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Decisión ROL C4859-20

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Reclamante:	JORGE GONZÁLEZ ABURTO
Reclamado:	CORPORACIÓN NACIONAL DE DESARROLLO INDÍGENA
Resumen del caso: Se rechaza el amparo deducido en contra de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI), en orden a informar si las comunidades de Chacana; Cariman Pinto Guerra; Folil Mapu y Lov Mapuche Pikunche Mañke, tienen alguna propiedad inmueble sea "tierra indígena" o "de derecho común" con los datos de inscripción pedidos. Lo anterior, por no obrar en poder del órgano estos antecedentes en la forma requerida, sin que se cuenta con antecedentes que conduzcan a una conclusión contraria; toda vez que dicha información solo puede ser obtenida de un Conservador de Bienes Raíces, única entidad competente para certificar si un bien raíz está o no inscrito a nombre de determinada persona o entidad. Asimismo, se rechaza el informar la existencia de inscripciones de tierras indígenas de comunidades o personas naturales en las regiones de Valparaíso, del Libertador Bernardo O'Higgins y Maule, y de la etnia Yagán o Kawesqar, con los datos de inscripción consultados; por cuanto recopilar y elaborar la información solicitada importaría una distracción indebida en el normal cumplimiento de las funciones del órgano reclamado, atendido que aquella no se encuentra sistematizada en los términos requeridos. Aplica criterio decisión de amparo Rol C2502-19 respecto de una solicitud similar, en que se solicitaba una copia actualizada del Registro Público de Tierras Indígenas y a nómina de solicitudes o consultas sobre la calidad jurídica de las tierras realizadas por los Tribunales de Justicia, Conservadores, Notarías, Municipalidades, Servicios Públicos y organismos privados desde 2010 a la fecha.
Tipo de decisión:	Decisión de Fondo
Fecha de la decisión:	1/14/2021
Consejeros:	-Gloria Alejandra de la Fuente González -Francisco Javier Leturia Infante -Natalia Andrea González Bañados -Bernardo Eric Navarrete Yáñez
Legislación aplicada:
Palabras clave:
Jurisprudencia desde:	C377-13 C2502-19 C4829-20
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DECISIÓN AMPARO ROL C4859-20   Entidad pública: Corporación Nacional de Desarrollo Indígena Requirente: Jorge González Aburto Ingreso Consejo: 12.08.2020 RESUMEN Se rechaza el amparo deducido en contra de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI), en orden a informar si las comunidades de Chacana; Cariman Pinto Guerra; Folil Mapu y Lov Mapuche Pikunche Mañke, tienen alguna propiedad inmueble sea "tierra indígena" o "de derecho común" con los datos de inscripción pedidos. Lo anterior, por no obrar en poder del órgano estos antecedentes en la forma requerida, sin que se cuenta con antecedentes que conduzcan a una conclusión contraria; toda vez que dicha información solo puede ser obtenida de un Conservador de Bienes Raíces, única entidad competente para certificar si un bien raíz está o no inscrito a nombre de determinada persona o entidad. Asimismo, se rechaza el informar la existencia de inscripciones de tierras indígenas de comunidades o personas naturales en las regiones de Valparaíso, del Libertador Bernardo O'Higgins y Maule, y de la etnia Yagán o Kawesqar, con los datos de inscripción consultados; por cuanto recopilar y elaborar la información solicitada importaría una distracción indebida en el normal cumplimiento de las funciones del órgano reclamado, atendido que aquella no se encuentra sistematizada en los términos requeridos. Aplica criterio decisión de amparo Rol C2502-19 respecto de una solicitud similar, en que se solicitaba una copia actualizada del Registro Público de Tierras Indígenas y a nómina de solicitudes o consultas sobre la calidad jurídica de las tierras realizadas por los Tribunales de Justicia, Conservadores, Notarías, Municipalidades, Servicios Públicos y organismos privados desde 2010 a la fecha. En sesión ordinaria N° 1146 del Consejo Directivo, celebrada el 5 de enero de 2021, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C4859-20. VISTO: Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia. TENIENDO PRESENTE: 1) SOLICITUD DE ACCESO: El 23 de julio de 2020, don Jorge González Aburto solicitó a la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, en adelante también denominada CONADI, la siguiente información: I. i. Antecedentes de la conformación de las siguientes Comunidades Indígenas: ? Chacana (comuna de Villa Alemana) ? Cariman Pinto Guerra (San Antonio) ? Folil Mapu (Curicó) ? Lov Mapuche Pikunche Mañke (Illapel) ii. Estos antecedentes consisten en si aquellas comunidades tienen alguna propiedad inmueble ya sea "tierra indígena" (artículo 12 de la ley 19.253) o en derecho común, señalando: ? año de inscripción ? ubicación del registro donde consta la inscripción (Conservador de Bienes Raíces y Registro de Tierras indígenas) ? título que le dio origen y cuerpo legal (al menos su descripción). ? en caso de ser tierra indígena en virtud de la ley indígena, señalar bajo qué inciso se realizó su reconocimiento de tal calidad. II. Se informe si en el Registro de Tierras indígenas consta la inscripción de tierras indígenas que sean de comunidades o personas naturales en las regiones de Valparaíso, del Libertador Bernardo O' Higgins y Maule, señalando: ? año de inscripción ? ubicación (comuna) ? ubicación del registro donde consta la inscripción (Conservador de Bienes Raíces y Registro de Tierras indígenas) ? a qué pueblo indígena pertenece la comunidad o persona natural titular del dominio. ? título que le dio origen y cuerpo legal (al menos su descripción). ? en caso de ser tierra indígena en virtud de la ley indígena, señalar bajo qué inciso se realizó su reconocimiento de tal calidad. III. Se informe si en el Registro de Tierras indígenas consta la inscripción de tierras indígenas que sean de comunidades o personas naturales de la etnia Yagán o Kawesqar, señalando: - año de inscripción - ubicación (comuna) - ubicación del registro donde consta la inscripción (Conservador de Bienes Raíces y Registro de Tierras indígenas) - a qué pueblo indígena pertenece la comunidad o persona natural titular del dominio. - título que le dio origen y cuerpo legal (al menos su descripción). - en caso de ser tierra indígena en virtud de la ley indígena, se señala bajo que inciso se realizó su reconocimiento de tal calidad. 2) RESPUESTA: El 12 de agosto de 2020, la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena respondió a dicho requerimiento, mediante Carta N° 89, de 11 de agosto de 2020, señalando, en síntesis, lo siguiente: La base de datos de asociaciones y comunidades indígenas a nivel nacional se encuentra publicada en la página web institucional por transparencia activa, en link que indica, la que constantemente se actualiza de acuerdo al propio dinamismo de cada una de estas personas jurídicas, donde es posible visualizar y descargar la información pedida. En todo lo referente a propiedad o tierras indígenas en las comunas consultadas informa que la Ley N° 19.253, que creó un Registro Público de Tierras Indígenas a cargo de CONADI, donde se inscriben voluntariamente las tierras indígenas a las que se refiere el artículo 12 del mismo cuerpo legal, está dividido en cuatro zonas: - Registro Norte: En la Subdirección Nacional Norte, dirección que indica en ciudad de Iquique. - Registro Centro Sur: En la Subdirección Nacional Sur, dirección que indica, ciudad de Temuco. - Registro Centro-Sur: Radicado en la oficina de Asuntos Indígenas, dirección que indica en ciudad de Punta Arenas. - Registro Insular Rapa Nui, dirección que indica dicha Isla. En el caso consultado, las tierras están inscritas en el Registro Público de Tierra Centro-Sur, donde se pueden revisar los registros existentes. 3) AMPARO: El 12 de agosto de 2020, don Jorge González Aburto dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en la respuesta parcial a su solicitud. Además, el reclamante hizo presente que lo entregado "(...) sólo refiere a que la información eventualmente está contenida en un Registro público, cuando lo solicitado son antecedentes que precisamente no se señalan en la base de datos disponibles en línea como por ejemplo si alguna de las comunidades señaladas son propietarias de inmuebles, teniendo en cuenta que esta parte revisó aquella base de datos para obtener los nombres de las comunidades precisas (son 4). Cabe destacar que esta información sí está disponible de forma interna. Es así como en una solicitud de información pública anterior el ente si entrega estos antecedentes (...)". 4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo y mediante Oficio N° E14685, de 31 de agosto de 2020, confirió traslado al Sr. Director Nacional de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, solicitando que: (1°) considerando lo expuesto por el reclamante y la respuesta proporcionada por el órgano que Ud. representa, aclare si lo solicitado, obra en su poder constando en alguno de los soportes documentales que dispone el inciso segundo del artículo 10 de Ley de Transparencia; (2°) refiérase a las circunstancias de hecho que hacen procedente la denegación de la información reclamada; y, (3°) se pronuncie acerca de la eventual concurrencia de algunas de las causales constitucionales o legales de secreto o reserva que, a su juicio, harían procedente la denegación de la información requerida. Por oficio N° 878, de 14 de septiembre de 2020, el órgano efectuó sus descargos, señalando, en síntesis, lo siguiente: Si bien, lo pedido en el punto I del requerimiento se encuentra publicado en la página web institucional tal como se indicó en la respuesta, sin embargo, no es posible referirse a si las comunidades consultadas son propietarias de un inmueble, ya que este Servicio no es el organismo competente para ello, pues dicha información solo puede ser obtenida de un Conservador de Bienes Raíces, única entidad competente para certificar si un bien raíz está o no inscrito a nombre de determinada persona o entidad. El Registro Público de Tierras Indígenas que lleva CONADI no acredita propiedad y tampoco está desglosado de la manera solicitada, ya que las inscripciones se van practicando por orden cronológico, a medida que se requieran, en base a las copias de inscripciones que existen en los Conservadores de Bienes Raíces. En cuanto a los puntos II y III del requerimiento, señala que las tierras indígenas inscritas en el Registro Público de Tierras Indígenas no comprenden las regiones indicadas, y tampoco sus inscripciones se clasifican practican o dividen por pueblos indígenas o etnia, que permitan dar respuestas a los puntos señalados. En este sentido, si bien existe un Registro Público donde se inscriben todas las tierras a que alude el artículo 12 de la ley N° 19.253, las inscripciones de títulos no se encuentra digitalizada o sistematizada en medios electrónicos que faciliten su búsqueda, por tanto, para poder determinar la eventual existencia de la información en la forma pedida, debería destinarse a los funcionarios a cargos de los Registros Públicos Centro Sur e Insular a su búsqueda, sistematización y cruce de información con otras bases de datos existentes, lo que generaría una distracción indebida de sus funciones habituales, configurándose la causal de reserva del artículo 21 N° 1 letra c), de la Ley N° 20.285, considerando además, que para determinar la existencia de la información se deben revisar cada uno de los expedientes y que sólo en el caso del Registro Centro Sur, en el año 2019, el número de nuevas inscripciones correspondió a 1.472 (se adjunta documento), cuyo número incrementa si se tiene en cuenta que el Registro existe desde el año 1994 y que deben ser revisado tres ámbitos regionales. Además, a juicio de esta institución lo solicitado debe efectuarse por otra vía, mediante los canales habilitados que son los respectivos Registros, ante los cuales se realizan requerimientos respeto a predios inscritos, presentando el dominio vigente de la propiedad consultar, lo que se indicó con ocasión de la respuesta. Cita jurisprudencia de este Consejo sobre la materia. 5) PRONUNCIAMIENTO DEL RECLAMANTE: En virtud de lo anterior, este Consejo, mediante oficio N° E16311, de 28 de septiembre de 2020, solicitó al reclamante manifestar su conformidad o disconformidad respecto de lo informado por el órgano, y en caso de disconformidad, detallar qué información de la solicitada no le habría sido entregada. Por correo electrónico de fecha 29 de septiembre de 2020, el reclamante manifestó su disconformidad con la respuesta entrega, fundada, en síntesis y en lo pertinente, en lo siguiente: Primeramente señala que en una solicitud idéntica anterior se respondió lo consultado; luego, agrega que respecto de los puntos ii) y iii) de su solicitud, no queda clara la respuesta. Si respecto de las regiones la Corporación indica que no funcionan los registros de propiedad indígena, siendo el único organismo público competente para llevar dicha función, se espera que la respuesta sea afirmativa o negativa, no simplemente que "no es posible dar respuesta". Distinto son las tierras eventualmente indígenas, como "Kawesqar o Yagán", porque allí no existen "tierras históricas", ya que a ellos no se le aplicó ninguna legislación sobre propiedad indígena anterior a la ley N° 19.253. Dicho esto, la única forma de que estas comunidades hayan podido obtener títulos de tierras indígenas es mediante la legislación actual, sea mediante la compra de tierras o por algún convenio con el Ministerio de Bienes Raíces. Ejemplo de lo anterior, es la resolución exenta de la CONADI, que adjunta, donde se señala específicamente que las comunidades Kawésqar o Yagán podían ser beneficiarias, lo que muestra que la CONADI ha intervenido directamente en la constitución de estas propiedades indígenas. Agrega que respecto de la causal de reserva del artículo 21 N° 1) letra c) de la Ley N° 20.285, invocada, no se aporta ningún antecedente que la acredite. Se menciona el Registro Centro-Sur e indica el número de expedientes, y ni siquiera es parte de las regiones en las que las comunidades consultadas forman parte, ya que las del punto i) están en las regiones de Coquimbo, Valparaíso y el Maule, y las comunidades Kawésqar o Yagan habitan en las regiones de Aysén y Magallanes, en cambio el Registro Centro-Sur tiene en sus registros tierras de las regiones de Ñuble, Bío-Bío, La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos, sin perjuicio de las comunidades de otras regiones mencionadas como son Valparaíso y el Maule. 6) SOLICITA ACLARAR PRONUNCIAMIENTO: Con fecha 16 de noviembre de 2020 se requirió al requirente aclarar su pronunciamiento, indicando lo siguiente: a) Del punto N° I de su solicitud: si los "datos de conformación" consultados se refieren solamente a si las 4 Comunidades Indígenas allí indicadas tienen propiedades inmuebles "indígenas" o de "derecho común", con los datos señalados, o a algún otro antecedente, especificar. b) Del punto N° III de su solicitud: si está conforme con la respuesta entregada por el órgano, o bien, insiste en que le sea entregada toda la información consultada sobres la etnia Yagan o Kawesqar. Especificar. Por correo electrónico de misma fecha el reclamante respondió lo siguiente: - Respecto de la letra a): "Efectivamente, la información solicitada es si de aquellas comunidades consta registro de propiedad indígena y/o de derecho común". - En cuanto a la letra b): "También hay disconformidad en este punto ya que el órgano requerido no dio información al respecto". 7) GESTIÓN OFICIOSA: Mediante correo electrónico de fecha 16 de noviembre de 2020, se requirió al órgano aclarar lo siguiente respecto del numeral ii), del punto I.-, de la solicitud: a) Si esta información obra en su poder, tanto la de "tierras indígenas" como "no indígenas". Especificar. b) En caso de obrar esta información en su poder y que se ordenara su entrega, Especificar: formato en que se encuentra, volumen, tiempo y funcionarios que tendría que destinar para recopilar y entregar estos antecedentes, si se deben tarjar datos personales, y los costos de oportunidad, entre otros. Mediante correo electrónico, de fecha 19 de noviembre de 2020, el órgano respondió lo siguiente: Respecto de la letra a): "(...) esta información no obra en poder de este servicio, en razón de lo indicado en el Oficio N° 878 de fecha 14 de septiembre del 2020 y Decreto Supremo N° 150, que Fija Reglamento Sobre Organización y Funcionamiento del Registro Público de Tierras Indígenas, del entonces Ministerio de Planificación y Cooperación, hoy en día Ministerio de Desarrollo Social y Familia. En razón de lo anterior, y considerando que la información no obra en poder de este servicio, no procede ni aplica referirse al punto b) del correo electrónico". Y CONSIDERANDO: 1) Que, el presente amparo se funda en la respuesta incompleta por parte de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena a la solicitud del reclamante. Al efecto, según consta en los numerales 5) y 6) de lo expositivo, el amparo se circunscribe a la información pedida en los puntos I) numeral ii); II) y III) del requerimiento, referidos a si las comunidades consultadas tienen alguna propiedad inmueble sea "tierra indígena o de "derecho común" con los datos que allí se indican; y a las inscripciones en el Registro de Tierras Indígenas que sean de comunidades o personas naturales indígenas en las regiones y de la etnias señaladas, respectivamente. 2) Que en cuanto a la información solicitada se debe tener presente que el artículo 15 de la ley N° 19.253, que establece normas sobre la protección, fomento y desarrollo de los indígenas, y crea la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena - en adelante ley N° 19.253-, establece que "La Corporación abrirá y mantendrá un Registro Público de Tierras Indígenas. En este Registro se inscribirán todas las tierras a que alude el artículo 12 de esta ley. Su inscripción acreditará la calidad de tierra indígena. La Corporación podrá denegar esta inscripción por resolución fundada. // Los Conservadores de Bienes Raíces deberán enviar al citado Registro, en el plazo de treinta días, copia de las inscripciones que realice y que recaigan sobre los actos o contratos, a que alude el artículo 13 de esta ley.// El Archivo General de Asuntos Indígenas, a que se refiere el artículo 30, otorgará copia gratuita de los títulos de merced y comisarios para su inscripción en este Registro Público." 3) Que, el artículo 12, de la ley en análisis, prescribe que "Son tierras indígenas: 1° Aquellas que las personas o comunidades indígenas actualmente ocupan en propiedad o posesión provenientes de los siguientes títulos (...). 2° Aquellas que históricamente han ocupado y poseen las personas o comunidades mapuches (...) siempre que sus derechos sean inscritos en el Registro de Tierras Indígenas que crea esta ley, a solicitud de las respectivas comunidades o indígenas titulares de la propiedad. 3° Aquellas que, proviniendo de los títulos y modos referidos en los números precedentes, se declaren a futuro pertenecientes en propiedad a personas o comunidades indígenas por los Tribunales de Justicia. 4° Aquellas que indígenas o sus comunidades reciban a título gratuito del Estado (...)". Luego, el artículo 13, inciso primero, señala que "Las tierras a que se refiere el artículo precedente, por exigirlo el interés nacional, gozarán de la protección de esta ley (...)". 4) Que, por su parte, el decreto N° 150, año 1994, del Ministerio de Planificación y Cooperación, que fija Reglamento sobre organización y funcionamiento del Registro Público de Tierras Indígenas, dispone que dicho registro estará dividido en 4 ámbitos regionales, esto es, Registro Norte (Regiones I, II, III y IV), Registro Centro (Regiones VIII, IX y X), Registro Sur (Regiones XI y XII), y Registro Insular Rapa Nui. En tal sentido, "El Director Nacional de la CONADI designará al funcionario de dicha repartición que tendrá a su cargo la función de organizar y velar por el correcto funcionamiento del registro correspondiente a las jurisdicciones que la misma resolución establezca". (Artículo 2) Además, el artículo 3 prescribe que "El registro a que se refiere el presente reglamento deberá llevar dos libros denominados: 1. Repertorio 2. Registro de tierras indígenas". Por su parte, "La inscripción de los títulos contendrá: 1. Individualización del predio y linderos del inmueble. 2. Fecha de la inscripción. 3. Nombre, apellido, domicilio de las partes y la comunidad indígena a la cual pertenecieran. 4. Fecha del Título, su naturaleza y la oficina en que se guarda el original; 5. Firma y timbre del funcionario encargado del registro". (Artículo 7). 5) Que, en este sentido, el órgano reclamado en su página institucional informa respecto del Registro Público de Tierra que "El propósito de este registro es mantener un catastro actualizado de consulta permanente, tanto para los beneficiarios indígenas como para personas naturales externas y este propio servicio, lo cual permite dimensionar el territorio indígena para asumir la ejecución de programas y proyectos, además de focalizar recursos de inversión pública y subsidios hacia la población indígena a lo largo del país. Sin perjuicio de lo anterior, también es función de este Registro dar respuesta a las consultas sobre la calidad Jurídica de las tierras emanadas de los Tribunales de Justicia, Conservadores, Notarías, Municipalidades, diferentes servicios públicos y organismos privados". (En: http://www.conadi.gob.cl/registro-publico-de-tierras, revisado con fecha 10 de noviembre de 2020). 6) Que, en cuanto al punto I) numeral ii) del requerimiento, en que se consulta si las comunidades de Chacana; Cariman Pinto Guerra; Folil Mapu y Lov Mapuche Pikunche Mañke, tienen alguna propiedad inmueble; - "indígena" o de "derecho común"- y en su caso, informar los datos pedidos; el órgano en los descargos evacuados en esta sede, manifestó que no es posible referirse a si las comunidades consultadas son propietarias de un inmueble, ya que este Servicio no es el organismo competente para ello, pues dicha información solo puede ser obtenida de un Conservador de Bienes Raíces, única entidad competente para certificar si un bien raíz está o no inscrito a nombre de determinada persona o entidad. El Registro Público de Tierras Indígenas que lleva CONADI no acredita propiedad y tampoco está desglosado de la manera solicitada, ya que las inscripciones se van practicando por orden cronológico, a medida que se requieran, en base a las copias de inscripciones que existen en los Conservadores de Bienes Raíces. Con todo, en la gestión oficiosa que se señala en el N° 7 de lo expositivo, reiteró que la información en la forma pedida no obra en su poder. 7) Que, en cuanto a la información que según el reclamante no habría sido entregada, se debe hacer presente que constituye un presupuesto básico para el ejercicio del derecho fundamental de acceso a la información pública el que la documentación requerida exista en poder del órgano solicitado, conforme preceptúan los artículos 5° y 10 de la Ley de Transparencia. En consecuencia, atendido que el órgano reclamado sostiene que no obra en su poder la información en la forma pedida, se rechazará el presente amparo en este punto, toda vez que no se cuenta con antecedentes que conduzcan a una conclusión contraria. 8) Que, a mayor abundamiento, en cuanto a lo alegado por el reclamante, en orden a que en una solicitud anterior se habría entregado esta misma información, cabe hacer presente que tenida a la vista la respuesta otorgada por el órgano a dicha solicitud, por carta N° 0203 de 22 de julio de 2020, no consta que lo requerido haya sido formulado en los mismos términos que la presente solicitud. 9) Que, en lo tocante a los puntos II y III de la solicitud, en que se pide informar si en el Registro de Tierras Indígenas constan la inscripción de tierras indígenas que sean de comunidades o personas naturales en las regiones de Valparaíso, del Libertador Bernardo O' Higgins y Maule y de la etnia Yagán o Kawesqar, con los datos consultados; el órgano denegó esta información por concurrir la causal de reserva del artículo 21 N° 1 letra c) de la Ley de Transparencia. 10) Que, en cuanto a la causal excepción alegada, este Consejo ha establecido que aquella sólo puede configurarse, en la medida que las tareas que supone la búsqueda o eventualmente la sistematización y posterior entrega de lo pedido demanden esfuerzos de tal entidad, que entorpezcan el normal o debido funcionamiento del organismo. Resumiendo, este criterio, la decisión de amparo Rol C377-13, razonó que "la causal en comento depende ya no tanto de la naturaleza de lo pedido, sino más bien de cada situación de hecho en términos de los esfuerzos desproporcionados que involucraría entregar lo solicitado". Por ende, la configuración de la causal supone una ponderación de hecho sobre los aspectos que conllevan tales esfuerzos, entre ellos el volumen de información, relación entre funcionarios y tareas, tiempo estimado y costo de oportunidad, entre otros. 11) Que, en dicho contexto, cabe considerar lo señalado por la Excma. Corte Suprema, en su sentencia recaída en el recurso de queja Rol N° 6663-2012, de 17 de enero de 2013, en orden a que "la reserva basada en el debido ejercicio de las funciones del órgano deberá explicarse pormenorizadamente y probarse de modo fehaciente de qué manera el control ciudadano reflejado en la solicitud [de acceso] podría afectar el debido cumplimiento de las funciones (...), mencionarse las atribuciones precisas que la revelación de la información le impediría o entorpecería de cumplir debidamente (...), sin que basten para estos efectos meras invocaciones generales". 12) Que, en la especie, se estima que el órgano cumple con el estándar exigido, por cuanto, según señaló, atendido que la información pedida no se encuentra digitalizada en medios electrónicos que faciliten su búsqueda, para determinar la eventual existencia de dichos antecedentes tendría que instruir a los funcionarios de los Registros Públicos a la búsqueda, sistematización y cruce de información con otras bases de datos existentes, lo que generaría una distracción indebida de sus funciones habituales, considerando además, que debería revisar cada uno de los expedientes y que solo en el caso del Registro Centro Sur, en el año 2019, el número de nuevas inscripciones correspondió a 1.472, cuyo número incrementa si se tiene en cuenta que el Registro existe desde el año 1994 y que deben ser revisado tres ámbitos regionales. 13) Que, en este sentido, en atención a que el objetivo principal del Registro cuyos antecedentes se requieren es la incorporación de las tierras al régimen de protección dispuesto por la ley N° 19.253, y una vez realizado aquello acreditar su calidad de indígenas, mediante la certificación de esto de manera gratuita, tras requerimiento presencial en sus dependencias; este Consejo considera que otorgar acceso al reclamante a lo pedido excede las facultades de la entidad, ya que ello implicaría distraer a los funcionarios del debido cumplimiento de sus labores habituales, en tareas que superan sus funciones propias, con el evidente perjuicio del continuo y permanente quehacer institucional, en particular, el de organizar y velar por el correcto funcionamiento del registro en cuestión; lo anterior, en perjuicio de lo dispuesto en la ley N° 18.575, orgánica constitucional de bases generales de la Administración del Estado, donde se señala que "La Administración del Estado está al servicio de la persona humana; su finalidad es promover el bien común atendiendo las necesidades públicas en forma continua y permanente//Las autoridades y funcionarios deberán velar por la eficiente e idónea administración de los medios públicos y por el debido cumplimiento de la función pública" (artículo 3 y 5) (Énfasis agregado). Razón por la cual, se rechazará el presente amparo en estos puntos, por configurarse la causal de secreto o reserva establecida en el artículo 21 N° 1 letra c) de la Ley de Transparencia. Aplica criterio decisión de amparo Rol C2502-19, respecto de una solicitud similar, en que se solicitaba una copia actualizada del Registro Público de Tierras Indígenas y a nómina de solicitudes o consultas sobre la calidad jurídica de las tierras realizadas por los Tribunales de Justicia, Conservadores, Notarías, Municipalidades, Servicios Públicos y organismos privados desde 2010 a la fecha. EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA: I. Rechazar el amparo deducido por don Jorge González Aburto en contra de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, atendida la inexistencia de la información en la forma pedida en el numeral I, punto ii), de la solicitud; y por concurrir la causal de reserva del artículo 21 N° 1 letra c) de la Ley de Trasparencia, en los puntos II y III del requerimiento, ello en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente. II. Encomendar al Director General (S) y a la Directora Jurídica (S) de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Jorge González Aburto y al Sr. Director Nacional de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena. En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011. Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidenta doña Gloria de la Fuente González, su Consejera doña Natalia González Bañados y sus Consejeros don Francisco Leturia Infante y don Bernardo Navarrete Yáñez. Por orden del Consejo Directivo, certifica la Directora Jurídica (S) del Consejo para la Transparencia doña Ana María Muñoz Massouh.