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DECISIÓN AMPAROS ROLES C4872-20 y C4876-20</p>
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Entidad pública: Subsecretaría de Salud Pública</p>
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Requirente: Claudio Cifuentes Lobo</p>
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Ingreso Consejo: 13.08.2020</p>
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RESUMEN</p>
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Se acoge parcialmente los amparos deducidos en contra de la Subsecretaría de Salud Pública, referidos a información documentada sobre las reuniones que se consulta.</p>
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Se ordena la entrega de copia de las actas, minutas, reportes o cualquier otro acto oficial, que conste en alguno de los soportes documentales a que se refiere el inciso 2° del artículo 10° de la Ley de Transparencia, que contenga información detallada de las reuniones que sostuvieron los funcionarios consultados, relacionadas a los datos sobre el manejo de la pandemia por Covid-19, entre el 1 de abril y el 22 de junio de 2020, específicamente, aquellas "que involucre el método con que se contabilizan los casos de contagios, el ítem de los exámenes de laboratorio y el testeo de la población, así como la metodología que se utiliza para contar y registrar los fallecimientos".</p>
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No obstante, en el evento de que esta información no obre en poder del órgano, se deberá comunicar dicha circunstancia al reclamante y a este Consejo, indicando específicamente las razones que lo justifiquen.</p>
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Lo anterior, por tratarse de información pública respecto de la cual el organismo no acreditó haber proporcionado la información pedida ni alegó la concurrencia de circunstancias de hecho o causales de reserva que ponderar en esta sede.</p>
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En lo atingente a las "minutas, resúmenes ejecutivos, informes y/o cualquier tipo de documento que los asesores presidenciales (...), le hayan presentado al Presidente de la República, Sebastián Piñera (...)", se acoge el amparo solo en cuanto no procedió a derivar el requerimiento al órgano público competente que se encuentra en mejor posición para resolverlo, esto es, la Presidencia de la República.</p>
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En virtud del principio de facilitación, este Consejo derivará de oficio el requerimiento al órgano competente.</p>
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Se rechaza el amparo en lo relativo a la entrega de las notas escritas tomadas por los funcionarios públicos que indica, pues se trata de documentos privados o instrumentos de orden personal, constitutivo de la vida privada de las personas consultadas, en conformidad a las garantías de protección a la vida privada e inviolabilidad de los documentos privados, consagradas en los artículos 19 N° 4 y 19 N° 5 de la Constitución Política de la República. Adicionalmente, se advierte que la publicidad de lo requerido afectaría el debido cumplimiento de las funciones del órgano reclamado. Aplica criterio establecido en las decisiones de amparos Roles C407-20, C4349-20 y C4430-20, entre otras</p>
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Se representa al organismo su infracción a la Ley de Transparencia, al no haber dado respuesta a los requerimientos de información en los plazos establecidos para ello; así como el no haber derivado la respectiva solicitud de acceso al órgano competente para pronunciarse sobre esta.</p>
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En sesión ordinaria N° 1146 del Consejo Directivo, celebrada el 5 de enero de 2021, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de las solicitudes de amparo al derecho de acceso a la información Roles C4872-20 y C4876-20.</p>
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VISTO:</p>
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Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.</p>
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TENIENDO PRESENTE:</p>
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1) SOLICITUD DE ACCESO: El 25 de junio de 2020, don Claudio Cifuentes Lobo solicitó a la Subsecretaría de Salud Pública, lo siguiente:</p>
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a) Solicitud folio N° AO001T0010879 (solicitud de amparo Rol C4872-20): "solicito acceso y copia de los siguientes documentos: Actas, minutas y/o cualquier tipo de documento que contenga información detallada de la reuniones que sostuvieron los funcionarios (...) con diferentes funcionarios del Ministerio de Salud, relacionadas a los datos sobre el manejo de la pandemia por Covid-19, entre el 1 de abril y el 22 de junio de 2020.</p>
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Específicamente, solicito acceso a actas, reportes, minutas y/o cualquier tipo de documento con información que involucre el método con que se contabilizan los casos de contagios, el ítem de los exámenes de laboratorio y el testeo de la población, así como la metodología que se utiliza para contar y registrar los fallecimientos.</p>
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En caso de no existir una acta y/o minuta oficial de esta reunión, solicito que se incluya cualquier tipo de nota escrita a mano que haya registrado lo discutido en estas reuniones. Solicito acceso a estas notas asumiendo que estas se utilizaron en el cumplimiento de sus funciones públicas, y que por lo tanto, la información que contienen sirve de sustento o complemento directo y esencial de los actos y resoluciones del Estado, cualquiera sea el formato o soporte en que se contenga. Por ello, solicito la totalidad de estas notas, ya sea escaneada directamente desde el original o digitalizadas, tarjando las porciones de información que contengan datos personales u otros protegidos por el artículo 21 de la Ley 20.285".</p>
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b) Solicitud folio N° AO001T0010880 (solicitud de amparo Rol C4876-20): "solicito acceso y copia de los siguientes documentos: minutas, resúmenes ejecutivos, informes y/o cualquier tipo de documento que los asesores presidenciales (...), le hayan presentado al Presidente de la República, Sebastián Piñera, como resultados de las reuniones que sostuvieron con autoridades ministeriales de la cartera de salud relacionadas a los datos sobre el manejo de la pandemia por Covid-19, entre el 1 de abril y el 22 de junio de 2020.</p>
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Específicamente, solicito acceso a minutas, resúmenes ejecutivos, informes y/o cualquier tipo de documentos que recopilen o presenten los resultados de los análisis que estos asesores presidenciales realizaron sobre los método con que se contabilizan los casos de contagios, el ítem de los exámenes de laboratorio y el testeo de la población y la metodología que se utiliza para contar y registrar los fallecimientos".</p>
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2) AUSENCIA DE RESPUESTA Y AMPARO: El 13 de agosto de 2020, el solicitante dedujo respectivamente los amparos a su derecho de acceso a la información Roles C4872-20 y C4876-20 en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en la ausencia de respuesta a su solicitud.</p>
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3) AUSENCIA DE DESCARGOS U OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación estos amparos, confiriendo traslado a la Sra. Subsecretaria de Salud Pública, mediante Oficio E16881, de 5 de octubre de 2020, solicitando que: (1°) indique las razones por las cuales la solicitud de información no habría sido atendida oportunamente; (2°) en caso de haber dado respuesta al requerimiento de información, acredite dicha circunstancia, acompañando copia de la respuesta y los antecedentes que acrediten la fecha y medio de despacho de ésta, de conformidad a lo establecido en el artículo 17, inciso 2°, de la Ley de Transparencia y en el numeral 4.4., de la Instrucción General N° 10 del Consejo para la Transparencia, sobre el procedimiento administrativo de acceso a la información; (3°) se refiera a la eventual concurrencia de alguna circunstancia de hecho que haga procedente la denegación de la información requerida; (4°) se pronuncie acerca de la eventual concurrencia de algunas de las causales constitucionales o legales de secreto o reserva que harían procedente la denegación de la información solicitada; y, (5°) en caso de no existir inconvenientes para la entrega de la información pedida, se solicita la remisión de la misma a la parte recurrente con copia a este Consejo, a fin de evaluar el cierre del presente caso a través del Sistema Anticipado de Resolución de Controversias (SARC). Lo anterior, dando aplicación de lo dispuesto en la Ley N° 19.628, sobre protección de la vida privada, al numeral 4.3 de la Instrucción General N° 10 de este Consejo y a la Recomendación de esta Corporación sobre Protección de Datos Personales por parte de los Órganos de la Administración del Estado.</p>
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Sin embargo, a la fecha del presente acuerdo, no consta que el órgano reclamado haya presentado sus descargos u observaciones en esta sede.</p>
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Y CONSIDERANDO:</p>
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1) Que, en virtud del principio de economía procedimental, contenido en el artículo 9° de la ley N° 19.880, que establece las bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado, se exige a estos últimos responder con la máxima economía de medios y con eficacia, evitando trámites dilatorios, por lo tanto, atendiendo al hecho de que existe identidad de partes en las solicitudes de información han motivado los amparos Roles C4872-20 y C4876-20, este Consejo, para facilitar su comprensión y resolución, ha decidido acumularlos, resolviéndolos por medio de su revisión en conjunto.</p>
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2) Que, los aludidos amparos se fundan en la ausencia de respuesta a los requerimientos que le dieron origen, circunstancia que en la especie se acredita. Debido a lo anterior, atendido que las solicitudes en análisis no fueron respondidas dentro del plazo legal indicado en el artículo 14 de la Ley de Transparencia, lo que constituye una infracción tanto a la precitada disposición, como al principio de oportunidad consagrado en el artículo 11, letra h), del cuerpo legal citado, este Consejo representará dicha actitud a la Sra. Subsecretaria de Salud Pública, en lo resolutivo de la presente decisión, a fin de que se adopten las medidas necesarias para que dicha circunstancia no vuelva a repetirse.</p>
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3) Que, en cuanto al fondo de las solicitudes de amparo, en primer término, en relación con lo pedido en la letra b) del numeral 1° de lo expositivo, del tenor del requerimiento se desprende claramente que el órgano público competente o que se encuentra en mejor posición para resolver la solicitud de información reclamada es la Presidencia de la República. No obstante, atendido que no consta que la Subsecretaría de Salud Pública haya procedido a derivar el requerimiento a dicho órgano, se acogerá el amparo en esta parte solo en cuanto no haber procedido de conformidad al artículo 13 de la Ley de Transparencia, representando, además, dicha circunstancia en lo resolutivo de la presente decisión.</p>
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4) Que, sin perjuicio de lo resuelto, en aplicación del principio de facilitación consagrado en el artículo 11, literal f), de la Ley de Transparencia, este Consejo procederá a derivar de oficio la solicitud de información a la Subsecretaría de Salud Pública, a fin de que se pronuncie sobre el requerimiento.</p>
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4) Que, ahora bien, en cuanto a lo solicitado en la letra a) del numeral 1° de lo expositivo, específicamente, aquella parte relativa a "En caso de no existir una acta y/o minuta oficial de esta reunión, solicito que se incluya cualquier tipo de nota escrita a mano que haya registrado lo discutido en estas reuniones" (énfasis agregado), es menester señalar que, a juicio de este Consejo, las notas tomadas por funcionarios públicos, así como sus agendas y/o cuadernos, se configuran como un instrumento de orden y organización personal, los cuales no se encuentran subsumidos dentro de los supuestos de publicidad -y, soportes documentales- contemplados por el ordenamiento jurídico. Al efecto, el artículo 8° de la Constitución Política de la República, dispone que: «Son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen». Acto seguido, el artículo 5° de la Ley de Transparencia consigna que: «En virtud del principio de transparencia de la función pública, los actos y resoluciones de los órganos de la Administración del Estado, sus fundamentos, los documentos que les sirvan de sustento o complemento directo y esencial, y los procedimientos que se utilicen para su dictación, son públicos, (...)». En idéntico sentido, el artículo 10° de la Ley de Transparencia dispone que: «El acceso a la información comprende el derecho de acceder a las informaciones contenidas en actos, resoluciones, actas, expedientes, contratos y acuerdos (...)». Conforme a este marco normativo, se advierte que los insumos y artículos personales de los funcionarios públicos, que contienen sus anotaciones no se encuentran subsumidos dentro del Principio de Publicidad y Transparencia de la Función Pública, consagrados en la Carta Magna y la Ley de Transparencia, toda vez que no se configuran como actos administrativos, resoluciones, documentos o soportes análogos, emanados por parte de un órgano de la administración del Estado, sino que son una manifestación inherente de la vida privada del sujeto -como se expondrá en los considerandos siguientes-. Por tal motivo, dicho instrumento -y su contenido- no detenta la calidad de información pública, en los términos previstos en la Ley de Transparencia. Así razonó este Consejo en las decisiones de amparos Roles C407-20, C4349-20 y C4430-20, entre otras.</p>
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5) Que, establecido lo anterior, tratándose de antecedentes de naturaleza privada, aún en la eventualidad de que su publicidad pudiera estar justificada en la medida que dicho instrumento hubiera sido proporcionado a la reclamada -entendiendo que obran en su poder-, y habiendo sido financiado potencialmente por recursos públicos, el mismo es susceptible de ser reservado, en aplicación de las hipótesis de reserva previstas en el artículo 21 N° 1 y N° 2 de la Ley de Transparencia. En tal contexto, sin perjuicio de que dicha información se genere presumiblemente en el ámbito del ejercicio de la función pública, y se vierta consecuencialmente en un soporte tangible, estos instrumentos constituyen una materialidad que decantan la vida privada de su titular, en particular, de sus apuntes, ideas, reflexiones, opiniones o juicios de valor confidenciales o privados, su registro de actividades e intereses, todos aspectos constitutivos y salvaguardados por el Derecho a la Vida Privada, regulado en el artículo 19 N° 4 de la Constitución Política de la República. En tal sentido, se debe tener presente que la vida privada es «el conjunto de los asuntos, conductas, documentos, comunicaciones, imágenes o recintos que, el titular del bien jurídico protegido, no desea que sean conocidos por terceros sin su consentimiento previo» (Cea Egaña, José Luis, en Derecho Constitucional, Tomo II Derecho, Deberes y Garantías, Ediciones Universidad Católica, Santiago, 2004, p.178). Bajo esta lógica, dicha información fue creada discrecionalmente para el uso y conveniencia personal de los funcionarios consultados, a fin -sin excluir otros propósitos- de facilitar el cumplimiento de sus funciones públicas y organizar su quehacer cotidiano, respecto de la cual el órgano reclamado no ha de tener acceso, ni se encuentra dentro su órbita de control y disposición, por tratarse de un artículo cuya titularidad y decisión de conservación, o su destrucción corresponde al funcionario público titular o propietario de dicha nota.</p>
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6) Que, a mayor abundamiento, para esta Corporación, las notas manuscritas o tomadas a mano por funcionarios públicos, así como sus agendas y/o cuadernos, se se enmarcan en la expresión "documentos privados" que utiliza el artículo 19 N° 5 de la Constitución Política de la Republica. Son escritos personales y elaborados discrecionalmente por su titular, y el hecho de que sean de funcionarios públicos no constituye por ello una excepción de tutela. Si se aceptara que las agendas o cuadernos personales de los funcionarios, por el hecho de ser tales, no están protegidas por el artículo 19 N° 5 de la Carta Fundamental, cualquiera podría interceptar, abrir o registrar esos documentos, lo que sería peligroso no solo para los derechos de los ciudadanos, sino eventualmente también para el interés nacional y la seguridad de la Nación.</p>
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7) Que, en ese sentido, cabe señalar que el Estado está al servicio de la persona humana y tiene el deber de respetar y promover los derechos fundamentales que emanan de su propia naturaleza, como lo señala expresamente la Constitución Política en sus artículos 1°, inciso tercero, y 5°, inciso segundo. Por su parte, los derechos constitucionales consagrados en los numerales 4° y 5° del artículo 19 de la Constitución, aseguran el respeto y protección a la vida privada de la persona y su familia, el primero, y la inviolabilidad de toda forma de comunicación privada, el segundo, configurando en conjunto el ámbito de protección de la vida privada. El correlato de este estatuto nacional es posible identificarlo en las disposiciones del artículo 17 del Pacto Internacional de Derechos Políticos y Civiles y en el artículo 11 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.</p>
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8) Que, por tal motivo, esta Corporación estima que la publicidad de este tipo de documentos afecta, de manera presente o probable y con suficiente especificidad, la esfera de la vida privada de los funcionarios públicos consultados, en los términos consignados en el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, por cuanto comprende la entrega de elementos y circunstancias que afectarían el contenido esencial de las Garantías consagradas en los artículos 19 N° 4 y N° 5 de la Carta Magna. Al respecto, cabe precisar que, los aludidos funcionarios no proporcionaron su aquiescencia a la entrega de las notas escritas tomadas en el marco de la reunión consultada. En el mismo sentido, la divulgación del instrumento pedido envuelve, eventualmente, la entrega de datos personales y sensibles, contemplados en el artículo 2° letra f) y g) de la Ley Sobre Protección de la Vida Privada: «f) Datos de carácter personal o datos personales, los relativos a cualquier información concerniente a personas naturales, identificadas o identificables; g) Datos sensibles, aquellos datos personales que se refieren a las características físicas o morales de las personas o a hechos o circunstancias de su vida privada o intimidad, tales como los hábitos personales, el origen racial, las ideologías y opiniones políticas, las creencias o convicciones religiosas, los estados de salud físicos o psíquicos y la vida sexual». Lo anterior, toda vez que estos documentos podrían consignar -sólo a modo ejemplificativo- números telefónicos, casillas electrónicas, direcciones particulares, nombres, entre otros antecedentes comprendidos dentro del ámbito de la vida privada tanto del interesado como de terceras personas.</p>
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9) Que, sobre la materia de especie, el Derecho Comparado ha reconocido el carácter personal de las notas elaboradas por funcionarios públicos. En British Airports Authority v. CAB, 531 F. Supp. 408, 412 (D.D.C. 1982) -Estados Unidos-, se solicitó acceso a las notas manuscritas hechas por un funcionario federal. Al sostener que esas notas no eran registros del organismo sujetos a la Ley de Libertad de Información -Freedom of Information Act, en adelante, indistintamente FOIA-, el tribunal subrayó que eran de carácter personal, que el empleado no tenía por qué haberlas creado, que su intención era que no tuvieran un carácter permanente y que las guardaba en sus archivos de escritorio personales sin intención de distribuirlas. Asimismo, en Porter County Chapter of Isaak Walton League v. AEC, 380 F. Supp. 630, 633 (N.D. Ind. 1974), se señala que los materiales manuscritos creados por empleados de la agencia para sus propios fines, mientras ejecutaban responsabilidades asociadas al empleo, no revestían la calidad de "registros de la agencia" en virtud de la FOIA.</p>
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10) Que, en otro orden de ideas, atendido que el objeto consultado se constituye como un instrumento cuya finalidad es apoyar, facilitar y organizar el cumplimiento de funciones públicas de la Subsecretaría de Salud Pública, la publicidad de lo requerido afectaría el debido ejercicio de estas, por cuanto dichas notas consignan -presumiblemente, al tenor del requerimiento- antecedentes referidos a la estrategias y directrices formuladas para enfrentar la Emergencia de Salud Pública que afecta al país, como consecuencia de la pandemia mundial por el brote de COVID 19. Al efecto, el artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia permite la denegación al acceso a la información, cuando «su publicidad, comunicación o conocimiento afecte el debido cumplimiento de las funciones del órgano reclamado».</p>
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11) Que, de acuerdo con el artículo 27 del decreto N° 136, 2004, que establece Reglamento Orgánico del Ministerio de Salud, «El Subsecretario de Salud Pública es el jefe superior de la Subsecretaría de Salud Pública, tiene a su cargo la administración y servicio interno del Ministerio y las materias relativas a la promoción de la salud, vigilancia, prevención y control de enfermedades que afectan a poblaciones o grupos de personas. Es el colaborador inmediato y directo del Ministro en su área de competencia, a quien subrogará en primer orden. Le corresponderán especialmente las siguientes funciones: a) Analizar, proponer y evaluar políticas, normas, planes y programas respecto de todas las materias relativas a la promoción de la salud, vigilancia, prevención y control de enfermedades que afectan a poblaciones o grupos de personas. b) Efectuar, ordenar y coordinar todas las acciones necesarias en las materias señaladas en la letra anterior. c) Efectuar la vigilancia en salud pública y evaluar la situación de salud de la población. d) Proponer al Ministro, para someterlos a consideración del Consejo, los objetivos sanitarios nacionales y el Plan Nacional de Salud, monitorearlos y evaluar su cumplimiento».</p>
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12) Que, en virtud del marco normativo precedentemente descrito, la documentación consultada se constituye como un insumo que eventualmente contiene y detalla la información necesaria para el cometido de funciones públicas, cuya publicidad implicaría una afectación al debido cumplimiento de las funciones administrativas del órgano reclamado en materia directrices o políticas que involucren la determinación del "método con que se contabilizan los casos de contagios, el ítem de los exámenes de laboratorio y el testeo de la población, así como la metodología que se utiliza para contar y registrar los fallecimientos" al tenor del requerimiento. En esta línea argumentativa, la divulgación de notas, opiniones, razonamientos o recomendaciones que los profesionales consultados, podrían dar cuenta de estrategias o cursos de acción que no necesariamente fueron adoptadas por la autoridad administrativa -en el marco de su privilegio deliberativo-, situación que puede provocar un daño en la funciones del organismo pues ciertamente se podrían generar cuestionamiento a las decisiones tomadas -en desmedro de otras- respecto de una emergencia sanitaria que en la actualidad persiste.</p>
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13) Que, en virtud de lo razonado precedentemente, respecto de las notas a que se refiere la segunda parte del literal a) del numeral 1° de lo expositivo, tratándose de documentos privados o instrumentos de orden personal, constitutivo de la vida privada de las personas consultadas; y, advirtiéndose la potencial afectación al debido cumplimiento de las funciones específicas encomendadas al órgano requerido, se rechazará el amparo, por concurrir al respecto las causales de reserva dispuestas en el artículo 21 N° 1 y N° 2 de la Ley de Transparencia.</p>
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14) Que, ahora bien, en cuanto a lo pedido en la primera parte del mismo literal a) del numeral 1° de lo expositivo, en el entendido que lo requerido dice relación con antecedentes, tales como, actas, minutas, reportes o cualquier otro acto oficial, que conste en alguno de los soportes documentales a que se refiere el inciso 2° del artículo 10° de la Ley de Transparencia, "que contenga información detallada de las reuniones que sostuvieron los funcionarios (...) relacionadas a los datos sobre el manejo de la pandemia por Covid-19, entre el 1 de abril y el 22 de junio de 2020", específicamente, aquellas "que involucre el método con que se contabilizan los casos de contagios, el ítem de los exámenes de laboratorio y el testeo de la población, así como la metodología que se utiliza para contar y registrar los fallecimientos"; dada la ausencia de alegaciones por parte de la Subsecretaría que, por una parte, acrediten haber proporcionado la información pedida o, por otra, den cuenta de la concurrencia de alguna circunstancia de hecho o causal de reserva que justifiquen su denegación, debe acogerse al amparo, ordenándose entregar la información reclamada al tenor del requerimiento, por concurrir en la especie el fundamento del reclamo. No obstante, en el evento de que esta información no obre en poder del órgano, se deberá comunicar dicha circunstancia al reclamante y a este Consejo, indicando específicamente las razones que lo justifiquen.</p>
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15) Que, en caso que en los antecedentes cuya entrega se ordena, consten datos de carácter personal o sensible de terceras personas, tales como, por ejemplo, nombre, número de cédula de identidad, domicilio, teléfono, diagnostico o patología medica u otro dato personal de contexto o sensible, deberán ser previamente tarjados, por estimar que su divulgación afecta los derechos de las personas de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, en relación con los artículos 2°, letra f) y g), 4°, 7° y 10° de la ley N° 19.628, sobre protección de la vida privada. Lo anterior, se establece en virtud de las facultades establecidas en las letras j) y m) del artículo 33 de la Ley de Transparencia.</p>
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EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:</p>
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I. Acoger parcialmente el amparo deducido por don Claudio Cifuentes Lobo en contra de la Subsecretaría de Salud Pública, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.</p>
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II. Requerir a la Sra. Subsecretaria de Salud Pública, lo siguiente:</p>
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a) Hacer entrega al reclamante de copia de las actas, minutas, reportes o cualquier otro acto oficial, que conste en alguno de los soportes documentales a que se refiere el inciso 2° del artículo 10° de la Ley de Transparencia, que contenga información detallada de las reuniones que sostuvieron los funcionarios consultados, relacionadas a los datos sobre el manejo de la pandemia por Covid-19, entre el 1 de abril y el 22 de junio de 2020, específicamente, aquellas "que involucre el método con que se contabilizan los casos de contagios, el ítem de los exámenes de laboratorio y el testeo de la población, así como la metodología que se utiliza para contar y registrar los fallecimientos". No obstante, en el evento de que esta información no obre en poder del órgano, se deberá comunicar dicha circunstancia al reclamante y a este Consejo, indicando específicamente las razones que lo justifiquen.</p>
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Si en los antecedentes cuya entrega se ordena, consten datos de carácter personal o sensible de terceras personas, tales como, por ejemplo, nombre, número de cédula de identidad, domicilio, teléfono, diagnostico o patología medica u otro dato personal de contexto o sensible, deberán ser previamente tarjados, por estimar que su divulgación afecta los derechos de las personas.</p>
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b) Cumplir dicho requerimiento en un plazo que no supere los 10 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia.</p>
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c) Acreditar la entrega efectiva de la información señalada en el literal a) precedente, en conformidad a lo establecido en el inciso segundo del artículo 17 de la Ley de Transparencia, por medio de comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dio cumplimiento a las obligaciones impuestas en la presente decisión en tiempo y forma.</p>
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III. Se rechaza el amparo en lo relativo a la entrega de las notas a que se refiere la segunda parte del literal a) del numeral 1° de lo expositivo, por concurrir al respecto las causales de reserva dispuestas en el artículo 21 N° 1 y N° 2 de la Ley de Transparencia.</p>
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IV. Representar a la Sra. Subsecretaria de Salud Pública:</p>
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a. La infracción al artículo 14 de la Ley de Transparencia, así como al principio de oportunidad dispuesto en el artículo 11, letra h) del mismo cuerpo legal, al no haber otorgado respuesta a la solicitud de información en el plazo legal establecido para ello.</p>
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b. La infracción al artículo 13 de la Ley de Transparencia, al no haber derivado la solicitud de información a la Presidencia de la República, en su calidad de órgano competente para pronunciarse sobre la solicitud de acceso del literal b) del numeral 1° de lo expositivo.</p>
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Lo anterior, a fin de que se adopten las medidas tendientes a evitar que dichas circunstancias vuelvan a repetirse.</p>
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V. Encomendar al Director General (S) y a la Directora Jurídica (S) de este Consejo, indistintamente:</p>
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a. Derivar la solicitud de información del literal b) del numeral 1° de lo expositivo a la Presidencia de la República.</p>
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b. Notificar la presente decisión a don Claudio Cifuentes Lobo y a la Sra. Subsecretaria de Salud Pública.</p>
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En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.</p>
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Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidenta doña Gloria de la Fuente González, su Consejera doña Natalia González Bañados y sus Consejeros don Francisco Leturia Infante y don Bernardo Navarrete Yáñez.</p>
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Por orden del Consejo Directivo, certifica la Directora Jurídica (S) del Consejo para la Transparencia doña Ana María Muñoz Massouh.</p>