<p>
DECISIÓN AMPARO ROL C5085-20</p>
<p>
</p>
<p>
Entidad pública: Presidencia de la República</p>
<p>
Requirente: Claudio Cifuentes Lobo</p>
<p>
Ingreso Consejo: 20.08.2020</p>
<p>
RESUMEN</p>
<p>
Se rechaza el amparo deducido en contra de la Presidencia de la República, referido a copia de registro audiovisual o, en su defecto, copia de todo insumo, reporte, carta, resumen ejecutivo, minuta, oficio, resolución, acta, memorando, circular, tabla y/o notas tomadas a mano que den cuenta de lo discutido en la reunión online que sostuvieron el día 13 de julio de 2020, S.E. el Presidente de la República con la coalición de Chile Vamos.</p>
<p>
Lo anterior, debido a que no se disponen de antecedentes que conduzcan a una conclusión contraria de aquella sostenida por el órgano requerido, en orden a que no cuentan con la información solicitada. Con todo, se hace presente que lo pedido no se encuentra subsumido dentro del Principio de Publicidad y Transparencia de la Función Pública, consagrados en la Carta Magna y la Ley de Transparencia, toda vez que no se configuran como actos administrativos, resoluciones, fundamentos de aquellos o parte de procedimientos, emanados de un órgano de la Administración del Estado, sino que se trata de aquella actividad inherentemente política, propia del carácter de jefe de Gobierno que tiene en Chile el Presidente de la República.</p>
<p>
El Presidente del Consejo Directivo, don Jorge Jaraquemada Roblero se abstuvo de intervenir y votar en el presente caso.</p>
<p>
En sesión ordinaria N° 1140 del Consejo Directivo, celebrada el 29 de octubre de 2020, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285, de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto del amparo Rol C5072-20.</p>
<p>
VISTO:</p>
<p>
Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.</p>
<p>
TENIENDO PRESENTE</p>
<p>
1) SOLICITUD DE ACCESO: Con fecha 21 de julio de 2020, don Claudio Cifuentes Lobo solicitó a la Presidencia de la República "acceso y copia al registro audiovisual (video en formato MP4) de la reunión online que sostuvieron el Presidente de la República, Sebastián Piñera, con la coalición de Chile Vamos, el día 13 de julio de 2020, en donde se abordó la votación del retiro del 10% de los fondos de AFP. (...) En caso que no exista registro audiovisual, como por ejemplo la grabación de la reunión vía Zoom o un extracto de ella, solicito todo insumo, reporte, carta, resumen ejecutivo, minuta, oficio, resolución, acta, memorando, circular, tabla y/o notas tomadas a mano que den cuenta de lo discutido en la reunión, cualquiera sea el formato o soporte en que se contenga...</p>
<p>
2) RESPUESTA: La Presidencia de la República por medio de correo electrónico, de fecha 17 de agosto de 2020, informó que "las reuniones de S.E. el Presidente de la República no son materia de registro en actos, resoluciones, actas, expedientes, contratos o acuerdos de esta entidad, ni tampoco son registradas en formato audiovisual. Lo anterior, puesto que no existe norma constitucional o legal que mandate a la Presidencia de la República a llevar un registro, de cualquier naturaleza, de la totalidad de actividades en las que participa S.E., el Presidente de la República. A mayor abundamiento, la normativa legal que regula expresamente reuniones entre autoridades y funcionarios de gobierno y particulares, Ley N° 20.730, que regula el lobby y las gestiones que representen intereses particulares ante las autoridades y funcionarios, no incluye en los artículos 3° y 4° al Presidente de la República como sujeto pasivo de Lobby". De esta forma, sostienen que no existe "registro, acta, minuta u otro documento en este servicio que contenga información respecto de la reunión a la que hace referencia en su presentación, ya sea que haya sido elaborada para la realización de aquella o como consecuencia de la misma. Complementando lo anterior, el Gabinete Presidencial y la Dirección Asesoría Presidencial indicaron que no se registraron notas o minutas de la reunión indicada en su requerimiento de información, por lo que materialmente no se cuenta con dichos soportes". Sin perjuicio de lo cual, sostienen que atendida la naturaleza de lo requerido y en el supuesto de haber existido algún documento, a su respecto concurriría la causal de secreto o reserva dispuesta en el artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia, debido a que se "vincularían a reuniones de S.E. el Presidente de la República, y cuya divulgación a la opinión pública y a la ciudadanía resultaría inconveniente para el adecuado funcionamiento del Gobierno en general y de la Presidencia de la República en particular, pudiendo afectar el privilegio deliberativo de aquél y éste".</p>
<p>
3) AMPARO: Con fecha 20 de agosto de 2020, don Claudio Cifuentes Lobo dedujo amparo a su derecho de acceso en contra de la Presidencia de la República, fundado en la respuesta negativa a la solicitud de información.</p>
<p>
4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado al Sr. Director Administrativo de la Presidencia de la República, mediante Oficio N° E15.338, de fecha 8 de septiembre de 2020, para que formule sus descargos y observaciones solicitando, especialmente, lo siguiente: (1°) indique si procedió a efectuar la búsqueda de la información solicitada, de conformidad a lo dispuesto en el numeral 2.3 de la Instrucción General N° 10 de este Consejo, sobre Procedimiento Administrativo de acceso a la información; (2°) se refiera a las circunstancias de hecho que hacen procedente la denegación de la información requerida; y, (3°) se pronuncie acerca de la eventual concurrencia de algunas de las causales constitucionales o legales de secreto o reserva que, a su juicio, harían procedente su denegación.</p>
<p>
El órgano reclamado por medio de ordinario N° 684, de fecha 6 de octubre de 2020, reiteró lo señalado en su respuesta, agregando realizaron la búsqueda de los antecedentes indicados en el requerimiento. Además, hacen presente que la Presidencia de la República tiene por misión institucional apoyar las actividades de S.E. el Presidente de la República, para lo cual cuenta con una estructura funcional definida en la resolución exenta N° 978, de fecha 15 de mayo de 2018, de la Dirección Administrativa de la Presidencia de la República, la que crea diversas direcciones especializadas por materias. Dentro de las cuales se encuentra el Gabinete Presidencial al que le corresponde "prestar asesoría y apoyo a S.E. el Presidente de la República en diversas materias de interés público, además de planificar y coordinar las actividades y programas relacionados con la agenda presidencial". Adicionalmente, está la Dirección de Asesoría Presidencial, sobre la que se señala que presta asesoría en materias de comunicaciones, políticas públicas y proyectos especiales. De esta forma, son dichas reparticiones las que se deben referir a la posible existencia de la información solicitada, por lo que, realizaron los requerimientos pertinentes a aquellas, las que informaron la inexistencia de lo pedido. Por su parte, en cuanto a los informes de la plataforma Zoom, indicados en el amparo, sostienen que el único que podría revelar el contenido de lo discutido en la audiencia corresponde a "Grabación en la Nube", sin embargo y tal como informaron en su respuesta, no se realizó tal grabación.</p>
<p>
Además, sostienen que informaron a la reclamante que en el evento de que existiera la información solicitada a su respecto concurriría la causal de secreto o reserva dispuesta en el artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia, pues en las reuniones con los miembros de los partidos políticos de Gobierno, se tratan diversos temas relativos a medidas y políticas que el Mandatario pretende impulsar, y que requieren un espacio de presentación, debate y coordinación dentro de la coalición, el que no está asociado a un procedimiento administrativo o a una instancia formal propiamente tal. En efecto, esa clase de reuniones son esenciales para recoger ideas, perfeccionar proyectos y para la toma de decisiones del Presidente, en el ejercicio de sus funciones constitucionales de gobierno y administración del Estado, y cuya divulgación a la opinión pública y a la ciudadanía resultaría inconveniente para el adecuado funcionamiento del Gobierno en general y de la Presidencia de la República, en particular, pudiendo afectar el privilegio deliberativo de aquel y éste.</p>
<p>
Y CONSIDERANDO:</p>
<p>
1) Que este amparo se funda en la respuesta negativa a la solicitud, toda vez que el órgano reclamado alegó que la información requerida no obra en su poder, y que en el evento de existir, a su respecto se configuraría la causal de secreto o reserva dispuesta en el artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia.</p>
<p>
2) Que en cuanto a lo alegado por el órgano reclamado cabe hacer presente que la inexistencia de la información es una circunstancia de hecho, cuya sola invocación no exime a los órganos de la Administración de su obligación de entregarla. Esta alegación debe ser fundada, indicando en forma clara el motivo por el cual ésta no obra en su poder, y debe ser acreditada en forma fehaciente. En la especie, la reclamada argumentó que las reuniones de S.E. el Presidente de la República no son materia de registro en actos, resoluciones, actas, expedientes, contratos o acuerdos de esta entidad, ni tampoco son registradas en formato audiovisual. Lo anterior, puesto que no existe norma constitucional o legal que los mandate a llevar un registro, de cualquier naturaleza, de la totalidad de actividades en las que participa el Primer Mandatario. En tal sentido, señalan que la normativa legal que regula expresamente reuniones entre autoridades y funcionarios de gobierno y particulares, la ley N° 20.730, que regula el lobby y las gestiones que representen intereses particulares ante las autoridades - en adelante Ley de Lobby-, no incluye a S.E. el Presidente como sujeto pasivo de aquella.</p>
<p>
3) Que, en virtud de lo dispuesto en los artículos 5 y 10 de la Ley de Transparencia, sólo será pública la información que efectivamente obre en poder de los órganos de la Administración, no pudiendo requerirse la entrega de aquella inexistente. De esta forma, sin que se dispongan de antecedentes que conduzcan a una conclusión contraria de la sostenida por la Presidencia de la República, en orden a que no cuentan con lo requerido, se rechazará el presente amparo.</p>
<p>
4) Que, sin perjuicio de lo resuelto precedentemente, cabe hacer presente que en el evento de que existieran los antecedentes solicitados, aquellos no serían objeto de requerirse bajo el amparo del procedimiento de acceso a la información pública establecido en la Ley de Transparencia, pues corresponden a reuniones político partidistas sostenidas por S.E. el Presidente de la República, con los dirigentes respectivos de los partidos políticos que conforman dicha coalición. De esta forma, no se trata de información generada en el cumplimiento de su función de Jefe Superior o gran jerarca de la Administración del Estado. En aquellas reuniones se tratan diversos temas que requieren un espacio de presentación, debate y coordinación dentro de su coalición política, y que no están asociadas a un procedimiento administrativo o a una instancia formal propiamente tal, como sí ocurre tratándose de una reunión entre el Presidente de la República y sus Ministros de Estado u otros asesores en el gobierno y Administración del Estado.</p>
<p>
5) Que, a mayor abundamiento dicho espacio de deliberación y coordinación encuentra sustento en el ejercicio mismo de la actividad política, propia de los partidos y coaliciones políticas, el cual no forma parte de la actividad y procedimientos del Estado, quedando como se viene diciendo, al margen de accederse a dichas consideraciones y sus registros a través de los mecanismos dispuestos en la Ley de Transparencia.</p>
<p>
6) Que, por lo tanto, esta Corporación estima que los antecedentes pedidos referentes a las reuniones sostenidas por S.E. el Presidente de la República con los miembros de los partidos políticos que forman parte de la coalición de gobierno, no se encuentran subsumidos dentro de los supuestos contemplados por el ordenamiento jurídico como información susceptibles ser requerida por solicitud de acceso. Al efecto, el artículo 8 de la Constitución Política de la República, dispone "Son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen". Por su parte, el artículo 5 de la Ley de Transparencia consigna que "En virtud del principio de transparencia de la función pública, los actos y resoluciones de los órganos de la Administración del Estado, sus fundamentos, los documentos que les sirvan de sustento o complemento directo y esencial, y los procedimientos que se utilicen para su dictación, son públicos...". En idéntico sentido, el artículo 10 de la ley señalada dispone que "El acceso a la información comprende el derecho de acceder a las informaciones contenidas en actos, resoluciones, actas, expedientes, contratos y acuerdos...".</p>
<p>
7) Que, en consecuencia, conforme al marco normativo precedentemente expuesto, este Consejo advierte que la documentación que contenga la información sobre las reuniones político partidistas sostenidas por S.E. el Presidente de Chile con los miembros de los partidos de su coalición de gobierno, no se encuentran subsumidos dentro del Principio de Publicidad y Transparencia de la Función Pública, consagrados en la Carta Magna y la Ley de Transparencia, toda vez que no se trata de actos administrativos, resoluciones, fundamentos de aquellos o parte de procedimientos, emanados de un órgano de la Administración del Estado, sino que se trata de aquella actividad inherentemente política, propia del carácter de jefe de Gobierno que tiene en Chile el Presidente de la República. Por tal motivo, aquellos no detentan el carácter de información pública, en los términos previstos en la Constitución y la Ley de Transparencia.</p>
<p>
8) Que, a mayor abundamiento, en cuanto a lo pedido referente a "notas tomadas a mano", se debe hacer presente lo resuelto por este Consejo, entre otros, en el amparo Rol C2475-20, en el cual se denegó el acceso al "Cuaderno o agenda amarilla que el Ministro de Salud, Jaime Mañalich Muxi, porta regularmente en los puntos de prensa relacionados a la crisis sanitaria causada por el Covid-19", debido a que se concluyó que las agendas o cuadernos de los funcionarios públicos se configuran como instrumentos de organización personal constitutivos de la vida privada de su titular, en conformidad a la Garantía de Protección a la Vida Privada, consagrada en el artículo 19 N° 4 de la Constitución Política de la República. Además, de que aquellos no se encuentran comprendidos dentro de la información susceptible de ser requerida mediante el procedimiento de acceso establecido en la Ley de Transparencia.</p>
<p>
EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:</p>
<p>
I. Rechazar el amparo deducido por don Claudio Cifuentes Lobo en contra de la Presidencia de la República, en virtud de los fundamentos señalados precedentemente.</p>
<p>
II. Encomendar al Director General (S) y a la Directora Jurídica (S) de este Consejo, indistintamente, notificar el presente acuerdo a don Claudio Cifuentes Lobo y al Sr. Director Administrativo de la Presidencia de la República.</p>
<p>
En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.</p>
<p>
Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por sus Consejeros doña Gloria de la Fuente González y don Francisco Leturia Infante. Se deja constancia que su Presidente don Jorge Jaraquemada Roblero, sin perjuicio de concurrir para formar quórum, manifestó su voluntad de abstenerse de intervenir y votar en el presente caso, por estimar que podría concurrir a su respecto la causal establecida en el número 6 del artículo 62 del decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado y en el numeral 1° del acuerdo de este Consejo sobre tratamiento de los conflictos de intereses, adoptado en su sesión N° 101, de 9 de noviembre de 2009, es decir, existir circunstancias que le restan imparcialidad para conocer y resolver el asunto controvertido; solicitud y voluntad que este Consejo acoge en su integridad.</p>
<p>
Por orden del Consejo Directivo, certifica la Directora Jurídica (S) del Consejo para la Transparencia doña Ana María Muñoz Mossauh.</p>