Base de Datos de Jurisprudencia - Consejo para la Transparencia

Decisión ROL C4735-20

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Reclamante:	ROBERTO RODRIGUEZ
Reclamado:	SUBSECRETARÍA DE TURISMO
Resumen del caso: Se acoge el amparo deducido en contra de la Subsecretaría de Turismo, ordenando la entrega de las comunicaciones intercambiadas -correo electrónico, oficio u otro documento- con el Servicio Nacional de Turismo, ya sea dirección nacional y/o dirección regional de Antofagasta y con la Subsecretaría de Servicios Sociales o de Evaluación Social, desde el 1 de enero de 2018 a la fecha de la solicitud, en las cuales se determine que las zonas de interés turístico deben someterse a consulta indígena, en particular, pero no limitado, a la zona de interés turístico de San Pedro de Atacama; y, en el evento que dicha información no obre en su poder, por cuanto no hubo consultas indígenas en tal contexto, señalarlo expresa y fundadamente al reclamante. Lo anterior, por tratarse de información pública, toda vez que el requerimiento va orientado a la entrega de antecedentes que, de existir, constituyen el fundamento de un acto administrativo, relativo a la determinación de realizar una consulta indígena, no logrando acreditar suficientemente, atendido el alcance otorgado al requerimiento y normativa aplicable, la inexistencia que invocan. A su vez, se desestima la causal de distracción indebida alegada, por cuanto no precisan al volumen de la información pedida, el tiempo y funciones que se verían entorpecidas con la recopilación de lo solicitado, teniendo en especial consideración el periodo consultado, la materia puntual sobre la cual recae y que en la actualidad existen únicamente 30 zonas de interés turístico a lo largo del país, conforme aparece publicado en http://www.subturismo.gob.cl/zoit/zoit-declaradas-2.
Tipo de decisión:	Decisión de Fondo
Fecha de la decisión:	1/18/2021
Consejeros:	-Gloria Alejandra de la Fuente González -Francisco Javier Leturia Infante -Natalia Andrea González Bañados -Bernardo Eric Navarrete Yáñez
Legislación aplicada:	Ley de Transparencia
Palabras clave:
Jurisprudencia desde:	C2757-17 C707-18 C3127-18 C4052-18 C864-12 C1320-12 C377-13 C2714-20
Jurisprudencia a:
Recursos relacionados:
Descriptores jurídicos:	- Funcionarios >> Desempeño de sus funciones >> Otros
Descriptores analíticos:	Grupos de interés especial

DECISIÓN AMPARO ROL C4735-20   Entidad pública: Subsecretaría de Turismo Requirente: Roberto Rodríguez Ingreso Consejo: 08.08.2020 RESUMEN Se acoge el amparo deducido en contra de la Subsecretaría de Turismo, ordenando la entrega de las comunicaciones intercambiadas -correo electrónico, oficio u otro documento- con el Servicio Nacional de Turismo, ya sea dirección nacional y/o dirección regional de Antofagasta y con la Subsecretaría de Servicios Sociales o de Evaluación Social, desde el 1 de enero de 2018 a la fecha de la solicitud, en las cuales se determine que las zonas de interés turístico deben someterse a consulta indígena, en particular, pero no limitado, a la zona de interés turístico de San Pedro de Atacama; y, en el evento que dicha información no obre en su poder, por cuanto no hubo consultas indígenas en tal contexto, señalarlo expresa y fundadamente al reclamante. Lo anterior, por tratarse de información pública, toda vez que el requerimiento va orientado a la entrega de antecedentes que, de existir, constituyen el fundamento de un acto administrativo, relativo a la determinación de realizar una consulta indígena, no logrando acreditar suficientemente, atendido el alcance otorgado al requerimiento y normativa aplicable, la inexistencia que invocan. A su vez, se desestima la causal de distracción indebida alegada, por cuanto no precisan al volumen de la información pedida, el tiempo y funciones que se verían entorpecidas con la recopilación de lo solicitado, teniendo en especial consideración el periodo consultado, la materia puntual sobre la cual recae y que en la actualidad existen únicamente 30 zonas de interés turístico a lo largo del país, conforme aparece publicado en http://www.subturismo.gob.cl/zoit/zoit-declaradas-2. En sesión ordinaria N° 1146 del Consejo Directivo, celebrada el 5 de enero de 2021, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C4735-20. VISTO: Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia. TENIENDO PRESENTE: 1) SOLICITUD DE ACCESO: El 03 de julio de 2020, don Roberto Rodríguez presentó ante la Subsecretaría de Turismo, el siguiente requerimiento: "Una vez leídas las bases de la licitación pública 1868-5-LR20, denominada "Implementación acciones Plan Turismo Sustentable", del SERNATUR de Antofagasta, y las respuestas a las aclaraciones, me surge la duda de porqué se está solicitando como producto la preparación de una consulta indígena, considerando que a) la ZOIT no afecta directamente a pueblos indígenas; y b) no corresponde al SERNATUR determinar la procedencia de consulta indígena en un proceso de declaración de ZOIT que, por ley, corresponde a la Subsecretaría de Turismo. En razón de lo anterior, solicito acceso a las comunicaciones entre la Subsecretaría de Turismo y el SERNATUR, ya sea dirección nacional y/o dirección regional de Antofagasta y entre la Subsecretaría de Turismo y la Subsecretaría de Servicios Sociales o de Evaluación Social, desde el 1° de enero de 2018 a la fecha, en la cual se determine que las ZOIT deben someterse a consulta indígena, y en particular, pero no limitado, a la ZOIT de San Pedro de Atacama". 2) RESPUESTA: Por medio de Ord. N° 242, de 28 de julio de 2020, la Subsecretaría de Turismo, señaló: - Respecto a la licitación para la "implementación de acciones convenidas en el marco del programa ejecución del plan de turismo sustentable 2019-2022 de la Región de Antofagasta"; se realizó para adquirir una serie de servicios que permitan ejecutar las acciones del programa del fondo nacional de desarrollo Regional (FNDT), denominado "Transferencia Ejecución Plan Regional de Turismo Sustentable 2019-2022 de la Región de Antofagasta", código BIP 40010239-0, en relación con el financiamiento de 4 componentes que son parte fundamental de este plan de turismo sustentable, esto es: a) desarrollo de destinos, b) diversificación de experiencias; c) fortalecimiento a la calidad y capital humano; y, d) incentivo al turismo con enfoque inclusivo. - En cuanto al componente "desarrollo de destinos", una de las acciones a llevar a cabo dice relación con el desarrollo "zonas de interés turístico" (ZOIT), cuyo objetivo es generar instrumentos de planificación para estas zonas, habilitación de infraestructura y el fortalecimiento de la articulación de actores, como los municipios. Este trabajo debe desarrollarse con una estrecha articulación entre actores privados, como gremios y organismos del Estado, como el Ministerio de Obras Públicas, Servicios de Salud, etc. - En virtud de lo anterior, en las bases de licitación, se solicitó como producto o servicio a contratar, la actualización de la zona de interés turístico de San Pedro de Atacama; dicho proceso de actualización comprende una serie de medidas, entre ellas "llevar el cabo el acompañamiento y coordinación de los procesos de consulta indígena en el solo evento que ésta legalmente procediere". - Conforme lo explicado anteriormente, lo que se licita es el desarrollo de zonas de interés turístico, en este caso particular, la de San Pedro de Atacama, la cual contempla etapas como aquella ya descrita, la cual únicamente implica solicitar pronunciamiento a la autoridad competente respecto la pertinencia de una consulta indígena, y solo procederá en caso que dicha entidad lo estime pertinente, en consideración con las normas contenidas en el Convenio 169 de la OIT y en el decreto N° 66 de 2014, del Ministerio de Desarrollo Social y Familia. - Al efecto, el órgano llamado a determinar la pertinencia de una consulta indígena es el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, por medio de la Subsecretaría de Servicios Sociales. - En cuanto a las comunicaciones solicitadas entre la Subsecretaría de Turismo y el Servicio Nacional de Turismo (SERNATUR), ya sea dirección nacional y/ regional de Antofagasta, y entre la Subsecretaría de Turismo y la Subsecretaría de Servicios Sociales, desde el 1 de enero de 2018, señalan la imposibilidad de hacer entrega de aquellos antecedentes, citando al efecto la jurisprudencia de este Consejo relativa a los correos electrónicos, en la cual se reserva dicha información con base a lo establecido en el artículo 19 N° 5 de la Constitución Política de la República; y, la causal del artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia. 3) AMPARO: El 8 de agosto de 2020, don Roberto Rodríguez dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra de la Subsecretaría de Turismo, fundado en la respuesta negativa a su solicitud de información. En tal sentido argumenta: "1. Jamás se limitó la solicitud a correspondencia privada o correos electrónicos. En ese sentido, el órgano no se pronuncia acerca de oficios o actos administrativos que no se encuentran en dicho formato. 2. En efecto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 del D.S.66, del Ministerio de Desarrollo Social, corresponde a la Subsecretaría de Servicios Sociales la procedencia de este proceso. Por tanto, aún si se solicitó una procedencia a través de correo electrónico, ésta debiese ser pública, ya que el procedimiento se encuentra establecida en el Decreto Supremo determinado. 3. En este mismo sentido, se hace presente que el procedimiento de declaración de Zona de Interés Turístico corresponde a la Subsecretaría de Turismo. Es a esta Subsecretaría, y no al Ministerio de Desarrollo Social ni al SERNATUR, (art. 12 del DS N° 66) el determinar finalmente si corresponde o no realizar este proceso. Por tanto, si existió comunicaciones con el SERNATUR, en cualquier formato, es relevante para conocer si debe realizarse el señalado procedimiento, y en razón del Convenio 169 y del Decreto N° 66, dicho pronunciamiento debe ser formal". 4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado al Sr. Subsecretario de Turismo, mediante Oficio E14153, de 25 de agosto de 2020. El organismo, por medio de Oficio emitido el 22 de septiembre de 2020, presentó sus descargos en esta sede, argumentando: - Analizada la solicitud, se inició la búsqueda de los antecedentes que para dar respuesta a lo requerido. En tal sentido, se proporcionó al peticionario toda la información relativa a lo consultado. - Según lo explicado en la respuesta, lo que se licita es el "Desarrollo de Zonas de Interés Turístico, en este caso particular, la de San Pedro de Atacama, cuyo desarrollo incluye distintas etapas, dentro de las cuales está contenida el acompañamiento y coordinación de los procesos de consulta indígena, solo en caso que deba legalmente realizarse. - Por lo tanto, el producto solicitado, no es ni jamás ha sido el desarrollo de una consulta indígena propiamente tal, sino que la actualización de la ZOIT de San Pedro de Atacama, la que, como se ha explicado, incluye el desarrollo de distintas etapas, una de las cuales es solicitar el pronunciamiento de la autoridad competente respecto de la pertinencia de una consulta indígena; y aquella solo procederá en el evento que el Estado de Chile, por medio del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, a través de la Subsecretaría de Servicios Sociales (órgano responsable), así lo estime pertinente. - Es fundamental reiterar que la Subsecretaría de Turismo entregó al requirente toda la información solicitada que obraba en su poder, y aquella que fue requerida para estos fines al Servicio Nacional de Turismo y Dirección Regional de Antofagasta. - Dado que la solicitud hizo referencia en términos genéricos a "comunicaciones", intercambiadas entre las autoridades allí descritas, se comprendió que lo pretendido era la entra de correos electrónicos, denegando por tanto su entrega de conformidad a lo dispuesto en el artículo 19 N° 5 de la Constitución Política de la República y el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, citando lo resuelto por este Consejo en amparo Rol C2714-20. - A su vez, y dada la gran cantidad de información solicitada por el requirente, esto es, comunicaciones intercambiadas desde el 1 de enero de 2018 hasta la fecha, estiman que resulta aplicable el criterio adoptado en decisión Roles C377-13, C3127-18 y C4052-18. - Además, precisan que el decreto N° 30, de 2 de diciembre de 2016, del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, que aprueba el Reglamento que fija el procedimiento para la declaración de zonas de interés turístico, en su artículo 1°, letra o), define a las ZOITS, como "Territorio comunal, intercomunal o determinadas áreas de éstos, declarados conforme a la normativa pertinente, que posean condiciones especiales para la atracción turística y que requieran medidas de conservación y de una planificación integrada para focalizar las inversiones del sector público y/o promover las inversiones del sector privado". En virtud de lo anterior, las ZOITS deben entenderse como instrumentos públicos- privados, para el fomento de la actividad turística, los que son elaborados y ejecutados de manera participativa, incluyendo siempre a los actores locales relevantes y por cierto a las comunas indígenas aledañas, juntas de vecinos y agrupaciones de la sociedad civil toda. - De acuerdo al Decreto N° 30, el procedimiento para la declaración de ZOIT se inicia por medio de una solicitud presentada por el director regional del servicio, como solicitante, en forma escrita ante la Subsecretaría o en forma electrónica a través del sitio web de ésta, debiendo la presentación cumplir con los requisitos establecidos por dicho reglamento; es por ello que para dar respuesta a la solicitud fueron también requeridos los antecedentes al SERNATUR y a su dirección regional de Antofagasta. - Informamos que esta Subsecretaría no ha identificado la existencia de comunicaciones con las entidades consultadas, las cuales se "hayan establecido, determinado o informado que el proceso de Consulta Indígena le corresponde al SERNATUR", según palabras textuales del solicitante, reiterando que toda la información que obraba en poder de esta Subsecretaría así como toda aquella que fue solicitada al Servicio Nacional de Turismo y a la Dirección Regional respectiva fue debidamente entregada al solicitante en respuesta al requerimiento, no teniendo esta Subsecretaría nuevos antecedentes, información o documentos en su poder relativos a la materia consultada que pudieran complementar la respuesta ya entregada al requirente. Y CONSIDERANDO: 1) Que, constituye un presupuesto básico para el ejercicio del derecho de acceso a la información pública el que los antecedentes solicitados existan en poder del órgano requerido, conforme preceptúan los artículos 5° y 10 de la Ley de Transparencia. En tal sentido, el inciso 2° del artículo 5° de la Ley de Transparencia, dispone que "es pública la información elaborada con presupuesto público y toda otra información que obre en poder de los órganos de la Administración" (énfasis agregado). 2) Que, en virtud de lo anterior, la inexistencia de la información es una circunstancia de hecho, cuya sola invocación no exime a los órganos de la Administración de su obligación de entregarla. Esta alegación debe ser fundada, indicando en forma clara el motivo por el cual aquella no obra en su poder. En la especie, de la lectura de las bases de licitación consultada, en ella se expresa como servicios requeridos, los siguientes: "Acompañar y Coordinar los procesos de Consulta Indígena, de acuerdo a sus orientaciones metodológicas: a) convocatoria; b) planificación (3 reuniones); c) información; d) deliberación interna; e) diálogo; f) sistematización; y, g) cierre proceso consulta". Al efecto, la Subsecretaría de Turismo aclaró en la respuesta que la consulta indígena a la cual se hace referencia en la licitación, sería requerida en calidad de servicio solo en la medida que el proceso de actualización de San Pedro de Atacama como ZOIT, lo tornase necesario, previa instrucción de la entidad competente al efecto -Subsecretaría de Servicios Sociales-, señalando no contar con más antecedentes que aportar en tal sentido. 3) Que, sin perjuicio de ello, cabe hacer presente que el procedimiento de declaración de Zonas de Interés Turístico (ZOIT), se encuentra regulado en el decreto supremo N° 30, de 2016, de Economía, que aprueba el "reglamento que fija el procedimiento para la declaración de zonas de interés turístico"; procedimiento que es tramitado por la Subsecretaría de Turismo, a solicitud previa de la Dirección Regional de SERNATUR que corresponda, esta última obrando en representación de los municipios y de los actores relevantes del territorio. Luego, del análisis de lo establecido en el decreto supremo N° 66, de 2013, de Desarrollo Social, que aprueba el "reglamento que regula el procedimiento de consulta indígena en virtud del artículo 6 N° 1 letra a) y N° 2 del Convenio N° 169 de la Organización Internacional del Trabajo", particularmente su artículo 13, dispone lo siguiente "El proceso de consulta se realizará de oficio cada vez que el órgano responsable prevea la adopción de una medida susceptible de afectar directamente a los pueblos indígenas en los términos del artículo 7° de este reglamento . Para efectos de lo anterior, podrá solicitar un informe de procedencia a la Subsecretaría de Servicios Sociales del Ministerio de Desarrollo Social, la que tendrá un plazo máximo de 10 días hábiles para pronunciarse. (...) El órgano responsable deberá, mediante resolución fundada, pronunciarse sobre la solicitud en los términos de este reglamento, en un plazo no superior a 10 días hábiles, plazo que se suspenderá cuando el órgano responsable solicite un informe de procedencia a la Subsecretaría de Servicios Sociales del Ministerio de Desarrollo Social, hasta que ésta emita su informe dentro del plazo señalado en el inciso 1° del presente artículo, vencido el cual se resolverá prescindiendo de aquel. La decisión sobre la procedencia de realizar un proceso de consulta deberá constar en una resolución dictada al efecto por el órgano responsable". (el destacado es nuestro). De las normas transcritas, se colige que una comunidad indígena debe ser consultada en el marco de un acto administrativo en la medida que el mismo sea susceptible de afectarle directamente - en este contexto, por ejemplo, si dentro o colindante a los límites ZOIT existen pueblos indígenas- , debiendo esa consulta ajustarse al procedimiento contemplado en el decreto N° 66 ya citado, lo que en la especie se traduce que la Subsecretaría de Turismo en su calidad de entidad responsable, determina su procedencia, pudiendo al efecto solicitar un pronunciamiento a la Subsecretaría de Servicios Sociales. En cuyo mérito y respecto a lo requerido, de existir antecedentes, aquellos serían prioritariamente emitidos entre la Subsecretaría de Turismo y Subsecretaría de Servicios Sociales. 4) Que, del tenor del requerimiento, especialmente en su parte petitoria, aquel va orientado a la entrega de cualquier comunicación intercambiada -ya sea correo electrónico, oficio u otro documento- entre el organismo con las entidades ya referidas, en el cual se haya establecido en términos formales la necesidad de realizar una consulta indígena para efectos de la declaración de una ZOIT; en tal sentido, y teniendo en estricta consideración la normativa ya descrita y forma en que la recurrida interpretó el requerimiento, circunscribiéndolo a la entrega de comunicaciones en las cuales se "hayan establecido, determinado o informado que el proceso de Consulta Indígena le corresponde al SERNATUR", lo que no corresponde a lo requerido, procede sea desestimada su alegación de inexistencia al no haber sido justificada debidamente. A su vez, se rechazan las argumentaciones de la recurrida en orden a que la entrega de lo pedido configura la causal del artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, por cuanto el requerimiento versa en antecedentes que fueron fundamento de un acto administrativo, en este caso, la determinación de realizar una consulta indígena. Sobre este punto, cabe hacer presente al organismo que este Consejo de manera unánime, se ha pronunciado a favor de la publicidad de los correos electrónicos que constituyen el o los fundamentos de un acto administrativo. Ello por aplicación de lo dispuesto en los artículos 8°, inciso 2°, de la Constitución Política de la República, artículo 5°, inciso primero y 10 de la Ley de Transparencia. Así se ha resuelto en las decisiones recaídas en los amparos roles N° C864-12, C1320-12 y C2757-17, C707-18. Criterio que, por lo demás, ha sido ratificado por la Excma. Corte Suprema en la sentencia recaída en el recurso de queja Rol 4060-2013 caratulada "Subsecretaría de Transportes con CPLT". 5) Que, finalmente la reclamada invoca la causal del artículo 21 N° 1, letra c) de la Ley de Transparencia, en cuya virtud se podrá denegar el acceso a la información cuando su comunicación afecte el debido cumplimiento de las funciones del órgano, particularmente, tratándose de requerimientos de carácter genérico, referidos a un elevado número de actos administrativos o sus antecedentes, o cuya atención requiera distraer indebidamente a los funcionarios del cumplimiento regular de sus labores habituales. Al respecto, el Reglamento de la citada Ley, al precisar los supuestos de dicha causal, señala en su artículo 7° N° 1, literal c), inciso tercero, que "se considerará que un requerimiento distrae indebidamente a los funcionarios cuando sus satisfacción requiera por parte de estos, la utilización de un tiempo excesivo, considerando su jornada de trabajo o un alejamiento de sus funciones habituales". 6) Que, respecto de la interpretación de la causal de reserva alegada, la jurisprudencia de este Consejo ha establecido que esta sólo puede configurarse en la medida que las tareas que supone la búsqueda o eventualmente la sistematización y posterior entrega de lo pedido demanden gestiones de tal entidad, que entorpezcan el normal o debido funcionamiento del organismo. Resumiendo este criterio, la decisión de amparo Rol C377-13, razonó que "la causal en comento depende ya no tanto de la naturaleza de lo pedido, sino más bien de cada situación de hecho en términos de los esfuerzos desproporcionados que involucraría entregar lo solicitado". Por ende, la configuración de la causal supone una ponderación de hecho sobre los aspectos que configuran tales esfuerzos, entre ellos, el volumen de información, relación entre funcionarios y tareas, tiempo estimado o costo de oportunidad, entre otras, circunstancias. En dicho contexto, cabe tener presente lo señalado por la Excma. Corte Suprema, en su sentencia recaída en el recurso de queja Rol N° 6663-2012, de 17 de enero de 2013, en orden a que "la reserva basada en el debido ejercicio de las funciones del órgano deberá explicarse pormenorizadamente y probarse de modo fehaciente de qué manera el control ciudadano reflejado en la solicitud [de acceso] podría afectar el debido cumplimiento de las funciones (...), mencionarse las atribuciones precisas que la revelación de la información le impediría o entorpecería de cumplir debidamente (...), sin que basten para estos efectos meras invocaciones generales" 7) Que, las alegaciones del organismo resultan insuficientes para tener por configurada la causal de reserva alegada, por cuanto no precisan al volumen de la información pedida, el tiempo y funciones que se verían entorpecidas con la recopilación de lo solicitado, teniendo en especial consideración el periodo consultado, la materia puntual sobre la cual recae y que en la actualidad existen únicamente 30 ZOIT a lo largo del país . 8) Que, en consecuencia, al haber desestimado todas las alegaciones del organismo se acogerá el presente amparo, ordenando la entrega, conforme fue solicitado de "las comunicaciones entre la Subsecretaría de Turismo y el SERNATUR, ya sea dirección nacional y/o dirección regional de Antofagasta y entre la Subsecretaría de Turismo y la Subsecretaría de Servicios Sociales o de Evaluación Social, desde el 1° de enero de 2018 a la fecha, en la cual se determine que las ZOIT deben someterse a consulta indígena, y en particular, pero no limitado, a la ZOIT de San Pedro de Atacama"; y, en el evento que dicha información no obre en su poder, por cuanto no hubo consultas indígenas en tal contexto, señalarlo expresa y fundadamente al reclamante. EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA: I. Acoger el amparo deducido por don Roberto Rodríguez en contra de la Subsecretaría de Turismo, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente. II. Requerir al Sr. Subsecretario de Turismo: a) Hacer entrega al reclamante de las comunicaciones entre la Subsecretaría de Turismo y el Servicio Nacional de Turismo, ya sea dirección nacional y/o dirección regional de Antofagasta y entre la Subsecretaría de Turismo y la Subsecretaría de Servicios Sociales o de Evaluación Social, desde el 1 de enero de 2018 a la fecha de la solicitud, en las cuales se determine que las zonas de interés turístico deben someterse a consulta indígena, y en particular, pero no limitado, a la zona de interés turístico de San Pedro de Atacama; y, en el evento que dicha información no obre en su poder, por cuanto no hubo consultas indígenas en tal contexto, señalarlo expresa y fundadamente al reclamante. b) Cumplir dicho requerimiento en un plazo que no supere los 10 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia. c) Informar el cumplimiento de esta decisión mediante comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dé cumplimiento a las obligaciones impuestas precedentemente en tiempo y forma. III. Encomendar al Director General (S) y a la Directora Jurídica (S) de este Consejo, indistintamente notificar la presente decisión a don Roberto Rodríguez y al Sr. Subsecretario de Turismo. En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011. Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidenta doña Gloria de la Fuente González, su Consejera doña Natalia González Bañados y sus Consejeros don Francisco Leturia Infante y don Bernardo Navarrete Yáñez. Por orden del Consejo Directivo, certifica el Directora Jurídica (S) del Consejo para la Transparencia doña Ana María Muñoz Massouh.