Base de Datos de Jurisprudencia - Consejo para la Transparencia

Decisión ROL C4921-20

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Reclamante:	ALEJANDRA VIDAL MONARDES
Reclamado:	UNIVERSIDAD DE CHILE
Resumen del caso: Se acoge parcialmente el amparo deducido en contra de la Universidad de Chile, sin perjuicio de tener por cumplida la obligación de informar, sobre los últimos 2 balances financieros anuales, aunque extemporáneamente, con la notificación de la presente decisión. Se ordena entregar a la reclamante copia de la carpeta tributaria electrónica que comprenda información sobre actividad tributaria en los últimos 12 meses -al momento de la solicitud de acceso-; el número de cuenta y Banco de dos cuentas bancarias en que el órgano reclamado sea titular (referencias bancarias), así como el nombre de dos proveedores del organismo (referencias comerciales); copia de la cédula de Rol Único Tributario, formato plástico o digital (e-rut), según sea la forma que obra en poder del órgano; y el nombre de los funcionarios que detenten el cargo de Representante Legal, Gerente, Director Médico y Tesorero del Hospital Clínico de la Universidad de Chile. Lo anterior, por tratarse de información pública, relativa a la situación tributaria, financiera y de personal de un órgano de la Administración del Estado, respecto de la cual no se acreditó la concurrencia de alguna circunstancia de hecho o causal de reserva que justifique su denegación. Se rechaza el amparo en lo relativo a fotocopia de la cédula del representante legal, por cuanto su publicidad podría razonablemente dañar la esfera de la vida privada de la persona cuyos datos se requieren, por configurarse la causal de reserva prevista en el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia en concordancia con lo dispuesto en la ley N° 19.628, sobre protección de la vida privada. De igual forma, se rechaza en lo atingente a las casillas de correo electrónico y número de teléfono de los funcionarios consultados, por tratarse de información cuya divulgación afecta las funciones del organismo. Aplica criterio contenido en las decisiones de amparo Rol C611-10 y C982-12 y Rol C136-13, entre otras.
Tipo de decisión:	Decisión de Fondo
Fecha de la decisión:	11/3/2020
Consejeros:	-Gloria Alejandra de la Fuente González -Francisco Javier Leturia Infante
Legislación aplicada:
Palabras clave:
Jurisprudencia desde:	C2960-17 C5748-18 C6109-18 C703-19 C982-12 C136-13 C427-15 C2332-20 C467-10 C611-10 C1402-16 C1403-16
Jurisprudencia a:
Recursos relacionados:	722-2020
Descriptores jurídicos:
Descriptores analíticos:

DECISIÓN AMPARO ROL C4921-20   Entidad pública: Universidad de Chile Requirente: Alejandra Vidal Monardes Ingreso Consejo: 14.08.2020 RESUMEN Se acoge parcialmente el amparo deducido en contra de la Universidad de Chile, sin perjuicio de tener por cumplida la obligación de informar, sobre los últimos 2 balances financieros anuales, aunque extemporáneamente, con la notificación de la presente decisión. Se ordena entregar a la reclamante copia de la carpeta tributaria electrónica que comprenda información sobre actividad tributaria en los últimos 12 meses -al momento de la solicitud de acceso-; el número de cuenta y Banco de dos cuentas bancarias en que el órgano reclamado sea titular (referencias bancarias), así como el nombre de dos proveedores del organismo (referencias comerciales); copia de la cédula de Rol Único Tributario, formato plástico o digital (e-rut), según sea la forma que obra en poder del órgano; y el nombre de los funcionarios que detenten el cargo de Representante Legal, Gerente, Director Médico y Tesorero del Hospital Clínico de la Universidad de Chile. Lo anterior, por tratarse de información pública, relativa a la situación tributaria, financiera y de personal de un órgano de la Administración del Estado, respecto de la cual no se acreditó la concurrencia de alguna circunstancia de hecho o causal de reserva que justifique su denegación. Se rechaza el amparo en lo relativo a fotocopia de la cédula del representante legal, por cuanto su publicidad podría razonablemente dañar la esfera de la vida privada de la persona cuyos datos se requieren, por configurarse la causal de reserva prevista en el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia en concordancia con lo dispuesto en la ley N° 19.628, sobre protección de la vida privada. De igual forma, se rechaza en lo atingente a las casillas de correo electrónico y número de teléfono de los funcionarios consultados, por tratarse de información cuya divulgación afecta las funciones del organismo. Aplica criterio contenido en las decisiones de amparo Rol C611-10 y C982-12 y Rol C136-13, entre otras. En sesión ordinaria N° 1140 del Consejo Directivo, celebrada el 29 de octubre de 2020, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C4921-20. VISTO: Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia. TENIENDO PRESENTE: 1) SOLICITUD DE ACCESO: El 22 de julio de 2020, doña Alejandra Vidal Monardes solicitó a la Universidad de Chile, en relación al Hospital Clínico Universidad de Chile, lo siguiente: "Estimados para poder crearlos en nuestro sistema de ventas, somos proveedores del hospital, requiero la siguiente información: Carpeta Tributaria últimos 12 meses Últimos 2 balances financieros anuales 2 referencias bancarias. Vigencia no mayor a 30 días. 2 referencias comerciales. Fotocopia del RUT. Fotocopia de la cédula del representante legal Y así mismo requiero nos informen los nombres, correos electrónicos y teléfonos de los siguientes cargos: Representante Legal Gerente /Director Médico Tesorería" 2) RESPUESTA: El 14 de agosto de 2020, mediante UT (O) N° 282/2020, la Universidad de Chile respondió a dicho requerimiento de información indicando, en resumen, que la solicitud no se enmarca en el derecho de acceso a la información pública y, por ende, resulta inadmisible, pues de ella se desprende la petición de completar un conjunto de datos comerciales e institucionales, algunos de ellos de carácter genérico e indeterminado (como la Carpeta Tributaria), que precisan elaborar o requerir documentos a terceros (referencias bancarias y comerciales) o que se refieren a datos de carácter personal (fotocopia de cédula de identidad del representante legal), con el expreso propósito de emitir un informe ad hoc que conduzca hacia la incorporación del Hospital Clínico de la Universidad de Chile en un sistema de ventas, del que no forma parte el señalado establecimiento de salud. Cita decisión del amparo C2960-17. Agrega, que lo anterior, no obsta a que parte de la información que pide sistematizar, ad hoc a sus intereses comerciales, ya se encuentre permanentemente a disposición del público, como es el caso de la identificación y contacto del personal directivo del Hospital Clínico o las ejecuciones presupuestarias y balances financieros de esta Institución de Educación Superior, a través de los siguientes enlaces: https://uchile.cl/u77242; https://uchile.cl/u77243; https://www.redclinica.cl/. 3) AMPARO: El 14 de agosto de 2020, la solicitante dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en que recibió respuesta negativa a su solicitud de información. 4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado al Sr. Rector de la Universidad de Chile, mediante Oficio E15055, de 4 de septiembre de 2020, solicitando que: (1°) indique las razones por las que, a su juicio, lo requerido no constituye una solicitud de información amparable por la Ley de Transparencia; (2°) señale si la información solicitada obra en poder del órgano que representa, constando en alguno de los soportes documentales que señala el inciso segundo del artículo 10 de Ley de Transparencia; (3°) se refiera a la eventual concurrencia de alguna circunstancia de hecho que haga procedente la denegación de la información requerida; y, (4°) se pronuncie acerca de la eventual concurrencia de algunas de las causales constitucionales o legales de secreto o reserva que, a su juicio, harían procedente la denegación de la información solicitada. Mediante oficio D.J. (O) N° 01152, de 29 de septiembre de 2020, la Universidad de Chile presentó sus descargos en esta sede, argumentando en resumen, que del formulario de su solicitud se desprende la petición de ingresar un conjunto de datos comerciales e institucionales con el expreso propósito de emitir un informe ad hoc que conduzca a la incorporación del Hospital Clínico de la Universidad de Chile en un sistema de ventas, requiriendo "antecedentes de carácter genérico e indeterminado -como la Carpeta Tributaria-, exigiendo requerir documentos a terceros -como las referencias bancarias y comerciales-, o información de carácter personal protegida en virtud de los artículos 4, 7 y 9 de la Ley N° 19.628 y la causales de reserva del artículo 21 N° 2 y N° 5 de la Ley N° 20.285 -como la fotocopia de cédula de identidad del representante legal de la Institución-". Con todo, existen ciertos antecedentes que sí se encuentran disponibles y fueron informados a la requirente, como es la identificación y contacto del personal directivo del Hospital Clínico o las ejecuciones presupuestarias y balances financieros anuales de esta Institución de Educación Superior. En relación a estos últimos, destaca que los presupuestos universitarios y los balances de ejecución presupuestaria de la Institución se confeccionan conforme a lo establecido en el D.S. N° 180 de 1987, del Ministerio de Hacienda (http://bcn.cl/1yvi5), y son aprobados anualmente por medio de decretos universitarios que son publicados en su portal de transparencia activa (https://uchile.cl/u77241 y https://uchile.cl/u77242), acorde a lo indicado en el artículo 19 letras o) y p) de los Estatutos de la Universidad (http://bcn.cl/2lbn5), sin perjuicio de otros informes de auditorías externas. Finalmente, reitera que el requerimiento de la Sra. Vidal no se ajusta al derecho de acceso a la información pública que regulan los artículos 10 y siguientes de la Ley N° 20.285, pues no procura obtener documentos o antecedentes determinados sino un pronunciamiento de parte de esta Institución, en orden a acreditar su situación financiera y tributaria en aras de ser calificada para un sistema de ventas. Sostiene que esta especie de requerimiento rehúye los mecanismos existentes en la Ley N° 19.886 y su Reglamento, sobre contratos administrativos de suministro y prestación de servicios (a los que se sujetan todas las compras y adquisiciones de la Universidad y su Hospital Clínico), sin perjuicio de poder enmarcarse genéricamente en el derecho de petición consagrado en el artículo 19 N° 14 de la Constitución. Y CONSIDERANDO: 1) Que, lo solicitado dice relación, en términos generales, con información financiera, tributarias y de personal del Hospital Clínico de la Universidad de Chile, centro hospitalario que funciona bajo la personalidad jurídica de la Universidad de Chile. Por su parte, el presente amparo se funda en la respuesta negativa proporcionada por el órgano. 2) Que, en primer lugar, en lo relativo a las alegaciones del organismo referidas a que el requerimiento en análisis resultaría inadmisible por no constituir una solicitud de acceso sujeta a la Ley de Transparencia sino al ejercicio del derecho de petición reconocido en el artículo 19 N° 4 de la Constitución Política de la República. Esto, ya que lo pedido apuntaría a completar un conjunto de datos comerciales e institucionales, con el expreso propósito de emitir un informe que conduzca su incorporación a un sistema de ventas del que no forma parte. Es menester señalar que conforme al principio de no discriminación consagrado en el artículo 11, letra g) de la Ley de Transparencia, los órganos de la Administración del Estado deben "entregar información a todas las personas que lo soliciten, en igualdad de condiciones, sin hacer distinciones arbitrarias y sin exigir expresión de causa o motivo para la solicitud", así como lo señalado en el artículo 19 del mismo cuerpo legal, esto es, que la entrega de copia de los actos y documentos "se hará por parte del órgano requerido sin imponer condiciones de uso o restricciones a su empleo, salvo las expresamente estipuladas por la ley". De esta forma, los intereses o fines que persiga una persona para efectuar una solicitud de acceso a información pública resultan irrelevantes al momento de calificar su admisibilidad. 3) Que, en tal orden de ideas, el requerimiento en análisis, por una parte, cumple con todos los requisitos establecidos en los artículos 12 y siguientes de la Ley de Transparencia, para ser considerado una solicitud de acceso a la información pública y, por la otra, el organismo no acreditó que lo requerido en la especie no corresponda a actos, documentos o antecedentes determinados que obren en su poder, en alguno de los soportes indicados en el inciso 2° del artículo 10 de la citada ley. Por el contrario, sostuvo que algunos antecedentes se encuentran permanentemente a disposición del publico en los sitios web que informa y, que los restantes son "de carácter genérico e indeterminado -como la Carpeta Tributaria-, exigiendo requerir documentos a terceros -como las referencias bancarias y comerciales-, o información de carácter personal protegida en virtud de los artículos 4, 7 y 9 de la Ley N° 19.628 y la causales de reserva del artículo 21 N° 2 y N° 5 de la Ley N° 20.285 -como la fotocopia de cédula de identidad del representante legal de la Institución". En consecuencia, habiéndose ejercido el derecho de acceso a la información pública en los términos exigidos por la Ley de Transparencias, se rechazarán las alegaciones del órgano en este punto, por improcedentes. 4) Que, ahora bien, en cuanto a la publicidad de los antecedentes pedidos, se debe hacer presente que el artículo 8°, inciso 2°, de la Constitución Política de la República, en lo que interesa, establece que "son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen. Sin embargo, sólo una ley de quórum calificado podrá establecer la reserva o secreto de aquéllos o de éstos, cuando la publicidad afectare el debido cumplimiento de las funciones de dichos órganos, los derechos de las personas, la seguridad de la Nación o el interés nacional". Por su parte, según lo dispuesto en los artículos 5, inciso segundo, y 10 de la Ley de Transparencia, se considera información pública toda aquella que obre en poder de los órganos de la Administración del Estado, cualquiera sea su formato, soporte, fecha de creación, origen, clasificación o procesamiento, además de aquella contenida en "actos, resoluciones, actas, expedientes, contratos y acuerdos, así como a toda información elaborada con presupuesto público", salvo que dicha información se encontrare sujeta a las excepciones establecidas en el artículo 21 de la Ley de Transparencia u otras excepciones legales. 5) Que, además, se ha razonado que se encuentran amparadas por la Ley de Transparencia aquellas solicitudes que se refieran a información que puede desprenderse fácilmente de los registros o antecedentes que el organismo reclamado mantenga en su poder, cuya respuesta no suponga la imposición de un gravamen a su respecto, ni la configuración de ninguna de las causales de reserva alegadas, conforme al criterio desarrollado en la decisión de amparo Rol C467-10, entre otras, así como en aplicación de los principios de máxima divulgación y de facilitación, consagrados en el artículo 11, letras d) y f) de la Ley de Transparencia. 6) Que, sobre "la carpeta tributaria de los últimos 12 meses", este Consejo entiende que lo requerido apunta a obtener copia de la carpeta tributaria electrónica que todo contribuyente puede obtener desde el sitio web del Servicio de Impuestos Internos (en adelante también SII). Dicho documento tributario, según se informa en sitio web http://www.sii.cl/pagina/actualizada/noticias/2008/210408noti01jo.htm "puede contener información de identificación del contribuyente, información de su actividad económica, información de sus bienes raíces, resumen de Boletas de Honorarios Electrónicas emitidas en el último año, y las últimas Declaraciones del Formulario 29 de IVA y del Formulario 22 de Renta. El contribuyente podrá generar una carpeta personalizada seleccionando la información que necesite, o escoger alguna de las carpetas predefinidas para solicitar créditos, acreditar renta o acreditar tamaño de la empresa". Estos antecedentes, en lo que se refiere a un organismo del Estado, es información pública, respecto de la cual la reclamada no alegó la concurrencia de alguna circunstancia de hecho o causal de reserva que justifique su denegación, motivo por el cual se acogerá el amparo en esta parte, ordenando su entrega, previa reserva de cualquier dato personal de contexto, que pudiera contenerse en la información cuya entrega se ordena, esto por estimarse que su divulgación puede afectar los derechos de las personas, de acuerdo a los artículos 2, letra f) y 4 de la ley N° 19.628, sobre protección a la vida privada y 21 N° 2 de la Ley de Transparencia. Lo anterior, se establece en cumplimiento de la facultad consagrada en el artículo 33 literal m) de la Ley de Transparencia. 7) Que, en lo relativo a "Últimos 2 balances financieros anuales" pedidos, atendido que solo con ocasión de sus descargos el organismo reclamado informó con precisión los sitios web desde donde se puede acceder a información sobre sus presupuestos y balances de ejecución presupuestaria, se acogerá el amparo en esta parte, sin perjuicio de tener por cumplida la obligación de informar, aunque extemporáneamente, con la notificación de la presente decisión. 8) Que, en cuanto a las "2 referencias bancarias. Vigencia no mayor a 30 días" y "2 referencias comerciales", este Consejo entiende que lo pedido apunta a obtener información sobre el número de cuenta y Banco de dos cuentas bancarias en que el órgano reclamado sea titular (referencias bancarias), así como el nombre de dos proveedores del organismo (referencias comerciales). Dichos antecedentes, en lo que se refiere a Servicios de la Administración del Estado es información pública, respecto de la cual la reclamada no alegó la concurrencia de alguna circunstancia de hecho o causal de reserva que justifique su denegación, motivo por el cual se acogerá el amparo en esta parte, ordenando su entrega. 9) Que, en lo atingente a "Fotocopia del RUT", este Consejo entiende que lo pedido dice relación con el acceso a copia de la cédula de Rol Único Tributario, emitida por el Servicio de Impuestos Internos que permite identificar a los contribuyentes como tal, ya sea que ésta obre en su poder en formato plástico o digital (e-rut). Cabe señalar que de acuerdo a lo indicado en el sitio web del SII http://www.sii.cl/destacados/erut/contribuyentes_erut.html, "todos los registrados en SII con Rol Único Tributario como personas jurídicas o entidades sin personalidad jurídica, tanto nacionales como extranjeros. También las personas naturales extranjeras con y sin residencia que realicen actividades susceptibles de generar rentas en Primera o Segunda categoría". Así las cosas, se trata de un antecedente que, en lo que se refiere a los organismos de la Administración del Estado, es información pública, respecto de la cual no se alegó la concurrencia de alguna circunstancia de hecho o causal de reserva que justifique su denegación, motivo por el cual se acogerá el amparo en esta parte, ordenando su entrega. Con todo, de forma previa a su entrega deberá tarjarse los datos personales de contexto que allí se consignen, tales como, el número de cédula de identidad, de las personas naturales que se identifiquen como representantes legales del contribuyente o autorizados para su uso. 10) Que, en línea con lo anterior, en lo que respecta a la "fotocopia de la cédula del representante legal", al tratarse de un documento que contiene datos personales, según lo expresado en el artículo 2 letras f) de la ley N° 19.628, y lo dispuesto en el artículo 4° del mismo cuerpo normativo, esto es, que "el tratamiento de datos personales solo puede efectuarse cuando esta ley u otras disposiciones legales lo autoricen o el titular consienta expresamente en ello", no constando en el expediente autorización por parte del titular del documento mediante la cual se consienta en su divulgación, procede rechazar el amparo en este punto. Ello, por cuanto la publicidad del referido antecedente podría razonablemente dañar la esfera de la vida privada de la persona cuyos datos se requieren, por configurarse la causal de reserva prevista en el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia en concordancia con lo dispuesto en la ley N° 19.628, sobre protección de la vida privada. 11) Que, en cuanto a la información sobre el "nombres, correos electrónicos y teléfonos de los siguientes cargos Representante Legal, Gerente /Director Médico, Tesorería", cabe señalar que, si bien, la reclamado sostiene haber proporcionado dicho antecedente, de la revisión del sitio web informado no consta su entrega, razón por la cual procede pronunciarse sobre la publicidad de esta. 12) Que, respecto del nombre de los funcionarios públicos y sus cargos, esta constituye información esencialmente pública, que inclusive forma parte de las obligaciones de transparencia activa de los órganos de la Administración del Estado, por tanto, se debe acoger el amparo en este punto, ordenando su entrega a la reclamante. 13) Que, por el contrario, respecto de los datos de contacto de los funcionarios públicos, especialmente, la casilla de correo electrónico y teléfono, este Consejo ha razonado, entre otras, en las de amparos Roles C611-10 y C982-12, que "...la decisión de un órgano de la Administración de informar a través de su sitio electrónico determinados números telefónicos, obviando otros, tiene por objeto canalizar el flujo de comunicaciones recibidas por el organismo, permitiéndole sistematizar el ingreso de llamadas conforme a los criterios de prevalencia que éste haya determinado (...) y actuar en relación con dichos criterios (....) para lo cual el Municipio destina recursos y personal al efecto, mediante la contratación de cuentas telefónicas y secretarias. Que, conforme a lo anterior, divulgar aquellos números telefónicos respecto de los cuales el órgano no cuenta con el mecanismo de canalización de comunicaciones precedentemente descrito o aquellos que permiten el acceso directo a autoridades o funcionarios respecto de los cuales, precisamente, se ha elaborado dicho mecanismo, permitiría a las personas sortear el sistema de acceso telefónico a las autoridades o funcionarios públicos dispuesto por el órgano, impidiendo a los funcionarios que ejecutan dicha labor cumplir regularmente con los fines por los cuales han sido contratados. Ello obligaría a las autoridades o funcionarios cuya función regular no es la atención de comunicaciones telefónicas o de público en general, a atender éstos, distrayéndolos de sus labores habituales" (criterio aplicado en decisiones amparo C5748-18, C6109-18 y C703-19, entre otras). Asimismo, en la decisión de amparo Rol C136-13, se indicó que "en consecuencia, considerando que el órgano reclamado se encuentra dotado de un sistema centralizado de atención ciudadana con la finalidad precisa de evitar distraer de sus funciones habituales a su personal y de esa forma dar respuesta a los requerimientos de los usuarios de manera oportuna, este Consejo estima que el dar a conocer las casillas de correo electrónico de sus funcionarios, podría afectar el debido cumplimiento de sus funciones, motivo por el cual se rechazará el presente amparo dando por justificada la concurrencia de la causal de reserva del artículo 21 N° 1 ya citado" (criterio aplicado en decisiones de amparo Roles C427-15, C1402-16, C1403-16, y C703-19, C2332-20 entre otras). 14) Que, en consecuencia, en aplicación de lo resuelto en las decisiones citadas precedentemente, y teniendo presente que la reclamada cuenta con un sistema centralizado de recepción telefónica y correos electrónicos -informado en su portal electrónico- con la finalidad precisa, de evitar distraer de sus funciones habituales a su personal y de esa forma dar respuesta a los requerimientos de los usuarios de manera oportuna, se rechazará el amparo en esta parte, por configurase la causal de reserva de contenida en el artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. 15) Que, finalmente, en el evento que todo o parte de información no obre en poder del órgano, se deberá comunicar dicha circunstancia al reclamante y a este Consejo, indicando específicamente las razones que lo justifiquen. 16) EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA: I. Acoger parcialmente el amparo deducido por doña Alejandra Vidal Monardes en contra de la Universidad de Chile, sin perjuicio de tener por cumplida la obligación de informar, sobre los últimos 2 balances financieros anuales, aunque extemporáneamente, con la notificación de la presente decisión, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente. II. Requerir al Sr. Rector de la Universidad de Chile: a) Hacer entrega a la reclamante de la siguiente información: i. Copia de la carpeta tributaria electrónica que comprenda información sobre actividad tributaria en los últimos 12 meses -al momento de la solicitud de acceso-. ii. El número de cuenta y Banco de dos cuentas bancarias en que el órgano reclamado sea titular (referencias bancarias), así como el nombre de dos proveedores del organismo (referencias comerciales). iii. Copia de la cédula de Rol Único Tributario, formato plástico o digital (e-rut), según sea la forma que obra en su poder. iv. El nombre de los funcionarios que detenten el cargo de Representante Legal, Gerente, Director Médico y Tesorero del Hospital Clínico de la Universidad de Chile. Se hace presente que, en el evento de que en los antecedentes cuya entrega se ordena, consten datos personales de contexto, por ejemplo, nombre, número de cédula de identidad, domicilio, teléfono, entre otros, deberán ser previamente tarjados, por estimar que su divulgación afecta los derechos de las personas. Asimismo, en el evento de que todo o parte de información no obre en poder del órgano, se deberá comunicar dicha circunstancia al reclamante y a este Consejo, indicando específicamente las razones que lo justifiquen. b) Cumplir dicho requerimiento en un plazo que no supere los 10 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia. c) Acreditar la entrega efectiva de la información señalada en el literal a) precedente, en conformidad a lo establecido en el inciso segundo del artículo 17 de la Ley de Transparencia, por medio de comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dio cumplimiento a las obligaciones impuestas en la presente decisión en tiempo y forma. III. Se rechaza el amparo en lo relativo a fotocopia de la cédula del representante legal y casillas de correo electrónico y números de teléfono de los funcionarios consultados, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente. IV. Encomendar al Director General (S) y a la Directora Jurídica (S) de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a doña Alejandra Vidal Monardes y al Sr. Rector de la Universidad de Chile. En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011. Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Jorge Jaraquemada Roblero y sus Consejeros doña Gloria de la Fuente González y don Francisco Leturia Infante. Por orden del Consejo Directivo, certifica la Directora Jurídica (S) del Consejo para la Transparencia doña Ana María Muñoz Massouh.