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DECISIÓN AMPARO ROL C5075-20</p>
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Entidad pública: Estado Mayor Conjunto</p>
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Requirente: Bruno Barrera Chevecich</p>
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Ingreso Consejo: 20.08.2020</p>
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RESUMEN</p>
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Se acoge parcialmente el amparo deducido en contra del Estado Mayor Conjunto, ordenando informar al reclamante el nombre del banco en donde se hicieron los abonos correspondientes al pago de los servicios asociados a la la Orden de Compra N° 2021.27.SE20.</p>
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Lo anterior, por tratarse de información que obra en poder del órgano, respecto de la cual no se acreditó que su divulgación afecte los derechos comerciales y económicos del tercero, toda vez que no advierte de qué manera la publicidad de dicha información podría afectar o poner en riesgo la actividad comercial, patrimonial, o bien, los derechos de la empresa, respecto de las condiciones que le permitieron acceder a prestar el servicio en comento.</p>
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Se rechaza el amparo en lo que se refiere al número de la cuenta corriente ante la cual se efectuaron los abonos por pago de servicios asociados a la la Orden de Compra N° 2021.27.5E20, por constituir información privada que podría poner en riesgo la actividad patrimonial de la empresa a Juan Domingo Acosta Abogados Asociados Limitada.</p>
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Aplica criterio contenido en la decisión de amparo rol C2099-15.</p>
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En sesión ordinaria N° 1146 del Consejo Directivo, celebrada el 5 de enero de 2021, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C5075-20.</p>
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VISTO:</p>
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Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.</p>
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TENIENDO PRESENTE:</p>
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1) SOLICITUD DE ACCESO: El 19 de julio de 2020, don Bruno Barrera Chevecich solicitó al Estado Mayor Conjunto la siguiente información: "copia del o los pagos de la Orden de Compra N° 2021-27-SE20, ya sea, comprobante de depósito, cheque, transferencia, vale vista, entre otros. Favor tener en consideración el amparo acogido en características idénticas por parte del Consejo para la Transparencia (Rol N° C1093-20) y no dilatar su respuesta una vez más".</p>
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2) TRASLADO Y OPOSICIÓN: Mediante carta. EMCO. N. 6800/ 1374, de 21 de julio de 2020, conforme al artículo 20 de la Ley de Transparencia, el organismo comunicó a Juan Domingo Acosta Abogados Asociados Ltda., su derecho a oponerse a la entrega de la información pedida.</p>
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Al efecto, mediante carta de fecha 24 de julio de 2020, el tercero interesado se opuso a la entrega de cualquier documento o información que implique revelar, en relación a la Orden de Compra N° 2021.27.SE20, todos o algunos de los siguientes datos:</p>
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- El nombre de él o los Bancos comerciales en donde se hicieron los depósitos o transferencias correspondientes a esos pagos.</p>
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- El número de la o las cuentas corrientes particulares a las que se hicieron los abonos correspondientes a dichos pagos.</p>
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Lo anterior, por tratarse de información reservada de acuerdo a la causal prevista en el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, por ser información sensible cuya divulgación afecta derechos de carácter comercial o económicos de mi representada Juan Domingo Acosta Abogados Asociados Limitada, que incluyen, entre otros, la estructura de honorarios que cobra por sus gestiones profesionales, él o los Bancos comerciales en donde mantiene cuentas corrientes bancarias, etcétera. Además, tratándose de información bancaria, ella está sujeta a secreto de acuerdo a los incisos 1° y 2° del artículo 154 de la Ley General de Bancos.</p>
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3) RESPUESTA: El 17 de agosto de 2020, mediante carta EMCO. OTIP. (P) N° 6803/1157, de 17 de agosto de 2020, el Estado Mayor Conjunto respondió a dicho requerimiento de información indicando, en resumen, que se accede a la entrega de la siguiente información pertinente a la Administración del Estado, relacionada con el uso de recursos públicos, asociada al pago efectuado a la fecha de la Orden de Compra N° 2021-27-SE20, en formato PDF: Copia de nómina de pago N° 6740151, de fecha 20 de febrero de 2020, a Juan Domingo Acosta Abogados Asociados Ltda., por un monto de $8.501.475.</p>
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No obstante, hace presente que atendida la oposición deducida por el tercero, la cual adjunta, no se proporciona parte de los datos consignados en la nómina de pago (número de cuenta e institución bancaria de destino).</p>
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4) AMPARO: El 20 de agosto de 2020, don Bruno Barrera Chevecich dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en que recibió respuesta incompleta o parcial, ya que "no se puede comprobar el depósito, ya que el EMCO oculto el número de cuenta y banco del proveedor". Agrega, "No hay constancia de que exista una cuenta de la empresa y por ende, no se logra el objetivo de acreditar que efectivamente haya sido pagado y depositado en la cuenta. Esto ya ha quedado comprobado con el Amparo (que el consejo resolvió favorablemente a mi favor, Rol N° C1093- 20), en el cual aparte de negar y posteriormente dilatar la entrega de información, tuvo la misma conducta: Borrar la información del número de cuenta y banco".</p>
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5) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado al Sr. Jefe del Estado Mayor Conjunto de la Defensa de Chile, mediante Oficio E15371 - 2020 de 8 de septiembre de 2020, solicitando que: (1°) se refiera, específicamente, a las causales de secreto o reserva que, a su juicio, harían procedente la denegación de la información; (2°) explique cómo lo solicitado afectaría los derechos del tercero; (3°) acompañe todos los documentos incluidos en el procedimiento de comunicación a el tercero, incluyendo copia de la respectiva comunicación, de los documentos que acrediten su notificación, de la oposición deducida y de los antecedentes que dan cuenta de la fecha en la que ésta ingresó ante el órgano que usted representa; y, (4°) proporcione los datos de contacto -por ejemplo: nombre, dirección, número telefónico y correo electrónico-, de los terceros que se opusieron a la entrega de la información, a fin de dar aplicación a los artículos 25 de la Ley de Transparencia y 47 de su Reglamento.</p>
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Mediante documento EMCO. OTIP. (P) N° 6803/1793, de 22 de septiembre de 2020, el órgano reclamado presentó sus descargos y observaciones del caso señalando, en síntesis, que no hubo de su parte una denegación de información, sino que se limitó a proporcionar la información previa reserva de aquellos datos respecto de los cuales se opuso el tercero interesado por afectar sus derechos de carácter comerciales o económicos, dando cumplimiento a las normas que regulan la materia. Agrega que es incompetente para pronunciarse sobre cómo se afectan los derechos del respectivo tercero.</p>
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Hace presente que al Sr. Barrera, se le hizo entrega de comprobantes de pago realizados por el Estado Mayor Conjunto a don Juan Domingo Acosta Abogados Asociados Ltda., en relación a la decisión de amparo Rol N° C1093-20, respecto a la Orden de Compra 2021-244-SE19, donde solicitaba "copia del o los documentos de pago de dicha Orden de Compra, ya sea, comprobante de depósito, cheque, transferencia, vale vista, etc.", respuesta que en su oportunidad fue entregada por el EMCO, a través de carta OTIP. (P) N° 6803/1322, de fecha 10 de julio de 2020, recibida a entera satisfacción del referido, por cuanto no se tuvo conocimiento que haya presentado un reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones correspondiente.</p>
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6) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL TERCERO INTERESADO: De conformidad a lo prescrito en el artículo 25 de la Ley de Transparencia, el Consejo Directivo de esta Corporación, acordó dar traslado del amparo a Juan Domingo Acosta Abogados Asociados Ltda., mediante Oficio N° E18097, de 22 de octubre de 2020, en su calidad de tercero interesado en el procedimiento.</p>
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Mediante presentación escrita ingresada con fecha 03 de noviembre del corriente año, el tercero interesado presentó sus descargos en esta sede, reiterando su oposición a la divulgación de los datos reclamados, por afectar sus derechos comerciales y económicos.</p>
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Al efecto, sostiene, en resumen, que toda la toda la información requerida por el reclamante, en relación a estos contratos fue entregada a él y está publicada en el portal de Chile Compras. Lo único que no se ha entregado es el número de la cuenta corriente bancaria de Juan Domingo Acosta Abogados Asociados Limitada, como persona jurídica, y el Banco en donde se hicieron los abonos correspondientes a los pagos originados en los contratos. Ello fundado en que se trata de información reservada o secreta sobre la cual el Sr. Bruno Barrera Chevecich no tiene ningún derecho, pues es información sensible cuya divulgación afecta sus derechos de carácter comercial o económicos, que incluyen, entre otros, la estructura de honorarios que cobra por sus gestiones profesionales, él o los Bancos comerciales en donde mantiene cuentas corrientes bancarias, etcétera.</p>
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Además, tratándose de información bancaria, ella está sujeta a secreto o reserva de acuerdo a los incisos 1° y 2° del artículo 154 de la Ley General de Bancos (cuyo texto refundido está contenido en el DFL N° 3 de Hacienda de 19 de diciembre de 1997 y sus modificaciones), cuando se trata de operaciones de depósitos y captaciones de cualquier naturaleza que reciban los bancos en virtud de esta ley u otras operaciones.</p>
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Así las cosas, sólo es posible acceder legítimamente a la información bancaria antes indicada de una persona en dos casos, ninguno de los cuales concurre en la especie: (i) si el titular lo autoriza expresamente; y, (ii) cuando existe autorización judicial en ciertos procedimientos (por ejemplo, si lo solicita el Ministerio Público en una causa Penal o la Comisión para El Mercado Financiero en una investigación a su cargo). Nada de ello ocurre en este caso.</p>
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Solicita se le remita, vía correo electrónico, copia de la minuta mediante la cual se presenta al Consejo Directivo el presente caso.</p>
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Y CONSIDERANDO:</p>
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1) Que, el amparo en análisis se funda en la insatisfacción del reclamante con la información entregada por el órgano, en orden a la reserva del número de cuenta y del Banco en donde se hicieron los abonos correspondientes al pago de los servicios contratados a Juan Domingo Acosta Abogados Asociados Limitada, consignados en la nómina de pago N° 674015, vinculada a la la Orden de Compra N° 2021.27.SE20. Lo anterior, atendida la oposición deducida, tanto ante el Estado Mayor Conjunto como en esta sede, por el tercero interesado, por tratarse de datos cuya divulgación afecta sus derechos comerciales y económicos, así como protegidos por la institución del secreto bancario.</p>
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2) Que, el artículo 8°, inciso 2°, de la Constitución Política de la República, en lo que interesa, establece que "son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen. Sin embargo, sólo una ley de quórum calificado podrá establecer la reserva o secreto de aquéllos o de éstos, cuando la publicidad afectare el debido cumplimiento de las funciones de dichos órganos, los derechos de las personas, la seguridad de la Nación o el interés nacional". Por su parte, según lo dispuesto en los artículos 5, inciso segundo, y 10 de la Ley de Transparencia, se considera información pública toda aquella que obre en poder de los órganos de la Administración del Estado, cualquiera sea su formato, soporte, fecha de creación, origen, clasificación o procesamiento, además de aquella contenida en "actos, resoluciones, actas, expedientes, contratos y acuerdos, así como a toda información elaborada con presupuesto público", salvo que dicha información se encontrare sujeta a las excepciones establecidas en el artículo 21 de la Ley de Transparencia u otras excepciones legales.</p>
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3) Que, el inciso 1° del artículo 154 del D.F.L. N° 3, de 1997, del Ministerio de Hacienda, que fija el texto refundido sistematizado y concordado de la Ley General de Bancos, consagra el denominado "secreto bancario" en los siguientes términos: «[l]os depósitos y captaciones de cualquiera naturaleza que reciban los bancos están sujetos a secreto bancario y no podrán proporcionarse antecedentes relativos a dichas operaciones sino a su titular o a quien haya sido expresamente autorizado por él o a la persona que lo represente legalmente...». Asimismo, el inciso segundo de la norma en comento establece la reserva respecto a las demás operaciones que realice el banco, la que, sin embargo, no posee el carácter absoluto que tiene el secreto bancario, pues, en este caso, es posible dar a conocer información por parte del banco a quien demuestre un interés legítimo, cumpliéndose las condiciones determinadas en la misma norma.</p>
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4) Que, a efectos de analizar la concurrencia de la causal de reserva invocada, resulta necesario precisar que lo reclamado no es información referida a los movimientos de la cuenta corriente en que tuvo lugar el pago de los servicios consultados sino información sobre el número de cuenta y banco en que se efectuó dicho traspaso o depósito de dinero desde arcas fiscales. En tal sentido, se estima que no puede verse vulnerado de modo alguno el secreto bancario con la entrega de información reclamada, de modo que necesariamente ha de desestimarse la casual de reserva invocada, prevista en el artículo 21 N° 5 de la Ley de Transparencia en relación con el secreto bancario del artículo 154 de la Ley de Bancos. Así también razonó este Consejo, por ejemplo, en la decisión de amparos roles C526-11 y C586-11.</p>
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5) Que, ahora bien, en cuanto a la procedencia de la segunda causal de reserva invocada por el tercero interesado, esto es, la afectación de derechos comerciales y económicos, contemplada en el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, es menester señalar que en la decisión de amparo rol C2099-15, este Consejo se pronunció en torno a la publicidad del nombre de la entidad bancaria ante la cual se realizan las transferencias o pagos de servicios o productos adquiridos por la Administración del Estado, estableciéndose que no advierte de qué manera la publicidad de dicha información podría afectar o poner en riesgo la actividad comercial, patrimonial, o bien, los derechos de la empresa, respecto de las condiciones que le permitieron acceder a prestar el servicio en comento. A mayor abundamiento, de los antecedentes del caso, se colige que una reserva como la pretendida por el tercero opositor carece de eficacia desde el momento que, con ocasión del amparo rol C1093-20 seguido entre las mismas partes, en su etapa de cumplimiento, el organismo comunicó al reclamante el nombre de la institución bancaria asociada al proveedor de los servicios legales a que se refiere este requerimiento.</p>
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6) Que, por el contrario, respecto al número de cuenta corriente, ante la cual se realizan las transferencias de dineros por pago de servicios o productos, en la aludida decisión rol C2099-15, se estableció que dicho antecedente cuando se vincula a una persona jurídica, de derecho privado, su entrega podría poner en riesgo antecedentes comerciales de la empresa. En efecto, a juicio de este Consejo, "se trata de información que sólo su titular o personas autorizadas poseen, para el acceso o consulta de información patrimonial, así como para la realización de operaciones bancarias de diversa índole. Por lo anterior, es posible afirmar que la difusión pública de la misma, podría facilitar que cualquier persona interesada en afectar el patrimonio del titular de la cuenta, realizara conductas tendientes a tal fin, tipificadas como delitos de fraude, acceso ilícito a sistemas informáticos, falsificación de títulos de crédito, entre otros, con lo que se ocasionaría un serio perjuicio a las actividades comerciales que realiza la empresa". A mayor abundamiento, tal como se señaló en la decisión C593-10, el número de cuenta corriente, de una persona jurídica, es reservado por tratarse de un mecanismo tendiente a la prevención de la comisión de determinados delitos.</p>
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7) Que, en mérito de lo precedentemente señalado, se acogerá parcialmente el amparo en análisis, ordenando informar al reclamante el nombre del banco en donde se hicieron los abonos correspondientes al pago de los servicios contratados a Juan Domingo Acosta Abogados Asociados Limitada, asociados a la la Orden de Compra N° 2021.27.SE20; rechazándose en lo que se refiere al número de la cuenta corriente ante la cual se efectuaron dichos abonos, por constituir información privada que podría poner en riesgo la actividad patrimonial de aludida empresa.</p>
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8) Que, finalmente, en cuanto a la pretensión del tercero interesado relativa a que le sea remitida copia de la minuta mediante la cual se presenta al Consejo Directivo el caso, se desestimará por innecesario para la resolución del amparo. Además, se hace presente que de acuerdo a los artículos 33, letra b) de la Ley de Transparencia y 4°, letra b) de los Estatutos del Consejo para la Transparencia, la potestad de resolver, fundadamente, los reclamos por denegación de acceso a la información que le sean formulados en conformidad a la ley, recae en este Consejo, motivo por el cual la entrega de documentos previos a la adopción de una decisión de amparo, entorpece el debido funcionamiento de la Corporación.</p>
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EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:</p>
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I. Acoger parcialmente el amparo deducido por don Bruno Barrera Chevecich en contra del Estado Mayor Conjunto, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.</p>
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II. Requerir al Sr. Jefe del Estado Mayor Conjunto de la Defensa de Chile, lo siguiente:</p>
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a) Informar al reclamante el nombre del banco donde se hicieron los abonos correspondientes al pago de los servicios contratados a Juan Domingo Acosta Abogados Asociados Limitada, asociados a la la Orden de Compra N° 2021.27.SE20.</p>
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b) Cumplir dicho requerimiento en un plazo que no supere los 5 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia.</p>
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c) Acreditar la entrega efectiva de la información señalada en el literal a) precedente, en conformidad a lo establecido en el inciso segundo del artículo 17 de la Ley de Transparencia, por medio de comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dio cumplimiento a las obligaciones impuestas en la presente decisión en tiempo y forma.</p>
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III. Rechazar el amparo en lo que se refiere al número de la cuenta corriente ante la cual se efectuaron los abonos por pago de servicios asociados a la la Orden de Compra N° 2021.27.SE20, por constituir información privada que podría poner en riesgo la actividad patrimonial de la empresa a Juan Domingo Acosta Abogados Asociados Limitada.</p>
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IV. Encomendar al Director General (S) y a la Directora Jurídica de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Bruno Barrera Chevecich, al Sr. Jefe del Estado Mayor Conjunto de la Defensa de Chile y al tercero interesado en el procedimiento.</p>
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En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.</p>
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Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidenta doña Gloria de la Fuente González, su Consejera doña Natalia González Bañados y sus Consejeros don Francisco Leturia Infante y don Bernardo Navarrete Yáñez.</p>
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Por orden del Consejo Directivo, certifica la Directora Jurídica (S) del Consejo para la Transparencia doña Ana María Muñoz Massouh.</p>