Base de Datos de Jurisprudencia - Consejo para la Transparencia

Decisión ROL C4449-20

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Reclamante:	JULIO ESCOBAR CISTERNAS
Reclamado:	MUNICIPALIDAD DE EL TABO
Resumen del caso: Se acogen parcialmente los amparos deducidos en contra de la Municipalidad de El Tabo, ordenando la entrega, respecto de los concursos públicos consultados, de las pruebas de conocimientos rendidas por todos los postulantes y sus correspondientes evaluaciones. Para tal efecto, en forma previa se deberán tarjar, los nombres y apellidos o identidades de los postulantes que no resultaron designados en los cargos respectivos, como asimismo, cualquier otro dato que permita la identificación de dichos candidatos no seleccionados. Lo anterior, al tratarse de información pública, respecto de la cual no se ha acreditado la configuración de alguna causal de reserva que impida su entrega. En lo que atañe a la prueba de los ganadores de los concursos, no se deben tarjar sus identidades, toda vez que, la jurisprudencia de este Consejo ha establecido invariablemente que procede la entrega de sus antecedentes bajo la premisa de que se trata de documentación que se ha sido tenido a la vista para la selección de personal en un concurso público y que por tanto, constituyen fundamento del acto administrativo que los designa y que, además, acreditarían la idoneidad profesional del seleccionado. A lo anterior, se suma que se trata de un antecedente referido al desempeño del personal que trabaja para la Administración del Estado y servicios públicos creados para el cumplimiento de la función administrativa, la cual queda, en el ejercicio de esas funciones públicas, sujeta al principio de publicidad establecido en el artículo 8°, inciso 2°, de la Constitución Política de la República. Se rechaza el amparo respecto de la identidad de los postulantes a los concursos públicos consultados que no resultaron designados en los cargos respectivos, como asimismo, cualquier otro dato que permita la identificación de aquellos, por la causal de reserva del artículo 21 N° 2, de la Ley de Transparencia. En tal sentido, la decisión de postular a un cargo no tiene por qué exponerse a la comunidad en caso de no ser exitosa, por lo que ha de mantenerse la reserva de la identidad del postulante. Lo anterior, implica reservar y proteger la identidad o nombre y apellidos de los postulantes que no fueron seleccionados para el cargo concursado y que, por ello, no adquirieron la calidad de funcionario público, en virtud de lo dispuesto en los artículos 4° y 7° de la ley N° 19.628, en relación con lo expuesto en el artículo 2°, letra f), de la misma ley, y el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia.
Tipo de decisión:	Decisión de Fondo
Fecha de la decisión:	10/9/2020
Consejeros:	-Gloria Alejandra de la Fuente González -Francisco Javier Leturia Infante
Legislación aplicada:	Ley 19628 1999 - Ley de protección de la vida privada Ley 19880 2003 - LEY DE BASES DE LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS QUE RIGEN LOS ACTOS DE LOS ORGANOS DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO Constitución Política de la República
Palabras clave:
Jurisprudencia desde:	C4450-20 C91-10
Jurisprudencia a:	C4450-20
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Descriptores analíticos:	Otros

DECISIÓN AMPAROS ROLES C4449-20 y 4450-20   Entidad pública: Municipalidad de El Tabo. Requirente: Julio Escobar Cisternas. Ingreso Consejo: 28.07.2020. RESUMEN Se acogen parcialmente los amparos deducidos en contra de la Municipalidad de El Tabo, ordenando la entrega, respecto de los concursos públicos consultados, de las pruebas de conocimientos rendidas por todos los postulantes y sus correspondientes evaluaciones. Para tal efecto, en forma previa se deberán tarjar, los nombres y apellidos o identidades de los postulantes que no resultaron designados en los cargos respectivos, como asimismo, cualquier otro dato que permita la identificación de dichos candidatos no seleccionados. Lo anterior, al tratarse de información pública, respecto de la cual no se ha acreditado la configuración de alguna causal de reserva que impida su entrega. En lo que atañe a la prueba de los ganadores de los concursos, no se deben tarjar sus identidades, toda vez que, la jurisprudencia de este Consejo ha establecido invariablemente que procede la entrega de sus antecedentes bajo la premisa de que se trata de documentación que se ha sido tenido a la vista para la selección de personal en un concurso público y que por tanto, constituyen fundamento del acto administrativo que los designa y que, además, acreditarían la idoneidad profesional del seleccionado. A lo anterior, se suma que se trata de un antecedente referido al desempeño del personal que trabaja para la Administración del Estado y servicios públicos creados para el cumplimiento de la función administrativa, la cual queda, en el ejercicio de esas funciones públicas, sujeta al principio de publicidad establecido en el artículo 8°, inciso 2°, de la Constitución Política de la República. Se rechaza el amparo respecto de la identidad de los postulantes a los concursos públicos consultados que no resultaron designados en los cargos respectivos, como asimismo, cualquier otro dato que permita la identificación de aquellos, por la causal de reserva del artículo 21 N° 2, de la Ley de Transparencia. En tal sentido, la decisión de postular a un cargo no tiene por qué exponerse a la comunidad en caso de no ser exitosa, por lo que ha de mantenerse la reserva de la identidad del postulante. Lo anterior, implica reservar y proteger la identidad o nombre y apellidos de los postulantes que no fueron seleccionados para el cargo concursado y que, por ello, no adquirieron la calidad de funcionario público, en virtud de lo dispuesto en los artículos 4° y 7° de la ley N° 19.628, en relación con lo expuesto en el artículo 2°, letra f), de la misma ley, y el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia. En sesión ordinaria N° 1134 del Consejo Directivo, celebrada el 6 de octubre de 2020, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de los amparos roles C4449-20 y 4450-20. VISTO: Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N°1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia. TENIENDO PRESENTE: 1) SOLICITUD DE ACCESO: El 15 de junio de 2020, don Julio Escobar Cisternas solicitó a la Municipalidad de El Tabo, la siguiente información: a) Solicitud MU086T0002445: "En relación al concurso público convocado para proveer el cargo de Secretario Abogado del JPL mediante D.A. N° 2895 de 16.10.2019 solicito: 1.- copia de mi evaluación psicológica realizada el día miércoles 20 de noviembre a las 16:00 Hrs. en la "Casa de la Cultura Gustavo Frías", ubicada en Calle Ignacio Carrera Pinto N° 587, Las Cruces en el contexto del concurso público. 2.- Asimismo, copia de todas las pruebas de conocimientos rendidas por todos los postulantes y sus respectivas evaluaciones, prueba que efectuó el sábado 30.11.2019 a las 11:00 Hrs. en el Salón Multipropósito Municipal, ubicado a un costado del Estadio de Las Cruces". b) Solicitud MU086T0002446: "En relación al concurso público convocado para proveer diversos cargos de la planta de profesionales mediante D.A. N° 2896 de 16.10.2019 solicito: Copia de todas las pruebas de conocimientos rendidas por todos los postulantes y sus respectivas evaluaciones, prueba que se efectuó el 28.11.2019 a las 12:00 Hrs. en el Salón Multipropósito Municipal, ubicado a un costado del Estadio de Las Cruces". 2) RESPUESTAS: Mediante oficio N° 278, de 14 de julio de 2020, el municipio en síntesis, respondiendo ambas solicitudes, indicó que se accede a la entrega de copia de evaluación psicológica del requirente y de sus pruebas de conocimiento. Respecto de las pruebas de conocimiento de los demás postulantes y sus respectivas evaluaciones, se deniega su entrega dada la dificultad en notificar a aquellos, producto de los efectos de la actual pandemia. 3) AMPAROS: El 28 de julio de 2020, el solicitante dedujo los amparos roles C4449-20 y C4450-20 a su derecho de acceso a la información en contra del referido órgano de la Administración del Estado, fundados en la respuesta incompleta o parcial, toda vez que no le hicieron entrega de las pruebas de conocimiento de los demás postulantes y sus respectivas evaluaciones. 4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado al Sr. Alcalde de la Municipalidad de El Tabo, mediante oficio N° E13041, de 10 agosto de 2020, requiriendo entre otras cosas, que: (1°) se refiera, específicamente, a las causales de secreto o reserva que, a su juicio, harían procedente la denegación de la información reclamada; (2°) explique cómo lo solicitado afectaría los derechos de los terceros; (3°) aclare si procedió de conformidad a lo estipulado en el artículo 20 de la Ley de Transparencia; (4°) de haber procedido conforme al artículo 20 de la Ley de Transparencia, señale si los terceros eventualmente afectados presentaron su oposición a la solicitud que motivó el presente amparo y, en la afirmativa, acompañe todos los documentos incluidos en el procedimiento de comunicación al tercero, incluyendo copia de la respectiva comunicación, de los documentos que acrediten su notificación, de la oposición deducida y de los antecedentes que den cuenta de la fecha en la que ésta ingresó ante el órgano que usted representa; y, (5°) proporcione los datos de contacto -por ejemplo: nombre, dirección, número telefónico y correo electrónico-, de los terceros involucrados, a fin de evaluar una eventual aplicación de lo dispuesto en los artículos 25 de la Ley de Transparencia y 47 de su Reglamento. Luego, mediante oficio N° 325, de 24 de agosto de 2020, el órgano en síntesis indicó lo siguiente: a) Se entregó toda la información propia del solicitante. b) Se deniega el acceso a los informes psicológicos de terceros por el artículo 21 N° 2, de la Ley de Transparencia, en relación con la ley N° 19.628. c) De manera alternativa, el día 19 de agosto de 2020, se notificó por correo electrónico a los terceros interesados, de los cuales uno accedió a la entrega de su prueba de conocimiento. d) En cuanto a la documentación solicitada por el reclamante, y en virtud de las oposiciones deducidas por los terceros afectados, se procurará poner a disposición del interesado todo documento que no haya sido objetado y que a la vez no afecte derecho de tercero. 5) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DE LOS TERCEROS INTERESADOS: De conformidad a lo prescrito en el artículo 25 de la Ley de Transparencia, el Consejo Directivo de esta Corporación, acordó dar traslado de los amparos a los terceros involucrados, mediante oficios N° E15224 a E15227, E15457 y E15458, de fecha 7 y 10 de septiembre de 2020. A la fecha, sólo uno de los terceros se opuso a la entrega de lo solicitado, por la causal de reserva del artículo 21 N° 2, de la Ley de Transparencia, en relación con el artículo 2°, letra g), y 4° de la ley N° 19.268, dado que implicaría proporcionar antecedentes personales, traduciéndose en una invasión a su privacidad y vulneración a información sensible proporcionada en el marco de un proceso de selección al que postuló con la confianza de que la información entregada, seria únicamente utilizada para los fines derivados del proceso de selección. Y CONSIDERANDO: 1) Que, en virtud del principio de economía procedimental, contenido en el artículo 9° de la ley N° 19.880, que establece las bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado, se exige a estos últimos responder con la máxima economía de medios y con eficacia, evitando trámites dilatorios, por lo tanto, atendiendo al hecho de que, respecto de las solicitudes que han motivado los amparos roles C4449-20 y 4450-20, existe identidad respecto de la reclamante y del órgano requerido, este Consejo, para facilitar su comprensión y resolución, ha decidido acumularlos, resolviéndolos por medio de su revisión en conjunto. 2) Que, el presente amparo tiene por objeto la entrega de las pruebas de conocimiento y sus respectivas evaluaciones de todos los postulantes a los concursos anotados en el numeral 1°, de lo expositivo. Para efectos aclaratorios, se hace presente que del tenor de los requerimientos y el reclamo deducido, el solicitante únicamente pidió el informe psicológico respecto de su persona, mas no de los demás participantes -de haberlo hecho, dicha situación en todo caso, no habría podido darse, por la causal de reserva del artículo 21 N° 2, de la Ley de Transparencia-. 3) Que, en un primer orden de ideas, en relación a la información objeto de reclamo, se debe realizar un distingo. En efecto, en lo que atañe a los ganadores de los concursos públicos, la jurisprudencia de este Consejo ha establecido invariablemente que procede la entrega de sus antecedentes bajo la premisa de que se trata de documentación que se ha sido tenido a la vista para la selección de personal en un concurso público y que por tanto, constituyen fundamento del acto administrativo que los designa y que, además, acreditarían la idoneidad profesional del seleccionado. A lo anterior, se suma que se trata de un antecedente referido al desempeño del personal que trabaja para la Administración del Estado y servicios públicos creados para el cumplimiento de la función administrativa, la cual queda, en el ejercicio de esas funciones públicas, sujeta al principio de publicidad establecido en el artículo 8°, inciso 2°, de la Constitución Política de la República. En este sentido, la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, en sentencia de fecha 8 de mayo de 2017, en causal Rol N° 11.513-2016, expresó en su considerando 5°, que: "(...) si bien el funcionario público es titular del derecho fundamental consagrado en el artículo 19 N° 4 de la Constitución Política de la República, la protección de su vida privada no es un derecho absoluto, permitiéndose limitaciones que tengan por finalidad la preservación de valores vinculados a intereses generales de la colectividad o la necesidad de proteger otros derechos que representan valores socialmente deseables. Es por ello que se encuentra sujeto a un estándar de escrutinio público mayor que el de un particular, que permita el cumplimiento de las obligaciones de la administración y el control social sobre las mismas, de otra manera no sería posible verificar el requisito exigido por la ley". 4) Que, por otra parte, se debe indicar que el criterio que ha aplicado uniformemente este Consejo es que la afectación de los bienes jurídicos protegidos por el artículo 21 de la Ley de Transparencia no se presume sino que debe acreditarse una expectativa razonable de daño o afectación, la cual debe ser presente o probable y con suficiente especificidad para justificar la reserva, lo cual en la especie no ocurre. En efecto, los terceros interesados no han acompañado elementos de juicio suficientes que permitan acreditar fehacientemente que la entrega de las pruebas y evaluaciones de los ganadores de los concursos públicos, puedan de alguna manera afectar la vida privada de aquellos. Por lo tanto, se acogerá el amparo en esta parte, ordenando la entrega de las pruebas de conocimiento y evaluación correspondiente de los ganadores de los concursos públicos consultados. Para lo anterior, en forma previa, sólo se deben tarjar los datos personales de contexto incorporados en los señalados documentos, como por ejemplo, el número de cédula de identidad, domicilio particular, fecha de nacimiento, nacionalidad, estado civil, teléfono, entre otros, en conformidad con lo dispuesto en los artículos 2°, letra f), y 4° de la ley N° 19.628, en cumplimiento de la atribución otorgada a este Consejo por el artículo 33, letra m), de la citada Ley de Transparencia y el principio de divisibilidad consagrado en el artículo 11, letra e), del mismo cuerpo legal. 5) Que, respecto de los demás postulantes que no resultaron seleccionados, conforme ha resuelto este Consejo, a partir de la decisión rol C91-10, procede reservar sus antecedentes "por contener datos personales de sus titulares los que, de conformidad con los artículos 4° y 7° de la ley N° 19.628, sobre protección de la vida privada, no pueden ser comunicados sin su autorización", agregándose que "la decisión de postular a un cargo no tiene por qué exponerse a la comunidad en caso de no ser exitosa, por lo que ha de mantenerse la reserva de la identidad del postulante". Lo anterior, implica reservar y proteger la identidad o nombres y apellidos de los postulantes que no fueron seleccionados para el cargo concursado -y que, por ello, no adquirieron la calidad de funcionario público, en virtud de lo dispuesto en los mencionados artículos 4° y 7° de la ley N° 19.628, en relación con lo expuesto en el artículo 2, letra f), de la misma ley, y el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, pudiendo únicamente, entregarse las pruebas y evaluaciones, de dichos postulantes que quedaron preseleccionados, pero de manera anonimizada, con la finalidad de poder compararlas con las del candidato seleccionado, facilitando el respectivo control social sobre el proceso de selección. Por lo tanto, se acogerá parcialmente el amparo en esta parte, ordenándose la entrega de las pruebas de conocimientos rendidas por todos los postulantes y sus respectivas evaluaciones, previa reserva del nombre o identidad de aquellos postulantes que no resultaron designados en el cargo del referido concurso público, y asimismo, la reserva de cualquier otro dato que permita la identificación de aquellos candidatos no seleccionados. EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33, LETRA B), DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA: I. Acoger parcialmente los amparos deducidos por don Julio Escobar Cisternas en contra del Municipalidad de El Tabo, por los fundamentos señalados precedentemente. II. Requerir al Sr. Alcalde de la Municipalidad de El Tabo, que: a) Entregue al solicitante, copia de la siguiente información: i. "En relación al concurso público convocado para proveer el cargo de Secretario Abogado del JPL mediante D.A. N° 2895 de 16.10.2019: copia de todas las pruebas de conocimientos rendidas por todos los postulantes y sus respectivas evaluaciones, prueba que efectuó el sábado 30.11.2019 a las 11:00 Hrs. en el Salón Multipropósito Municipal, ubicado a un costado del Estadio de Las Cruces". Para tal efecto, en forma previa se deberá tarjar, los nombres y apellidos o identidad de los postulantes que no resultaron designados en el cargo del referido concurso público, como asimismo, cualquier dato que permita la identificación de dichos candidatos no seleccionados. ii. "En relación al concurso público convocado para proveer diversos cargos de la planta de profesionales mediante D.A. N° 2896 de 16.10.2019 (...): Copia de todas las pruebas de conocimientos rendidas por todos los postulantes y sus respectivas evaluaciones, prueba que se efectuó el 28.11.2019 a las 12:00 Hrs. en el Salón Multipropósito Municipal, ubicado a un costado del Estadio de Las Cruces". Para tal efecto, en forma previa se deberá tarjar, los nombres y apellidos o identidad de los postulantes que no resultaron designados en el cargo del referido concurso público y asimismo, cualquier dato que permita la identificación de dichos candidatos no seleccionados. b) Cumpla dicho requerimiento en un plazo que no supere los 5 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia. c) Acreditar la entrega efectiva de la información señalada en el literal a) precedente, en conformidad a lo establecido en el inciso segundo del artículo 17 de la Ley de Transparencia, por medio de comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dio cumplimiento a las obligaciones impuestas en la presente decisión en tiempo y forma. III. Rechazar el amparo respecto de la identidad de los postulantes a los concursos públicos consultados, que no resultaron designados en los cargos respectivos, como asimismo, cualquier dato que permita la identificación de dichos candidatos no seleccionados, por la causal de reserva del artículo 21 N° 2, de la Ley de Transparencia, de acuerdo a lo expuesto precedentemente. IV. Encomendar al Director General (S) y a la Directora Jurídica (S) de este Consejo, indistintamente notificar la presente decisión al Sr. Alcalde de la Municipalidad de El Tabo, a don Julio Escobar Cisternas y a los terceros interesados en este amparo. En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011. Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Jorge Jaraquemada Roblero y sus Consejeros doña Gloria de la Fuente González y don Francisco Leturia Infante. Por orden del Consejo Directivo, certifica la Directora Jurídica (S) del Consejo para la Transparencia doña Ana María Muñoz Massouh.