Base de Datos de Jurisprudencia - Consejo para la Transparencia

Decisión ROL C5070-20

Reclamante:	CATALINA GAETE SALGADO
Reclamado:	SUBSECRETARÍA PARA LAS FUERZAS ARMADAS
Resumen del caso: Se rechaza el amparo interpuesto en contra de la Subsecretaría para Las Fuerzas Armadas, referido a la entrega de agenda del ex Ministro de Estado que se consulta. Lo anterior, por cuanto las agendas de los funcionarios públicos se configuran como instrumentos de organización personal constitutivos de la vida privada de su titular, en conformidad a la Garantía de Protección a la Vida Privada, consagrada en el artículo 19 N° 4 de la Constitución Política de la República. Adicionalmente, este Consejo advierte que la publicidad de lo requerido afectaría el debido cumplimiento de las funciones del órgano reclamado.
Tipo de decisión:	Decisión de Fondo
Fecha de la decisión:	11/3/2020
Consejeros:	-Gloria Alejandra de la Fuente González -Francisco Javier Leturia Infante
Legislación aplicada:	Ley de Transparencia
Palabras clave:
Jurisprudencia desde:	C407-20
Jurisprudencia a:
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Descriptores jurídicos:	- Derecho de acceso a la información >> Principios de la Ley >> Otros
Descriptores analíticos:

DECISIÓN AMPARO ROL C5070-20   Entidad pública: Subsecretaría para Las Fuerzas Armadas Requirente: Catalina Gaete Salgado Ingreso Consejo: 20.08.2020 RESUMEN Se rechaza el amparo interpuesto en contra de la Subsecretaría para Las Fuerzas Armadas, referido a la entrega de agenda del ex Ministro de Estado que se consulta. Lo anterior, por cuanto las agendas de los funcionarios públicos se configuran como instrumentos de organización personal constitutivos de la vida privada de su titular, en conformidad a la Garantía de Protección a la Vida Privada, consagrada en el artículo 19 N° 4 de la Constitución Política de la República. Adicionalmente, este Consejo advierte que la publicidad de lo requerido afectaría el debido cumplimiento de las funciones del órgano reclamado. En sesión ordinaria N° 1140 del Consejo Directivo, celebrada el 29 de octubre de 2020, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C5070-20. VISTO: Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia. TENIENDO PRESENTE: 1) SOLICITUD DE ACCESO: El 25 de junio de 2020, doña Catalina Gaete Salgado solicitó a la Subsecretaría para Las Fuerzas Armadas -en adelante, indistintamente la Subsecretaría- la siguiente información: "Cuaderno o agenda negra que el Ministro de Defensa, Alberto Espina, utiliza regularmente en reuniones y comisiones de trabajo. Solicito acceso a este cuaderno o agenda asumiendo que ésta se utiliza en el cumplimiento de sus funciones ministeriales, y que por lo tanto, la información que contiene sirve de sustento o complemento directo y esencial de los actos y resoluciones del Estado, cualquiera sea el formato o soporte en que se contenga." Adicionalmente, solicitó que la totalidad de la agenda sea escaneada directamente desde el original y de acuerdo al principio de divisibilidad. 2) PRORROGA DE PLAZO: Por Oficio SS.FF.AA.DIV.JUR.DEPTO.JUR.ADM Y T. N° 537, notificado con fecha 27 de julio de 2020, el órgano requerido comunicó a la solicitante la decisión de prorrogar el plazo de respuesta en 10 días hábiles, en los términos referidos en el inciso 2° del artículo 14 de la Ley de Transparencia. 3) RESPUESTA: Mediante Resolución Exenta N° 4078, notificada a la solicitante con 19 de agosto de 2020, el órgano reclamado respondió a dicho requerimiento de información y denegó lo solicitado, señalando que la agenda requerida se trata de un objeto de carácter personal, no circunscrito a aquellos documentos que pueden ser solicitados amparándose en la Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública. Agregó, que acceder a lo solicitado implicaría vulnerar las garantías constitucionales contempladas en los números 4 y 5 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, así como el artículo 4 de la Ley N° 19.628, sobre Protección de la Vida Privada. 4) AMPARO: El 20 de agosto de 2020, doña Catalina Gaete Salgado dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en la respuesta negativa a a su requerimiento de acceso a la información. La reclamante hizo presente que, el órgano reclamado debió haber aplicado un adecuado procedimiento de oposición, evacuando traslado al titular de la información requerida, en virtud del artículo 20 de la Ley de Transparencia. Por lo anterior, hizo presente que, no queda constancia de que se haya rehusado a su entrega. Además, agregó que, en el evento de que se hubiese evacuado traslado al titular, y éste se hubiese opuesto a la entrega de la información de carácter personal, hay contenido de la agenda que podría haberse entregado, en conformidad al Principio de Divisibilidad, consagrado en el artículo 11 letra e) de la Ley de Transparencia. Al efecto, sostuvo que, se podrían haber tarjado la información protegida por la causal de reserva consagrada en el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia. Adicionalmente, hizo presente la decisión emanada de esta Corporación, recaída en el amparo rol C407-20. 5) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado al Sr. Subsecretario para Las Fuerzas Armadas, mediante Oficio N° E15075 de fecha 4 de septiembre de 2020 solicitándole que: (1°) considerando lo señalado por la parte reclamante en el amparo, indique las razones por las que, a su juicio, lo requerido no constituye una solicitud de información amparable por la Ley de Transparencia; (2°) señale si la información solicitada obra en poder del órgano que representa, constando en alguno de los soportes documentales que señala el inciso segundo del artículo 10 de Ley de Transparencia; (3°) se refiera a la eventual concurrencia de alguna circunstancia de hecho que haga procedente la denegación de la información requerida; (4°) se pronuncie acerca de la eventual concurrencia de algunas de las causales constitucionales o legales de secreto o reserva que, a su juicio, harían procedente la denegación de la información solicitada; (5°) indique si la publicidad de la información requerida, a su juicio, afecta derechos de terceros y, en la afirmativa, si procedió de conformidad a lo estipulado en el artículo 20 de la Ley de Transparencia; (6°) de haber procedido conforme al artículo 20 de la Ley de Transparencia, señale si los terceros eventualmente afectados presentaron su oposición a la solicitud que motivó el presente amparo y en la afirmativa acompañe a este Consejo todos los documentos incluidos en el procedimiento de comunicación a los terceros, incluyendo copia de la respectiva comunicación, de los documentos que acrediten su notificación, de la oposición deducida y los antecedentes que den cuenta de la fecha en que ésta se presentó ante el órgano que usted representa; y, (7°) proporcione los datos de contacto de los terceros -por ejemplo: nombre, dirección, número telefónico y correo electrónico-, a fin de evaluar una eventual aplicación de lo dispuesto en los artículos 25 de la Ley de Transparencia y 47 de su Reglamento. Mediante correo electrónico de fecha 7 de octubre de 2020, se le concedió al órgano reclamado un plazo extraordinario de 3 días hábiles para que evacuara sus descargos u observaciones. Al efecto, mediante Oficio SS.DD.AA.DIV.JUR.DEPTO.JUR.ADM.YT. ORD. N° 3524 de fecha 7 de octubre de 2020, la Subsecretaría reclamada presentó sus descargos y reiteró lo señalado en su respuesta. Adicionalmente, hizo presente que, la aplicación del procedimiento establecido en el artículo 20 de la Ley de Transparencia, supone que lo solicitado es susceptible de ser requerido por la citada ley, circunstancia que no ocurre en la especie. Por otra parte, indicó que la decisión recaída en el amparo rol C407-20, fue rectificada por parte de esta Corporación, rechazándolo en todas sus partes, mediante sesión ordinaria de fecha 22 de septiembre de 2020. Y CONSIDERANDO: 1) Que, el presente amparo de acceso a la información se funda en la denegación de los antecedentes consultados por la peticionaria, referente a la entrega de la agenda que el ex Ministro de Defensa, utilizaba en el cumplimiento de sus funciones ministeriales. Al efecto, la Subsecretaria denegó la entrega de la información requerida, fundada en que lo solicitado se trata de un objeto de carácter personal, no circunscrito a aquellos documentos que pueden ser solicitados amparándose en la Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública. 2) Que, sobre el particular, esta Corporación estima que las agendas de los funcionarios públicos, se configuran como instrumentos de orden y organización personal, los cuales no se encuentran subsumidos dentro de los supuestos -y, soportes documentales- contemplados por el ordenamiento jurídico. Al efecto, el artículo 8° de la Constitución Política de la República, dispone que: «Son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen». Acto seguido, el artículo 5° de la Ley de Transparencia consigna que: «En virtud del principio de transparencia de la función pública, los actos y resoluciones de los órganos de la Administración del Estado, sus fundamentos, los documentos que les sirvan de sustento o complemento directo y esencial, y los procedimientos que se utilicen para su dictación, son públicos, (...)». En idéntico sentido, el artículo 10° de la Ley de Transparencia dispone que: «El acceso a la información comprende el derecho de acceder a las informaciones contenidas en actos, resoluciones, actas, expedientes, contratos y acuerdos (...)». Conforme al marco normativo precedentemente expuesto, esta Corporación advierte que los insumos y artículos personales de los funcionarios públicos, que contienen sus anotaciones no se encuentran subsumidos dentro del Principio de Publicidad y Transparencia de la Función Pública, consagrados en la Carta Magna y la Ley de Transparencia, toda vez que no se configuran como actos administrativos, resoluciones, documentos o soportes análogos, emanados por parte de un órgano de la administración del Estado, sino que son una manifestación inherente de la vida privada del sujeto -como se expondrá en los considerandos siguientes-. Por tal motivo, dicho instrumento -y su contenido- no detenta la calidad de información pública, en los términos previstos en la Ley de Transparencia. 3) Que, establecido lo anterior, tratándose de antecedentes de naturaleza privada, aún en la eventualidad de que su publicidad pudiera estar justificada en la medida que dicho instrumento hubiera sido proporcionado a la reclamada -entendiendo que obran en su poder-, y habiendo sido financiado potencialmente por recursos públicos, el mismo es susceptible de ser reservado, en aplicación de las hipótesis de reserva previstas en el artículo 21 N° 1 y N° 2 de la Ley de Transparencia. En tal contexto, sin perjuicio de que dicha información se genere presumiblemente en el ámbito del ejercicio de la función pública, y se vierta consecuencialmente en un soporte tangible, a juicio de esta Corporación, dichos instrumentos constituyen una materialidad que decantan la vida privada de su titular, en particular, de sus apuntes, ideas, reflexiones, opiniones o juicios de valor confidenciales o privados, su registro de actividades e intereses, todos aspectos constitutivos y salvaguardados por el Derecho a la Vida Privada, consagrado en el artículo 19 N° 4 de la Constitución Política de la República. En tal sentido, es menester tener presente que la vida privada es «el conjunto de los asuntos, conductas, documentos, comunicaciones, imágenes o recintos que, el titular del bien jurídico protegido, no desea que sean conocidos por terceros sin su consentimiento previo» (Cea Egaña, José Luis, en Derecho Constitucional, Tomo II Derecho, Deberes y Garantías, Ediciones Universidad Católica, Santiago, 2004, p.178). Bajo esta lógica, dicha información fue creada discrecionalmente para el uso y conveniencia personal del ex funcionario, a fin -sin excluir otros propósitos- de facilitar el cumplimiento de sus funciones ministeriales y organizar su quehacer cotidiano, respecto de la cual el órgano reclamado no tenía acceso, ni se encontraba dentro su órbita de control y disposición, por tratarse de un artículo cuya titularidad y decisión de conservación, o bien su destrucción corresponden al ex funcionario público consultado. (énfasis agregado). 4) Que, por tal motivo, esta Corporación estima que la publicidad de dicho instrumento afectaría - de manera presente o probable y con suficiente especificidad- la esfera de la vida privada del ex funcionario consultado, en los términos consignados en el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, por cuanto comprende la entrega de elementos y circunstancias que afectarían el contenido esencial de la Garantía consagrada en el artículo 19 N° 4 de la Carta Magna. Al respecto, la divulgación del instrumento pedido envuelve -presumiblemente- la entrega de datos personales y sensibles de contexto, contemplados en el artículo 2° letra f) y g) de la Ley Sobre Protección de la Vida Privada: "f) Datos de carácter personal o datos personales, los relativos a cualquier información concerniente a personas naturales, identificadas o identificables; g) Datos sensibles, aquellos datos personales que se refieren a las características físicas o morales de las personas o a hechos o circunstancias de su vida privada o intimidad, tales como los hábitos personales, el origen racial, las ideologías y opiniones políticas, las creencias o convicciones religiosas, los estados de salud físicos o psíquicos y la vida sexual". Lo anterior, toda vez que dicho instrumento podría consignar -sólo a modo ejemplificativo- números telefónicos, casillas electrónicas, direcciones particulares, nombres, entre otros antecedentes comprendidos dentro del ámbito de la vida privada del interesado y de terceros. 5) Que, sobre la materia de especie, es menester tener presente que el Derecho Comparado ha reconocido el carácter personal de las notas elaboradas por funcionarios públicos. En British Airports Authority v. CAB, 531 F. Supp. 408, 412 (D.D.C. 1982) -Estados Unidos-, se solicitó acceso a las notas manuscritas hechas por un funcionario federal. Al sostener que esas notas no eran registros del organismo sujetos a la Ley de Libertad de Información -Freedom of Information Act, en adelante, indistintamente FOIA-, el tribunal subrayó que eran de carácter personal, que el empleado no tenía por qué haberlas creado, que su intención era que no tuvieran un carácter permanente y que las guardaba en sus archivos de escritorio personales sin intención de distribuirlas. Asimismo, puede destacarse Porter County Chapter of Isaak Walton League v. AEC, 380 F. Supp. 630, 633 (N.D. Ind. 1974), donde se señala que los materiales manuscritos creados por empleados de la agencia para sus propios fines, mientras ejecutaban responsabilidades asociadas al empleo, no revestían la calidad de "registros de la agencia" en virtud de la FOIA. (énfasis agregado). 6) Que, acto seguido, atendido que el objeto consultado se constituye como un instrumento cuya finalidad es apoyar, facilitar y organizar el cumplimiento de funciones públicas, esta Corporación estima que, la publicidad de lo requerido afectaría el debido ejercicio de las funciones encomendadas a la Subsecretaría para Las Fuerzas Armadas -y del Ministerio de Defensa-, por cuanto dicha agenda -presumiblemente- consigna anotaciones personales y registro de planes, programas y políticas públicas relativas a gestión de los asuntos y procesos administrativos que el Ministerio de Defensa Nacional y las Fuerzas Armadas requieran para el desarrollo de la fuerza y el cumplimiento de sus funciones. Al efecto, el artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia permite la denegación al acceso a la información, cuando "su publicidad, comunicación o conocimiento afecte el debido cumplimiento de las funciones del órgano reclamado". (énfasis agregado). 7) Que, en dicho contexto, es menester tener presente la Ley N° 20.424, que establece el Estatuto Orgánico del Ministerio de Defensa Nacional y que en su artículo 5° dispone las funciones específicas del Ministro de Defensa, tales como: "a) proponer, para el conocimiento y la aprobación del Presidente de la República, la política de defensa nacional, la política militar y las restantes políticas públicas del sector defensa, así como la documentación de la planificación primaria de la defensa nacional; (...) e) Proponer para la resolución del Presidente de la República los objetivos estratégicos propios de la función de las Fuerzas Armadas y sus prioridades", entre otras. Asimismo, la citada ley, en su artículo 21, establece como funciones específicas del organismo requerido; "(...) b) Proponer al Ministro y coordinar políticas sectoriales para el personal de la defensa nacional en materias que sean de su competencia; d) Proponer al Ministro y evaluar la política sectorial sobre reclutamiento; e) Desempeñar todas las funciones administrativas que corresponda llevar en relación con asuntos de índole territorial, medioambiental, de responsabilidad social o de colaboración al desarrollo que sean de competencia del Ministerio o sus organismos dependientes, así como proponer las orientaciones gubernamentales para las políticas institucionales sobre la materia; i) Estudiar el financiamiento de los proyectos de adquisición e inversión para las Fuerzas Armadas (...)". Así, en el ejercicio de estas funciones, al órgano reclamado le compete la planificación administrativa de desarrollo de la fuerza, así como elaborar y proponer al Ministro proyectos en materias de su competencia. 8) Que, en virtud del marco normativo precedentemente descrito, esta Corporación estima que, la publicidad del artículo consultado implicaría una afectación -presente o probable y con suficiente especificidad- al debido cumplimiento de las funciones específicas del órgano reclamado, atendido a las acciones y planes que debe desplegar el órgano reclamado sobre las materias descritas. Al efecto, el documento consultado se constituye como un insumo que podría eventualmente contener y detallar información necesaria para el cometido de funciones públicas, cuya divulgación afectaría las estrategias y directrices en materias de coordinación de políticas sectoriales para el personal de la defensa nacional, comprendiendo planificación de reclutamiento, programación financiera, entre otros asuntos que impliquen en definitiva la formulación de políticas de gestión administrativa que el Ministerio de Defensa Nacional y las Fuerzas Armadas requieran para el desarrollo de la fuerza y el cumplimiento de sus funciones, afectándose en definitiva, la Defensa Nacional. Bajo esta lógica, la publicidad de lo solicitado probablemente introduciría confusión en el proceso de adopción de decisiones por parte de la Autoridades de Defensa Nacional, teniendo en consideración que el artículo requerido era utilizado por el Ex Ministro de Defensa, al cual le correspondía la dirección superior del Ministerio, y conjuntamente con ello, fijar políticas, dictar las normas, aprobar los planes y programas generales, y evaluar las acciones que deben ejecutar los organismos que están bajo su coordinación. 9) Que, en virtud de lo razonado precedentemente, tratándose de un artículo de orden personal y constitutivo de la vida privada de la persona consultada; verificándose la eventual afectación de la privacidad del ex funcionario, como asimismo de los terceros referidos en el cuaderno pedido; y, advirtiéndose la potencial afectación al debido cumplimiento de las funciones encomendadas al órgano requerido, en los términos dispuestos en el artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia este Consejo procederá a rechazar el presente amparo. EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA: I. Rechazar el amparo deducido por doña Catalina Gaete Salgado, en contra de la Subsecretaría para Las Fuerzas Armadas, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente. II. Encomendar al Director General (S) y a la Directora Jurídica (S) de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a doña Catalina Gaete Salgado; y, al Sr. Subsecretario para las Fuerzas Armadas. En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011. Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Jorge Jaraquemada Roblero y sus Consejeros doña Gloria de la Fuente González y don Francisco Leturia Infante. Por orden del Consejo Directivo, certifica la Directora Jurídica (S) del Consejo para la Transparencia doña Ana María Muñoz Massouh.