Base de Datos de Jurisprudencia - Consejo para la Transparencia

Decisión ROL C980-12

Volver

Reclamante:	JORGE FUENTES TAPIA
Reclamado:	POLICÍA DE INVESTIGACIONES DE CHILE
Resumen del caso: Se deduce amparo contra la Policía de Investigaciones de Chile fundado en que se le habría denegado parcialmente la información requerida, por cuanto el Oficio (R) Nº 103 solicitado se le entregó con un párrafo tarjado y que corresponde, según el organismo requerido, a la justificación de la reubicación del funcionario allí señalado, lo que corresponde sólo a una opinión personal que quedaría dentro del denominado privilegio deliberativo del funcionario que la emitió. El Consejo estima que revelar dicha opinión afectaría de modo cierto, probable y específico el debido cumplimiento de las funciones de la PDI, de manera que aplicando un test de daño ocurre que el beneficio público resultante de conocer esta información es inferior al daño que podría causar su revelación, lo que llevará a que, en definitiva, deba rechazarse este amparo
Tipo de decisión:	Decisión de Fondo
Fecha de la decisión:	11/5/2012
Consejeros:	-
Legislación aplicada:	Ley de Transparencia
Palabras clave:
Jurisprudencia desde:
Jurisprudencia a:	C1279-12 C940-12 C1328-12 C217-12 C218-12 C219-12 C939-12
Recursos relacionados:
Descriptores jurídicos:
Descriptores analíticos:	Orden y Seguridad Interior

DECISIÓN AMPARO ROL C980-12 Entidad pública: Policía de Investigaciones de Chile Requirente: Jorge Fuentes Tapia Ingreso Consejo: 06.07.2012 En sesión ordinaria N° 378 del Consejo Directivo, celebrada el 5 de octubre de 2012, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley Nº 20.285, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C980-12. <h3> VISTO:</h3> Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de las Leyes N° 20.285 y Nº 19.880; lo previsto en el D.F.L. N° 1-19.653, del año 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.575; y los D.S. N° 13/2009 y N° 20/2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el Reglamento del artículo primero de la Ley N° 20.285, en adelante el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia. <h3> TENIENDO PRESENTE:</h3> 1) SOLICITUD DE ACCESO: El 12 de mayo de 2012 don Jorge Fuentes Tapia requirió a la Policía de Investigaciones de Chile, en adelante también PDI, antecedentes relacionados con su experiencia profesional en la PDI. En específico, solicitó se le entregara la siguiente información: a) Oficio (R) Nº 103, de 30 de junio de 2011, de la Brigada de Investigación Criminal de San Fernando. b) Conducto regular, solicitado el año 2011, explicar motivo de la negativa de la Bricrim de Santa Cruz. 2) RESPUESTA: La Policía de Investigaciones de Chile respondió a dicho requerimiento, el 18 de junio de 2012, mediante carta de la Comisario (J) del órgano reclamado, indicando lo siguiente: a) El 11 de junio de 2012 se prorrogó de manera excepcional y única el plazo para evacuar respuesta, por 10 días hábiles adicionales, por cuanto aún se encontraba pendiente recabar un documento solicitado, conforme a la facultad establecida por el artículo 14 de la Ley de Transparencia. b) En cuanto a lo requerido en el literal a) de la solicitud de información, adjunta copia escaneada de Oficio (R) Nº 103, de 30 de junio de 2011, de la Brigada de Investigación Criminal de San Fernando. Sin perjuicio, hace presente que dicho documento, en aplicación del principio de divisibilidad, establecido en la letra e), del artículo 11, de la Ley de Transparencia, contiene censurado un párrafo, por reunir éste una opinión personal emitida por el Jefe de la Brigada de Investigación Criminal de San Fernando, quien en ejercicio de su función pública y en el denominado “privilegio deliberativo”, puede intercambiar opiniones, contrastar datos y sopesar alternativas, sin que las mismas afecten o influyan en las decisiones finales adoptadas por el servicio, las cuales no reúnen el carácter de públicas. c) Por su parte, en relación con lo requerido en el literal b), se le indica que, de acuerdo a la constancia existente en su Hoja de Vida Anual, del período calificatorio comprendido entre el 1° de agosto de 2010 al 31 de julio de 2011, de conformidad a lo establecido en Providencia Nº 39, de 16 de marzo de 2011, de la VI Región Policial, se resolvió en relación a su solicitud de conducto regular, a fin de explicar su situación personal que le aqueja respecto de su inclusión en la Lista Anual de Retiro y Clasificación el Lista 3, al Señor Director General de la PDI, no concederlo, por las razones que allí se indican. 3) AMPARO: Don Jorge Fuentes Tapia dedujo amparo a su derecho de acceso a la información el 27 de junio de 2012, en contra de la Policía de Investigaciones de Chile, fundado en que se le habría denegado parcialmente la información requerida, por cuanto el Oficio (R) Nº 103 se le entregó con un párrafo tarjado. 4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de este Consejo acordó admitir a tramitación el presente amparo, trasladándolo mediante Oficio Nº 2.604, de 23 de julio de 2012, al Director General de la Policía de Investigaciones de Chile, haciéndole presente que el reclamante sólo dedujo amparo al derecho de acceso a la información pública por lo requerido en el literal a) de la solicitud de información. Mediante Ordinario Nº 394, de 3 de agosto de 2012, el jefe Jurídico de dicho órgano evacuó sus descargos y observaciones al presente amparo, señalando lo siguiente: a) El Oficio (R) Nº 103, de 30 de junio de 2011, de la Brigada de Investigación Criminal de San Fernando, contiene una proposición del Jefe de la Unidad, en virtud de la competencia otorgada por la Orden General Nº 1998, de 19 de diciembre de 2003, para solicitar la reposición o distribución de personal perteneciente a su dotación, identificando para ello el nombre del funcionario policial y circunstancias que justifican cada una de las propuestas mencionadas en dicho documento, lo cual culmina con la emisión de la resolución que ordena la destinación de los funcionarios policiales. b) Conforme a la normativa interna de la PDI, el personal deberá permanecer como mínimo tres años en una determinada unidad, antes de ser destinado a otra distinta, sin perjuicio que por razones de mejor servicio o situaciones personales de excepción, puedan ser destinados en lapsos menores a tres años. Por lo anterior, aquellos funcionarios que cumplan un tiempo superior a tres años en una determinada brigada o repartición, deberán presentar a la autoridad respectiva su solicitud de destinación, para su estudio e inclusión en el Plan Anual de Destinaciones, lo que hizo el funcionario que da cuenta el oficio en cuestión. c) En efecto, y tal como lo indica el mencionado oficio, el Subcomisario Francisco Fuentes Tapia, el 15 de abril de 2011, presentó su solicitud de destinación al Director General de la PDI, manifestando su interés de postular al Plan Anual de Destinaciones para el período 2011, fundado en la circunstancia de haber cumplido 8 años de permanencia en la Brigada de Investigación Criminal de San Fernando. d) A dicha solicitud, el Subprefecto Sergio Muñoz Yáñez, Jefe de Brigada, manifestó en el Oficio requerido, que su presentación se ajustaba a la necesidad de renovar la dotación de esa Brigada, solicitando a la Jefatura del Personal emitir la correspondiente resolución que disponga la destinación del Subcomisario Francisco Fuentes Tapia, al Departamento de Extranjería y Policía Internacional de Puerto Montt. e) Agrega que la opinión personal que emite el Jefe de Brigada, respecto al Subcomisario Francisco Fuentes Tapia, plasmada en el Oficio (R) Nº 103, y que fue tarjada al efectuar la entrega del mismo, no constituye el fundamento o los motivos que se tuvieron a la vista para resolver la solicitud de destinación del respectivo funcionario, toda vez que ésta se produjo por haber cumplido el tiempo mínimo de permanencia exigido en una brigada o repartición institucional y no por el comentario ahí consignado. Es por esto, que dicha opinión fue tarjada al efectuar la entrega de la información, por tratarse de una opinión personal del Jefe de Brigada, respecto de otra persona, quien en ejercicio de su función pública y en el denominado “privilegio deliberativo”, puede intercambiar opiniones, contrastar datos y sopesar alternativas, sin que las mismas afecten o influyan en las decisiones finales adoptadas por el servicio. f) Agrega que el Jefe de Unidad debe disponer y velar por la debida organización del personal de su dotación, de conformidad a las necesidades institucionales, función que comprende la vigilancia y fiscalización de las labores policiales desempeñadas por su personal. El ejercicio de dicha función implica para el Jefe de Unidad la permanente calificación del personal, a través de la respectiva evaluación anual a sus labores, la que comprende tanto el desempeño de su trabajo, como las condiciones personales de los funcionarios. Estas últimas permiten al Jefe de Unidad emitir opiniones de su personal, como ocurrió en la especie, sin que las mismas constituyan antecedentes necesarios y previos para la adopción de una decisión, toda vez que las autoridades institucionales pueden o no considerar dichas opiniones al momento de resolver una determinada situación. En efecto, la destinación del Subcomisario Fuentes Tapia se produjo a petición del interesado, por haber cumplido éste el tiempo mínimo de permanencia en una unidad policial, sin que la opinión de su Jefe de Unidad haya influido en la decisión adoptada en esa oportunidad por la autoridad. 5) GESTIÓN OFICIOSA: A requerimiento de este Consejo, mediante correo electrónico de 3 de octubre de 2012, la abogado de la Jefatura Jurídica de la PDI, doña Lorena Cuevas, informó que el Oficial Francisco Fuentes Tapia fue destinado el 24 de agosto de 2011 al Departamento de Extranjería y Policía Internacional de Puerto Montt. Asimismo, remitió copia de Resolución Exenta Nº 3.022, de 1 de agosto de 2011, a través de la cual se resolvió destinar al Subcomisario Francisco Fuentes Tapia al Departamento de Extranjería y Policía Internacional Puerto Montt. <h3> Y CONSIDERANDO:</h3> 1) Que, en primer lugar, y atendido que el amparo interpuesto se funda en que la respuesta entregada fue incompleta por haberse tarjado un párrafo del oficio entregado, la presente decisión se restringirá sólo a este aspecto de la solicitud de información. 2) Que el Oficio (R) Nº 103, de 30 de junio de 2011, versa sobre la proposición efectuada por el Jefe de la Brigada de Investigación Criminal de San Fernando a la Prefectura Provincial de Colchagua, requiriendo la redistribución o reubicación de los tres funcionarios que ahí se indican. Uno de ellos es don Francisco Fuentes Tapia, quien previamente había presentado su solicitud de destinación. Conforme al artículo 6°, inciso 3°, de la Orden General N° 2.233, de 19 de mayo de 2009, de la Policía de Investigaciones de Chile, Reglamento Interno de Destinaciones del Personal de la PDI, el Jefe directo del funcionario que solicita la destinación podrá emitir su opinión “acerca de la conveniencia de dar o no curso a la petición planteada”. En el oficio citado se indica que dicha solicitud se ajusta a la necesidad de renovar la dotación de la Brigada, toda vez que este funcionario trabajó en la ciudad de San Fernando por más de ocho años. 3) Que el párrafo tarjado contiene un antecedente adicional que, según el Jefe de la BRICRIM de San Fernando, justificaría la reubicación de dicho funcionario. Sin embargo, la PDI ha estimado que debe reservarse por no constituir el fundamento de la destinación sino sólo una opinión personal que quedaría dentro del denominado privilegio deliberativo del funcionario que la emitió. 4) Que dicha opinión se emitió a través de un acto formal y cumpliendo lo señalado en la Orden General N° 2.233/2009, constituyendo un antecedente más a ser tenido en consideración por la Jefatura de Personal al momento de estudiar la solicitud y resolver sobre la inclusión de este funcionario en el Plan Anual de Destinaciones. 5) Que el artículo 21 Nº 1, letra b), de la Ley de Transparencia permite denegar el acceso a la información cuando “…su publicidad, comunicación o conocimiento afecte el debido cumplimiento de las funciones del órgano requerido, particularmente: (…) b) Tratándose de antecedentes o deliberaciones previas a la adopción de una resolución, medida o política, sin perjuicio que los fundamentos de aquéllas sean públicos una vez que sean adoptadas”. Sin embargo, al haberse adoptado la decisión de traslado de aplicarse esta norma la información sería pública y debiese entregarse, por lo que no cabe aceptar la concurrencia de la causal descrita en el literal b). 6) Que, no obstante lo anterior, la opinión emitida es un juicio de valor que viene a reforzar la solicitud de destinación pero que no es el fundamento central de lo decisión y resulta, en tanto juicio u opinión, difícilmente objetivable. 7) Que contar con opiniones claras y asertivas que estén documentadas resulta de gran importancia para una adecuada gestión pública. Declarar la publicidad de todas las opiniones emitidas por las autoridades de un determinado servicio, durante el curso de la adopción de una decisión, podría afectar la fluidez de las comunicaciones internas y mermar la asertividad de opiniones como la que en este caso se tarjó, lo que atentaría contra el registro escrito que debe quedar de éstas. 8) Que, con todo, este es un juicio que debe realizarse caso a caso y que variaría si se estimara la concurrencia de un claro interés público que justificase optar por la publicidad de dichos comentarios. Así ocurriría, por ejemplo, si éstos revelaran prejuicios, animadversión o indicios de discriminación arbitraria, cuestión que no ocurre en este caso respecto de la información tarjada. 9) Que, en definitiva, este Consejo estima que revelar dicha opinión afectaría de modo cierto, probable y específico el debido cumplimiento de las funciones de la PDI en los términos descritos en el encabezado del artículo 21 Nº 1 de la Ley de Transparencia, de manera que aplicando un test de daño ocurre que el beneficio público resultante de conocer esta información es inferior al daño que podría causar su revelación, lo que llevará a que, en definitiva, deba rechazarse este amparo. <h3> EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:</h3> I. Rechazar el amparo deducido por don Jorge Fuentes Tapia, en contra de la Policía de Investigaciones de Chile, por los fundamentos expuestos precedentemente. II. Encomendar al Director General y al Director Jurídico de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Jorge Fuentes Tapia y al Sr. Director General de la Policía de Investigaciones de Chile. En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en los artículos 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. No procede, en cambio, el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la Ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011. Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Alejandro Ferreiro Yazigi y los Consejeros don Jorge Jaraquemada Roblero y don José Luis Santa María Zañartu. Se deja constancia que la Consejera doña Vivianne Blanlot Soza no asiste a la presente sesión. Por orden del Consejo Directivo, certifica el Director Jurídico del Consejo para la Transparencia, don Enrique Rajevic Mosler.