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DECISIÓN AMPARO ROL C4756-20</p>
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Entidad pública: Subsecretaría de la Mujer y la Equidad de Genero</p>
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Requirente: Eduardo Vidal Orellana</p>
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Ingreso Consejo: 10.08.2020</p>
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RESUMEN</p>
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Se rechaza el amparo interpuesto en contra de la Subsecretaría de la Mujer y la Equidad de Género, referido a la entrega de la solicitud de audiencia de Lobby y el acta de la respectiva reunión, y demás documentos relativos a audiencia que refiere.</p>
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En cuanto a la solicitud de audiencia de Lobby y el acta de la respectiva reunión, por cuanto la información solicitada no obra en poder de la reclamada, tras haberse informado la inexistencia de antecedentes adicionales a los ya remitidos, registrados y publicados en la Plataforma de Lobby, en conformidad de lo establecido en el artículo 8° de la Ley N° 20.730, que regula el lobby y las gestiones que representen intereses particulares ante las autoridades y funcionarios; no disponiendo este Consejo de antecedentes que permitan desvirtuar lo expresado por la reclamada, en cuanto a la inexistencia de lo solicitado.</p>
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Asimismo, con respecto a la entrega del Formulario de la Oficina de informaciones, reclamos y sugerencias, extendido por el órgano reclamado, con ocasión de la solicitud de audiencia, se advierte que, su divulgación constituye una clara afectación a los derechos de la persona involucrada, por tratarse de antecedentes constitutivos de su esfera de privacidad, cuya divulgación se configura como un menoscabo a su dignidad honra y vida privada; no advirtiéndose por parte de este Consejo un interés social en su publicidad.</p>
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En sesión ordinaria N° 1138 del Consejo Directivo, celebrada el 20 de octubre de 2020, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C4756-20.</p>
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VISTO:</p>
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Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.</p>
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TENIENDO PRESENTE:</p>
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1) SOLICITUD DE ACCESO: El 10 de julio de 2020, don Eduardo Vidal Orellana solicitó a la Subsecretaría de la Mujer y la Equidad de Género -en adelante, indistintamente la Subsecretaría- la siguiente información: «copia de la solicitud de audiencia presentada por la persona que se indica a la Secretaría Regional Ministerial de Magallanes y Acta de Reunión, y demás documentos relativos a audiencia que refiere».</p>
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2) RESPUESTA: Mediante presentación, de fecha 23 de julio de 2020, la Subsecretaría de la Mujer y la Equidad de Género respondió a dicho requerimiento de información, señalando que, toda la información pertinente, conforme a los términos del requerimiento, se encuentra disponible en la Plataforma de Lobby de la Institución. Al efecto, acompañó enlace electrónico directo a la audiencia, en virtud de lo establecido en el artículo 15° de la Ley de Transparencia.</p>
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3) AMPARO: El 10 de agosto de 2020, don Eduardo Vidal Orellana dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en que la información proporcionada no correspondería a la solicitada. Al respecto, el reclamante hizo presente que, lo pedido es la solicitud presentada para acceder a la audiencia que se indica y el acta de dicha reunión. Sobre este punto, agregó que, se entrega información genérica, con la cual se contaba al momento de formular la petición, la cual ya se encontraba en el texto del requerimiento.</p>
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4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado a la Sra. Subsecretaria de la Mujer y la Equidad de Género, mediante Oficio N° E14531, de fecha 28 de agosto de 2020, solicitándole que: (1°) señale si, a su juicio, la respuesta otorgada al reclamante satisface íntegramente su requerimiento de información; (2°) señale si la información reclamada obra en poder del órgano que representa, constando en alguno de los soportes documentales que señala el inciso segundo del artículo 10 de Ley de Transparencia; (3°) se refiera a la eventual concurrencia de alguna circunstancia de hecho que haga procedente la denegación de la información reclamada; (4°) se pronuncie acerca de la eventual concurrencia de algunas de las causales constitucionales o legales de secreto o reserva que, a su juicio, harían procedente la denegación de la información reclamada; y, (5°) de encontrarse disponible la información reclamada, remita la misma al solicitante, con copia a este Consejo, a fin de evaluar la finalización del presente amparo, a través del Sistema Anticipado de Resolución de Controversias (SARC).</p>
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Mediante presentación, de fecha 14 de septiembre de 2020, el órgano reclamado presentó sus descargos y observaciones, señalando que:</p>
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4.1) Primeramente, indicó que, lo requerido es información registrada mediante la plataforma de la Ley de lobby, disponible en link que se acompañó, y en conformidad de lo establecido en el artículo 8° de la Ley N° 20.730, que regula el lobby y las gestiones que representen intereses particulares ante autoridades y funcionarios.</p>
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4.2) Acto seguido, agregó que, la solicitud de audiencia y su acta fueron registradas en dicha plataforma y se encuentra disponible para su consulta. Sobre este punto, reseñó que, dichos datos fueron ingresados por una funcionaria de la Secretaría, cuya función es de digitadora y que, posteriormente, se procedió a su publicación en el referido portal, luego de efectuada la audiencia de Lobby, no existiendo otros antecedentes sobre dicha audiencia.</p>
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4.3) En cuanto a la concurrencia de causales de reserva, señaló que, con ocasión del requerimiento de audiencia, se extendió también un Formulario de la Oficina de informaciones, reclamos y sugerencias (OIRS), aunque se consignó en el mismo la palabra "lobby" con manuscrito en la repartición regional, por tratarse de materias que estaban relacionadas, y ser la misma usuaria en ambas solicitudes. Sobre lo anterior, precisó que, el referido Formulario contiene datos personales y sensibles por el relato que allí se consigna, en conformidad con lo prescrito en el artículo 2 letra g) de la ley N° 19.628, sobre protección de la vida privada, además de ser un relato personal y privado sobre una situación que la afectaba.</p>
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Y CONSIDERANDO:</p>
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1) Que, el presente amparo de acceso a la información se funda en la falta de satisfacción del peticionario con la información proporcionada por el órgano requerido, toda vez que ésta no correspondería a lo solicitado, referente a la entrega de la solicitud de audiencia de Lobby que se indica, el acta de reunión, y demás documentos relativos a la audiencia. Al respecto, el reclamante hizo presente que, se proporciona información genérica, con la cual se contaba al momento de formular la petición.</p>
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2) Que, en cuanto a la solicitud de audiencia de Lobby y el acta de la respectiva reunión, la Subsecretaría puntualizó que, dichos antecedentes se encuentran registrados en la Plataforma de Lobby -de acuerdo con la Ley N° 20.730 y su reglamento- en el enlace electrónico que se indicó, no existiendo otros antecedentes distintos a los ya publicados en el portal referido. Sobre dicha circunstancia, explicó que, dichos datos fueron ingresados por una funcionaria de la Secretaría Regional de la región de Magallanes y de la Antártica Chilena y posteriormente publicados, una vez efectuada la audiencia consultada. (énfasis agregado).</p>
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3) Que, en cuanto a la inexistencia de antecedentes adicionales a los ya publicados en la Portal indicado, de acuerdo a los artículos 5° y 10° de la Ley de Transparencia es pública y por tanto, factible de ser objeto de un requerimiento de acceso a información pública aquella información que efectivamente obre en poder de los órganos de la Administración, no pudiendo requerirse la entrega de información inexistente. En efecto, el artículo 10° de la antedicha ley, dispone que toda persona tiene derecho a solicitar y recibir información de cualquier órgano de la Administración del Estado «cualquiera sea el formato o soporte en que se contenga (...)». En tal sentido y complementando lo anterior, el artículo 3°, letra d), del Reglamento del cuerpo legal citado, preceptúa que «toda persona tiene derecho a solicitar y recibir información que obre en poder de cualquier órgano de la Administración (...)» (énfasis agregado).</p>
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4) Que, sobre lo anterior, es menester tener en consideración lo resuelto por este Consejo a partir de la decisión de amparo Rol C533-09, en donde se resolvió que la información cuya entrega puede ordenar, debe contenerse «en actos, resoluciones, actas, expedientes, contratos y acuerdos» o en un "formato o soporte" determinado, según dispone el inciso segundo del artículo 10° de la Ley de Transparencia. Por tal motivo, no resulta procedente requerir a la Subsecretaría que haga entrega de información que, de acuerdo con lo señalado, no obraría en su poder, como tampoco de aquélla que resulte inexistente.</p>
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5) Que, a mayor abundamiento, esta Corporación procedió de oficio a revisar el enlace electrónico remitido por la Subsecretaria, constatando que dicho registro contiene los presupuestos y requisitos exigidos por el artículo 8° de la Ley N° 20.730, que regula el lobby y las gestiones que representen intereses particulares ante las autoridades y funcionarios: «En dichos registros se deberá indicar, en particular, la persona, organización o entidad con quien se sostuvo la audiencia o reunión, a nombre de quién se gestionan dichos intereses particulares, la individualización de los asistentes o personas presentes en la respectiva audiencia o reunión, si se percibe una remuneración por dichas gestiones, el lugar y fecha de su realización y la materia específica tratada». En efecto, en ésta se consigna el identificador de la solicitud, la fecha en que se realizó la audiencia, la forma, el lugar y la duración, además del nombre de los asistentes, las materias tratadas y su especificación. En mérito de lo expuesto precedentemente; habiéndose explicado la inexistencia de antecedentes adicionales sobre la materia; verificándose que el registro remitido y publicado se aviene a lo dispuesto en la Ley N° 20.730; y, atendida la falta de antecedentes adicionales en el procedimiento de acceso en análisis, que permitan desvirtuar lo expresado por la reclamada en esta sede, en cuanto a la inexistencia de información distinta a la ya remitida, registrada y publicada en la Plataforma de Lobby, en conformidad con el marco normativo aplicable, se rechazará el presente amparo en esta parte.</p>
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6) Que, en cuanto a los demás documentos relativos a la audiencia que refiere, la Subsecretaría, informó que, con ocasión del requerimiento de audiencia de Lobby, se extendió un Formulario de la Oficina de informaciones, reclamos y sugerencias (OIRS), el cual contiene un relato personal y privado de una situación que afectaba a la solicitante de la audiencia. Sobre este punto, de la revisión de las materias tratadas en la consultada audiencia -consignadas en el registro de Lobby- esta Corporación advierte que, ésta contendría la narración circunstanciada de hechos personales de la solicitante, la cual expone una situación laboral que la aquejaba. Atendida las circunstancias expuestas, este Consejo estima que la especie concurre la causal de reserva consagrada en el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, esto es, «Cuando su publicidad, comunicación o conocimiento afecte los derechos de las personas, particularmente tratándose de su seguridad, su salud, la esfera de su vida privada o derechos de carácter comercial o económico».</p>
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7) Que, en tal contexto, atendida las materias expuestas en dicho documento, a juicio de esta Corporación, su divulgación constituye una expectativa razonable de daño o afectación negativa - presente o probable y con suficiente especificidad- a los derechos de la persona involucrada, particularmente un menoscabo de la dignidad, honra, protección de la vida privada y datos personales de la solicitante, garantías reconocidas por la Carta fundamental en su artículo 19 N° 4, y, en concordancia con los artículos 2° y 7° de la Ley de Protección a la Vida Privada. En el mismo orden de ideas, es menester tener presente que, se trata de hechos constitutivos de su esfera de vida personal, respecto de los cuales dicha persona no proporcionó la aquiescencia para su entrega. Asimismo, tampoco se advierte en la especie un interés social en la divulgación de la información, que justifique su publicidad, en circunstancias de que el registro de la audiencia proporcionado por el órgano reclamado, con ocasión de sus presentaciones, se aviene a los presupuestos y requisitos exigidos por el artículo 8° de la Ley N° 20.730. Por lo anterior, los daños que la publicidad provocaría son superiores al beneficio que causaría al libre acceso a la información y al principio de publicidad, en atención a la afectación de los derechos de la persona consultada. En virtud de lo expuesto precedentemente, estimándose la afectación de los derechos del tercero involucrado, por tratarse de hechos constitutivos de su vida privada; y, no advirtiéndose un interés social en la divulgación de los antecedentes, esta Corporación rechazará el presente amparo en esta parte.</p>
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EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:</p>
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I. Rechazar el amparo deducido por don Eduardo Vidal Orellana, en contra de la Subsecretaría de la Mujer y la Equidad de Género, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.</p>
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II. Encomendar al Director General (S) y a la Directora Jurídica (S) de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Eduardo Vidal Orellana; y, a la Sra. Subsecretaria de la Mujer y la Equidad de Género.</p>
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En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.</p>
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Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Jorge Jaraquemada Roblero y sus Consejeros doña Gloria de la Fuente González y don Francisco Leturia Infante.</p>
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Por orden del Consejo Directivo, certifica la Directora Jurídica (S) del Consejo para la Transparencia doña Ana María Muñoz Massouh.</p>