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DECISIÓN AMPARO ROL C4762-20</p>
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Entidad pública: Municipalidad de San Ramón</p>
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Requirente: David Cabedo Rosas</p>
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Ingreso Consejo: 10.08.2020</p>
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RESUMEN</p>
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Se acoge parcialmente el amparo el deducido en contra de la Municipalidad de San Ramón, requiriendo la entrega del nombre de los apoderados de los beneficiarios de las cajas de mercadería JUNAEB, de la comuna de San Ramón durante el año 2020.</p>
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Lo anterior, a fin de conciliar el carácter público de la información relativa a las personas que reciben beneficios por parte del Estado de Chile con la protección de los datos personales sensibles de los niños, niñas y adolescentes que, acreditando la situación de vulnerabilidad económica de sus familias pudieron acceder a las becas de alimentación entregadas por el Estado por medio de la Junta de Auxilio Escolar y Becas, en los establecimientos educacionales en los cuales la Municipalidad de San Ramón es el sostenedor, y que el año 2020 tras la suspensión de las clases presenciales en dichos establecimientos se materializó, de manera excepcional, en la entrega de cajas de mercadería. Así, se estima que el requerimiento puede cumplirse y el control social sobre dicho antecedente ejercerse, informando sólo el nombre de los apoderados de aquellos.</p>
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Se rechaza el amparo respecto del nombre y domicilio de los niños, niñas y adolescentes beneficiados, por constituir datos personales sensibles cuya divulgación puede afectar la vida privada de sus titulares. Así como también, en cuanto a la información pedida correspondiente al año 2019, debido a que no se disponen de antecedentes que conduzcan a una conclusión contraria de aquella sostenida por el órgano requerido, en orden a que no cuentan con esta pues sólo se entregó el beneficio consultado durante el año 2020.</p>
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En sesión ordinaria N° 1146 del Consejo Directivo, celebrada el 5 de enero de 2021, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto del amparo Rol C4762-20.</p>
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VISTO:</p>
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Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.</p>
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TENIENDO PRESENTE:</p>
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1) SOLICITUD DE ACCESO: Con fecha 26 de junio de 2020, don David Cabedo Rosas solicitó a la Municipalidad de San Ramón "información de los beneficiarios de las cajas de mercadería de la Junaeb de la comuna de San Ramón (ojalá con nombres y direcciones o algún otro medio para verificar la recepción de las cajas) de los años 2019 y 2020".</p>
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2) RESPUESTA: La Municipalidad de San Ramón por medio de ordinario N° 159, de fecha 5 de agosto de 2020, anexó memorándum del Departamento de Educación, en el que se informó "que los beneficiarios son todos aquellos alumnos que son parte del programa de alimentación escolar. Sin embargo, las canastas enviadas por JUNAEB Central están destinadas a los estudiantes prioritarios y posteriormente fueron incorporados los estudiantes preferentes. Debido a que el detalle de beneficiarios corresponde a la entrega de datos sensibles y personales no es posible enviarla según consta en Ley 19.628".</p>
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3) AMPARO: Con fecha 10 de agosto de 2020, don David Cabedo Rosas dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra de la Municipalidad de San Ramón, fundado en la respuesta negativa a la solicitud. En particular sostuvo que "Se argumenta por parte de la Municipalidad de San Ramón que los datos solicitados serían de "carácter sensible y personales", cuestión que viene en entorpecer mi calidad de fiscalizador del correcto uso del patrimonio municipal ya que soy concejal de dicha municipalidad, ya que a lo menos requiero el nombre completo de los beneficiarios de las cajas de la junaeb de los años 2019-2020 en la comuna de San Ramón...".</p>
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4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación el presente amparo, confiriendo traslado al Sr. Alcalde de la Municipalidad de San Ramón mediante Oficio N° E14.544, de fecha 28 de agosto de 2020, para que formulara sus descargos y observaciones solicitando, especialmente, lo siguiente: (1°) indique las razones por las cuales la solicitud de información no habría sido atendida oportunamente; (2°) se refiera, específicamente, a las causales de secreto o reserva que, a su juicio, harían procedente la denegación de la información reclamada; (3°) explique cómo lo solicitado afectaría los derechos de los terceros; (4°) indique si procedió de conformidad a lo estipulado en el artículo 20 de la Ley de Transparencia; (5°) de haber procedido conforme a dicho artículo, señale si los terceros eventualmente afectados presentaron su oposición a la solicitud que motivó el presente amparo y, en la afirmativa, acompañe todos los documentos incluidos en el procedimiento de comunicación al tercero, incluyendo copia de la respectiva comunicación, de los documentos que acrediten su notificación, de la oposición deducida y de los antecedentes que den cuenta de la fecha en la que ésta ingresó ante el órgano que usted representa; y, (6°) proporcione los datos de contacto -por ejemplo: nombre, dirección, número telefónico y correo electrónico-, de los terceros involucrados, a fin de evaluar una eventual aplicación de lo dispuesto en los artículos 25 de la Ley de Transparencia y 47 de su Reglamento.</p>
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El órgano reclamado por medio de correo electrónico, de fecha 2 de octubre de 2020, remitió presentación en la indicó que "de acuerdo a lo informado por Coordinación JUNAEB, sólo se han entregado cajas de JUNAEB durante el año 2020, no hubo en el 2019. Anteriormente no se pudo enviar debido a que entendíamos que requiere toda la información, como domicilio y datos personales por lo cual se indicó que era de carácter sensible. Pero si se puede entregar algunos datos, tales como los adjuntados, que corresponden a los nombres completos y actas. De ser así, se solicita más plazo para enviar de manera completa la información dado que se requiere editar informes. Es importante señalar que no se busca entorpecer su calidad de fiscalizador, por lo cual se envía información adjunta con detalle de beneficiarios según información recopilada por Coordinación JUNAEB DEM, para los fines que requiera".</p>
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Y CONSIDERANDO:</p>
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1) Que el presente amparo se funda en la respuesta negativa a la solicitud, al respecto, el órgano reclamado alegó que lo pedido se trata de datos personales y sensibles en virtud de lo dispuesto en la ley N° 19.628, sobre protección de la vida privada - en adelante ley N° 19.628-; y que no cuenta con lo requerido correspondiente al año 2019.</p>
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2) Que, en primer lugar, en cuanto a lo señalado por el reclamante con ocasión de su amparo, en orden a que la denegación de la información requerida entorpece su rol de fiscalizador del correcto uso del patrimonio municipal en atención a su condición de concejal de la comuna, cabe hacer presente que el artículo 79 del decreto con fuerza de ley N° 1, año 2006, del Ministerio del Interior, fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades - en adelante D.F.L. N° 1/2006-; dispone que al Concejo le corresponderá, entre otras funciones, las de "h) Citar o pedir información, a través del alcalde, a los organismos o funcionarios municipales cuando lo estime necesario para pronunciarse sobre las materias de su competencia. // La facultad de solicitar información la tendrá también cualquier concejal, la que deberá formalizarse por escrito al concejo. // El alcalde estará obligado a responder el informe en un plazo no mayor de quince días"; y "l) Fiscalizar las unidades y servicios municipales. En el ejercicio de su función fiscalizadora, el concejo, con el acuerdo de, al menos, un tercio de sus miembros podrá citar a cualquier director municipal para que asista a sesiones del concejo con el objeto de formularle preguntas y requerir información en relación con materias propias de su dirección. El reglamento de funcionamiento del concejo establecerá el procedimiento y demás normas necesarias para regular estas citaciones". Por su parte, el artículo 87 del cuerpo normativo señalado, prescribe que "Todo concejal tiene derecho a ser informado plenamente por el alcalde o quien haga sus veces, de todo lo relacionado con la marcha y funcionamiento de la corporación. Este derecho debe ejercerse de manera de no entorpecer la gestión municipal. El alcalde deberá dar respuesta en el plazo máximo de quince días, salvo en casos calificados en que aquél podrá prorrogarse por un tiempo razonable a criterio del concejo".</p>
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3) Que si bien el reclamante en su condición de concejal de la comuna de San Ramón cuenta con el procedimiento especial para obtener información establecido en el D.F.L. N° 1/2006, utilizó aquel establecido en la Ley de Transparencia, así se debe tener presente lo prescrito en el N° 11 de la Instrucción General N° 10, de este Consejo, en orden a que "Existiendo un procedimiento para obtener información pública contenido en una ley especial, el respectivo servicio público deberá satisfacer el requerimiento del solicitante a través de aquel o de la Ley de Transparencia, de acuerdo al sistema por el cual este último se hubiere pronunciado expresamente. Por ejemplo, los concejales podrán elegir entre requerir información a través de la Ley de Transparencia o de los mecanismos contemplados en la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades".</p>
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4) Que, en consecuencia, la normativa aplicable en el presente caso es aquella contenida en la Ley de Transparencia, razón por la cual, no se tendrá en consideración lo señalado por el órgano reclamado, con ocasión de sus descargos, en orden a que acceden a la entrega de lo solicitado con el fin de no entorpecer el rol de fiscalizador que ejerce el reclamante.</p>
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5) Que, por otra parte, en cuanto a lo alegado por el órgano reclamado, con ocasión de sus descargos, en orden a que no se otorgó el beneficio consultado durante el año 2019, cabe hacer presente que la inexistencia de la información es una circunstancia de hecho, cuya sola invocación no exime a los órganos de la Administración de su obligación de entregarla. Esta alegación debe ser fundada, indicando en forma clara el motivo por el cual ésta no obra en su poder, y debe ser acreditada en forma fehaciente. En la especie, en relación con señalado por la Municipalidad de San Ramón se debe considerar que el beneficio consultado se estableció atendida la suspensión de las clases presenciales en los establecimientos educacionales del país, atendida la pandemia por COVID-19.</p>
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6) Que, en consecuencia, en virtud de lo dispuesto en los artículos 5 y 10 de la Ley de Transparencia, que establece que sólo será pública la información que efectivamente obre en poder de los órganos de la Administración, no pudiendo requerirse la entrega de aquella inexistente. De esta forma, sin que se dispongan de antecedentes que conduzcan a una conclusión contraria de la sostenida por la Municipalidad de San Ramón, se rechazará el presente amparo en este aspecto.</p>
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7) Que, en cuanto a lo solicitado correspondiente al año 2020, cabe tener presente lo razonado por este Consejo, a partir de la decisión de amparo Rol C333-10, respecto a que el hecho de recibir un beneficio del Estado de Chile hace que se reduzca el ámbito de la privacidad de las personas que gozan de éstos, toda vez que debe permitirse un adecuado control social respecto de quienes han sido otorgados dichos beneficios. A mayor abundamiento, la propia Ley de Transparencia, en su artículo 7 letra i) ha establecido que la nómina de beneficiaros de programas de subsidios u otros beneficios que entregue el respectivo órgano, debe hacerse pública de manera proactiva por los órganos de la Administración del Estado, mes a mes, con la única excepción de aquellos casos en que se estime que dicha información constituye datos sensibles, en cuyo caso el tratamiento de los mismos debe hacerse de acuerdo con las normas de la ley N° 19.628.</p>
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8) Que, en este caso, lo pedido son datos relativos a niños, niñas y adolescentes que, acreditando la situación de vulnerabilidad económica de sus familias pudieron acceder a las becas de alimentación entregadas por el Estado por medio de la Junta de Auxilio Escolar y Becas, en los establecimientos educacionales en los cuales la Municipalidad de San Ramón es el sostenedor, y que el año 2020 tras la suspensión de las clases presenciales en dichos establecimientos se materializó, de manera excepcional, en la entrega de cajas de mercadería. En tal sentido, se debe tener en cuenta lo prescrito en el artículo 2 letras f) y g), de la ley N° 19.628, en relación con lo dispuesto en el artículo 16 de la Convención sobre Derechos del Niño, ratificada por nuestro país el año 1990, que señala que "Ningún niño será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia ni de ataques ilegales a su honra y a su reputación. // El niño tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o ataques". De esta forma, la protección del interés superior del niño supone un especial cuidado en el tratamiento de todo antecedente que forme parte de su esfera íntima.</p>
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9) Que, de esta forma, la información sobre datos personales de un niño, niña y/o adolescente, incluido cualquier dato que permita la identificación de éstos, no podrá ser tratada si no es de conformidad con las reglas y principios del tratamiento de datos en su aplicación a los calificados como sensibles, los que de conformidad a lo dispuesto en el artículo 10 de la ley N° 19.628, "No pueden ser objeto de tratamiento (...) salvo cuando la ley lo autorice, exista consentimiento del titular [representante legal] o sean datos necesarios para la determinación u otorgamiento de beneficios de salud que correspondan a sus titulares", situaciones que no se verifican para el presente caso.</p>
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10) Que, por lo anterior, se estima que la revelación de cualquier dato que permitiere la identificación directa de los niños, niñas y adolescentes beneficiarios producirá afectación específica a la esfera de su vida privada. En este punto, se debe considerar que por medio de la ley N° 21.096, que establece el derecho a la protección de los datos personales, se consagró éste a nivel constitucional, incorporándolo en el texto del artículo 19 N° 4 de la Constitución Política de la República; condición que debe ser considerada al ponderar la aplicación del derecho de acceso a la información pública.</p>
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11) Que este Consejo por medio de Oficio N° 821, de fecha 30 de junio de 2020, "Efectúa requerimiento y recomendaciones en materia de transparencia, acceso y entrega de información, en relación con los planes y programas sociales y económicos desarrollados y/o ejecutados por los Órganos de la Administración del Estado, en el marco de la pandemia por COVID-19", recomendó que "En los procedimientos de postulación, asignación o rechazo y entrega o pago del beneficio, cuando corresponda, deberá darse debido cumplimiento a las disposiciones de la Ley N° 19.628. Sin perjuicio de ello, para el adecuado cumplimiento de las obligaciones de transparencia activa, en los procesos de entrega o comunicación de información sobre nóminas de beneficiarios, se deberá reservar el domicilio y otros antecedentes personales, que no sean necesarios para ejercer el control social...".</p>
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12) Que, de esta forma, a fin de conciliar el carácter público de la información solicitada con la protección de los datos personales sensibles de los niños, niñas y adolescentes beneficiarios de las cajas de mercadería por los cuales se consulta, se estima que el requerimiento puede cumplirse y el control social sobre dicho antecedente ejercerse, informando el nombre de apoderados de aquellos. Por otra parte, en cuanto a la identidad de los menores y su domicilio se considera que su divulgación expone la vida privada de aquellos, configurándose la causal de secreto o reserva dispuesta en el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, en relación con lo establecido en la ley N° 19.628, por lo que, se rechazará el amparo a su respecto. Lo anterior, en ejercicio de las atribuciones otorgadas a este Consejo por el artículo 33 letras j) y m) de la Ley de Transparencia.</p>
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13) Que, en consecuencia, sólo se acogerá el amparo en cuanto se requiere la entrega del nombre de los apoderados de los niños, niñas y adolescentes beneficiarios por los que se consulta, durante el año 2020.</p>
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EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:</p>
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I. Acoger parcialmente el amparo deducido por don David Cabedo Rosas en contra de la Municipalidad de San Ramón, en virtud de los fundamentos señalados precedentemente.</p>
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II. Requerir al Sr. Alcalde de la Municipalidad de San Ramón, lo siguiente:</p>
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a) Entregar al reclamante el nombre de los apoderados de los niños, niñas y adolescentes beneficiados con la caja de mercadería JUNAEB durante el año 2020.</p>
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b) Cumplir dicho requerimiento en un plazo que no supere los 10 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia.</p>
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c) Acreditar la entrega efectiva de la información, en conformidad a lo establecido en el inciso segundo del artículo 17 de la Ley de Transparencia, mediante comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dé cumplimiento a las obligaciones impuestas precedentemente en tiempo y forma.</p>
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III. Rechazar el amparo respecto a los nombres y domicilios de los niños, niñas y adolescentes beneficiados y la información relativa al año 2019, por tratarse de datos personales sensibles y por no obrar en poder del órgano reclamado, respectivamente, en virtud de los fundamentos señalados precedentemente.</p>
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IV. Encomendar al Director General (S) y a la Directora Jurídica (S) de este Consejo, indistintamente, notificar el presente acuerdo a don David Cabedo Rosas y al Sr. Alcalde de la Municipalidad de San Ramón.</p>
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En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.</p>
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Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidenta doña Gloria de la Fuente González, su Consejera doña Natalia González Bañados y sus Consejeros don Francisco Leturia Infante y don Bernardo Navarrete Yáñez.</p>
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Por orden del Consejo Directivo, certifica la Directora Jurídica (S) del Consejo para la Transparencia doña Ana María Muñoz Massouh.</p>