Base de Datos de Jurisprudencia - Consejo para la Transparencia

Decisión ROL C4660-20

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Reclamante:	CAMILO GUZMAN CAMI
Reclamado:	SUBSECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES
Resumen del caso: Se rechaza el amparo deducido en contra de la Subsecretaría de Relaciones Exteriores, referido a la entrega de copia del informe sobre Reorganización de Misiones Diplomáticas. Lo anterior, por afectar el debido cumplimiento de las funciones del órgano requerido y el interés nacional, en especial, respecto de las relaciones internacionales del país. Hay voto disidente del Consejero don Francisco Leturia Infante, quien fue partidario de acoger el amparo, por cuanto estima que respecto de la información pedida no concurre la causal de reserva de afectación al debido cumplimiento de las funciones del órgano requerido, y el interés nacional, en especial, respecto de las relaciones internacionales del país, considerando además que existe un interés público prevalente sobre el conocimiento del informe consultado, toda vez que posibilita a la ciudadanía ejercer control social, respecto de una materia particularmente relevante para el país, como lo son las relaciones internacionales o política exterior, como asimismo, de los planes y estrategias desplegadas por el órgano reclamado, permitiendo ponderar si dichas medidas se ajustan a los intereses generales de la Nación.
Tipo de decisión:	Decisión de Fondo
Fecha de la decisión:	10/30/2020
Consejeros:	-Gloria Alejandra de la Fuente González -Francisco Javier Leturia Infante
Legislación aplicada:	Ley de Transparencia
Palabras clave:
Jurisprudencia desde:	C3555-17 C5678-18 C1553-11 C3919-19 C6826-19
Jurisprudencia a:	C4746-20
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DECISIÓN AMPARO ROL C4660-20   Entidad pública: Subsecretaría de Relaciones Exteriores Requirente: Camilo Guzmán Cami Ingreso Consejo: 05.08.2020 RESUMEN Se rechaza el amparo deducido en contra de la Subsecretaría de Relaciones Exteriores, referido a la entrega de copia del informe sobre Reorganización de Misiones Diplomáticas. Lo anterior, por afectar el debido cumplimiento de las funciones del órgano requerido y el interés nacional, en especial, respecto de las relaciones internacionales del país. Hay voto disidente del Consejero don Francisco Leturia Infante, quien fue partidario de acoger el amparo, por cuanto estima que respecto de la información pedida no concurre la causal de reserva de afectación al debido cumplimiento de las funciones del órgano requerido, y el interés nacional, en especial, respecto de las relaciones internacionales del país, considerando además que existe un interés público prevalente sobre el conocimiento del informe consultado, toda vez que posibilita a la ciudadanía ejercer control social, respecto de una materia particularmente relevante para el país, como lo son las relaciones internacionales o política exterior, como asimismo, de los planes y estrategias desplegadas por el órgano reclamado, permitiendo ponderar si dichas medidas se ajustan a los intereses generales de la Nación. En sesión ordinaria N° 1139 del Consejo Directivo, celebrada el 27 de octubre de 2020, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante e indistintamente, el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información rol C4660-20. VISTO: Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia. TENIENDO PRESENTE: 1) SOLICITUD DE ACCESO: El 7 de junio de 2020, don Camilo Guzmán Cami requirió a la Subsecretaría de Relaciones Exteriores, lo siguiente: "solicito copia del estudio mencionado en entrevista del día 7 de junio en el diario el Mercurio por el canciller Ribera para determinar la relevancia política de las misiones diplomáticas para Chile". 2) PRÓRROGA Y RESPUESTA: Con fecha 7 de julio de 2020, la Subsecretaría de Relaciones Exteriores comunicó al solicitante la prórroga del plazo del artículo 14, inciso 2° de la Ley de Transparencia. Posteriormente, el 22 de julio de 2020, informan al reclamante una nueva prórroga de 10 días hábiles adicionales para el otorgamiento de respuesta, en atención a las especiales circunstancias de calamidad pública existentes en el país, producto del brote mundial del SARS-CoV-2, señalando la imposibilidad de contar con el personal especializado para examinar la información requerida. Citan al efecto lo previsto por este Consejo en Oficio N° 252, de 20 de marzo de 2020. El 5 de agosto de 2020, mediante Resolución Exenta N° 2042, el órgano otorgó respuesta a la solicitud, denegando la entrega de la información conforme lo dispuesto en el artículo 21 N° 4 de la Ley de Transparencia, señalando en síntesis, lo siguiente: - La información versa sobre el informe elaborado por la Dirección de Planificación Estratégica de la Subsecretaría de Relaciones Exteriores, referente a la propuesta de reorganización de misiones diplomáticas de Chile en el exterior, documentación que, en concepto de esta Secretaría de Estado, corresponde que sea denegada; la publicidad, comunicación o conocimiento de las piezas del documento solicitado podría, en términos presentes y específicos, afectar el interés nacional, especialmente las relaciones internacionales con los países que allí se singularizan, por cuanto se contienen aspectos metodológicos, analíticos y de evaluación que podrían ser percibidos erróneamente, o bien, apreciaciones o valoraciones que, sin mediar una adecuada interpretación, podrían perjudicar, dañar, afectar severamente o incluso interrumpir las relaciones de amistad con esas naciones. - En ese orden de ideas destacan, que las relaciones internaciones se sostienen sobre la base de complejos equilibrios políticos, económicos y culturales, cuyo devenir trasciende a un determinado Gobierno. De ahí que la lectura de los antecedentes que informan los análisis internos en materia de política exterior, constituye siempre una cuestión de la mayor delicadeza, pues cualquier sesgo o inteligencia negativa acerca de su real sentido y alcance puede afectar gravemente las sensibilidades y apreciaciones de los países involucrados en esos procesos de reflexión. - En consecuencia, expresan, es dable comprender que la entrega y posterior publicidad del informe solicitado, puede tener el efecto de menoscabar gravemente la política exterior de Chile, en específico nuestras relaciones con los países aludidos en el informe pedido. - Hacen presente lo señalado por este Consejo en sus decisiones Roles C3555-17 y C3919-19, y lo resuelto por la Excma. Corte Suprema en causa rol N° 13510-2013. - Acto seguido, el órgano manifestó que la documentación requerida no se encuentra dentro de los supuestos del inciso 2° del artículo 8° de la Constitución Política de la República, dado que no se refiere a actos, resoluciones, fundamentos o procedimientos empleados, conforme los criterios establecidos por el Tribunal Constitucional, citando diversa jurisprudencia, en particular, la contenida en la STC 5950/2019, en orden a puntualizar, en relación con las reformas constitucionales, que el principio de Transparencia no estaría consagrado en la Carta Fundamental. 3) AMPARO: El 5 de agosto de 2020, don Camilo Guzmán Cami dedujo amparo a su derecho de acceso a información pública en contra de la Subsecretaría de Relaciones Exteriores, fundado en la respuesta negativa a la solicitud. 4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación admitió a tramitación el presente amparo, y mediante oficio N° E13761, de fecha 18 de agosto de 2020, confirió traslado a la Sra. Subsecretaria de Relaciones Exteriores, notificando el reclamo y solicitando que formule sus descargos u observaciones. Por medio de correo electrónico de fecha 26 de agosto de 2020, la Subsecretaría de Relaciones Exteriores solicitó prórroga para dar respuesta a los descargos. Posteriormente, mediante Oficio RR.EE. (DIGEJUR) OF. PUB. N° 5485, de fecha 4 de septiembre de 2020, el órgano remitió sus descargos, reiterando los argumentos de su denegación. 5) MEDIDA PARA MEJOR RESOLVER: Por medio de Oficio N° E16670, de 30 de septiembre de 2020, este Consejo solicitó a la Subsecretaría de Relaciones Exteriores el envío del informe solicitado, para efectos de su acertado análisis. El señalado oficio fue notificado al organismo en misma fecha de su emisión; procediendo el órgano a solicitar un término de prórroga para dar respuesta a la medida de 10 días hábiles, lo cual fue conferido hasta el 14 de octubre de 2020. Con fecha 21 de octubre de 2020, el organismo solicita una nueva extensión de plazo para dar respuesta a la medida, lo cual en atención a los tiempos de tramitación del amparo, fue desestimada. Finalmente, con fecha 22 de octubre de 2020, por medio de RR.EE. (DIGEJUR) OF.RES. N° 3361, la Subsecretaría de Relaciones Exteriores se abstiene de entregar copia del informe solicitado para su análisis por este Consejo, con base a lo siguiente: - La Subsecretaría de Relaciones Exteriores, manifiesta la necesidad de mantener la reserva del documento denominado "Reorganización de Misiones Diplomáticas", atendida su naturaleza sensible para los intereses permanentes de la Nación, en los términos del artículo 21 N° 4 de la Ley de Transparencia, puesto que contiene una multiplicidad de antecedentes que inciden en el estado de la relaciones diplomáticas de nuestro país con los estados allí aludidos, tal y como ya se ha resuelto en otros amparos de idéntica pretensión (Roles C1553-11 y C5678-18). - Expresan que solo a este órgano del Estado, como colaborador directo e inmediato de la Primera Magistratura del país, le corresponde calificar si la develación de la información afecta el interés nacional y no a este Consejo. En tal sentido, hacen presente lo resuelto por la Excma. Corte Suprema, en sentencia de 13 de enero de 2014, en causa Rol 13510-2013 y el fallo reciente de la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, Rol 467-2020, relativo a la decisión Rol C6826-19. - Señalan que frente a estas materias, lo idóneo es que se proceda en aplicación a los criterios de deferencia técnica y no sustitutiva de la función ejecutiva, los que conforme expresan "el mismísimo Consejo ha venido aplicando con posterioridad a la línea jurisprudencial asentada en la causa Rol N° 13510-2013 de la Excma. Corte Suprema, antes citada. En esta lógica, el Consejo para la Transparencia ha requerido especiales pronunciamientos a esta Secretaría de Estado en torno a si la publicidad, comunicación o conocimiento de determinada información, en el marco del amparo al derecho de acceso a la información, podría afectar en términos presentes, probables y específicos el interés nacional, especialmente la esfera de las relaciones internacionales (...) reconociendo en la Cancillería la competencia para definir estos aspectos. Se trata de una sana doctrina que ha permitido al Ministerio de Relaciones Exteriores acompañar y colaborar con el Consejo en el proceso decisional por la vía de aportar en sede de amparo, aquellos antecedentes adicionales que permiten conciliar los bienes jurídicos comprometidos (...)". Citando ejemplos, en los cuales se ha obrado conforme a lo descrito. - Reiteran que la entrega del documento denominado "Reorganización de Misiones Diplomáticas", tiene la entidad en términos presentes y específicos, de afectar el interés nacional, especialmente las relaciones internacionales con países que allí se singularizan, por cuanto se contiene de aspectos metodológicos, analíticos y de evaluación que podrían ser percibidos erróneamente por terceros países o bloques regionales, perjudicando o incluso interrumpir las relaciones de amistad con esas naciones, por cuanto versa en un análisis sobre escenarios posibles y de planificación estratégica en política exterior. - Dicho estudio, conforme relatan, contiene antecedentes que no han sido tratados públicamente y dicen relación con reflexiones sobre materias estratégicas que forman parte de la discusión interna y permanente que se realiza en las áreas de planificación, revestidas de aseveraciones, orientaciones, lineamientos y prioridades formuladas con una expectativa razonable de reserva, versando esencialmente sobre asuntos que comprometen el interés nacional; citando al efecto el artículo 61 de la Ley N° 18.884, letra h) y el inciso segundo del artículo 246 el Código Penal. - A continuación, relatan que muchas de las expresiones que en dicho estudio se incorporan, se extienden a ámbitos culturales, históricos, geopolíticos, sociales y económicos que, vinculados a un determinado país o con un determinado bloque regional al que este último pertenece o se relaciona, pueden mal interpretarse y ser utilizados en contra de los intereses permanentes de Chile. - Finalmente, y para efectos de colaborar con este Consejo en la resolución del presente caso, hacen referencias concretas respecto al contenido del documento objeto de requerimiento; reiterando que su entrega puede menoscabar gravemente la política exterior de Chile. Y CONSIDERANDO: 1) Que, el presente amparo se funda en la respuesta negativa por parte de la Subsecretaría de Relaciones Exteriores, a la solicitud del reclamante referida a la entrega, en definitiva, del informe sobre "Reorganización de Misiones Diplomáticas", denegado por el organismo de conformidad a lo dispuesto en el artículo 21 N° 4 de la Ley de Transparencia. 2) Que, el artículo 8°, inciso 2°, de la Constitución Política de la República, en lo que interesa, establece que "son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen. Sin embargo, sólo una ley de quórum calificado podrá establecer la reserva o secreto de aquéllos o de éstos, cuando la publicidad afectare el debido cumplimiento de las funciones de dichos órganos, los derechos de las personas, la seguridad de la Nación o el interés nacional". Por otra parte, según lo dispuesto en los artículos 5°, inciso segundo y 10 de la Ley de Transparencia, se considera información pública toda aquella que obre en poder de los órganos de la Administración del Estado, cualquiera sea su formato, soporte, fecha de creación, origen, clasificación o procesamiento, además de aquella contenida en "actos, resoluciones, actas, expedientes, contratos y acuerdos, así como a toda información elaborada con presupuesto público", salvo que dicha información se encontrare sujeta a las excepciones establecidas en el artículo 21 de la Ley de Transparencia u otras excepciones legales. 3) Que, con la finalidad de examinar en concreto el informe motivo de amparo, este Consejo solicitó a la Subsecretaría remitir copia íntegra de aquel. Ahora bien, en atención a lo expuesto por el órgano recurrido en respuesta a la medida para mejor resolver, es pertinente hacer presente que el artículo 33, letra b) de la Ley de Transparencia, confiere a este Consejo la facultad para resolver, fundadamente, los reclamos por denegación de acceso a la información que le sean formulados de conformidad a la ley. (Énfasis agregado). Luego, y en virtud de los antecedentes y argumentos que obraban en el presente caso, y teniendo en especial consideración la difusión en distintos medios de comunicación respecto al informe en estudio , en los cuales se hizo referencia a su contenido, metodología y criterios aplicados, se estimó prudente decretar la medida aludida, a fin de resolver acertadamente el amparo interpuesto; resolución que, según se reitera, debe ser fundada y bajo los razonamientos jurídicos a que arribe este organismo en su calidad legal de corporación autónoma de derecho público, observando estrictamente los resultados que, en definitiva, se obtengan al solicitar la colaboración de las distintas entidades en ejecución a lo dispuesto en el artículo 34 de la Ley de Transparencia. No obstante ello, se debe precisar que en el presente caso, la reclamada solicitó en tres oportunidades prórrogas de plazo, dos de ellas en el desarrollo de la medida para mejor resolver, siendo el aplazamiento requerido con fecha 21 de octubre de 2020, efectuado ya vencido el término inicialmente extendido al efecto; razón por la cual se solicita a la Subsecretaría de Relaciones Exteriores, en lo sucesivo, dar respuesta oportuna a las medidas para mejor resolver que le sean requeridas, sin perjuicio de sus resultados, teniendo presente lo dispuesto en el artículo 26 de la Ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado, a fin de evitar entorpecimientos en la resolución de las reclamaciones que se deduzcan en esta sede. 4) Que, respecto al documento solicitado, como ya se expuso, la Subsecretaría alegó la concurrencia de la causal de reserva contenida en el artículo 21 N° 4 de la Ley de Transparencia, la cual dispone que se podrá denegar la entrega de la información solicitada, cuando su publicidad afecte el interés nacional, en especial si se refiere a las relaciones internacionales o los intereses económicos y comerciales del país. 5) Que, a propósito de los "intereses generales de la nación" que integran la función social de la propiedad (art. 19 N° 24, inc. 2°, de la Constitución Política) se ha dicho que «expresan un bien jurídico que se relaciona directamente con la Nación toda, entera, y jamás, por importante que sea, con un sector de ella, y que se relaciona, básicamente, con el beneficio superior de la sociedad política globalmente considerada, como un todo, sin referencia alguna a categorías o grupos sociales, económicos o de cualquier otro orden». Con todo, algunos autores matizan el punto y admiten que aunque el beneficio debe ser para el país en su conjunto, puede referirse «a sectores de su población, áreas de actividad o zonas geográficas específicas o determinadas dentro de él». Pues bien, precisamente un ámbito donde por naturaleza puede expresarse este interés, es en la política exterior de un Estado, que debe representar al conjunto de la población. 6) Que, en atención al contenido del documento solicitado, y que fue descrito por la Subsecretaría de Relaciones Exteriores en respuesta a la medida para mejor resolver decretada, lleva a concluir que la revelación de la información pedida afectaría con alta probabilidad y de modo sustancial las relaciones internacionales con los países que allí se mencionan, menoscabado no sólo el interés nacional, en los términos dispuestos en el artículo 21 N° 4 de la Ley de Transparencia, sino que, además, de manera probable, el debido funcionamiento del Ministerio de Relaciones Exteriores, según lo establecido en el artículo 21 N° 1, de la misma ley, por cuanto en el referido informe, van incluidos aspectos metodológicos, analíticos y de evaluación de tipo estratégica y sugerencias de lineamientos para la conducción de la relaciones diplomáticas del país y que inciden de manera directa en eventuales decisiones de política exterior. 7) Que, en mérito de lo expuesto precedentemente, concurriendo en la especie las hipótesis de reserva previstas en el artículo 21 N° 1 y N° 4 de la Ley de Transparencia, este Consejo procederá a rechazar el presente amparo. EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA MAYORÍA DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA: I. Rechazar el amparo deducido por don Camilo Guzmán Cami en contra de la Subsecretaría de Relaciones Exteriores, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente. II. Encomendar al Director General (S) y a la Directora Jurídica (S) de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Camilo Guzmán Cami y a la Sra. Subsecretaria de Relaciones Exteriores. VOTO DISIDENTE La presente decisión es acordada con el voto disidente del Consejero don Francisco Leturia Infante, quien no comparte lo razonado por este Consejo, y fue partidario de acoger el amparo interpuesto, por las siguientes razones: 1) Que, a diferencia del voto mayoritario, este Consejero estima que es pública la información requerida, de conformidad a lo previsto en el artículo 8° de la Constitución Política de la República, como también en virtud de lo dispuesto en la Ley de Transparencia en sus artículos 5° y 10°, no habiéndose aportado elementos suficientes que permitan acreditar el daño a los bienes jurídicos protegidos por las causales de reserva invocadas. 2) Que, en este contexto, es menester tener presente que, es de público conocimiento la información sobre la ubicación de las embajadas de Chile en el extranjero. Es más, dicha información es puesta libremente a disposición de la ciudadanía por parte de la institución en el siguiente enlace electrónico: https://chile.gob.cl/embajadas/ . Por tal motivo, este Consejero no advierte, cómo la develación de la información sobre la evaluación de la apertura o el cierre de aquellas puedan afectar el interés nacional, y en particular, las relaciones internacionales o política exterior del país, máxime si se considera que, dichas delegaciones son establecidas precisamente como resultado del fluido y profuso intercambio de intereses de tipo comercial, económico y cultural existentes con sus principales actores. 3) Que, asimismo, a juicio de este disidente, existe un interés público prevalente en el conocimiento de la información reclamada, por cuanto conocer la metodología y criterios de evaluación para la instalación de las embajadas, posibilita a la ciudadanía, tomar noticia y ejercer control social, respecto de una materia particularmente relevante para el país, como lo son las relaciones internacionales o política exterior, como asimismo, de los planes y estrategias desplegadas por el órgano reclamado, permitiendo ponderar si dichas medidas se ajustan a los intereses generales de la Nación. 4) Que, en consecuencia, este disidente estima que, se debe acoger este amparo respecto a la información requerida, desestimando la concurrencia de las causales de reserva previstas en el artículo 21° N° 1 y N° 4 de la Ley de Transparencia. En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011. Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Jorge Jaraquemada Roblero y sus Consejeros doña Gloria de la Fuente González y don Francisco Leturia Infante. Por orden del Consejo Directivo, certifica la Directora Jurídica (S) del Consejo para la Transparencia doña Ana María Muñoz Massouh.