrecionalmente para el uso y conveniencia personal del Sr. Intendente, a fin -sin excluir otros propósitos- de facilitar el cumplimiento de sus funciones y organizar su quehacer cotidiano, respecto de la cual el órgano reclamado no tenía acceso, ni se encontraba dentro su órbita de control y disposición, por tratarse de un artículo cuya titularidad y decisión de conservación, o bien su destrucción corresponden al funcionario público consultado. 8) Que, por tal motivo, esta Corporación estima que la publicidad de dicho instrumento afectaría - de manera presente o probable y con suficiente especificidad- la esfera de la vida privada del Sr. Intendente en los términos consignados en el artículo 21 N°2 de la Ley de Transparencia, por cuanto comprende la entrega de elementos y circunstancias que afectarían el contenido esencial de la Garantía consagrada en el artículo 19 N°4 de la Carta Magna. Al respecto, cabe precisar que, la autoridad antes indicada, no proporcionó su aquiescencia a la entrega del artículo personal consultado. En el mismo sentido, la divulgación del instrumento pedido envuelve -presumiblemente- la entrega de datos personales y sensibles de contexto, contemplados en el artículo 2° letra f) y g) de la Ley Sobre Protección de la Vida Privada: «f) Datos de carácter personal o datos personales, los relativos a cualquier información concerniente a personas naturales, identificadas o identificables; g) Datos sensibles, aquellos datos personales que se refieren a las características físicas o morales de las personas o a hechos o circunstancias de su vida privada o intimidad, tales como los hábitos personales, el origen racial, las ideologías y opiniones políticas, las creencias o convicciones religiosas, los estados de salud físicos o psíquicos y la vida sexual». Lo anterior, toda vez que dicho instrumento podría consignar -sólo a modo ejemplificativo- números telefónicos, casillas electrónicas, direcciones particulares, nombres, entre otros antecedentes comprendidos dentro del ámbito de la vida privada del interesado y de terceros. 9) Que, sobre la materia de especie, es menester tener presente que el Derecho Comparado ha reconocido el carácter personal de las notas elaboradas por funcionarios públicos. En British Airports Authority v. CAB, 531 F. Supp. 408, 412 (D.D.C. 1982) -Estados Unidos-, se solicitó acceso a las notas manuscritas hechas por un funcionario federal. Al sostener que esas notas no eran registros del organismo sujetos a la Ley de Libertad de Información -Freedom of Information Act, en adelante, indistintamente FOIA-, el tribunal subrayó que eran de carácter personal, que el empleado no tenía por qué haberlas creado, que su intención era que no tuvieran un carácter permanente y que las guardaba en sus archivos de escritorio personales sin intención de distribuirlas. Asimismo, puede destacarse Porter County Chapter of Isaak Walton League v. AEC, 380 F. Supp. 630, 633 (N.D. Ind. 1974), donde se señala que los materiales manuscritos creados por empleados de la agencia para sus propios fines, mientras ejecutaban responsabilidades asociadas al empleo, no revestían la calidad de "registros de la agencia" en virtud de la FOIA. (énfasis agregado). 10) Que, acto seguido, atendido que el objeto consultado se constituye como un instrumento cuya finalidad es apoyar, facilitar y organizar el cumplimiento de funciones públicas, esta Corporación estima que, la publicidad de lo requerido afectaría el debido ejercicio de las funciones encomendadas al órgano reclamado- por cuanto dicho cuaderno -presumiblemente- consigna anotaciones personales y registro de planes, programas y políticas públicas relativas a la administración regional del país. Al efecto, el artículo 21 N°1 de la Ley de Transparencia permite la denegación al acceso a la información, cuando «su publicidad, comunicación o conocimiento afecte el debido cumplimiento de las funciones del órgano reclamado». (énfasis agregado). 11) Que, en virtud de lo razonado precedentemente, habiéndose explicado debidamente la inexistencia del instrumento requerido en poder de la Intendencia; tratándose de un artículo de orden personal y constitutivo de la vida privada de la persona consultada; verificándose la eventual afectación de la privacidad del funcionario, como asimismo de los terceros referidos en el cuaderno pedido; y, advirtiéndose la potencial afectación al debido cumplimiento de las funciones encomendadas al órgano requerido, en los términos dispuestos en el artículo 21 N°1 de la Ley de Transparencia este Consejo procederá a rechazar el presente amparo. EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA: I. Rechazar el amparo deducido por don Claudio Cifuentes Lobo, en contra de la Intendencia Región Metropolitana de Santiago, en virtud de que el cuaderno que se indica, no obra en poder de la reclamada, por ser un objeto personal del funcionario consultado, motivo por el cual se configuran las causales de reserva del articulo 21 N° 1 y N° 2 de la Ley de Transparencia II. Encomendar al Director General (S) y a la Directora Jurídica (S) de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Claudio Cifuentes Lobo y al Sr. Intendente de la Intendencia Región Metropolitana de Santiago. En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011. Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Jorge Jaraquemada Roblero y sus Consejeros doña Gloria de la Fuente González y don Francisco Leturia Infante. Por orden del Consejo Directivo, certifica la Directora Jurídica (S) del Consejo para la Transparencia doña Ana María Muñoz Massouh.