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<strong>DECISIÓN AMPARO ROL C996-12</strong></p>
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Entidad pública: Municipalidad de Rancagua</p>
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Requirente: Jorge Orellana Iturra</p>
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Ingreso Consejo: 10.07.2012</p>
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En sesión ordinaria Nº 382 del Consejo Directivo, celebrada el 19 de octubre de 2012, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley Nº 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C996-12.</p>
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VISTO:</h3>
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Los artículos 5º, inc. 2º, 8º y 19 Nº 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de las Leyes Nos 20.285, 19.628 y 19.880; lo previsto en el D.F.L. Nº 1-19.653, del Ministerio Secretaria General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley Nº 18.575; y, los D.S. Nº 13/2009 y Nº 20/2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el Reglamento del artículo primero de la Ley N° 20.285, en adelante indistintamente el Reglamento y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.</p>
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TENIENDO PRESENTE:</h3>
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1) SOLICITUD DE ACCESO: Don Jorge Orellana Iturra, el 23 de mayo de 2012, solicitó a la Municipalidad de Rancagua (en adelante indistintamente “La Municipalidad”), que le otorgara la siguiente información:</p>
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a) Nombre de la persona que solicita “cosas” al Municipio, todos los días, según declaraciones emitidas al diario El Rancagüino, de 6 de mayo de 2012.</p>
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b) Información sobre gente que abusa del sistema de acceso a la información pública, con nombres y apellidos.</p>
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c) Información sobre “cosas” solicitadas por la persona aludida en el diario El Rancagüino relacionadas con menaje, objetos, enseres, bártulos, útiles, muebles, mobiliario, moblaje, armatostes o trastos.</p>
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2) RESPUESTA: La Municipalidad de Rancagua, por medio del Ordinario N° 136, de 15 de junio de 2012, dio respuesta al requirente, informándole que “… lo requerido en su Solicitud, no se ajusta a lo establecido en el artículo 10 inciso 2° de la Ley N° 20.285 y el artículo 3° letra c) del Reglamento de dicha Ley, en relación a que lo solicitado se refiere a un determinado acto, documento o antecedente, y no a provocar un pronunciamiento por parte del Municipio. / En consecuencia las declaraciones del Sr. Alcalde vertidas en un medio de comunicación, no son materia de la referida Ley”.</p>
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3) AMPARO: Don Jorge Orellana Iturra, el 9 de julio de 2012, presentó, en la Gobernación Provincial de Cachapoal, amparo a su derecho de acceso a la información en contra de la Municipalidad de Rancagua, fundado en la denegación de la información requerida, el cual ingresó a este Consejo el día 10 del mismo mes y año. Se acompaña a dicho amparo copia de la solicitud de información, de la respuesta dada por el órgano reclamado y de entrevista al Sr. Alcalde de la Municipalidad de Rancagua publicada en la página 2 del diario El Rancagüino, el domingo 6 de mayo de 2012.</p>
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4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de este Consejo acordó admitir a tramitación el presente amparo sólo respecto de los antecedentes indicados en los literales a) y c) del punto primero de esta parte expositiva –ya que se estimó que la letra b) contenía una solicitud no amparable a través de los mecanismos de la Ley N° 20.285–, trasladándolo al Sr. Alcalde de la Municipalidad de Rancagua, mediante el Oficio N° 2.612, de 23 de julio de 2012. Al respecto, doña Alicia Forttes L., abogada del órgano reclamado, por medio de correo electrónico de 14 de agosto de 2012, evacuó el traslado conferido a dicho órgano, formulando, en resumen, las siguientes observaciones y descargos al amparo:</p>
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a) El 23 de de mayo de 2012 se recibió la solicitud de información del Sr. Orellana Iturra, la que, tras el examen efectuado por la Dirección Jurídica, fue contestada, en tiempo y forma, en los términos expuestos en el punto 2° de esta parte expositiva.</p>
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b) Se reiteran, en esta instancia, lo señalado en la respuesta dada al requirente, en cuanto a las razones de hecho y de derecho que obstan a dar respuesta en la forma requerida, expresando, a mayor abundamiento, que, como lo ha señalado el propio Consejo para la Transparencia, la información cuya entrega se puede ordenar debe contenerse “en actos, resoluciones, actas, expedientes, contratos y acuerdos” o en un “formato o soporte” determinado, según reza el inciso segundo del artículo 10 de la Ley de Transparencia, no pudiendo requerirse la entrega de información que sólo está en la mente de la autoridad (considerando 11° de la decisión del amparo C533-09).</p>
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c) Asimismo, hace propio lo expuesto por el Consejo para la Transparencia en el oficio por medio del cual se le dio traslado del presente amparo, en el cual se indica que lo solicitado en la letra b) del punto 1° de esta parte expositiva no es materia de derecho de acceso a la información pública. Agrega que en los demás literales del requerimiento se solicitan datos de carácter personal cuyo tratamiento sólo puede efectuarse cuando la ley lo autorice o el titular consienta expresamente en ello.</p>
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CONSIDERANDO:</h3>
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1) Que, el diario El Rancagüino, en su edición de 6 de mayo de 2012, publicó un artículo relativo al lugar que la Municipalidad de Rancagua ocupó en el ranking de Transparencia Activa de las municipalidades realizado por este Consejo, en el cual transcribe parte de una entrevista realizada al Alcalde, quien, entre otras cosas, afirmó que “… una de las razones de la demora en la entrega de la información es que mucha gente abusa del sistema y pide cosas increíbles" y que "...Hay un señor que viene todos los días a solicitar cosas inimaginables y actas desde hace muchos años y una serie de cosas que son especialmente complejos de atender” (sic). Dado que en su requerimiento el reclamante se refirió a las solicitudes a las que aludiría el Sr. Alcalde de la Municipalidad de Rancagua en la citada declaración, sin establecer una limitación temporal, se entenderá que incluye las presentadas desde la entrada en vigencia de la Ley de Transparencia hasta el día en que se verificó dicha entrevista.</p>
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2) Que, conforme se indicó en la parte expositiva, el literal b) de la solicitud (“…gente que abusa del sistema de acceso a la información pública…”) no es tutelable a través de la Ley de Transparencia al corresponder a un juicio de valor o pronunciamiento que no consta en documentos, por lo que se declarará inadmisible.</p>
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3) Que, en cambio, la identificación de la persona que todos los días formularía solicitudes al Municipio y las “cosas” que requiere constituye información que, de existir, puede obtenerse fácilmente de las solicitudes de información que dicha persona haya presentado ante la Municipalidad y que, por lo tanto, forman parte del o los expedientes administrativos del respectivo procedimiento de acceso a la información. Una sistematización de este tipo puede requerirse a través de la Ley de Transparencia en tanto la información sistematizada obre en poder de la Administración (como ocurre en este caso) y no irrogue al Servicio respectivo un costo excesivo o un gasto no previsto en el presupuesto institucional, como ha señalado este Consejo en sus decisiones A97-09 y C467-10, aplicando los artículos 5°, 10, inciso 2°, y 17 de la Ley de Transparencia, siempre que no concurra alguna causal de reserva , como acontece en este caso pues no se invocó ninguna.</p>
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4) Que, siendo así, la Municipalidad debe indicar si habría alguna persona que ha presentado solicitudes de información todos los días desde la entrada en vigencia de la Ley de Transparencia y, en caso afirmativo, indicar el nombre de dicha persona, dado que la presentación de estas solicitudes se hace a través de un canal esencialmente público (como se indicó en la decisión C739-10).</p>
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5) Que, finalmente, la consulta sobre las “cosas” solicitadas por esta persona, si existiere, debe entenderse en el sentido de la “información” solicitada. Así, lo requerido es saber si las solicitudes de información presentadas por esta persona se refieren a menaje, objetos, enseres, bártulos, útiles, muebles, mobiliario, moblaje, armatostes o trastos o si, por el contrario, no se refieren a este tipo de objetos. En el primer caso deberá señalar a cuál o cuáles de estas cosas se refieren confeccionando una nómina que contenga tales antecedentes o entregando copia de la parte de las solicitudes de información que contenga esta información.</p>
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EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA MAYORÍA DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:</h3>
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I. Acoger parcialmente el amparo presentado por don Jorge Orellana Iturra en contra de la Municipalidad de Rancagua y declarar inadmisible la solicitud consignada en el literal b) de su solicitud de información.</p>
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II. Requerir al Sr. Alcalde de la Municipalidad de Rancagua que:</p>
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a) Informe a don Jorge Orellana Iturra:</p>
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— El nombre de la persona que, desde la entrada en vigencia de la Ley de Transparencia y hasta la fecha en que dio la entrevista reproducida por el diario El Rancagüino, el 6 de mayo recién pasado, ha presentado solicitudes de información todos los días ante la Municipalidad o, en caso de no haber tal persona, lo señale expresamente;</p>
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— Si dicha persona, en caso que efectivamente exista, ha presentado o no solicitudes de información relativas a menaje, objetos, enseres, bártulos, útiles, muebles, mobiliario, moblaje, armatostes o trastos y, de existir este tipo de solicitudes, confeccionar una nómina que contenga tales antecedentes o entregar copia de la parte de las solicitudes de información que contenga esta información.</p>
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b) Dé cumplimiento a lo anterior en un plazo de 5 días hábiles contados desde que quede ejecutoriada la presente decisión, bajo el apercibimiento de proceder conforme los artículos 45 y siguientes de la Ley de Transparencia</p>
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c) Informe el cumplimiento de la decisión mediante comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Agustinas Nº 1291, piso 6º, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que el cumplimiento de las obligaciones impuestas precedentemente en tiempo y forma.</p>
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III. Encomendar al Director General de este Consejo o a su Director Jurídico, indistintamente, notificar el presente acuerdo a don Jorge Orellana Iturra y al Sr. Alcalde de la Municipalidad de Rancagua.</p>
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En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en los artículos 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. No procede, en cambio, el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la Ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.</p>
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VOTO DISIDENTE:</h3>
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Decisión acordada con el voto disidente del Consejero don Jorge Jaraquemada Roblero, quien fue partidario de rechazar el amparo deducido, en atención a los fundamentos que se expondrán:</p>
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1) Que el artículo 8º, inciso 2º, de la Constitución señala que son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen; mientras que el artículo 5º de la Ley N°20.285 dispone que son públicos “los actos y resoluciones de los órganos de la Administración del Estado, sus fundamentos, los documentos que les sirvan de sustento o complemento directo y esencial, y los procedimientos que se utilicen para su dictación”, agregando en su inciso 2º que “Asimismo, es pública la información elaborada con presupuesto público y toda otra información que obre en poder de los órganos de la Administración, cualquiera sea su formato, soporte, fecha de creación, origen, clasificación o procesamiento”, salvo, por cierto, las excepciones que se establecen en esta misma ley y en otras de quórum calificado.</p>
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2) Que del mérito del amparo de información y sus fundamentos de hecho, aparece de manifiesto que no se está en presencia de actos o resoluciones, documentos, procedimientos o información de existencia material y concreta, sino de una solicitud al Alcalde en orden a obtener de parte suya una precisión sobre sus dichos en torno a los motivos que explican el retardo de la expedición de las respuestas dadas al público, al tenor de peticiones formuladas al Municipio según los preceptos de la Ley N°20.285.</p>
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3) Que, sin la concurrencia del esencial requisito a que se hizo referencia en el considerando que antecede, la reclamación no puede prosperar. En efecto, por mucho que las respuestas dadas por la autoridad recurrida al periódico “El Rancagüino” parezcan a este disidente como descomedidas e incluso exageradas en su tenor literal, lo cierto es que detrás de cada requerimiento de acceso de información debe existir la pretensión de obtener datos o antecedentes de existencia determinada, cuestión que no aparece acreditada en este proceso.</p>
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4) Que, para este disidente, dar lugar a peticiones de extrema vaguedad y sin objeto concreto discernible puede transformarse en una práctica que, al final, socave la finalidad de brindar más transparencia y de velar por la probidad en el proceso administrativo y debilite la confianza de la ciudadanía en el correcto funcionamiento del sistema y las normas sobre acceso a la información pública, cuestión que debe evitarse mediante el rechazo de pretensiones que ostensiblemente carezcan de fundamento, como acontece con la solicitud de información que ha dado lugar a este amparo.</p>
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Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Alejandro Ferreiro Yazigi y por los Consejeros doña Vivianne Blanlot Soza, don Jorge Jaraquemada Roblero y don José Luis Santa María Zañartu.</p>
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Por orden del Consejo Directivo, certifica el Director Jurídico del Consejo para la Transparencia don Enrique Rajevic Mosler.</p>
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