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DECISIÓN AMPARO ROL C4642-20</p>
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Entidad pública: Corporación Municipal de Punta Arenas para la Educación, Salud y Atención Al Menor</p>
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Requirente: Ismael Saavedra Dollenz</p>
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Ingreso Consejo: 05.08.2020</p>
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RESUMEN</p>
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Se rechaza el amparo interpuesto en contra de la Corporación Municipal de Punta Arenas para la Educación, Salud y Atención Al Menor, referido a la entrega de antecedentes laborales del peticionario.</p>
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Lo anterior, por cuanto el organismo acreditó debidamente que la información requerida no obra en su poder, en los términos previstos en el numeral 2.3 de la Instrucción General N° 10 de esta Corporación.</p>
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En sesión ordinaria N° 1139 del Consejo Directivo, celebrada el 27 de octubre de 2020, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C4642-20.</p>
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VISTO:</p>
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Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.</p>
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TENIENDO PRESENTE:</p>
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1) SOLICITUD DE ACCESO: El 8 de julio de 2020, don Ismael Saavedra Dollenz solicitó a la Corporación Municipal de Punta Arenas para la Educación, Salud y Atención Al Menor -en adelante, indistintamente la Corporación Municipal- la siguiente información: «contrato, cargo y antecedentes de finiquito -desvinculación- entre otros antecedentes firmados por ambas partes del suscrito entre el periodo comprendido entre mayo de 2015 y el 3 de julio de 2020».</p>
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2) RESPUESTA: Mediante presentación, de fecha 5 de agosto de 2020, la Corporación Municipal de Punta Arenas para la Educación, Salud y Atención Al Menor respondió a dicho requerimiento de información, señalando que, la Unidad de Subvención Escolar Preferencial -SEP- de la entidad remitió una comunicación interna, en la cual señala que tras realizar una búsqueda en la base de datos digital de sus antecedentes laborales, se concluyó que su persona mantuvo contrato entre el 24 de abril de 2015 hasta el 31 mayo de dicho año. A su vez, indicó que, atendido el tiempo transcurrido, el finiquito se encuentra en la bodega institucional desde dicho año, por lo que propuso la entrega de un certificado de antigüedad que acredite la fecha anteriormente informada.</p>
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3) AMPARO: El 5 de agosto de 2020, don Ismael Saavedra Dollenz dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en la denegación de los antecedentes consultados. Al respecto, agregó que, los antecedentes pedidos deberían obrar en poder de la Corporación.</p>
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4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado al Sr. Alcalde y Presidente del Directorio de la Corporación Municipal de Punta Arenas, mediante Oficio N° E13760, de fecha 18 de agosto de 2020, solicitándole que: (1°) aclare si la información reclamada obra en poder del órgano que representa, constando en alguno de los soportes documentales que señala el inciso segundo del artículo 10° de la Ley de Transparencia; (2°) de obrar en poder, aclare si es posible acceder a la bodega donde se encontraría la información solicitada; (3°) se refiera a la eventual concurrencia de alguna circunstancia de hecho que haga procedente la denegación de la información reclamada; (4°) se pronuncie acerca de la eventual concurrencia de algunas de las causales constitucionales o legales de secreto o reserva que, a su juicio, harían procedente la denegación de la información reclamada.</p>
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Mediante presentación, de fecha 2 de septiembre de 2020, el órgano requerido evacuó sus descargos y observaciones, señalando que, la información consultada fue dada de baja por la Unidad de Subvención Escolar Preferencial y almacenada en dependencias de la Administración Central CORMUPA dentro de los plazos de prescripción internos de la Entidad, para luego trasladarse a la bodega institucional. Sobre lo anterior, agregó que, al no existir en la Corporación Municipal un acto administrativo que haya dispuesto la expurgación de los documentos dados de baja, luego de transcurrido determinado lapso de tiempo en la bodega institucional, sumado al hecho de que la Ilustre Municipalidad de Punta Arenas es propietaria de la citada bodega, ésta última procede en los términos señalados en la Circular N° 28.704, de 1981, de la Contraloría General de la República, que regula la eliminación de documentos en la Administración Pública. Al respecto, puntualizó que lo anterior implica que, cada cierto tiempo dicha entidad comisiona a su personal a efectuar labores de traslado de documentación almacenada en dicha bodega hacia su destino final, el vertedero municipal de la ciudad de Punta Arenas.</p>
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Asimismo, en virtud de lo anterior y, en conformidad a declaraciones de funcionarios que consignó, razonó que, los antecedentes consultados podrían ya no estar físicamente disponibles en la bodega institucional, por cuanto al ser una dependencia compartida con la Municipalidad de Punta Arenas, existe la posibilidad que esta última haya solicitado a la Corporación Municipal trasladar documentación dada de baja al Vertedero Municipal de la ciudad, a fin de disponer de espacio físico en la citada bodega. No obstante lo anterior, agregó que, si aún así existiera la posibilidad de que la documentación solicitada esté todavía en la bodega institucional, es muy probable que se encuentre corroída o ilegible producto de estar almacenada en un espacio físico que no es ventilado regularmente.</p>
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5) COMPLEMENTO DE DESCARGOS: Mediante presentación, de fecha 16 de septiembre de 2020, la Corporación Municipal acompañó nuevos antecedentes sobre instrucción del Municipio de retirar todos los materiales almacenados en la bodega compartida por ambas instituciones, lo cual consta en Oficio Ordinario N° 1.434, de fecha 2 de septiembre de 2019, el cual adjuntó en esta presentación. Asimismo, remitió documentación relativa a la licitación pública ID 2348-36-LE19, publicada por la Ilustre Municipalidad de Punta Arenas en el portal virtual "Mercado Público" en el mes de noviembre de 2019, denominado "Retiro y limpieza escombros, bodega municipal".</p>
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En tal sentido, acompañó decreto N° 3.315, de fecha 5 de noviembre de 2019, que aprueba las bases administrativas generales y demás antecedentes anexos que regulan el llamado a licitación pública denominada "retiro y limpieza de escombros bodega Ilustre Municipalidad de Punta Arenas bajo adquisición que indica"; las bases administrativas de la singularizada licitación, de fecha 30 de octubre de 2019; sus bases técnicas; el Informe de Evaluación de las ofertas presentadas, de fecha 21 de noviembre de 2019; el decreto N° 3.529, de fecha 28 de noviembre de 2019, que adjudica y contrata licitación pública a persona que se indica;</p>
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Sobre lo anterior, refirió que, el oferente ganador llevó a cabo lo señalado en dicha licitación. Por lo anterior, concluyó que, no hay material almacenado en soporte papel anterior al mes de noviembre de 2019 que pertenezca a la Corporación Municipal.</p>
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6) PRONUNCIAMIENTO DEL RECLAMANTE: En virtud de lo anterior, este Consejo, mediante Oficio N° E17105, de fecha 8 de octubre de 2020, solicitó al reclamante manifestar su conformidad o disconformidad respecto de la información que le habría remitido el órgano, y en caso de disconformidad, detallar qué información de la solicitada no le habría sido entregada.</p>
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Mediante presentación, de fecha 9 de octubre de 2010, el peticionario manifestó su inconformidad con respecto a los descargos formulados por la Corporación. Al respecto, señaló que: «los fondos de la subvención escolar preferencial -SEP- son administrados por ley, por lo tanto, las copias de contratos y otros documentos tienen que ser entregados y formalizados por lo antes señalados. Sin embargo, como los documentos oficiales existen y fueron procesados por la inspección del trabajo y registrados en la Contraloría y reconocen lo dicho: esto quiere decir que bajo la ley de trasparencia debe de originar copias de los originales de estos antecedentes siendo documentados revisados en fechas».</p>
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Y CONSIDERANDO:</p>
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1) Que, el presente amparo se funda en la denegación de los antecedentes laborales -contrato, el cargo y finiquito- consultados por el peticionario. Al respecto, el reclamante cuestionó la inexistencia alegada por parte de la Corporación.</p>
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2) Que, en cuanto a la inexistencia material de la información pedida, esgrimida por la Corporación Municipal, cabe consignar que este Consejo ha sostenido reiteradamente en las decisiones de amparo Roles C1179-11, C409-13, C3691-17 y C3692-17, entre otras, que la inexistencia de la información solicitada constituye una circunstancia de hecho cuya sola invocación no exime a los órganos de la Administración de su obligación de entregarla. En efecto, esta alegación debe ser fundada, indicando el motivo específico por el cual la información requerida no obra en su poder y debiendo acreditarla fehacientemente. (énfasis agregado).</p>
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3) Que, en tal contexto, el órgano reclamado explicó fundadamente, con ocasión de sus presentaciones -tanto a este Consejo como al peticionario- las razones específicas por las cuales los antecedentes pedidos no obraban en su poder. Al respecto, con ocasión de su respuesta y descargos, precisó que, la información consultada no se encontraba dentro de su base digital -sistema de digitalización de contratos-, y que, atendido el tiempo transcurrido -5 años- estos documentos físicos fueron trasladados y almacenados en la bodega municipal. Acto seguido, con ocasión de la complementación de sus descargos, puntualizó que, no existe material almacenado en soporte físico anterior al mes de noviembre de 2019 que pertenezca a la Corporación Municipal en dicha bodega, toda vez que se impartió la instrucción por parte del Municipio de retirar todos los materiales almacenados, labor que fue efectuada por el oferente adjudicatario en licitación que indica.</p>
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4) Que, en esta línea, en conformidad con lo expuesto por la reclamada, este Consejo advierte que, el Oficio N° 1.434 -acompañado por la Corporación Municipal-, de fecha 2 de septiembre de 2019 consigna que: «atendiendo el estado deplorable de las referidas bodegas, cuyas condiciones constituyen ambiente favorable para el desarrollo de plagas y riesgos para la salud humana del personal, y habiéndose solicitado a esa entidad en innumerables ocasiones su despeje y limpieza, se ha determinado efectuar el retiro y acopio en vertedero municipal, de todo el material existente». En este sentido, el órgano requerido acompañó copia del proceso licitatorio ID 2348-36-LE19, denominado "Retiro y limpieza escombros, bodega municipal", el cual en sus bases técnicas dispone en su artículo 2° que: «las obras comprenden la ejecución de los siguientes servicios: retiro y acopio de material de desecho (...) se trata de un volumen de 900 metros cuadrados de basura, estructura de material ligero, ubicados todos en interior de bodega y patio, los que deben ser depositados en el Vertedero Municipal». Asimismo, este Consejo verifica que, en virtud de decreto N° 3.524, de fecha 28 de noviembre de 2019, se adjudicó la referida licitación a la persona que se indica y su plazo de ejecución es de 13 días contados a partir de la fecha de aceptación de la orden de compra que formaliza el contrato. (énfasis agregado).</p>
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5) Que, en tal contexto, este Consejo estima que las diligencias de búsquedas efectuadas por la reclamada y la justificación de su inexistencia material, se avienen al estándar de búsqueda y acreditación, dispuesto en el numeral 2.3 de la Instrucción General N° 10 de esta Corporación: «Si realizada la búsqueda, el órgano público constata que no posee la información deberá: (...) b) De no existir un acto administrativo que haya dispuesto la expurgación de los documentos pedidos, agotar todos los medios a su disposición para encontrar la información y, en caso de estimarse que los hechos son susceptibles de ser sancionados con una medida disciplinaria, instruir el correspondiente procedimiento sancionatorio. Si la información no fuere habida, deberá comunicarse esta circunstancia al solicitante, indicándole detalladamente las razones que lo justifiquen» (énfasis agregado).</p>
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6) Que, acto seguido, sobre la materia, de acuerdo a los artículos 5° y 10° de la Ley de Transparencia es pública y por tanto, factible de ser objeto de un requerimiento de acceso a información pública aquella información que efectivamente obre en poder de los órganos de la Administración, no pudiendo requerirse la entrega de información inexistente. En efecto, el artículo 10° de la antedicha ley, dispone que toda persona tiene derecho a solicitar y recibir información de cualquier órgano de la Administración del Estado «cualquiera sea el formato o soporte en que se contenga (...)». En tal sentido y complementando lo anterior, el artículo 3°, letra d), del Reglamento del cuerpo legal citado, preceptúa que «toda persona tiene derecho a solicitar y recibir información que obre en poder de cualquier órgano de la Administración (...)» (énfasis agregado).</p>
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7) Que, sobre lo anterior, es menester tener en consideración lo resuelto por este Consejo a partir de la decisión de amparo Rol C533-09, en donde se resolvió que la información cuya entrega puede ordenar, debe contenerse «en actos, resoluciones, actas, expedientes, contratos y acuerdos» o en un "formato o soporte" determinado, según dispone el inciso segundo del artículo 10 de la Ley de Transparencia. Por tal motivo, no resulta procedente requerir al órgano requerido que haga entrega de información que, de acuerdo con lo señalado y acreditado debidamente, no obraría en su poder.</p>
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8) Que, en virtud de lo razonado precedentemente, habiéndose explicado debidamente la inexistencia de los antecedentes laborales en poder de la Corporación Municipal, en conformidad del estándar de búsqueda y acreditación impuesto por la Instrucción General N° 10 de esta Corporación, este Consejo procederá a rechazar el presente amparo.</p>
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EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:</p>
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I. Rechazar el amparo deducido por don Ismael Saavedra Dollenz, en contra de la Corporación Municipal de Punta Arenas para la Educación, Salud y Atención Al Menor, por haberse acreditado debidamente la inexistencia alegada, en conformidad del estándar de búsqueda y acreditación impuesto por la Instrucción General N° 10 de esta Corporación</p>
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II. Encomendar al Director General (S) y a la Directora Jurídica (S) de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Ismael Saavedra Dollenz; y, al Sr. Alcalde y Presidente del Directorio de la Corporación Municipal de Punta Arenas.</p>
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En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.</p>
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Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Jorge Jaraquemada Roblero y sus Consejeros doña Gloria de la Fuente González y don Francisco Leturia Infante.</p>
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Por orden del Consejo Directivo, certifica la Directora Jurídica (S) del Consejo para la Transparencia doña Ana María Muñoz Massouh.</p>