Base de Datos de Jurisprudencia - Consejo para la Transparencia

Decisión ROL C4538-20

Reclamante:	BRUNO BARRERA CHEVECICH
Reclamado:	SUBSECRETARÍA DEL INTERIOR
Resumen del caso: Se acoge el amparo deducido en contra de la Subsecretaría del Interior, ordenando la entrega de la siguiente información: a) Copia de las actas de la Comisión Técnica Asesora para la Adquisición de Bienes o Servicios Necesarios para la Prevención y el combate del crimen y la delincuencia, existentes a la fecha de la solicitud; permitiendo el acceso a los acuerdos relativos a la adquisición y compras propiamente tal de diversos insumos para tal objeto, en atención a que dichas materias, en definitiva, deben ser publicadas en cumplimiento a los deberes de Transparencia Activa. No obstante, en virtud del principio de divisibilidad establecido en la Ley de Transparencia, deberán tarjarse aquellos puntos contenidos en las señaladas actas, en los cuales se discuten o debaten los informes sobre planes, medidas y distribución del personal, orientadas al control de delitos, por cuanto efectivamente pueden generar un menoscabo en el debido cumplimiento de las funciones del organismo, particularmente, en el resguardo de la seguridad pública. b) Informar al reclamante la identidad y cargo de los funcionarios que integran la señalada comisión; por cuanto es información esencialmente pública, cuya entrega no constituye un riesgo para la mantención del orden o seguridad pública. Se representa al organismo su falta de colaboración en la tramitación del presente amparo, al no remitir a este Consejo para su análisis, copia de las actas solicitadas para su análisis. Hay voto disidente del Presidente del Consejo para la Transparencia don Jorge Jaraquemada Roblero, quien fue partidario de rechazar el presente amparo en lo referente a la entrega de las actas de las sesiones de la comisión técnica consultada, puesto que revelar los acuerdos plasmados en dichos documentos, sin perjuicio de la aplicación del principio de divisibilidad, conlleva un riesgo presente o probable y con suficiente especificidad para afectar al debido cumplimiento de las funciones del organismo en la prevención y control de la delincuencia; acciones claves en la mantención del orden y seguridad pública.
Tipo de decisión:	Decisión de Fondo
Fecha de la decisión:	11/10/2020
Consejeros:	-Gloria Alejandra de la Fuente González -Francisco Javier Leturia Infante
Legislación aplicada:	Ley de Transparencia
Palabras clave:
Jurisprudencia desde:	C45-09 C869-14 C2109-14 C55-20 C281-20 C287-20 C742-20 C4838-20
Jurisprudencia a:	C4838-20 C6150-21
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Descriptores jurídicos:	- Datos personales >> Datos sensibles >> Datos de salud
Descriptores analíticos:

DECISIÓN AMPAROS ROLES C4538-20 y C4838-20   Entidad pública: Subsecretaría del Interior Requirente: Bruno Barrera Chevecich Ingreso Consejo: 03.08.2020 y 12.08.2020 RESUMEN Se acoge el amparo deducido en contra de la Subsecretaría del Interior, ordenando la entrega de la siguiente información: a) Copia de las actas de la Comisión Técnica Asesora para la Adquisición de Bienes o Servicios Necesarios para la Prevención y el combate del crimen y la delincuencia, existentes a la fecha de la solicitud; permitiendo el acceso a los acuerdos relativos a la adquisición y compras propiamente tal de diversos insumos para tal objeto, en atención a que dichas materias, en definitiva, deben ser publicadas en cumplimiento a los deberes de Transparencia Activa. No obstante, en virtud del principio de divisibilidad establecido en la Ley de Transparencia, deberán tarjarse aquellos puntos contenidos en las señaladas actas, en los cuales se discuten o debaten los informes sobre planes, medidas y distribución del personal, orientadas al control de delitos, por cuanto efectivamente pueden generar un menoscabo en el debido cumplimiento de las funciones del organismo, particularmente, en el resguardo de la seguridad pública. b) Informar al reclamante la identidad y cargo de los funcionarios que integran la señalada comisión; por cuanto es información esencialmente pública, cuya entrega no constituye un riesgo para la mantención del orden o seguridad pública. Se representa al organismo su falta de colaboración en la tramitación del presente amparo, al no remitir a este Consejo para su análisis, copia de las actas solicitadas para su análisis. Hay voto disidente del Presidente del Consejo para la Transparencia don Jorge Jaraquemada Roblero, quien fue partidario de rechazar el presente amparo en lo referente a la entrega de las actas de las sesiones de la comisión técnica consultada, puesto que revelar los acuerdos plasmados en dichos documentos, sin perjuicio de la aplicación del principio de divisibilidad, conlleva un riesgo presente o probable y con suficiente especificidad para afectar al debido cumplimiento de las funciones del organismo en la prevención y control de la delincuencia; acciones claves en la mantención del orden y seguridad pública. En sesión ordinaria N° 1140 del Consejo Directivo, celebrada el 29 de octubre de 2020, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de las solicitudes de amparo al derecho de acceso a la información roles C4538-20 y C4838-20. VISTO: Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia. TENIENDO PRESENTE: 1) SOLICITUDES DE ACCESO: El 01 de julio de 2020, don Bruno Barrera Chevecich solicitó a la Subsecretaría del Interior, lo siguiente: "1.- Copia íntegra de todas las actas de la Comisión Técnica Asesora para la Adquisición de Bienes o Servicios Necesario para la Prevención y el combate del crimen y la delincuencia. (La que se creó con el Decreto Exento 986, el 22 de Mayo de 2019). 2.- Información de los miembros de dichas comisiones técnicas en cada una de dichas actas". 2) AMPARO: El día 3 de agosto de 2020, don Bruno Barrera Chevecich dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra de la Subsecretaría del Interior, fundado en la ausencia de respuesta a su requerimiento. 3) SISTEMA ANTICIPADO DE RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (SARC): El Consejo Directivo de esta Corporación, acordó admitir a tramitación el presente amparo, no obstante, atendida la circunstancia alegada, determinó proponer al órgano recurrido la derivación del caso al "Sistema Anticipado de Resolución de Controversias" (SARC), mediante correo electrónico de fecha 10 de agosto de 2020. En dicha instancia el organismo informa por correo electrónico de 5 de agosto de 2020, otorgó al reclamante respuesta a la solicitud formulada, lo cual se materializó por medio de Ord. N° 17.792 de 23 de julio de 2020. En dicha respuesta deniegan la entrega de lo solicitado con base a lo dispuesto en la causal del artículo 21 N° 5 de la Ley de Transparencia, en relación con lo establecido en el artículo 436 N° 4 del Código de Justicia Militar, que establece "se entiende por documentos secretos aquellos cuyo contenido se relaciona directamente con la seguridad del Estado, la Defensa Nacional, el orden público interior o la seguridad de las personas, entre otros (...) 4.- Los que se refieran a equipos y pertrechos militares o policiales". Además, argumentan las actas referidas vulneran la causal del artículo 21 N° 3 de la Ley de Transparencia. Al efecto, develar lo pedido relativo a la adquisición de bienes necesarios para la prevención del crimen y la delincuencia, es materia cuya publicidad podría afectar la mantención del orden público. A su vez, expresan lo solicitado debe ser reservado en virtud de la causal del artículo 21 N° 1, letra b) de la Ley de Transparencia; al efecto, hace presente lo resuelto por este Consejo en amparo Rol C869-14 y C2109-14. 4) NUEVO AMPARO: Con fecha 12 de agosto de 2020, en atención a la respuesta recibida don Bruno Barrera Chevecich deduce ante este Consejo un nuevo amparo a su derecho de acceso a la información en contra de la Subsecretaría del Interior, fundado en la respuesta negativa otorgada a su requerimiento. Esta nueva reclamación fue ingresada con el Rol C4838-20. 5) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: En atención a lo anterior, se tiene por fracasada la instancia SARC, procediendo el Consejo Directivo de esta Corporación a conferir traslado al Sr. Subsecretario del Interior, mediante Oficio N° E14553, de 28 de agosto de 2020. Posteriormente, por Ord. N° 21.418, de 8 de septiembre de 2020 el organismo reitera las causales invocadas, agregando respecto de ellas lo siguiente: - Respecto a la causal del artículo 21 N° 5 de la Ley de Transparencia en relación con lo dispuesto en el artículo 436 N° 4 del Código de Justicia Militar, en el cual dispone expresamente que son secretos aquellos documentos que se relacionan con la Seguridad del Estado, orden público o la seguridad de las personas, tales como equipos policiales. Situación que acontece en la especie. - Respecto a la causal del artículo 21 N° 3 de la Ley de Transparencia, esta se configura en el hecho que develar información relativa a bienes necesarios para la prevención del crimen y delincuencia, afectaría la mantención del orden público. Lo anterior, lo sustentan en lo dispuesto en el Decreto N° 986, de 22 de mayo de 2019 de este Ministerio, que crea la Comisión Técnica Asesora; antecedente que acompañan, y que señala que el objeto de la creación de la comisión, es la necesidad de aunar esfuerzos entre las principales entidades involucradas en el diseño y ejecución de planes y programas en materia de prevención y control de conductas contrarias al orden y seguridad pública, con el fin de armonizar la actividad desde un punto de vista operativo (logística, implementación de puntos críticos, etc.), como también de una eficiente y eficaz inversión de recursos. Lo anterior, considerando una de las principales funciones del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, establecidas en el artículo 1 y 3, letra g) de la Ley N° 20.502, orientadas al control de delitos y dar adecuada respuesta policial a las infracciones a la Ley Penal, acciones claves en la mantención del orden público. - Respecto a la causal del artículo 21 N° 1, letra b) de la Ley de Transparencia, explican que la entrega de lo requerido implicaría una vulneración al privilegio deliberativo, por cuanto lo pedido es información de carácter preliminar a la adopción de una política o medida posterior; en ese sentido, el decreto que dispone la creación de la referida comisión, es de duración indefinida, no existiendo a la fecha otro acto administrativo que lo deje sin efecto, lo que alcanza a las funciones de su Subsecretaría Técnica, entre las que se encuentran, fijar la tabla de contenido de las reuniones y llevar las actas de cada sesión. 6) MEDIDA PARA MEJOR RESOLVER: Por medio de Oficio N° 17310, de 13 de octubre de 2020, este Consejo solicitó a la Subsecretaría del Interior remitiera copias de las actas solicitadas. Por medio de Ord. N° 25.525, de 20 de octubre de 2020, el organismo reitera las causales invocadas. Al efecto, insisten en que las actas pedidas contienen información de naturaleza preliminar a una medida o política referente a la adquisición de bienes y servicios relacionados con la prevención y combate del crimen y de la delincuencia, y la ejecución de planes y programas en materia de prevención y control de conductas contrarias al orden y a la seguridad pública. En conclusión, la entrega de lo solicitado se encuentra prohibida por tratarse de datos cuya difusión resulta sensible para la seguridad e interés de la Nación. En consecuencia, solicitan que este Consejo resuelva los presentes amparos ponderando el interés del solicitante en la publicidad de la información con el interés que existe en mantener su reserva, sin que sea necesario la remisión de los antecedentes, por cuanto atendida su naturaleza, su mero envío desde esta Subsecretaría a otro organismo genera un riesgo razonable de exposición. Y CONSIDERANDO: 1) Que, en atención a que entre los amparos roles C4538-20 y C4838-20, existe identidad respecto del reclamante, del órgano de la Administración reclamado e información solicitada, a efectos de facilitar la comprensión y resolución de los mismos y en virtud del artículo 9° de la ley N° 19.880, que consagra el principio economía procedimental, este Consejo ha resuelto acumular los citados reclamos, resolviéndolos a través de su revisión en conjunto en la presente decisión. 2) Que, el artículo 14 de la Ley de Transparencia dispone que la autoridad o jefatura del organismo requerido deberá pronunciarse sobre la solicitud, sea entregando la información solicitada o negándose a ello, en un plazo máximo de veinte días hábiles, contados desde la recepción de la misma, el cual podrá ser prorrogado en los términos que la citada disposición establece. Ahora bien, en atención al estado de Excepción Constitucional de Catástrofe decretado en el país, con ocasión a la pandemia global calificada por la Organización Mundial de la Salud, a consecuencia del brote de COVID-19, este Consejo por medio de Oficio N° 252, de 20 de marzo de 2020 informó sobre el cumplimiento de las disposiciones contenidas en la Ley de Transparencia, señalando en su párrafo 8, letra a) lo siguiente: "en consideración de las circunstancias de excepción previamente reseñadas, de producirse algún evento constitutivo de caso fortuito o fuerza mayor que impida dar cumplimiento al plazo de veinte días estipulado y a la prórroga de 10 días adicionales, el órgano requerido deberá contactar al solicitante, a la brevedad posible, indicando fundadamente que, en razón de las especiales circunstancias de calamidad pública, se ve imposibilitado de responder a su solicitud de acceso a la información en el plazo legal establecido, señalando un nuevo plazo para proceder a informar a éste su pronunciamiento"; todas circunstancias que no constan en el presente caso, razón por la cual se insiste a la recurrida dar cumplimiento a los plazos establecidos en la Ley de Transparencia y recomendaciones de esta Corporación. 3) Que, en cuanto al fondo, cabe tener presente que el artículo 8°, inciso 2°, de la Constitución Política de la República, en lo que interesa, establece que "son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen. Sin embargo, sólo una ley de quórum calificado podrá establecer la reserva o secreto de aquéllos o de éstos, cuando la publicidad afectare el debido cumplimiento de las funciones de dichos órganos, los derechos de las personas, la seguridad de la Nación o el interés nacional". Por su parte, según lo dispuesto en los artículos 5, inciso segundo y 10 de la Ley de Transparencia, se considera información pública toda aquella que obre en poder de los órganos de la Administración del Estado, cualquiera sea su formato, soporte, fecha de creación, origen, clasificación o procesamiento, además de aquella contenida en "actos, resoluciones, actas, expedientes, contratos y acuerdos, así como a toda información elaborada con presupuesto público", salvo que dicha información se encontrare sujeta a las excepciones establecidas en el artículo 21 de la Ley de Transparencia. 4) Que, con la finalidad de examinar en concreto las actas motivo de amparo, este Consejo solicitó a la Subsecretaría, remitir copia íntegra de las actas de la comisión consultada. Sin embargo, el organismo recurrido se negó a su envío, lo que será representado al Sr. Subsecretario del Interior en lo resolutivo de la presente decisión, como una falta a la debida colaboración por parte de los órganos del Estado, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 34 de la Ley de Transparencia, no obstante habérsele señalado expresamente que dicho requerimiento se efectuaba conforme con lo dispuesto por el artículo 26 de la citada ley, esto es, manteniendo el carácter reservado de la información en tanto se tramitara este amparo y, por cierto, una vez resuelto éste, si se declarara -en definitiva- su carácter secreto, siendo sólo pública en la medida que la decisión definitiva declarase tal calidad y una vez ejecutoriada aquélla. 5) Que, el Decreto Exento N° 986, de 22 de Mayo de 2019, que crea la "Comisión Técnica Asesora para la adquisición de bienes o servicios necesarios para la prevención y el combate del crimen y la delincuencia", en su artículo primero, dispone que la misión de la señalada entidad será "coordinar la acción de las entidades que se encuentren representadas en ella - [Subsecretaría de Prevención del Delito, Carabineros de Chile y Policía de Investigaciones de Chile], en lo que respecta a la adquisición de toda clase de bienes y la contratación de servicios necesarios para la adecuada gestión estatal en materia de orden y seguridad pública". En su artículo tercero, se establece que corresponderá a la comisión: "a) Cooperar en la elaboración de las bases de licitación para la adquisición de los referidos bienes o la contratación de servicios; b) Servir de apoyo a las contrapartes técnicos de los contratos que sobre el particular se celebren; y, c) facilitar el intercambio de información entre las entidades concurrentes con el fin de dotar eficiencia y eficacia a los procesos, con miras a un uso racional de los recursos públicos; d) prestar el soporte técnico necesario para la definición precisa de aquellos requerimientos conforme la regulación vigente en materia de compras públicas"; finalmente, sus artículos segundo, cuarto, quinto y sexto, se indica que la Comisión será presidida por el Subsecretario del Interior, o por quien éste designe; estará compuesta por un funcionario designado especialmente para ello, por la máxima autoridad de cada una de las entidades públicas ya señaladas; se reunirá con la periodicidad que disponga el Subsecretario del Interior, siendo de cargo de la Secretaría Técnica (funcionario de la Subsecretaría del Interior), quien deberá efectuar la convocatoria al comité, fijar la tabla de contenido de las reuniones, aportar los elementos logísticos y de apoyo para su adecuada realización y llevar las actas de cada sesión, las que deberán ser aprobadas por el comité en la sesión inmediatamente posterior. 6) Que, la entidad fundamenta su negativa en lo dispuesto en el artículo 436 N° 4 del Código de Justicia Militar, al recaer lo pedido en información relacionada con equipos y pertrechos militares o policiales. Al efecto, este Consejo a partir de la decisión de amparo Rol C45-09, ha establecido que el artículo 436 del Código de Justicia Militar posee el carácter de ley de quórum calificado para efectos de establecer el secreto o reserva respecto de aquellos documentos que se relacionan directamente con la seguridad del Estado, la defensa nacional, el orden público interior o la seguridad de las personas, algunos de los cuales menciona a título ejemplar. Ahora, en virtud de lo dispuesto en el artículo 21 N° 5 y del artículo 1° transitorio de la Ley de Transparencia, este Consejo ha concluido, que para la aplicación de una norma que disponga el secreto o reserva de determinados antecedentes dictada con anterioridad a la ley señalada, no sólo basta que ésta sea de rango legal y entendida por este hecho de quórum calificado, sino que, debe reconducirse a alguno de los motivos constitucionales de secreto o reserva que además establece el artículo 8° de la Carta Fundamental. Por tanto, si bien artículo 436 del Código de Justicia Militar, en tanto norma legal, está formalmente sujeta a lo dispuesto por el artículo 1° transitorio de la Ley de Transparencia (y puede ser objeto de reconducción formal), es igualmente menester determinar si el contenido de dicha disposición guarda correspondencia con las causales de secreto señaladas por el constituyente (es decir, si puede tener lugar a su respecto la reconducción material). 7) Que, la reconducción material señalada debe estar guiada por la exigencia de "afectación" de los bienes jurídicos indicados en el artículo 8° de la Constitución Política, esto es, debido cumplimiento de las funciones de los órganos del Estado, derechos de las personas, seguridad de la Nación o el interés nacional, la cual, conforme el criterio uniforme aplicado por este Consejo, debe ser presente o probable, y con la suficiente especificidad que permita justificar la reserva, de modo que no cabe presumirla, sino que debe ser acreditada por el órgano administrativo requerido, de modo que los daños que la publicidad provocaría sean superiores al perjuicio que el secreto causaría al libre acceso a la información y al principio de publicidad. 8) Que, además, y en concordancia con lo anterior, la recurrida reserva la entrega de la información solicitada, con base a que su publicidad afecta la seguridad de la Nación, defensa Nacional, mantención del orden público o seguridad pública, invocando al efecto la causal del artículo 21 N° 3 de la Ley de Transparencia; y finalmente, alude a la causal del artículo 21 N° 1, letra b) de la ley precitada, a fin de graficar que el contenido de las actas solicitadas dicen relación con antecedentes o deliberaciones previas a la adopción de una resolución, política o medida. 9) Que, este Consejo con ocasión a los amparos Roles C55-20, C281-20, C287-20, C742-20, ha ordenado la entrega de información relativa al armamento, municiones y componentes de elementos disuasivos utilizados por Carabineros de Chile, al desestimar la afectación al debido cumplimiento de sus funciones, la Seguridad de la Nación y orden Público invocadas. Lo anterior, en síntesis, al recaer lo pedido en herramientas que fueron empleadas en un contexto u operativo determinado, cuya publicidad no implicaba dar a conocer la planificación institucional. 10) Que, en esta oportunidad lo requerido son todas las actas de la"Comisión Técnica Asesora para la adquisición de bienes o servicios necesarios para la prevención y el combate del crimen y la delincuencia", existentes en poder del organismo a la fecha de la solicitud. En tal sentido, y no obstante la imposibilidad de analizar las referidas actas, el contenido de las mismas se desprende del propio Decreto Exento N° 986, que creó esta comisión. Luego, es posible determinar que su origen es con base a lo dispuesto en el artículo 3, letras g) y h) de la Ley N° 20.502, que crea el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, en virtud del cual se encomienda al señalado ministerio la facultad para definir y evaluar las medidas orientadas al control de los delitos, así como aquellas que permitan una adecuada respuesta policial a las infracciones de la ley penal, pudiendo solicitar a las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública informes sobre planes, medidas y distribución del personal; razón por la cual y a fin que poder ejecutar de manera coordinada esta facultad de índole legal con las distintas entidades involucradas en el diseño y ejecución de planes y programas en materia de prevención y control de conductas contrarias al orden y a la seguridad pública, tanto desde el punto de vista operativo y eficiente, es que se creó la señalada comisión. 11) Que, sin embargo, en atención a que las sesiones de la referida comisión técnica son tendientes a coordinar la compra y adquisición de bienes y servicios, materias que, en definitiva, por disposición expresa del artículo 7, letra e) de la Ley de Transparencia, deben ser publicadas en el sitio web del organismo - en este caso de cada entidad que participa en la señalada comisión- , se estima que la entrega de las referidas actas puede llevarse a cabo en aplicación al principio de divisibilidad establecido en el artículo 11, letra e) de la Ley de Transparencia, permitiendo el acceso a los acuerdos arribados para para la adquisición de bienes y contratación de servicios propiamente tal, y solo reservando de los señalados antecedentes aquellos puntos en los cuales se discuten o debaten los informes sobre planes, medidas y distribución del personal, orientadas al control de delitos, por cuanto efectivamente su publicidad puede generar un menoscabo en el debido cumplimiento de las funciones del organismo, particularmente, en el resguardo de la seguridad pública; en consecuencia, se acogerá el amparo igualmente en esta parte, y ordenará la entrega de las referidas actas, en los términos que se indicarán en lo resolutivo. 12) Que, respecto a lo pedido en el numeral 2 de la solicitud, comprendiendo que lo pretendido es conocer la identidad y cargo que detentan los funcionarios de la Subsecretaría del Interior, Subsecretaría de Prevención del Delito, Carabineros de Chile y Policía de Investigaciones que integran la "Comisión Técnica Asesora para la adquisición de bienes o servicios necesarios para la prevención y el combate del crimen y la delincuencia"; se acogerá el amparo ordenando su entrega, toda vez que, atendida su naturaleza, es información esencialmente pública, no quedando comprendida en las causales de reserva invocadas por el organismo. EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33, LETRA B), DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, POR LA MAYORÍA DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA: I. Acoger los amparos roles C4538-20 y C4838-20 deducidos por don Bruno Barrera Chevecich en contra de la Subsecretaría del Interior, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente. II. Requerir al Sr. Subsecretario del Interior: a) Hacer entrega al reclamante de: i) copia de las actas de la Comisión Técnica Asesora para la Adquisición de Bienes o Servicios Necesarios para la Prevención y el combate del crimen y la delincuencia, existentes a la fecha de la solicitud, permitiendo el acceso a los acuerdos arribados para la adquisición de bienes y contratación de servicios propiamente tal; solo reservando de los señalados antecedentes aquellos puntos en los cuales se discuten o debaten los informes sobre planes, medidas y distribución del personal, orientadas al control de delitos; e, ii) informar al reclamante la identidad y cargo de los funcionarios que integran la señalada comisión. b) Cumplir con lo resuelto en un plazo que no supere los 5 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia. c) Acreditar el cumplimiento de lo ordenado, por medio de comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar la observancia de las obligaciones impuestas en la presente decisión en tiempo y forma. III. Representar al Sr. Subsecretario del Interior el entorpecimiento al desarrollo de la labor que la ley ha encomendado a este Consejo al no proporcionar copia de la información requerida en el marco de la tramitación del presente amparo, aun cuando se le previno que ello se haría bajo la reserva del artículo 26 de la Ley de Transparencia. IV. Encomendar al Director General (S) y a la Directora Jurídica (S) de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Bruno Barrera Chevecich y al Sr. Subsecretario del Interior. VOTO DISIDENTE La presente decisión es acordada con el voto en contra del Presidente don Jorge Jaraquemada Roblero, quien no comparte lo razonado en el considerando 11°, estimando que el amparo debió ser rechazado respecto a la entrega de las actas de la Comisión Técnica Asesora consultada, con base a las siguientes consideraciones: 1) Que, a diferencia del voto mayoritario, estima que en el presente caso se configuran respecto a dicha información las causales de reserva contempladas en el artículo 21 N° 1 y 3 de la Ley de Transparencia, toda vez que revelar íntegramente estos antecedentes conlleva un riesgo presente o probable y con suficiente especificidad para afectar al debido cumplimiento de las funciones del organismo concernientes a la seguridad pública. 2) Que, en este sentido, la Subsecretaría del Interior, argumentó expresamente que el develar información relativa a bienes necesarios para la prevención del crimen y delincuencia, afectaría la mantención del orden público, considerando que una de las principales funciones del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, establecidas en los artículos 1 y 3, letra g) de la Ley N° 20.502, son orientadas a la prevención y control de la delincuencia, la violencia y la reincidencia delictual; todas acciones claves en la mantención del orden público. 3) Que, de lo anterior, es posible concluir que el acceso a los acuerdos arribados por Comisión Técnica Asesora para la Adquisición de Bienes o Servicios Necesarios para la Prevención y el combate del crimen y la delincuencia, plasmados en dichas actas, igualmente, y sin perjuicio de la aplicación del principio de divisibilidad, permitirá aventurar las deliberaciones sobre programas, planificación y estrategias a implementar, y que tornaron por tanto necesaria la adquisición de los bienes y servicios acordados, arriesgando la efectividad de los planes operativos y logísticos que motivaron tales decisiones, afectando con ello la adecuada gestión del organismo en materia de orden y seguridad pública. 4) Que, por lo expuesto, a juicio de este disidente procede rechazar el amparo respecto de la entrega de las actas solicitadas, por configurarse las causales de reserva dispuestas en el artículo 21 N° 1 y 3 de la Ley de Transparencia. En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011. Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Jorge Jaraquemada Roblero y sus Consejeros doña Gloria de la Fuente González y don Francisco Leturia Infante. Por orden del Consejo Directivo, certifica la Directora Jurídica (S) del Consejo para la Transparencia doña Ana María Muñoz Massouh.