Base de Datos de Jurisprudencia - Consejo para la Transparencia

Decisión ROL C4785-20

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Reclamante:	JUAN ABARZÚA CASTRO
Reclamado:	INSTITUTO DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS (INIA)
Resumen del caso: Se acoge el amparo contra del Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA), relativo al acceso a los antecedentes de evaluación del solicitante, generados con ocasión a su participación en el concurso para proveer el cargo de Profesional de Apoyo a Proyectos. Lo anterior, tarjando previamente los datos personales de contexto de personales naturales distintas del reclamante, contenidos en dichos documentos, tales como RUT, domicilio particular, fecha de nacimiento, nacionalidad, estado civil, teléfonos fijos o celulares, correo electrónico particular, e identidad de los restantes postulantes. Lo anterior por cuanto el instituto, conforme fue resuelto en decisión recaía en amparo C827-10, le resultan plenamente aplicables las disposiciones de la Ley de Transparencia. A su vez, y respecto a la naturaleza de la información solicitada, este Consejo ha sostenido reiteradamente que en los casos en que el requerimiento contemple el acceso a información del peticionario en los concursos en que postula, aquello constituye una manifestación del derecho a acceso a sus propios datos personales, que obran en poder de un tercero, prerrogativa que reconoce expresamente la Ley sobre protección de la vida privada. Se hace presente que la entrega de la información deberá ser realizada de manera presencial al solicitante, dando estricto cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 4.3., de la instrucción general N° 10, dictada por esta Corporación. Hay voto concurrente del Consejero don Francisco Leturia Infante, relativo a la naturaleza de las evaluaciones o informes psicolaborales, por cuanto, a su juicio, la opinión del evaluador no es por sí mismo un dato personal, pero puede contener información íntima, cuyo conocimiento por parte de terceros podría generar múltiples consecuencias indeseadas. Agrega, que ante la disyuntiva de privilegiar una situación u otra, debe ser protegida la reserva, salvo en lo que respecta al informe psicológico del propio solicitante, lo que ocurre en el presente caso. La Presidenta del Consejo Directivo doña Gloria de la Fuente González se abstuvo de intervenir y votar en el presente caso.
Tipo de decisión:	Decisión de Fondo
Fecha de la decisión:	1/14/2021
Consejeros:	-Gloria Alejandra de la Fuente González -Francisco Javier Leturia Infante -Natalia Andrea González Bañados -Bernardo Eric Navarrete Yáñez
Legislación aplicada:	Ley de Transparencia
Palabras clave:
Jurisprudencia desde:	C827-10
Jurisprudencia a:	C609-21 C5811-22
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Descriptores jurídicos:	- Actos/resoluciones >> Fundamentos >> Otros
Descriptores analíticos:

DECISIÓN AMPARO ROL C4785-20   Entidad pública: Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA) Requirente: Juan Abarzúa Castro Ingreso Consejo: 11.08.2020 RESUMEN Se acoge el amparo contra del Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA), relativo al acceso a los antecedentes de evaluación del solicitante, generados con ocasión a su participación en el concurso para proveer el cargo de Profesional de Apoyo a Proyectos. Lo anterior, tarjando previamente los datos personales de contexto de personales naturales distintas del reclamante, contenidos en dichos documentos, tales como RUT, domicilio particular, fecha de nacimiento, nacionalidad, estado civil, teléfonos fijos o celulares, correo electrónico particular, e identidad de los restantes postulantes. Lo anterior por cuanto el instituto, conforme fue resuelto en decisión recaía en amparo C827-10, le resultan plenamente aplicables las disposiciones de la Ley de Transparencia. A su vez, y respecto a la naturaleza de la información solicitada, este Consejo ha sostenido reiteradamente que en los casos en que el requerimiento contemple el acceso a información del peticionario en los concursos en que postula, aquello constituye una manifestación del derecho a acceso a sus propios datos personales, que obran en poder de un tercero, prerrogativa que reconoce expresamente la Ley sobre protección de la vida privada. Se hace presente que la entrega de la información deberá ser realizada de manera presencial al solicitante, dando estricto cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 4.3., de la instrucción general N° 10, dictada por esta Corporación. Hay voto concurrente del Consejero don Francisco Leturia Infante, relativo a la naturaleza de las evaluaciones o informes psicolaborales, por cuanto, a su juicio, la opinión del evaluador no es por sí mismo un dato personal, pero puede contener información íntima, cuyo conocimiento por parte de terceros podría generar múltiples consecuencias indeseadas. Agrega, que ante la disyuntiva de privilegiar una situación u otra, debe ser protegida la reserva, salvo en lo que respecta al informe psicológico del propio solicitante, lo que ocurre en el presente caso. La Presidenta del Consejo Directivo doña Gloria de la Fuente González se abstuvo de intervenir y votar en el presente caso. En sesión ordinaria N° 1146 del Consejo Directivo, celebrada el 5 de enero de 2021, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C4785-20. VISTO: Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia. TENIENDO PRESENTE: 1) SOLICITUD DE ACCESO: Mediante de Ord. N° 595, de 21 de julio de 2020, la Subsecretaría de Agricultura derivó al Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA), de conformidad a lo establecido en el artículo 13 de la Ley de Transparencia, la solicitud de don Juan Abarzúa Castro, en virtud de la cual requiere la entrega de lo siguiente: "Expediente completo de evaluación conforme al cargo (Informe de evaluación de entrevista técnica realizada el día 30 de abril; e Informe de evaluación psicolaboral, realizado con fecha 27 de mayo; más todos los otros posibles documentos del proceso)"; dichos antecedentes corresponden a su postulación en concurso que indica. 2) RESPUESTA: Por correo electrónico de fecha 10 de agosto de 2020, el INIA informa lo siguiente: "(...) cabe indicar que el Instituto de Investigaciones Agropecuarias INIA es una corporación de derecho privado, que se rige por sus estatutos y las normas generales contenidas en Título XXXIII del Libro Primero del Código Civil y el Reglamento sobre concesión de personalidad jurídica a corporaciones y fundaciones. No obstante, le podemos comentar que el proceso de selección N° 171 en el cual usted era candidato, fue declarado desierto el día 8 de julio del presente año. En referencia a la adjudicación del concurso, podemos informarle que, a la fecha de su carta, el concurso aún no estaba cerrado. Además, se debe considerar que el Área de Gestión de Personas es el único canal formal de INIA para una notificación de esta naturaleza. Finalmente, y tal como se explica en el primer párrafo, la documentación e información de INIA en cada proceso de selección es propiedad de este Instituto siendo de carácter confidencial y reservado". 3) AMPARO: El 11 de agosto de 2020, don Juan Abarzúa Castro dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del Instituto de Investigaciones Agropecuarias, fundado en la respuesta incompleta y que lo entregado no corresponde a lo solicitado, por cuanto expresa: "He solicitado el expediente completo de evaluación conforme al cargo postulado, y el correo de respuesta no trae ningún adjunto con lo solicitado". 4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado al Sr. Director Nacional del Instituto de Investigaciones Agropecuarias, mediante Oficio E14632, de 31 de agosto de 2020. Posteriormente, el organismo remite sus descargos, expresando lo siguiente: - Reiteran que INIA es una corporación de derecho privado, regida por sus estatutos y por las normas generales contenidas en el Título XXXIII del Libro Primero del Código Civil y el Reglamento sobre concesión de personalidad jurídica a corporaciones y fundaciones. Así es como esta corporación fue creada a través de sus estatutos y su personalidad jurídica fue otorgada por el Decreto N° 1093 del Ministerio de Justicia del año 1964; en este sentido, INIA no ejerce funciones de Administración del Estado, en los términos del artículo 1 n° 5 y 2° de la Ley de Transparencia, en relación con el artículo 1° de la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, por tanto le es inaplicable la normativa contenida en la Ley de Transparencia. - Por otra parte, la información solicitada, contiene datos personales de terceras personas, siendo su publicidad una vulneración a lo dispuesto en el artículo 19 N° 4 de la Constitución Política de la República y la Ley sobre Protección de la Vida Privada N° 19.628, configurándose respecto a dicha información la causal del artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia. - Los procesos de selección dentro de INIA son confidenciales, siendo limitado el acceso a determinados miembros de la institución de acuerdo a sus cargos y roles. En este sentido, la publicación de estos documentos infringe las políticas internas de protección de la información establecidas en el Código de Ética al cual todos sus trabajadores deben acogerse como parte de sus obligaciones laborales o contractuales, citando artículos del señalado código. - Finalmente para una mejor resolución del presente caso, acompañan copia de la información pedida, tarjando aquellos datos de personas distintas al solicitante. Y CONSIDERANDO: 1) Que, este Consejo a partir de lo resuelto en decisión recaída en amparo Rol C827-10, determinó con base a lo expuesto en la señalado acuerdo, y de la revisión de los Estatutos del INIA, que a dicha entidad le resultan plenamente aplicables las disposiciones de la Ley de Transparencia, tanto las que rigen el ejercicio del derecho de acceso a la información, establecidas en el Capítulo IV de la ley, como aquellas que regulan los deberes de transparencia activa, contemplados en el artículo 7 de la misma normativa; en consecuencia, se desestimará dicha alegación. 2) Que, el presente amparo tiene como objeto la entrega de los antecedentes relativos a la evaluación del reclamante, generados con ocasión a su participación en el concurso para proveer el cargo que refiere. Al efecto, y en relación con la información solicitada es menester señalar que este Consejo ha sostenido reiteradamente que en los casos en que el requerimiento contemple el acceso a información del peticionario en los concursos consultados, aquello constituye una manifestación del derecho a acceso a sus propios datos personales, que obran en poder de un tercero, prerrogativa que reconoce expresamente el artículo 12 inciso 1° de la ley N° 19.628, sobre protección de la vida privada. En efecto, en dichos casos la requirente ha ejercido el denominado habeas data impropio frente a dicho instituto, en virtud de lo cual, las personas pueden acceder a sus propios datos personales, por ser titulares de éstos conforme a lo previsto en el artículo 2°, literal ñ) y 12 de la citada ley; razón por la cual será igualmente desestimada la alegación del INIA, referente a la invocación de su Código de Ética Interno. 3) Que, durante la tramitación del amparo el INIA, remitió a este Consejo la información pedida, consistente en: a) la pauta de evaluación del 30 de abril de 2020; b) informe psicolaboral de 28 de mayo de 2020; y, c) acta de entrevistas y selección del cargo -Profesional de Apoyo a Proyectos-, del 8 de julio de 2020. En tal sentido, la reclamada fundamenta su negativa en la entrega de dichos antecedentes con base a lo establecido en la Ley N° 19.628 sobre Protección de la Vida Privada, por cuanto van contenidos de datos pertenecientes a otros postulantes; no obstante, dichos antecedentes, previo envío a este Consejo, fueron tarjados por el instituto, lo cual se traduce en la aplicación del principio de divisibilidad establecido en el artículo 11, letra e) de la Ley de Transparencia, que permite el acceso respecto de un mismo documento de aquellos antecedentes que pueden ser conocidos y reservar la información que debe denegarse en virtud de una causa legal. 4) Que, en consecuencia se acogerá el presente amparo, debiendo la recurrida hacer entrega al solicitante de los antecedentes descritos en el considerando precedente, reservando previamente ciertos datos personales de contexto de personas naturales -tales como, RUT, domicilio particular, fecha de nacimiento, nacionalidad, estado civil, teléfonos fijos o celulares, correo electrónico particular, e identidad de los restantes postulantes - en conformidad con lo dispuesto en los artículos 2°, letra f) y 4° de la ley N° 19.628, por cuanto su revelación afectaría los derechos de los titulares de los mismos. Lo anterior se dispone en cumplimiento de la atribución otorgada a este Consejo por el artículo 33, letra m), de la Ley de Transparencia. Finalmente, la entrega de la información deberá ser realizada de manera presencial al solicitante, dando estricto cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 4.3., de la instrucción general N° 10, dictada por esta Corporación. EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA: I. Acoger el amparo deducido por don Juan Abarzúa Castro en contra de Instituto de Investigaciones Agropecuarias, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente. II. Requerir al Sr. Director Nacional del Instituto de Investigaciones Agropecuarias: a) Hacer entrega al reclamante de la pauta de evaluación del 30 de abril de 2020; informe psicolaboral de 28 de mayo de 2020; y, acta de entrevistas y selección del cargo, del 8 de julio de 2020; generados con ocasión a su participación en el concurso para proveer el cargo de Profesional de Apoyo a Proyectos. Lo anterior, tarjando previamente los datos personales de contexto de personales naturales distintas del reclamante, contenidos en dichos documentos, tales como RUT, domicilio particular, fecha de nacimiento, nacionalidad, estado civil, teléfonos fijos o celulares, correo electrónico particular, e identidad de los restantes postulantes. Finalmente, la entrega de la información deberá ser realizada de manera presencial al solicitante, dando estricto cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 4.3., de la instrucción general N° 10, dictada por esta Corporación. b) Cumplir dicho requerimiento en un plazo que no supere los 5 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia. c) Informar el cumplimiento de esta decisión mediante comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dé cumplimiento a las obligaciones impuestas precedentemente en tiempo y forma. III. Encomendar al Director General (S) y a la Directora Jurídica (S) de este Consejo, indistintamente notificar la presente decisión a don Juan Abarzúa Castro y al Sr. Director Nacional del Instituto de Investigaciones Agropecuarias. VOTO CONCURRENTE: La presente decisión fue acordada con el voto concurrente del Consejero don Francisco Leturia Infante, para quien respecto de la naturaleza de las evaluaciones o informes psicolaborales elaborados en el marco de un concurso para proveer un cargo público, es menester hacer presente lo siguiente: 1) Que, cualquier análisis psicológico es un acto interpretativo, que depende significativamente de quien lo realiza, y que pese a sus posibles y conocidos errores descriptivos, puede ser útil para disminuir el margen de error a nivel agregado en la contratación. 2) Que, sin embargo, esta evaluación se da en el marco de una relación profesional cubierta legalmente por el secreto profesional, y es realizada en base a cierta información proporcionada por el propio "evaluado" bajo el encuadre de la confidencialidad. El evaluado consiente en que dicha opinión sea conocida por el evaluador y el equipo de selección de personal, y en ningún caso por terceros. 3) Que, la opinión del evaluador no es por sí mismo un dato personal, pero puede contener información íntima, además de opiniones profesionales más o menos acertadas, pero con pretensión de exactitud, cuyo conocimiento por parte de terceros podría generar múltiples consecuencias indeseadas. Asimismo, podría llegar a ser un acto constitutivo de delito (246 Código Penal, entre otros), por parte de quien divulgue la información, situación que este Consejo no puede amparar, en ausencia de consentimiento del evaluado. 4) Que, esta situación debe ser considerada de un valor tal, que su protección incluso se impondrá sobre el bien jurídico de la publicidad de los antecedentes generados en el marco de un procedimiento administrativo que tiene por objeto dotar al organismo de personal idóneo para el ejercicio de un cargo público, y que bajo circunstancias ordinarias, correspondería a información pública, escrutable y sujeta a control social de la ciudadanía. 5) Que, ante la disyuntiva de privilegiar una situación u otra, a su juicio, debe ser protegida la reserva, salvo en lo que respecta al informe psicológico del propio solicitante. En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011. Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Consejera doña Natalia González Bañados y sus Consejeros don Francisco Leturia Infante y don Bernardo Navarrete Yáñez. Se deja constancia que su Presidenta doña Gloria de la Fuente González en forma previa al conocimiento del presente caso, manifestó su voluntad de abstenerse de intervenir y votar en el presente caso, por estimar que podría concurrir a su respecto la causal establecida en el número 6 del artículo 62 del decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado y en el numeral 1° del acuerdo de este Consejo sobre tratamiento de los conflictos de intereses, adoptado en su sesión N° 101, de 9 de noviembre de 2009, es decir, existir circunstancias que le restan imparcialidad para conocer y resolver el asunto controvertido; solicitud y voluntad que este Consejo acoge en su integridad. Por orden del Consejo Directivo, certifica el Directora Jurídica (S) del Consejo para la Transparencia doña Ana María Muñoz Massouh.