Base de Datos de Jurisprudencia - Consejo para la Transparencia

Decisión ROL C5057-20

Reclamante:	PATRICIO ELÍAS SARQUIS
Reclamado:	SUPERINTENDENCIA DE SALUD
Resumen del caso: Se acoge parcialmente el amparo interpuesto en contra de la Superintendencia de Salud, ordenando la entrega de la información y documentos de un grupo de funcionarios del órgano, en relación con elementos como su contratación, la prestación de servicios de manera previa a una serie de sociedades o sus declaraciones de abstenciones. Lo anterior, por cuanto, en este punto la solicitud se refiere a un número acotado de profesionales, entre los 41 informados por el órgano, los que, además, deben cumplir con los parámetros definidos por el reclamante en su requerimiento para que resulte procedente la entrega de su información, descartándose por ello la configuración de la causal de reserva o secreto de distracción indebida de los funcionarios del órgano. Se ordena, previa entrega, tarjar los datos personales de contexto que pudieran contener los documentos, en aplicación del principio de divisibilidad consagrado en la Ley de Transparencia. Con todo, en el evento de no obrar en poder del órgano alguno de los antecedentes antes indicados, dicha circunstancia se deberá explicar y acreditar en forma pormenorizada en sede de cumplimiento, de acuerdo al punto 2.3, de la instrucción general N° 10. Se rechaza el amparo respecto de la entrega de la información requerida en el numeral 2 de la solicitud, relativa a haber trabajado los funcionarios consultados en el periodo en el que una persona específica se desempeñó en el órgano, por cuanto, recae sobre un volumen significativo de antecedentes que deben ser identificados en un amplio universo de información, concluyéndose que su ubicación y sistematización pueden distraer indebidamente a los funcionarios del órgano, más aún, si se consideran las labores de tarjado de datos de carácter personal. Sin perjuicio de lo anterior, se hace presente al reclamante que nada obsta que pueda formular nuevas solicitudes de acceso a la Superintendencia de Salud que abarquen un universo más acotado y específico de antecedentes, de forma que su satisfacción no entorpezca las funciones habituales del organismo.
Tipo de decisión:	Decisión de Fondo
Fecha de la decisión:	1/14/2021
Consejeros:	-Gloria Alejandra de la Fuente González -Francisco Javier Leturia Infante -Natalia Andrea González Bañados -Bernardo Eric Navarrete Yáñez
Legislación aplicada:	Ley 19628 1999 - Ley de protección de la vida privada Ley de Transparencia
Palabras clave:
Jurisprudencia desde:	C377-13 C1604-17 C5058-20
Jurisprudencia a:	C5075-20
Recursos relacionados:
Descriptores jurídicos:	- Funcionarios >> Desempeño de sus funciones >> Otros
Descriptores analíticos:

DECISIÓN AMPARO ROL C5057-20   Entidad pública: Superintendencia de Salud Requirente: Patricio Elías Sarquis Ingreso Consejo: 19.08.2020 RESUMEN Se acoge parcialmente el amparo interpuesto en contra de la Superintendencia de Salud, ordenando la entrega de la información y documentos de un grupo de funcionarios del órgano, en relación con elementos como su contratación, la prestación de servicios de manera previa a una serie de sociedades o sus declaraciones de abstenciones. Lo anterior, por cuanto, en este punto la solicitud se refiere a un número acotado de profesionales, entre los 41 informados por el órgano, los que, además, deben cumplir con los parámetros definidos por el reclamante en su requerimiento para que resulte procedente la entrega de su información, descartándose por ello la configuración de la causal de reserva o secreto de distracción indebida de los funcionarios del órgano. Se ordena, previa entrega, tarjar los datos personales de contexto que pudieran contener los documentos, en aplicación del principio de divisibilidad consagrado en la Ley de Transparencia. Con todo, en el evento de no obrar en poder del órgano alguno de los antecedentes antes indicados, dicha circunstancia se deberá explicar y acreditar en forma pormenorizada en sede de cumplimiento, de acuerdo al punto 2.3, de la instrucción general N° 10. Se rechaza el amparo respecto de la entrega de la información requerida en el numeral 2 de la solicitud, relativa a haber trabajado los funcionarios consultados en el periodo en el que una persona específica se desempeñó en el órgano, por cuanto, recae sobre un volumen significativo de antecedentes que deben ser identificados en un amplio universo de información, concluyéndose que su ubicación y sistematización pueden distraer indebidamente a los funcionarios del órgano, más aún, si se consideran las labores de tarjado de datos de carácter personal. Sin perjuicio de lo anterior, se hace presente al reclamante que nada obsta que pueda formular nuevas solicitudes de acceso a la Superintendencia de Salud que abarquen un universo más acotado y específico de antecedentes, de forma que su satisfacción no entorpezca las funciones habituales del organismo. En sesión ordinaria N° 1146 del Consejo Directivo, celebrada el 5 de enero de 2021, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C5057-20. VISTO: Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia. TENIENDO PRESENTE: 1) SOLICITUD DE ACCESO: El 28 de julio de 2020, don Patricio Elías Sarquis solicitó a la Superintendencia de Salud la siguiente información: "Solicito que, respecto a todo abogado o abogada, funcionario o funcionaria, de la fiscalía de la Superintendencia de Salud y/o del Centro de Arbitraje de la Superintendencia de Salud, que durante el todo o parte del año 2019 haya prestado servicios en dicha fiscalía o Centro de Arbitraje, bajo la modalidad de fuere, sea a honorarios, a contrata y/o de planta y que antes de dicha prestación haya sido contratado o prestado servicios, al título que fuere, para Isapre Cruz Blanca S.A., Bupa Chile S.A., Clínica Bupa S.A., Integra Médica S.A., Inversiones Clínicas CBS S.A., Bupa Chile Servicios Corporativos SpA, Cruz Blanca Compañía de Seguiros de Vida S.A., Grupo Bupa Chile S.A. y/o cualquier otra entidad o persona relacionadas a alguna de éstas y que pueda representar un conflicto de intereses al prestar servicios en la fiscalía de la Superintendencia de Salud, se me entregue solo en relación a dicho período de tiempo y abogados o abogadas: i) Listado completo de los abogados o abogadas, con sus nombres, apellidos, cédula de identidad, cargo, fecha de incorporación y de cesación- de ser procedente- y funciones; Copia de su contrato de trabajo o de prestación de servicios, sus anexos y modificaciones; resolución de nombramiento y/o de término de funciones; liquidaciones de sueldo; finiquito; y, currículum vitae y/o antecedentes laborales disponibles, según corresponda. ii) Toda declaración jurada o simple o manifestación en la forma que fuere, tales como email, memorándum, instructivo y/o indicación en programa computacional interno, relativo o en cumplimiento de la declaración de intereses y/o de ejercicio del deber de abstención en relación al expediente arbitral 10773-2018. iii) Listado de personas, sociedades, instituciones y/o grupos económicos con relación, incompatibilidades y/o conflictos de intereses, con deber de abstención, respecto de Isapre Cruz Blanca S.A., Bupa Chile S.A., Clínica Bupa S.A., Integra Médica S.A., Inversiones Clínicas CBS S.A., Bupa Chile Servicios Corporativos SpA, Cruz Blanca Compañía de Seguiros de Vida S.A., Grupo Bupa Chile S.A. y/o cualquier otra entidad relacionadas a alguna de éstas y que pueda representar un conflicto de intereses al prestar servicios en la fiscalía de la Superintendencia de Salud y/o en su Centro de Arbitraje. iv) Copia o impresión de todo documento, físico o electrónico, que dé cuenta del ejercicio de su deber de abstención o donde conste su manifestación, derivación y/o delegación de un caso durante el año 2019, respecto de uno o más de los abogados que se informen en respuesta al párrafo i) precedente. 2) Solicito además que se me entregue listado completo de los funcionarios o funcionarias, con sus contratos de trabajo o de prestación de servicios, anexos, modificaciones, resoluciones y eventual finiquito, todo lo anterior, al título que fuere, que durante el todo o parte del año 2019, haya prestado servicios en la fiscalía o en el Centro de arbitrajes, de la Superintendencia de Salud y que haya prestado servicios en la Superintendencia de Salud o su predecesora la Superintendencia de Instituciones Previsionales de Salud, al título o en las funciones que fuere, durante el tiempo que la abogada doña Ana María Vergara Ruiz, trabajó en la Superintendencia de Instituciones de Salud Previsionales y en la Superintendencia de Salud, es decir, entre el 16 de enero de 1995 y el 31 de diciembre de 2005". 2) RESPUESTA: El 11 de agosto de 2020, a través de Resolución Exenta SS/N° 598, la Superintendencia de Salud respondió al requerimiento de información, denegando el acceso en virtud de lo dispuesto por el artículo 21, N° 1, letra c), de la Ley N° 20.285, explicando que, para dar respuesta a los requerimientos de información formulados, se debe establecer la revisión de los antecedentes correspondientes a 68 abogados y abogadas registrados en la institución para el año 2019. A continuación, correspondería efectuar una revisión de todos sus movimientos de contratación, prórrogas y eventuales cesaciones en el sistema SIAPER, para luego proceder a su búsqueda en la correspondiente ficha digital. Luego, indica que tratándose de los profesionales con ingresos más antiguos surge una complicación adicional, dado que éstos no cuentan con todos los documentos en su ficha digital, además de tener asociado una mayor cantidad de documentos de nombramientos, cambios de grado y prórrogas, sin perjuicio de la necesidad de solicitar los archivos pasivos faltantes para recuperar los actos administrativos que no se encuentran, los que deben requerirse al Archivo Nacional o a las bodegas administradas por una empresa externa. Todo lo anterior, sin perjuicio de los documentos adicionales solicitados como liquidaciones de sueldo y currículum vitae, y de los antecedentes contractuales de funcionarios y funcionarias por un período de aproximadamente 10 años (requerimiento N° 2), a lo que se debe sumar el proceso de tarjado o encriptado de datos personales. Manifiesta que el requerimiento de acceso a la información corresponde al ámbito de atribuciones de la Unidad de Gestión y Desarrollo de Personas a la que le corresponden las funciones que detalla. Lo anterior implica encomendar la labor de búsqueda y recopilación de la información, con dedicación exclusiva, a uno de los profesionales que componen la mencionada unidad, distrayéndolo indebidamente de sus funciones habituales descritas, por un tiempo estimado de 3 meses. En consecuencia, la atención de estos requerimientos implican para la Superintendencia, dada la magnitud de información y el lapso de tiempo requerido, la utilización de un tiempo excesivo, considerando los recursos institucionales que deben destinarse, razonable y prudencialmente, a la atención de este tipo de requerimientos, interrumpiendo la atención de las otras funciones públicas que debe desarrollar, exigiendo una dedicación desproporcionada en desmedro de la que se destina a la atención de las demás personas, implicando, todo ello, una carga especialmente gravosa para el organismo. Hace presente que, acorde con lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley Orgánica Constitucional sobre Bases Generales de la Administración del Estado, se encuentra sujeta al deber de atender las necesidades públicas en forma continua y permanente, debiendo observar, entre otros, los principios de eficiencia y eficacia, por lo que, en razón de lo expuesto, en la especie, se configura la causal alegada. Finalmente, destaca que el requerimiento se verifica en el marco de una pandemia global y la declaración de Estado de Excepción Constitucional de Catástrofe, circunstancias que determinan que los funcionarios de la Superintendencia de Salud se encuentran o bien realizando labores de teletrabajo o en las dependencias de la Institución, pero cumpliendo un horario reducido de labores, lo que deriva en una mayor complejidad al momento de dar respuesta a los requerimientos. 3) AMPARO: El 19 de agosto de 2020, don Patricio Elías Sarquis dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en la respuesta negativa a la solicitud de información. Además, el reclamante hizo presente que si bien el órgano señaló que la información requerida corresponde al ámbito de atribuciones de la Unidad de Gestión y Desarrollo de Personas de la Superintendencia, indicando además las otras funciones que ésta Unidad realiza, junto con el tiempo estimado que demoraría en recolectar la información solicitada, no se especificó, por ejemplo, la cantidad de funcionaros que componen dicha Unidad, ni algún otro fundamento relevante que permita acreditar, de manera fehaciente e indubitada, la concurrencia de la causal de reserva de distracción indebida invocada, teniendo en especial consideración que, al tratarse de normas de derecho estricto, deben aplicarse de manera restrictiva. A su vez, manifiesta que la emergencia sanitaria no puede impedir el fiel cumplimiento de la función de atender las necesidades públicas en forma continua y permanente. Resulta entendible que por dicha situación la prestación de los servicios puede haberse tornado un tanto más dificultosa que en circunstancias normales, más, ello no obsta a que pueda ser una razón para no cumplir con lo que le es ordenado por disposición legal. Lo pedido, se enmarca total y absolutamente en lo establecido en la Ley de Transparencia, no existiendo motivo alguno para denegar la solicitud formulada, por no verificarse las hipótesis para configurar causal de secreto o reserva alguna. A mayor abundamiento, la negativa del órgano vulnera principios rectores establecidos en el artículo 11 de la Ley de Transparencia, tales como los de libertad de información, apertura o transparencia, máxima divulgación y facilitación. 4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado al Sr. Superintendente de Salud, mediante Oficio E15380, de 9 de septiembre de 2020, solicitando que: (1°) se refiera, específicamente, a las causales de secreto o reserva que, a su juicio, harían procedente la denegación de la información solicitada; (2°) señale cómo la entrega de la información solicitada afectaría el debido cumplimiento de las funciones del órgano que usted representa; (3°) aclare si la información denegada se encuentra en formato digital y/o papel; y, (4°) se refiera al volumen de la información solicitada, la cantidad de tiempo y funcionarios que se destinarían a recopilar la información requerida. Mediante Ord. SS/N° 2402, de fecha 23 de septiembre de 2020, el órgano reclamado presentó descargos, en los que, en síntesis, manifestó que la entrega de la información afecta el debido cumplimiento de las funciones de la Superintendencia de Salud, indicando de manera concreta la Resolución Exenta que dio respuesta a la solicitud las circunstancias que configuran la causal de secreto o reserva de distracción indebida de las funciones. Señala que no cuenta con sistema informático alguno o sistematización de ningún tipo, que permita establecer de forma rápida los lugares de desempeño laboral previo de sus funcionarios. Luego, reitera los argumentos expresados en su respuesta, recalcando que existen funcionarios que desempeñan labores desde que el organismo era la Superintendencia de Isapres, por lo que, el requerimiento implicaría la búsqueda, recopilación, escaneo y tarjado de documentos contractuales de a lo menos 10 años, dado que la solicitud va desde 1995 a 2005. Atender el requerimiento implicaría encomendar la labor de búsqueda y recopilación, con dedicación exclusiva, a uno de los 8 de los profesionales (incluyendo a su Jefatura y a la encargada de Bienestar) que componen el Subdepartamento de Gestión y Desarrollo de las Personas, distrayéndolos indebidamente de sus funciones habituales descritas por un tiempo estimado de 3 meses. Señala que este Consejo ha manifestado que ha de considerarse la cantidad de información solicitada, la disponibilidad o factibilidad de acopio de la misma, el número de personas destinadas a satisfacer los requerimientos y, particularmente, los recursos con los que cuente el órgano, circunstancias todas de las que ha dado cuenta la Superintendencia, lo que es coherente con lo resuelto en la decisión Rol C1604-17. Finalmente, indica que parte de la información debe ser recopilada y sistematizada en las dependencias de la Superintendencia de Salud. Acompaña copia de Resolución Exenta N° 612, de 17 de agosto que define las atribuciones del Subdepartamento de Gestión y Desarrollo de Personas y del último correo electrónico que informa sobre teletrabajo y trabajo presencial. 5) PRESENTACIÓN DEL RECLAMANTE: Con fecha 28 de septiembre de 2020, el solicitante realizó una presentación solicitando la acumulación del presente amparo con aquel rol C5058-20, seguido entre las mismas partes, atendidos los fundamentos que expone, el principio de economía procedimental, y existiendo, a su juicio, una íntima conexión entre los 2 amparos deducidos, configurándose la hipótesis contenida en el artículo 33 de la Ley N° 19.880. 6) GESTIÓN OFICIOSA: Con fecha 23 de octubre de 2020, mediante correo electrónico, esta Corporación requirió al órgano especificar sus alegaciones referidas al volumen de la información solicitada, la cantidad de tiempo y funcionarios que se requerirían para recopilarla, remitiendo cualquier documento que dé cuenta de dichos antecedentes. Igualmente, se solicitó aclarar si el número de 68 abogados informados para el periodo corresponden a toda la institución o sólo a la Fiscalía y Centro de Arbitraje, de la Superintendencia de Salud; y, si cuenta con un listado de personas, sociedades, instituciones y/o grupos económicos con relación, incompatibilidades y/o conflictos de intereses, con deber de abstención respecto del holding de empresas del denominado grupo BUPA, que pueda representar un conflicto de intereses al prestar servicios en la Fiscalía de la Superintendencia de Salud y/o en su Centro de Arbitraje. El órgano, por medio de correos electrónicos de fecha 19 de noviembre de 2020, dio respuesta a lo requerido, aclarando que en definitiva son 67 abogados (se había contabilizado a 1 que realiza labores en relación con la liquidación de garantía de la ex Isapre Masvida), y corresponden al número de abogados que resuelven reclamos de los que refiere el requirente al interior de la Superintendencia de Salud, debe además considerarse el personal de regiones que también desarrolla esta labor. De estos, 41 corresponden a abogados de la Fiscalía y de la Intendencia de Fondos. En relación con los actos administrativos de contratación, cesaciones y prórrogas, la Unidad de Desarrollo y Gestión de las Personas, preparó un listado con los 41 abogados de Fiscalía e Intendencia de Fondos con el detalle de cada uno de sus movimientos, en el que se contabilizaron 575 actos, de los cuales no todos (por su data) se encuentran digitalizados. Finalmente, aclara que no existe un listado con deber de abstención respecto del Holding Bupa, en ese sentido el ejercicio de las labores y el deber de abstención corresponde declararlo a cada funcionario, en conformidad al artículo 12 de la Ley N° 19.880, y en caso de no abstención corresponderá hacer efectiva la responsabilidad administrativa respectiva. Y CONSIDERANDO: 1) Que, en primer término, respecto de la solicitud de acumulación formulada por el reclamante, descrita en el número 5 de la parte expositiva, se debe hacer presente que si bien en virtud del principio de economía procedimental, contenido en el artículo 9 de la ley N° 19.880, que establece las bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado, se exige a estos últimos responder con la máxima economía de medios y con eficacia, evitando trámites dilatorios, lo que hace procedente que se conozcan de manera conjunta aquellos amparos en los que existe identidad respecto del reclamante y del órgano requerido, en el presente caso dicha petición será desestimada, por cuanto, a la fecha de la solicitud el amparo rol C5058-20 se encontraba en etapa de admisibilidad, estado de tramitación que hace improcedente su acumulación. 2) Que, el objeto del presente amparo dice relación con la falta de entrega de la información y documentos de un grupo de funcionarios del órgano, en relación con elementos como la prestación de servicios de estos a una serie de sociedades, su declaración de abstenciones o haber trabajado en el periodo en el que una persona específica se desempeñó en la Superintendencia de Salud. El mencionado organismo, denegó el acceso a la información invocando la causal de reserva o secreto del artículo 21, N° 1, letra c), de la Ley de Transparencia. 3) Que, respecto de la interpretación de la causal de reserva alegada, la jurisprudencia de este Consejo ha establecido que ésta sólo puede configurarse en la medida que las gestiones que supone la búsqueda o eventualmente la sistematización y posterior entrega de lo pedido demanden esfuerzos de tal entidad, que entorpezcan el normal o debido funcionamiento del organismo. Resumiendo este criterio, la decisión de amparo Rol C377-13, razonó que: "la causal en comento depende ya no tanto de la naturaleza de lo pedido, sino más bien de cada situación de hecho en términos de los esfuerzos desproporcionados que involucraría entregar lo solicitado". 4) Que, en dicho contexto, cabe tener presente lo señalado por la Excma. Corte Suprema, en su sentencia recaída en el recurso de queja Rol N° 6663-2012, de 17 de enero de 2013, en orden a que: "la reserva basada en el debido ejercicio de las funciones del órgano deberá explicarse pormenorizadamente y probarse de modo fehaciente de qué manera el control ciudadano reflejado en la solicitud [de acceso] podría afectar el debido cumplimiento de las funciones..., mencionarse las atribuciones precisas que la revelación de la información le impediría o entorpecería de cumplir debidamente (...), sin que basten para estos efectos meras invocaciones generales". 5) Que, en este sentido, se podrá denegar el acceso a la información cuando su comunicación afecte el debido cumplimiento de las funciones del órgano, particularmente, tratándose de requerimientos de carácter genérico, referidos a un elevado número de actos administrativos o sus antecedentes, o cuya atención requiera distraer indebidamente a los funcionarios del cumplimiento regular de sus labores habituales. Así, el Reglamento de la citada Ley, al precisar los supuestos de dicha causal, señala en su artículo 7, N° 1, literal c), que: "Se entiende por requerimientos de carácter genérico, aquellos que carecen de especificidad respecto de las características esenciales de la información solicitada, tales como su materia, fecha de emisión o período de vigencia, autor, origen o destino, soporte, etcétera", agregando que: "Se considera que un requerimiento distrae indebidamente a los funcionarios cuando su satisfacción requiera por parte de estos, la utilización de un tiempo excesivo, considerando su jornada de trabajo o un alejamiento de sus funciones habituales". 6) Que, el órgano ha alegado la causal manifestando como argumentos el volumen de la información, la que alcanza a 67 abogados para el año 2019 (41 para las áreas consultadas, según aclaró en respuesta a gestión oficiosa) y todos sus movimientos de contratación, prórrogas y cesaciones en el sistema SIAPER, para luego proceder a su búsqueda en la ficha digital; la antigua data, abarcando el segundo punto de la solicitud los antecedentes contractuales de funcionarios por un período aproximado de 10 años; la carga laboral requerida, ya que los profesionales con ingresos más antiguos no cuentan con todos los documentos en su ficha digital, teniendo asociados una mayor cantidad de antecedentes, varios de los cuales se deben solicitar al Archivo Nacional o a las bodegas de una empresa externa, a lo que se suma el proceso de tarjado o encriptado de datos personales, estimando la necesidad de encomendar la labor de búsqueda y recopilación de la información, con dedicación exclusiva, a uno de los 8 profesionales que componen la Unidad de Gestión y Desarrollo de Personas, por un tiempo estimado de 3 meses; y, en atención a la situación de emergencia sanitaria por la que atraviesa el país. 7) Que, en este contexto, y para determinar la configuración de la causal de reserva o secreto invocada, se debe hacer presente que la solicitud en su primer numeral, se encuentra acotada a todo abogado de la Fiscalía y/o del Centro de Arbitraje, de la Superintendencia de Salud, que durante todo o parte del año 2019 haya prestado servicios bajo la modalidad de fuere y que antes de ello haya sido contratado o prestado servicios para una serie de sociedades del denominado grupo BUPA y/o cualquier otra entidad o persona relacionadas a alguna de ellas y que pueda representar un conflicto de intereses al prestar servicios en la fiscalía de la Superintendencia de Salud. Por su parte, en respuesta a la gestión oficiosa descrita en el número 6 de lo expositivo, el órgano ha informado que 41 abogados corresponden a la Fiscalía y la Intendencia de Fondos en el periodo consultado. De lo anterior, resulta que el universo de antecedentes requeridos se encuentra acotado a quienes, dentro del grupo de 41 abogados informados por el órgano, cumplan además los parámetros definidos por el reclamante, a saber, que antes de desempeñarse en la Superintendencia hayan sido contratados o hayan prestado servicios para alguna de las sociedades mencionadas y/o cualquier otra entidad o persona relacionadas a alguna de ellas y que pueda representar un conflicto de intereses. Este antecedente resta sustento a las alegaciones del órgano, por cuanto, de la aplicación de los criterios que ha establecido el solicitante al formular su petición, eventualmente el volumen de información puede verse reducido, mitigándose la carga de trabajo que podría exigir dar respuesta a la solicitud. A lo anterior, se suma el hecho de que, como se informó al contestar la gestión oficiosa, la Unidad de Desarrollo y Gestión de las Personas preparó un listado con los 41 abogados de Fiscalía e Intendencia de Fondos con el detalle de cada uno de sus movimientos, encontrándose, por tanto, parte de la información requerida identificada y sistematizada, lo que facilita su entrega, bajo el supuesto de que se trate de funcionarios que cumplan con los parámetros establecidos por el reclamante en su solicitud. Fundamentos por los cuales se desestima la configuración de la causal alegada respecto del primer numeral de la solicitud, debiendo ordenarse su entrega, con excepción del RUT de los abogados consultados, por corresponder a un dato personal en los términos del artículo 2, letra f), de la Ley N° 19.628. 8) Que, luego, en el caso del número 2 del requerimiento, se refiere al listado de los funcionarios, con sus contratos de trabajo o de prestación de servicios, anexos, modificaciones, resoluciones y eventual finiquito, que durante todo o parte del año 2019, haya prestado servicios en la Fiscalía o en el Centro de Arbitrajes, de la Superintendencia de Salud y que, a su vez, hayan prestado servicios en ésta última o su predecesora la Superintendencia de Instituciones Previsionales de Salud, entre el 16 de enero de 1995 y el 31 de diciembre de 2005. Al respecto, como alega el órgano, la extensión de cerca de diez años a la que se refiere la solicitud, la que recae además sobre todo funcionario, conlleva la necesidad de efectuar la labor de identificación y cruce de la información en un campo amplio de antecedentes, lo que sin duda representa una carga laboral significativa para la Superintendencia. 9) Que, al respecto, a juicio de este Consejo, en este punto se encuentra satisfecho el estándar que la legislación exige para la configuración de la causal de reserva o secreto de distracción indebida, la que se ha reflejado en la jurisprudencia de esta Corporación, toda vez que el requerimiento en este numeral recae sobre un volumen significativo de antecedentes que deben ser identificados en un amplio universo de información, resultando pertinente concluir que su ubicación y sistematización para su entrega, en los términos requeridos por el solicitante, pueden distraer indebidamente a sus funcionarios, más aún, si se considera que muchos de los antecedentes requeridos contienen datos de carácter personal, que deben ser tarjados u omitidos previa entrega. Por estas razones, se rechazará el amparo en este aspecto, al configurarse la causal de secreto o reserva establecida en el artículo 21, N° 1, letra c), de la Ley de Transparencia. No obstante, se hace presente al reclamante que nada obsta que pueda formular nuevas solicitudes de acceso a la Superintendencia de Salud que abarquen un universo más acotado y específico de antecedentes, de forma que su satisfacción no entorpezca las funciones habituales del referido organismo. 10) Que, en mérito de lo expuesto, el presente amparo será acogido parcialmente, ordenando la entrega de la información requerida en el primer numeral de la solicitud, por cuanto, se refiere a un número acotado de profesionales entre los 41 informados por el órgano, los que, deben cumplir con los parámetros definidos por el reclamante en su solicitud, descartándose por ello la configuración de la causal de reserva o secreto de distracción indebida de los funcionarios del órgano, la que, por el contrario, se verifica respecto del número 2 de la solicitud, por referirse a un volumen significativo de antecedentes que deben ser identificados en un amplio universo de información. Previa entrega, deberá tarjar el órgano, todos los datos personales de contexto incorporados -domicilio, teléfono, correo electrónico, RUN, entre otros-, según lo dispuesto en los artículos 2, letra f), y 4 de la ley N° 19.628 y en cumplimiento de la atribución otorgada a este Consejo por el artículo 33, letra m), de la Ley de Transparencia. No obstante, en el evento de no obrar en poder del órgano alguno de los antecedentes cuya entrega se ordena, dicha circunstancia se deberá explicar y acreditar en forma pormenorizada en sede de cumplimiento, de acuerdo al punto 2.3, de la instrucción general N° 10. EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA: I. Acoger parcialmente el amparo deducido por don Patricio Elías Sarquis en contra de la Superintendencia de Salud, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente. II. Requerir al Sr. Superintendente de Salud, lo siguiente: a) Hacer entrega al reclamante, respecto a todo abogado o abogada, funcionario o funcionaria, de la fiscalía de la Superintendencia de Salud y/o del Centro de Arbitraje de la Superintendencia de Salud, que durante el todo o parte del año 2019 haya prestado servicios en dicha fiscalía o Centro de Arbitraje, bajo la modalidad de fuere, sea a honorarios, a contrata y/o de planta y que antes de dicha prestación haya sido contratado o prestado servicios, al título que fuere, para Isapre Cruz Blanca S.A., Bupa Chile S.A., Clínica Bupa S.A., Integra Médica S.A., Inversiones Clínicas CBS S.A., Bupa Chile Servicios Corporativos SpA, Cruz Blanca Compañía de Seguiros de Vida S.A., Grupo Bupa Chile S.A. y/o cualquier otra entidad o persona relacionadas a alguna de éstas y que pueda representar un conflicto de intereses al prestar servicios en la fiscalía de la Superintendencia de Salud, se me entregue solo en relación a dicho período de tiempo y abogados o abogadas: i. Listado completo de los abogados o abogadas, con sus nombres, apellidos, cargo, fecha de incorporación y de cesación- de ser procedente- y funciones; Copia de su contrato de trabajo o de prestación de servicios, sus anexos y modificaciones; resolución de nombramiento y/o de término de funciones; liquidaciones de sueldo; finiquito; y, currículum vitae y/o antecedentes laborales disponibles, según corresponda. ii. Toda declaración jurada o simple o manifestación en la forma que fuere, tales como email, memorándum, instructivo y/o indicación en programa computacional interno, relativo o en cumplimiento de la declaración de intereses y/o de ejercicio del deber de abstención en relación al expediente arbitral 10773-2018. iii. Listado de personas, sociedades, instituciones y/o grupos económicos con relación, incompatibilidades y/o conflictos de intereses, con deber de abstención, respecto de Isapre Cruz Blanca S.A., Bupa Chile S.A., Clínica Bupa S.A., Integra Médica S.A., Inversiones Clínicas CBS S.A., Bupa Chile Servicios Corporativos SpA, Cruz Blanca Compañía de Seguiros de Vida S.A., Grupo Bupa Chile S.A. y/o cualquier otra entidad relacionadas a alguna de éstas y que pueda representar un conflicto de intereses al prestar servicios en la fiscalía de la Superintendencia de Salud y/o en su Centro de Arbitraje. iv. Copia o impresión de todo documento, físico o electrónico, que dé cuenta del ejercicio de su deber de abstención o donde conste su manifestación, derivación y/o delegación de un caso durante el año 2019, respecto de uno o más de los abogados que se informen en respuesta al párrafo i) precedente. Para lo anterior, deberá tarjar el órgano todos los datos personales de contexto que pudieran estar incorporados en los documentos a entregar. No obstante, en el evento de no obrar en poder del órgano alguno de los antecedentes cuya entrega se ordena, dicha circunstancia se deberá explicar y acreditar en forma pormenorizada en sede de cumplimiento, de acuerdo al punto 2.3, de la instrucción general N° 10. b) Cumplir dicho requerimiento en un plazo que no supere los 15 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia. c) Acreditar la entrega efectiva de la información señalada en el literal a) precedente, en conformidad a lo establecido en el inciso segundo del artículo 17 de la Ley de Transparencia, por medio de comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dio cumplimiento a las obligaciones impuestas en la presente decisión en tiempo y forma. III. Rechazar el amparo deducido por don Patricio Elías Sarquis respecto de la información requerida en el número 2 de la solicitud, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente. IV. Encomendar al Director General (S) y a la Directora Jurídica (S) de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Patricio Elías Sarquis y al Sr. Superintendente de Salud. En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011. Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidenta doña Gloria de la Fuente González, su Consejera doña Natalia González Bañados y sus Consejeros don Francisco Leturia Infante y don Bernardo Navarrete Yáñez. Por orden del Consejo Directivo, certifica la Directora Jurídica (S) del Consejo para la Transparencia doña Ana María Muñoz Massouh.