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DECISIÓN AMPARO ROL C4503-20</p>
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Entidad pública: Consejo para la Transparencia.</p>
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Requirente: Jaime Pinochet Espildora.</p>
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Ingreso Consejo: 31.07.2020.</p>
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RESUMEN</p>
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Se acoge el amparo en contra del Consejo para la Transparencia, referido a la entrega de copia de los correos electrónicos requeridos.</p>
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Lo anterior, por cuanto este Consejo, ha ordenado la entrega de correos electrónicos como los consultados, excepcionalmente, cuando constituyen fundamento de un acto administrativo o cuando su titular consiente en ello, concurriendo esta última circunstancia en la especie, por cuanto en el disclaimer o leyenda que contienen los pies de firma de los correos electrónicos del órgano reclamado, se señala de manera taxativa que la información contenida en los mismos es pública, existiendo, en consecuencia, un consentimiento previo por parte del funcionario, otorgando su beneplácito a la publicidad de la información contenida en los mismos.</p>
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Aplica criterio contenido en decisiones de amparos roles C2246-20 y C2434-20, entre otras.</p>
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Hay voto concurrente de la Consejera doña Gloria de la Fuente González, quien además de compartir las razones consignadas en los considerandos 2) a 5) del presente acuerdo, estima que, los correos electrónicos solicitados, generados desde una casilla institucional en el ejercicio de competencias públicas, constituyen una forma de comunicación formal entre los funcionarios públicos que forma parte del íter decisional, lo que supone reconocer que estas comunicaciones electrónicas tienen el carácter de información pública, y no concurre una causal de secreto o reserva a su respecto.</p>
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En sesión ordinaria N° 1129 del Consejo Directivo, celebrada el 17 de septiembre de 2020, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285, de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante e indistintamente, el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto del amparo rol C4503-20.</p>
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VISTO:</p>
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Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.</p>
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TENIENDO PRESENTE:</p>
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1) SOLICITUD DE ACCESO: El 30 de junio de 2020, don Jaime Pinochet Espildora solicitó al Consejo para la Transparencia -en adelante e indistintamente también Consejo o CPLT-, la siguiente información:</p>
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"Dado que la persona que indica presentó su renuncia el 23 de junio pasado, requiero copia de todos sus correos electrónicos institucionales desde que inició su proceso como directivo del consejo para la transparencia en octubre de 2014".</p>
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2) RESPUESTA: Mediante Resolución Exenta N°163 de fecha 29 de julio de 2020, el Consejo para la Transparencia, respondió a dicho requerimiento de información, denegando lo solicitado, toda vez que habiéndose dado traslado al tercero interesado, al alero de lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley de Transparencia, éste se opuso a la entrega de lo solicitado.</p>
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Así, mediante comunicación electrónica de fecha 20 de julio de 2020, que se adjunta al efecto, el tercero interesado manifestó que la solicitud de información comprende miles de correos electrónicos, por lo que tratándose de información con tal grado de indeterminación en cuanto a su número, hizo presente que "sin ánimo de inmiscuirse en el análisis del propio Consejo en relación a una supuesta afectación a su debido cumplimiento orgánico, lo que por cierto no me corresponde como tercero, sí me consta que muchos de esos correos contienen datos personales, por cierto míos pero también muchos datos personales de terceros, en correos enviados, recibidos y reenviados". Agregó, además, que aún cuando entregara su consentimiento expreso a la transmisión de sus propios datos personales, no podría hacer lo mismo respecto de terceros que entregaron esa información, las que por la propia naturaleza institucional de la casilla de correos, se presume que fueron entregados con la legítima expectativa de que se encontraban dentro de su esfera de custodia, y por tanto, con una finalidad propia del cargo que detentó, dejando así, a los terceros en total indefensión y poniendo en cuestionamiento no solo su posición jurídica como ex autoridad, sino la del propio Consejo en cuanto garante de la protección de datos personales. Por último, indicó que, si en razón del principio de divisibilidad fuese posible tarjar datos personales o sensibles suyos y de terceros, se trata de un ejercicio que le debería corresponder a él, como titular de dicha cuenta.</p>
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3) AMPARO: El 31 de julio de 2020, don Jaime Pinochet Espíldora dedujo amparo a su derecho de acceso en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en la respuesta negativa a su solicitud de información.</p>
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4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado a la Sra. Directora General del Consejo para la Transparencia, mediante Oficio N°E13010 de fecha 10 de agosto de 2020 solicitándole que: (1°) se refiera, específicamente, a las causales de secreto o reserva que, a su juicio, harían procedente la denegación de la información reclamada; (2°) explique cómo lo reclamado afectaría los derechos de los terceros; y (3°) acompañe copia de la comunicación enviada al tercero y del comprobante de notificación de la misma.</p>
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Mediante Oficio N°925, de fecha 3 de septiembre de 2020, el órgano requerido evacuó sus descargos e indicó que la procedencia de la denegación de la información solicitada se sustenta en la aplicación estricta del artículo 20 inciso tercero de la Ley de Transparencia.</p>
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Además, adjuntó copia de comprobantes de comunicación enviada al tercero y de notificación de la misma.</p>
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5) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL TERCERO INTERESADO: De conformidad a lo prescrito en el artículo 25 de la Ley de Transparencia, el Consejo Directivo de esta Corporación, acordó dar traslado del amparo al tercero interesado, mediante Oficio N°E13153 de fecha 11 de agosto de 2020.</p>
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El 31 de agosto de 2020, mediante comunicación electrónica, el tercero interesado remitió sus descargos, reiterando lo señalado en su oposición ante el órgano requerido. Además, en relación a la causal de reserva del debido cumplimiento de las funciones del órgano, hizo presente los amparos roles C3127-18 y C4052-18, como una estimación de contexto a la determinación de la referida causal, y señaló que la cantidad de correos recibidos durante el período comprendido entre octubre de 2014 y junio de 2020, sumarían aproximadamente 37.000 correos electrónicos, que a un tiempo de revisión de 2 minutos por cada uno, implicaría que dedicando 8 horas diarias a la revisión de los mismos, tardaría 154 días de revisión.</p>
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Por otra parte, respecto a los datos personales de terceros, añadió que éstos fueron entregados de manera voluntaria, sin que existe una obligación legal para hacerlo, y con una finalidad diversa a su revelación a terceros. Así, advirtió que su entrega, vulneraría los derechos de autodeterminación informativa de sus titulares y el principio de finalidad establecido en la Ley N°19.628.</p>
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Y CONSIDERANDO:</p>
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1) Que, el presente amparo se funda en la respuesta negativa por parte del Consejo para la Transparencia a la entrega de copia de los correos electrónicos institucionales de la persona que indica, desde que inició como consejero del órgano reclamado, en octubre de 2014. Al respecto, el órgano denegó la entrega de la información requerida, por oposición del tercero interesado.</p>
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2) Que, primeramente, cabe hacer presente que, si bien la integración actual de este Consejo se ha inclinado por denegar la entrega de correos electrónicos institucionales, por cuanto se enmarcan dentro del derecho fundamental garantizado en el artículo 19 N°5 de la Constitución Política de la República y dentro de la causal de reserva consagrada en el artículo 21 N°2 de la Ley de Transparencia, existen dos hipótesis en que la decisión de este Consejo ha sido unánime y se ha determinado la publicidad de los correos electrónicos solicitados; en aquellos casos en que sean fundamento de un acto administrativo, es decir, cuando constituyen su sustento o complemento directo y esencial, o cuando existe consentimiento del titular de los correos electrónicos para su entrega. (En este sentido, decisiones de amparos roles C2426-20 y C2434-20, entre otras).</p>
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3) Que, en la especie, resulta atingente tener presente que, en el disclaimer o leyenda que contienen los pies de firma de los correos electrónicos de esta Corporación, se señala de manera taxativa que la información contenida en los mismos es pública, declaración que es aceptada por los funcionarios del Consejo para la Transparencia, al momento de incorporarse a la Corporación. Por consiguiente, respecto de la información solicitada, existe un consentimiento previo por parte del titular de los correos electrónicos, otorgando su beneplácito a la publicidad de la información contenida en los mismos.</p>
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4) Que, en relación a la afectación que al debido cumplimiento de las funciones que del órgano requerido podría producirse con la entrega de los correos electrónicos consultados y que fuere advertida por el tercero interesado, cabe hacer presente que la causal de reserva establecida en el artículo 21 N°1 letra c) de la Ley de Transparencia, está establecida en favor del organismo respecto del cual se solicita la información, a efectos de que éste sea quien determine si la atención del requerimiento implica la distracción de sus funcionarios de sus funciones habituales. Así, en la especie, la referida causal no ha sido esgrimida por la reclamada, debiéndose desestimar la alegación del tercero interesado en este punto.</p>
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5) Que, en virtud de lo razonado precedentemente, se acogerá el presente amparo, y conjuntamente con ello, se ordenará la entrega de la información requerida. En virtud del principio de divisibilidad, consagrado en el artículo 11° letra e) de la Ley de Transparencia y cuya aplicación en la especie, a diferencia de lo señado por el tercero interesado, corresponde al órgano en cuyo poder obra la información solicitada, en forma previa a la entrega de la información, el órgano requerido deberá tarjar la identidad de los terceros distintos a la persona consultada que figuren en los correos electrónicos de este último, así como todos aquellos datos personales de contexto, como por ejemplo, la cédula de identidad, el domicilio particular, la fecha de nacimiento, la nacionalidad, el estado civil, el teléfono, correo electrónicos particulares, entre otros, que consten en los correos electrónicos pedidos. Asimismo, deberán anonimizarse los datos sensibles detallados en la información consultada. Lo anterior en aplicación de lo previsto en el artículo 19 N°4 de la Constitución Política de la República, en concordancia de lo dispuesto en los artículos 2°, letra f) y g), y 4° de la ley N°19.628, sobre protección de la vida privada, y en cumplimiento de la atribución otorgada a este Consejo por el artículo 33°, letra m), de la Ley de Transparencia.</p>
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EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:</p>
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I. Acoger el amparo interpuesto por don Jaime Pinochet Espíldora en contra del Consejo para la Transparencia, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.</p>
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II. Requerir al Sr. Director General (S) del Consejo para la Transparencia que:</p>
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a) Entregue al reclamante copia de todos sus correos electrónicos institucionales de la persona que se indica, desde que inició su proceso como directivo del Consejo para la Transparencia en octubre de 2014. En virtud del principio de divisibilidad consagrado en el artículo 11° letra e) de la Ley de Transparencia, en forma previa a la entrega de la información, el órgano requerido deberá tarjar la identidad los terceros distintos a la persona consultada que figuren en los correos electrónicos de éste último, así como todos aquellos datos personales de contexto, como por ejemplo, la cédula de identidad, el domicilio particular, la fecha de nacimiento, la nacionalidad, el estado civil, el teléfono, correo electrónicos particulares, entre otros, que consten en los correos electrónicos pedidos. Asimismo, deberán anonimizarse los datos sensibles detallados en la información consultada. Lo anterior en aplicación de lo previsto en el artículo 19 N°4 de la Constitución Política de la República, en concordancia de lo dispuesto en los artículos 2°, letra f) y g), y 4° de la ley N°19.628, sobre protección de la vida privada, y en cumplimiento de la atribución otorgada a este Consejo por el artículo 33°, letra m), de la Ley de Transparencia.</p>
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b) Cumpla dicho requerimiento en un plazo que no supere los 10 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia.</p>
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c) Acredite la entrega efectiva de la información señalada en el literal a) precedente, en conformidad a lo establecido en el inciso segundo del artículo 17 de la Ley de Transparencia, por medio de comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dio cumplimiento a las obligaciones impuestas en la presente decisión en tiempo y forma.</p>
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III. Encomendar al Director General (S) y a la Directora Jurídica (S) de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Jaime Pinochet Espíldora, al Sr. Director General (S) del Consejo para la Transparencia y al tercero interesado.</p>
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VOTO CONCURRENTE</p>
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La presente decisión fue acordada con el voto concurrente de la Consejera doña Gloria de la Fuente González, quien, además de compartir las razones consignadas en los considerandos 2) a 5) del presente acuerdo, estima necesario agregar la siguientes consideraciones que desde su desempeño como consejera ha sostenido sobre el particular:</p>
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1) Que, los correos electrónicos generados desde una casilla institucional, son públicos, en la medida que digan relación directa con el ejercicio de competencias públicas. En efecto, el ejercicio actual de la función pública, supone el uso de toda forma de comunicación para concretizar los fines que la Administración del Estado persigue, es por esto que a cada funcionario se le otorga una casilla institucional financiada con recursos del erario nacional, sostenidas por la plataforma técnica de las entidades respectivas, con el objeto de facilitarles el cumplimiento de sus tareas.</p>
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2) Que, lo anterior es una concreción de los principios de eficiencia, eficacia y coordinación consagrados en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del MINSEGPRES, que fijó el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado. Luego, y siendo los correos electrónicos la herramienta que permite un intercambio eficaz de información, en tanto han venido a reemplazar, en parte, a los documentos administrativos contenidos en formato papel, tales como memorándums, oficios u ordinarios empleados por la Administración, no están ajenos al escrutinio y control social que la ciudadanía pueda hacer de ellos, en los términos dispuestos en los artículos 5° y 10° de la Ley de Transparencia y 8°, inciso 2°, de la Constitución Política de la República.</p>
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3) Que, en tal orden de ideas, si se estimara que los correos electrónicos institucionales enviados y recibidos por servidores públicos respecto de materias propias del desempeño de sus funciones son comunicaciones de carácter privado, se crearía un canal secreto que transformaría en reservados documentos esencialmente públicos por el puro hecho de ser remitidos por esa vía. Así ocurriría, por ejemplo, con los documentos adjuntos a un e-mail o con las respuestas que los órganos de la Administración otorgan electrónicamente, como ocurre en la mayoría de las solicitudes presentadas conforme a la Ley de Transparencia. De esta manera, el secreto o la reserva de la información dependen del contenido y no del continente. Solo así son posibles el control y la participación ciudadana en el ejercicio de las funciones públicas y el adecuado ejercicio de la libertad de expresión.</p>
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4) Que, como manifestación de lo expuesto precedentemente, los correos electrónicos, son empleados cada vez más, como fundamentos de actos o decisiones de los órganos de la Administración del Estado. Como ejemplo pueden verse las resoluciones N° 4.140 y 8.802, de 2009; N° 95, N° 270, N° 833, N° 1.178, N° 2.954, N° 2.957, N° 2.960, N° 3.084 y N° 3.787, de 2011; y N° 9.844, N° 9.920 y N° 9.951, todas de la Subsecretaría de Vivienda y Urbanismo, así como el decreto supremo N° 634/2011, del mismo Ministerio; las resoluciones N° 661/2007, y N° 429/2008, ambas de la Subsecretaría de Telecomunicaciones, así como los decretos supremos N° 84/2004, y N° 13, N° 30 y N° 170, de 2006, todos de la misma cartera; la resolución N° 109/2011, de la Subsecretaría de Transportes; las resoluciones N° 550/2003, y N° 28/2007, ambas de la Subsecretaría de Economía, Fomento y Reconstrucción; y, el decreto supremo N° 157, de 2011, del Ministerio de Minería, todos ellos publicados en el Diario Oficial.</p>
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5) Que, la práctica señalada precedentemente, no hace sino reconocer que estos correos constituyen una manera de comunicación formal entre los funcionarios públicos que forman parte del íter decisional en cada uno de esos casos, lo que supone reconocer que estas comunicaciones electrónicas tienen el carácter de información pública. A mayor abundamiento, las entidades públicas ponen servidores de correo electrónico a disposición de sus funcionarios y les entregan cuentas de correo sostenidas por la plataforma técnica de las entidades respectivas, con el objeto de facilitarles el cumplimiento de sus tareas. Se trata de una concreción de los principios de eficiencia, eficacia y coordinación establecidos en la ley orgánica constitucional de bases generales de la Administración del Estado.</p>
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6) Que, en consecuencia, es pertinente la entrega de los correos electrónicos requeridos por el reclamante, que fueren generados desde una casilla institucional, en el ejercicio de competencias públicas, al no concurrir una causal de secreto o reserva a su respecto. En efecto, en cuanto a la eventual afectación de los derechos del tercero interesado en lo que se refiere a la esfera de su vida privada, en el marco de lo establecido en la causal de secreto o reserva del artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, en la especie, esta tampoco se produce, toda vez que lo pedido dice relación con intercambios de correos electrónicos en el ejercicio de la función pública</p>
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7) Que, en razón de lo anterior, se debe ordenar la entrega de los correos electrónicos institucionales, objeto del requerimiento.</p>
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En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.</p>
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Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Jorge Jaraquemada Roblero y sus Consejeros doña Gloria de la Fuente González y don Francisco Leturia Infante.</p>
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Por orden del Consejo Directivo, certifica la Directora Jurídica (S) del Consejo para la Transparencia doña Ana María Muñoz Massouh.</p>