Base de Datos de Jurisprudencia - Consejo para la Transparencia

Decisión ROL C5086-20

Reclamante:	CLAUDIO CIFUENTES LOBO
Reclamado:	SUBSECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS
Resumen del caso: Se acoge parcialmente el amparo deducido en contra de la Subsecretaría de Derechos Humanos, ordenando entregar al reclamante copia de los informes de uso que automáticamente genera la plataforma Zoom, al tenor del requerimiento, para el periodo comprendido entre el 08 de junio y el 29 de julio de 2020, en formato csv o Excel, previa reserva de los informes "próximos eventos" y "reunión", así como los datos "e-mail", "teléfono", "dirección de IP" y todo antecedente que dé cuenta de la identidad o nombre de personas que no tenga la calidad de funcionario público, y cualquier otro dato personal de contexto que se hallen en los demás informes requeridos, por configurarse a su respecto las causales de reserva de afectación a las funciones del órgano y derecho de las personas, según sea el caso. Lo anterior, por cuanto el órgano no acreditó fehacientemente que se trate de información que no obre en su poder. En efecto, la alegación de inexistencia no se funda en que se trate de antecedentes que materialmente no obren en su poder sino en que se trataría de información de propiedad de un tercero, con todo, de los antecedentes expuestos previamente, los informes de uso que la aludida plataforma genera, forman parte de las herramientas que disponibiliza automáticamente para sus usuarios y, por tanto, se entienden incorporadas en el producto o licencia de software que debió adquirir el órgano para su utilización. Asimismo, se desestiman las alegaciones del órgano referidas a que el requerimiento implica transformar una obligación de dar en una de hacer, excediendo o contraviniendo el derecho legal de acceso a antecedentes que ya existen, toda vez que, por el contrario, esta Corporación ha razonado que se encuentran amparadas por Ley de Transparencia aquellas solicitudes que se refieran a información que puede desprenderse fácilmente de los registros o antecedentes que el organismo reclamado mantenga en su poder, cuya respuesta no suponga la imposición de un gravamen a su respecto. Luego, el mentado criterio resulta aplicable en la especie, ya que las actividades de búsqueda u obtención de los informes reclamados (desde la consola de administración del software) y su posterior puesta a disposición en el formato requerido (exportación de datos a un formato de archivo plano) es una operación simple que no supone la imposición de un gravamen no previsto en el presupuesto institucional.
Tipo de decisión:	Decisión de Fondo
Fecha de la decisión:	1/21/2021
Consejeros:	-Gloria Alejandra de la Fuente González -Francisco Javier Leturia Infante -Natalia Andrea González Bañados -Bernardo Eric Navarrete Yáñez
Legislación aplicada:	Ley 19628 1999 - Ley de protección de la vida privada Constitución Política de la República Ley de Transparencia
Palabras clave:
Jurisprudencia desde:	C5748-18 C6109-18 C703-19 C1163-11 C1179-11 C776-12 C982-12 C136-13 C457-10 C467-10 C611-10 C409-13 C2219-13 C427-15 C1402-16 C1403-16 C2332-20
Jurisprudencia a:	C3116-21 C4097-21
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Descriptores jurídicos:
Descriptores analíticos:	Grupos de interés especial

DECISIÓN AMPARO ROL C5086-20   Entidad pública: Subsecretaría de Derechos Humanos Requirente: Claudio Cifuentes Lobo Ingreso Consejo: 20.08.2020 RESUMEN Se acoge parcialmente el amparo deducido en contra de la Subsecretaría de Derechos Humanos, ordenando entregar al reclamante copia de los informes de uso que automáticamente genera la plataforma Zoom, al tenor del requerimiento, para el periodo comprendido entre el 08 de junio y el 29 de julio de 2020, en formato csv o Excel, previa reserva de los informes "próximos eventos" y "reunión", así como los datos "e-mail", "teléfono", "dirección de IP" y todo antecedente que dé cuenta de la identidad o nombre de personas que no tenga la calidad de funcionario público, y cualquier otro dato personal de contexto que se hallen en los demás informes requeridos, por configurarse a su respecto las causales de reserva de afectación a las funciones del órgano y derecho de las personas, según sea el caso. Lo anterior, por cuanto el órgano no acreditó fehacientemente que se trate de información que no obre en su poder. En efecto, la alegación de inexistencia no se funda en que se trate de antecedentes que materialmente no obren en su poder sino en que se trataría de información de propiedad de un tercero, con todo, de los antecedentes expuestos previamente, los informes de uso que la aludida plataforma genera, forman parte de las herramientas que disponibiliza automáticamente para sus usuarios y, por tanto, se entienden incorporadas en el producto o licencia de software que debió adquirir el órgano para su utilización. Asimismo, se desestiman las alegaciones del órgano referidas a que el requerimiento implica transformar una obligación de dar en una de hacer, excediendo o contraviniendo el derecho legal de acceso a antecedentes que ya existen, toda vez que, por el contrario, esta Corporación ha razonado que se encuentran amparadas por Ley de Transparencia aquellas solicitudes que se refieran a información que puede desprenderse fácilmente de los registros o antecedentes que el organismo reclamado mantenga en su poder, cuya respuesta no suponga la imposición de un gravamen a su respecto. Luego, el mentado criterio resulta aplicable en la especie, ya que las actividades de búsqueda u obtención de los informes reclamados (desde la consola de administración del software) y su posterior puesta a disposición en el formato requerido (exportación de datos a un formato de archivo plano) es una operación simple que no supone la imposición de un gravamen no previsto en el presupuesto institucional. En sesión ordinaria N° 1148 del Consejo Directivo, celebrada el 12 de enero de 2021, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C5086-20. VISTO: Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia. TENIENDO PRESENTE: 1) SOLICITUD DE ACCESO: El 29 de julio de 2020, don Claudio Cifuentes Lobo solicitó a la Subsecretaría de Derechos Humanos, la siguiente información: "Solicita acceso y copia a todos los informes de uso que hayan sido elaborados a través de las cuentas de Zoom Pro de la Subsecretaría de Derechos Humanos entre el 08 de junio de 2020 y la fecha de ingreso de esta solicitud (ver registro en Mercado Público aquí: https://www.mercadopublico.cl/PurchaseOrder/Modules/PO/DetailsPurchaseOrder.aspx?qs=6nI+CrGAJH1LGADCYMjYTg==). Por informes de uso me refiero a los informes generados automáticamente por la plataforma Zoom. Solicito acceso a todos los informes, es decir, a los informes diarios de anfitriones activos, de anfitriones inactivos, de eventos próximos, de reunión, de seminario web, de teléfono, de grabación en la nube, de soporte técnico remoto, de registro de operaciones y de ingresar o cerrar sesión (Ver el detalle de los distintos informes que ofrece Zoom aquí: https://support.zoom.us/hc/es/articles/201363213-Introducci%C3%B3n-a-Informes#h_779a1a8e-7b6e-4a2d-86d6-82b8e311b6a6). Cabe mencionar que todos estos informes están considerados dentro de las funciones de los planes "Pro" y "Business" de Zoom (...)". 2) RESPUESTA: Por medio de ordinario N° 550, de 19 de agosto de 2020, la Subsecretaría de Derechos Humanos respondió a dicho requerimiento de información indicando, en resumen, que la información solicitada no obra en poder de la Administración, y tampoco en alguna de sus plataformas, puesto que se encuentra alojada dentro de la plataforma Zoom, que es externa a la Subsecretaría de Derechos Humanos. Por tanto, en el caso en concreto, el requerimiento no solo consistiría en entregar los informes, sino en obtener los reportes desde esta plataforma, transformando así una obligación de dar en una de hacer, excediendo o contraviniendo el derecho legal de acceso a antecedentes que ya existen: actos, resoluciones, fundamentos, procedimientos. 3) AMPARO: El 20 de agosto de 2020, don Claudio Cifuentes Lobo dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en la respuesta negativa a su solicitud. Alega que "en ningún momento se pide que el organismo haga o genere contenidos, solo que acceda y entregue los informes que ya existen y que están a disposición de la misma institución como titulares de las cuentas de Zoom. Esto significa que los únicos que tienen acceso a estos metadatos son los funcionarios del organismo requerido, y por lo tanto, la ciudadanía no podría conocerlos si no es porque el organismo los entregue a partir de una solicitud". 4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado a la Sra. Subsecretaria de Derechos Humanos, mediante Oficio E15212, de 7 de septiembre de 2020, solicitando que: (1°) considerando lo expuesto por la parte reclamante y la respuesta proporcionada por el órgano que Ud. representa, aclare si la información requerida obra en su poder, constando en alguno de los soportes documentales que señala el inciso segundo del artículo 10 de Ley de Transparencia; (2°) se refiera a las circunstancias de hecho que hacen procedente la denegación de la información solicitada; y, (3°) se pronuncie acerca de la eventual concurrencia de algunas de las causales constitucionales o legales de secreto o reserva que, a su juicio, harían procedente la denegación de la información requerida. Mediante Ord. N° 639, de 22 de septiembre de 2020, el órgano reclamado presentó sus descargos y observaciones del caso, reiterando lo expuesto en su respuesta a la solicitud. Y CONSIDERANDO: 1) Que, el presente amparo se funda en la respuesta negativa otorgada por la Subsecretaría de Derechos Humanos a la solicitud de la reclamante. Por su parte, lo requerido corresponde copia de todos los informes generados automáticamente por la plataforma Zoom, específicamente, "informes diarios de anfitriones activos, de anfitriones inactivos, de eventos próximos, de reunión, de seminario web, de teléfono, de grabación en la nube, de soporte técnico remoto, de registro de operaciones y de ingresar o cerrar sesión", para periodo comprendido entre el 08 de junio de 2020 y la fecha de solicitud de acceso -esto es, 29 de julio de 2020-. 2) Que, tanto en la respuesta entregada a la solicitante como en sus descargos en esta sede, el órgano reclamado sostuvo que la información solicitada no obra en su poder, puesto que se encuentra alojada dentro de la plataforma Zoom, que es externa a la Subsecretaría de Derechos Humanos. Por tanto, en el caso en concreto, el requerimiento no solo consistiría en entregar los informes, sino en obtener los reportes desde esta plataforma, transformando así una obligación de dar en una de hacer, excediendo o contraviniendo el derecho legal de acceso a antecedentes que ya existen. 3) Que, a modo de contexto, cabe tener presente que Zoom corresponde a una plataforma digital que permite la realización de llamadas, videoconferencias y mensajería simplificadas a través de distintos tipos de dispositivos (ver: https://zoom.us/es-es/meetings.html). Dentro de sus herramientas de funcionamiento, cuenta con la opción de generar informes de uso, que proporcionan a sus usuarios diversa información estadística y parametrizada sobre la utilización de la aplicación. Así, por ejemplo, la plataforma Zoom distingue entre informes para miembros e informes para administradores y, dentro de estos últimos, se encuentran, entre otros, los individualizados por el reclamante, es decir, el informe Diario, Anfitriones activos, Anfitriones inactivos, Próximos eventos, Reunión, Seminario web, Teléfono, Grabación en la nube, Informe de soporte técnico remoto, Registros de operaciones, Iniciar/cerrar sesión (https://support.zoom.us/hc/es/articles/201363213-Introducci%C3%B3n-a-Informes#h_779a1a8e-7b6e-4a2d-86d6-82b8e311b6a6). Finalmente, la plataforma contempla la posibilidad de exportar los informes a archivos de datos planos csv o Excel. 4) Que, en cuanto al fondo del asunto, en relación a la alegación de inexistencia invocada por el organismo, es menester señalar que el artículo 10 de la Ley de Transparencia, dispone que toda persona tiene derecho a solicitar y recibir información de cualquier órgano de la Administración del Estado "cualquiera sea el formato o soporte en que se contenga (...)". En tal sentido y complementando lo anterior, el artículo 3°, letra d), del Reglamento del cuerpo legal citado, preceptúa que "toda persona tiene derecho a solicitar y recibir información que obre en poder de cualquier órgano de la Administración (...)" (énfasis agregado). Luego, conforme se ha resuelto previamente, en las decisiones de amparo Roles C1179-11, C1163-11 y C409-13, entre otras, la inexistencia de la información solicitada constituye una circunstancia de hecho cuya sola invocación no exime a los órganos de la Administración de su obligación de entregarla. En efecto, esta alegación debe ser fundada, indicando el motivo específico por el cual la información requerida no obra en su poder y debiendo acreditarla fehacientemente. A su turno el numeral 2.3 de la Instrucción General N° 10 de esta Corporación, prescribe: "Si realizada la búsqueda, el órgano público constata que no posee la información deberá: a) En caso de existir un acto administrativo que haya dispuesto la expurgación de los documentos pedidos, comunicar esta circunstancia al solicitante, haciendo entrega de copia del acto y del acta respectiva, en los términos señalados en la Circular N° 28.704, de 1981, de la Contraloría General de la República, que regula la eliminación de documentos en la Administración Pública y en las demás disposiciones aplicables. (...). b) De no existir un acto administrativo que haya dispuesto la expurgación de los documentos pedidos, agotar todos los medios a su disposición para encontrar la información y, en caso de estimarse que los hechos son susceptibles de ser sancionados con una medida disciplinaria, instruir el correspondiente procedimiento sancionatorio. Si la información no fuere habida, deberá comunicarse esta circunstancia al solicitante, indicándole detalladamente las razones que lo justifiquen". 5) Que, en la especie, a juicio de este Consejo, la Subsecretaría de Derechos Humanos no ha acreditado suficientemente la inexistencia alegada, resultando plausible que la información reclamada obre en su poder. Esto, debido a que, en primer término, constituye un hecho no controvertido la circunstancia de que la reclamada utiliza la plataforma digital Zoom para la realización de reuniones o videoconferencias como parte del cumplimento de sus funciones. En segundo lugar, de los dichos del organismo se colige que su alegación de inexistencia se sustenta en que, a su juicio, la información pedida se refiere a informes que se encuentra alojada dentro de la plataforma Zoom, que es externa a la Subsecretaria de Derechos Humanos. En otras palabras, la alegación de inexistencia no se funda en que se trate de antecedentes que materialmente no obren en su poder sino en que se trataría de información de propiedad de un tercero (Zoom Video Communications Inc. en caso de Zoom), con todo, de los antecedentes expuestos previamente, los informes de uso que la aludida plataforma genera forman parte de las herramientas que disponibiliza automáticamente para sus usuarios y, por tanto, se entienden incorporadas en el producto o licencia de software que debió adquirir el órgano para su utilización. En este punto conviene señalar que la utilización de programas o herramientas computacionales respecto de las cuales no se hayan adquirido sus respectivas licencias constituye una infracción al artículo 23, letra b) del decreto 83, de 2005, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueba norma técnica para los órganos de la administración del estado sobre seguridad y confidencialidad de los documentos electrónicos. En tercer lugar, cabe tener presente que este Consejo ha resuelto a partir de la decisión de amparo Rol C457-10 que "para asegurar la operatividad del inciso segundo del artículo 5° de la Ley de Transparencia, especialmente en el ámbito informático, la inteligencia de la expresión en estudio exige dotar de contenido a la voz "poder", en tanto facultad o potencia de hacer algo, debiendo concluirse que dicha expresión comprende no sólo aquella información que existe físicamente en las dependencias de un órgano de la Administración sino también aquélla que el órgano mantiene en los hechos bajo su órbita de control o bajo su disposición -cualquiera sea su formato o soporte-, con el objeto de disponer potencialmente de ella para los fines que estime pertinentes". 6) Que, por su parte en lo relativo a las alegaciones de la Subsecretaría referidas a que el requerimiento implica obtener los reportes desde esta plataforma, transformando una obligación de dar en una de hacer, excediendo o contraviniendo el derecho legal de acceso a antecedentes que ya existen, cabe señalar que esta Corporación ha razonado que se encuentran amparadas por la Ley de Transparencia aquellas solicitudes que se refieran a información que puede desprenderse fácilmente de los registros o antecedentes que el organismo reclamado mantenga en su poder, cuya respuesta no suponga la imposición de un gravamen a su respecto, conforme al criterio desarrollado en la decisión de amparo Rol C467-10, entre otras, así como en aplicación de los principios de máxima divulgación y de facilitación, consagrados en el artículo 11, letras d) y f) de la Ley de Transparencia. 7) Que, el mentado criterio resulta aplicable en la especie, toda vez que conforme se concluye de los antecedentes expuestos, las actividades de búsqueda u obtención de los informes reclamados (desde la consola de administración del software ) y su posterior puesta a disposición en el formato requerido (exportación de datos a un formato de archivo plano) es una operación simple que no supone la imposición de un gravamen no previsto en el presupuesto institucional, en los términos del artículo 17 de la Ley de Transparencia, que dispone "[l]a información solicitada se entregará en la forma y por el medio que el requirente haya señalado, siempre que ello no importe un costo excesivo o un gasto no previsto en el presupuesto institucional, casos en que la entrega se hará en la forma y a través de los medios disponibles". 8) Que, ahora bien, en relación a la naturaleza y contenido de la información objeto del amparo, según se da cuenta en el sitio web https://support.zoom.us/hc/es/articles/201363213-Introducci%C3%B3n-a-Informes#h_779a1a8e-7b6e-4a2d-86d6-82b8e311b6a6, los informes que reclama consisten en los siguientes: "Diario: muestra el uso en toda la cuenta correspondiente a cada día de un mes específico. Enumera los usuarios nuevos, las reuniones, los participantes y los minutos de las reuniones. Este informe engloba cada reunión celebrada por un usuario dentro de la cuenta. Anfitriones activos: muestra una lista de reuniones y usuarios activos durante un intervalo de tiempo específico, hasta un mes. Se entiende por reunión activa la reunión iniciada durante el intervalo de tiempo especificado. Se entiende por usuario activo el usuario que ha participado en al menos una reunión durante el intervalo de tiempo especificado. Anfitriones inactivos: muestra una lista de usuarios que no estuvieron activos durante un período de tiempo específico. Próximos eventos: muestra una lista de todas las próximas reuniones y seminarios web en el período de tiempo seleccionado. También puede buscar por la dirección de correo electrónico o el nombre del anfitrión. Marque la casilla para incluir eventos sin momento fijo. Reunión: le permite efectuar la búsqueda de Informes de registro e Informes de votaciones para una reunión organizada por un usuario de la cuenta. Seleccione el tipo de informe que necesita, busque la reunión por un intervalo de fechas y, a continuación, seleccione Generar el informe. Seminario web: permite buscar Informes de registro, asistentes, resultados preguntas y respuestas y votaciones de seminarios web organizados por un usuario de la cuenta. Seleccione el tipo de informe que necesita, busque por rango de fechas para encontrar el seminario web y luego genere el informe. Teléfono: le permite ver quién efectuó el acceso a las reuniones por teléfono y a qué número llamó, cuánto se cargó a su cuenta de Zoom y demás información. Grabación en la nube: le permite buscar por rango de fechas para ver el uso de la grabación en la nube durante un período de tiempo específico, incluyendo qué reuniones se grabaron y qué archivos se generaron. (...) Informe de soporte técnico remoto: muestra el uso de la función de soporte técnico remoto durante el período de tiempo designado, lo que incluye el ID de la reunión, quién prestó el servicio de soporte técnico remoto y quién recibió dicho soporte. (...) Registros de operaciones: le permiten auditar la actividad de los usuarios y administradores, como por ejemplo agregar un nuevo usuario, cambiar la configuración de la cuenta y eliminar grabaciones. Para obtener más información, consulte Uso de registros de operaciones. Iniciar/cerrar sesión: le permite ver quién inició o cerró sesión, su dirección IP, a qué plataforma entró y su número de versión, si corresponde". 9) Que, pese a que el organismo no efectuó ninguna alegación relativa a acreditar la concurrencia de causales de secreto o reserva que justifique la denegación de algún antecedente, de la descripción previamente efectuada, a juicio de este Consejo, salvo en lo que se refiere a los datos comprendido en los informes de "próximos eventos" y "reunión" así como aquellos relativos a email, teléfono y dirección de IP según se explicará, no se advierte de qué forma la divulgación de la restante información pueda afectar, con cierto grado de especificidad y certeza, alguno de los bienes jurídicos protegidos por las causales de reserva del artículo 21 de la Ley de Transparencia, en la medida que se trata de información genérica o accesoria a la realización de reuniones o videoconferencias en que participaron funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones. 10) Que, por el contrario, respecto de aquellos datos comprendido en los informes de "próximos eventos" y "reunión", atendido que el primero de ellos permite acceder a una "lista de todas las próximas reuniones y seminarios web en el período de tiempo seleccionado", mientras que el segundo "permite efectuar la búsqueda de Informes de registro e Informes de votaciones para una reunión organizada por un usuario de la cuenta", a juicio de este Consejo, su divulgación puede afectar las funciones del organismo. Esto, toda vez que, como se razonó previamente, las herramientas tecnológicas consultadas constituyen un instrumento cuya finalidad es apoyar, facilitar y organizar el cumplimiento de funciones públicas de la Subsecretaría de Derechos Humanos, por tanto, la publicidad de lo requerido afectaría el debido ejercicio de estas, por cuanto dichos informes se consigna presumiblemente antecedentes referidos a las reuniones y/o votaciones que pudieron tener lugar con ocasión de determinados temas, resoluciones, medidas o políticas en materias propias de las competencias del órgano, que a la fecha del requerimiento pueden o no haber sido adoptadas formalmente. Al efecto, el artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia permite la denegación al acceso a la información, cuando «su publicidad, comunicación o conocimiento afecte el debido cumplimiento de las funciones del órgano reclamado». 11) Que, de acuerdo con el artículo 8 del decreto ley N° 3, de 2016, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley orgánica del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, «Corresponde a la Subsecretaría de Derechos Humanos: a) Proponer al Ministro de Justicia y Derechos Humanos el diseño y elaboración de políticas, planes, programas y estudios referidos a la promoción y protección de los derechos humanos, y colaborar en el fomento y desarrollo de dichas políticas, planes, programas y estudios. b) Promover la elaboración de políticas, planes y programas en materia de derechos humanos en los órganos de la Administración del Estado, prestándoles asistencia y coordinación técnica. c) Elaborar y proponer el Plan Nacional de Derechos Humanos, a que alude el artículo 15, y presentarlo al Comité Interministerial de Derechos Humanos, a efectos de cumplir con lo dispuesto en la letra d) del artículo 12. Asimismo, coordinará su ejecución, seguimiento y evaluación con los demás Ministerios, requiriendo la información que sea necesaria. d) Asistir al Ministro de Justicia y Derechos Humanos en el estudio crítico del derecho interno, con la finalidad de proponer al Presidente de la República las reformas pertinentes para adecuar su contenido a los tratados internacionales en materia de derechos humanos ratificados por Chile y que se encuentren vigentes». 12) Que, en virtud del marco normativo precedentemente descrito, los informes en análisis se constituyen como un antecedente que eventualmente contenga información necesaria para el cometido de funciones públicas, cuya publicidad implicaría una afectación al debido cumplimiento de las funciones administrativas del órgano reclamado en materia directrices o políticas que involucren por ejemplo "el diseño y elaboración de políticas, planes, programas y estudios referidos a la promoción y protección de los derechos humanos". En esta línea argumentativa, la divulgación de los informes de "próximos eventos" y "reunión" pedidos, podrían dar cuenta de estrategias o cursos de acción que no necesariamente fueron adoptadas por la autoridad administrativa -en el marco de su privilegio deliberativo-, situación que puede provocar un daño en las funciones del organismo pues ciertamente se podrían generar cuestionamiento a las decisiones tomadas -en desmedro de otras- respecto de una diversidad de materias. 13) Que, en virtud de lo razonado precedentemente, advirtiéndose la potencial afectación al debido cumplimiento de las funciones específicas encomendadas al órgano requerido, procede reservar íntegramente los informes de "próximos eventos" y "reunión" pedidos, por concurrir al respecto la causal de reserva dispuesta en el artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. 14) Que, asimismo, respecto de los datos email y teléfono que se consignan en los restantes informes pedidos, este Consejo estima que procede su reserva pues según se ha resuelto en otras oportunidades la divulgación de antecedentes de contacto de los funcionarios públicos, específicamente, sus respectivas casillas de correo electrónico y teléfono institucional, puede afectar el debido cumplimiento de las funciones del órgano. En efecto, entre otras, en las de amparos Roles C611-10 y C982-12, se ha señalado que "...la decisión de un órgano de la Administración de informar a través de su sitio electrónico determinados números telefónicos, obviando otros, tiene por objeto canalizar el flujo de comunicaciones recibidas por el organismo, permitiéndole sistematizar el ingreso de llamadas conforme a los criterios de prevalencia que éste haya determinado (...) y actuar en relación con dichos criterios (....) para lo cual el Municipio destina recursos y personal al efecto, mediante la contratación de cuentas telefónicas y secretarias. Que, conforme a lo anterior, divulgar aquellos números telefónicos respecto de los cuales el órgano no cuenta con el mecanismo de canalización de comunicaciones precedentemente descrito o aquellos que permiten el acceso directo a autoridades o funcionarios respecto de los cuales, precisamente, se ha elaborado dicho mecanismo, permitiría a las personas sortear el sistema de acceso telefónico a las autoridades o funcionarios públicos dispuesto por el órgano, impidiendo a los funcionarios que ejecutan dicha labor cumplir regularmente con los fines por los cuales han sido contratados. Ello obligaría a las autoridades o funcionarios cuya función regular no es la atención de comunicaciones telefónicas o de público en general, a atender éstos, distrayéndolos de sus labores habituales" (criterio aplicado en decisiones amparo C5748-18, C6109-18 y C703-19, entre otras). Asimismo, en la decisión de amparo Rol C136-13, se indicó que "en consecuencia, considerando que el órgano reclamado se encuentra dotado de un sistema centralizado de atención ciudadana con la finalidad precisa de evitar distraer de sus funciones habituales a su personal y de esa forma dar respuesta a los requerimientos de los usuarios de manera oportuna, este Consejo estima que el dar a conocer las casillas de correo electrónico de sus funcionarios, podría afectar el debido cumplimiento de sus funciones, motivo por el cual se rechazará el presente amparo dando por justificada la concurrencia de la causal de reserva del artículo 21 N° 1 ya citado" (criterio aplicado en decisiones de amparo Roles C427-15, C1402-16, C1403-16, y C703-19, C2332-20 entre otras). Igualmente procede reservar dichos antecedentes en el evento de que se trata de información asociada a una persona que no tenga la calidad de funcionario público, en cuyo caso correspondería a datos personales, en los términos del artículo 2°, letra f) de la ley N° 19.628, respecto del cual se configuraría la causal de reserva del artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, por estimar que su divulgación afecta los derechos de las persona, particularmente, la esfera de su vida privada. 15) Que, por su parte, respecto de la divulgación de las direcciones de IP que se incluyen también en los informes consultados, resulta pertinente tener presente lo señalado en la decisión rol C776-12. Al efecto, esta Corporación razonó que: "(...) la dirección IP (...) desde la que se conecta a Internet una persona, es considerada como un dato de carácter personal, en la medida que puede asociarse a una persona identificable y, de la misma manera, permitir el acceso a información relacionada con los usos y hábitos de navegación de los usuarios del sitio web (...)". Por esta razón el Reglamento sobre interceptación y grabación de comunicaciones telefónicas y de otras formas de telecomunicación, D.S. N° 142/2005, del M. de Transportes y Telecomunicaciones, establece que "Los proveedores de acceso a Internet deberán mantener, en carácter reservado, a disposición del Ministerio Público y de toda otra institución que se encuentre facultada por ley para requerirlo, un listado actualizado de sus rangos autorizados de direcciones IP y un registro, no inferior a seis meses, de los números IP de las conexiones que realicen sus abonados". 16) Que, establecido lo anterior, y considerando que a través de la dirección IP de un terminal computacional pueden llegar a conocerse un conjunto de datos referidos a las decisiones que una persona adopta en su navegación en Internet o en una red de área local, cuestión que se encuentra referida directamente a su vida privada, es pertinente tener presente lo razonado por este Consejo respecto del historial del browser (navegador) o historial de todos los sitios web visitados por un funcionario público. Sobre el particular, en la ya citada decisión Rol C776-12 así como también en la decisión Rol C2219-13, indicó que "el historial de navegación asociado a la identidad de una persona es único e irrepetible, y tiene la funcionalidad de poner en evidencia los hábitos, patrones de conducta, gustos, preferencias políticas, sociales, culturales, e intereses del titular de esos datos personales, conformando un perfil de navegación vinculado a cada cibernauta. El referido perfil puede facilitar potencialmente intromisiones a la vida privada de las personas y la imposibilidad de hacer valer el derecho a la autodeterminación informativa, con lo cual el daño que puede generar la divulgación de esta información es mayor que el eventual beneficio obtenido con su conocimiento. Lo anterior se reforzado por el principio de proporcionalidad que, en el campo de la protección de datos personales, sólo justifica un determinado tratamiento, como en este caso sería la comunicación del dato, cuando no exista otra medida más moderada para la consecución del propósito o finalidad tenido a la vista al momento de recolectar el dato. Esto exige a los organismos públicos (...) optar, de entre los diversos tratamientos que le permitan conseguir los fines pretendidos dentro del ámbito de sus competencias, por aquel que menor incidencia tenga en el derecho a la protección de datos personales y por la utilización de los medios menos invasivos. Concretamente, si la comunicación tiene por finalidad controlar el correcto desempeño de las funciones de la autoridad o funcionario público existen el ordenamiento jurídico ofrece mecanismos menos invasivos que permiten igual o similar resultado, como los procesos de calificaciones, el cumplimiento de metas individuales o, incluso, las investigaciones o sumarios administrativos. En esta línea el interés público, manifestado en la necesidad del control social del debido desempeño de funciones públicas, no requiere de manera preponderante divulgar historiales de navegación que permitan hacer ceder la reserva del dato personal, por existir mecanismos con menor incidencia en el derecho que cumplen igual o similar función" (énfasis agregado). 17) Que, lo anterior se aviene fielmente a la esfera de protección de la vida privada que el constituyente como el legislador han fijado en la Constitución Política de la República como en las Leyes de Transparencia y ley N° 19.628, sobre protección de la vida privada. En efecto, dichos cuerpos normativos han establecido un régimen de protección de los datos personales que obran en poder de los órganos de la Administración, a partir de la garantía constitucional dispuesta en el artículo 19 N° 4, sobre el respeto a la vida privada y la honra de la persona y su familia. Luego, la comunicación de los datos requeridos a la luz de lo dispuesto en los citados cuerpos normativos resulta improcedente pese a que se genere presumiblemente en el ámbito del ejercicio de la función pública, por configurarse la causal de reserva de afectación a los derechos de las personas, en la esfera de su vida privada, del 21 N° 2 de la Ley de Transparencia. 18) Que, a mayor abundamiento, el conocimiento de las IP de un número importante de las computadoras del organismo, eventualmente, puede comprometer sus bases de datos o sistemas informativos afectando con ello el debido cumplimiento de sus funciones y, por tanto, procede igualmente la reserva de la información en virtud de la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. 19) Que, finalmente, en línea con lo manifestado presentemente, esto es, que los informes en análisis constituyen información accesoria a la realización de reuniones o videoconferencias en que participaron funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, en el evento que en dichos antecedentes se de cuenta de la participación de personas que no detentan tal calidad, es decir, que no son funcionarios públicos, a juicio de este Consejo, de forma precautoria, los datos referidos a la identidad de éstos así como cualquier otro dato personal de contexto que ahí se contenga debe también reservarse, por cuanto su divulgación puede afectar sus derechos, particularmente, en la esfera de su vida privada, toda vez que su participación en las respectivas reuniones, seminarios o videollamadas se puede deber a propósitos exclusivamente personales y no a fines públicos. Así las cosas, la entrega de dichos datos, sin contar con la autorización de su titular, puede afectar su derecho a la vida privada, regulado en el artículo 19 N° 4 de la Constitución Política de la República. En tal sentido, se debe tener presente que la vida privada es «el conjunto de los asuntos, conductas, documentos, comunicaciones, imágenes o recintos que, el titular del bien jurídico protegido, no desea que sean conocidos por terceros sin su consentimiento previo» (Cea Egaña, José Luis, en Derecho Constitucional, Tomo II Derecho, Deberes y Garantías, Ediciones Universidad Católica, Santiago, 2004, p.178). 20) Que, en mérito de todo lo expuesto, se acogerá parcialmente el amparo en análisis, ordenando entregar al reclamante copia de los informes de uso que automáticamente genera la plataforma Zoom, al tenor del requerimiento, para el periodo comprendido entre el 08 de junio y el 29 de julio de 2020, en formato csv o Excel, previa reserva de los informes "próximos eventos" y "reunión" así como los datos "e-mail", "teléfono", "dirección de IP" y todo antecedente que dé cuenta de la identidad o nombre de personas que no tenga la calidad de funcionario público, y cualquier otro dato personal de contexto que se hallen en los demás informes requeridos, por configurarse a su respecto las causales de reserva contenidas en el artículo 21 N° 1 y N° 2 de la Ley de Transparencia, respectivamente. Esto último se establece en virtud de las facultades y atribuciones que confiere el artículo 33, letra j) de la Ley de Transparencia y en aplicación del principio de divisibilidad consagrado en el artículo 11, letra e) del mismo cuerpo legal. Con todo, en el evento que todo o parte de la información reclamada no obre en poder del organismo, se deberá comunicar dicha circunstancia al reclamante y a este Consejo, indicando específicamente las razones que lo justifiquen y acreditando su inexistencia conforme al marco normativo aplicable. EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA: I. Acoger parcialmente el amparo deducido por don Claudio Cifuentes Lobo en contra de la Subsecretaría de Derechos Humanos, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente. II. Requerir a la Sra. Subsecretaria de Derechos Humanos, lo siguiente: a) Hacer entrega al reclamante copia de los informes de uso que automáticamente genera la plataforma Zoom, al tenor del requerimiento, para el periodo comprendido entre el 08 de junio y el 29 de julio de 2020, en formato csv o Excel, previa reserva de los informes "próximos eventos" y "reunión" así como los datos "e-mail", "teléfono", "dirección de IP" y todo antecedente que dé cuenta de la identidad o nombre de personas que no tenga la calidad de funcionario público, y cualquier otro dato personal de contexto que se hallen en los demás informes requeridos, por configurarse a su respecto las causales de reserva contenidas en el artículo 21 N° 1 y N° 2 de la Ley de Transparencia. Con todo, en el evento que todo o parte de la información reclamada no obre en poder del organismo, se deberá comunicar dicha circunstancia al reclamante y a este Consejo, indicando específicamente las razones que lo justifiquen y acreditando su inexistencia conforme al marco normativo aplicable. b) Cumplir dicho requerimiento en un plazo que no supere los 10 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia. c) Acreditar la entrega efectiva de la información señalada en el literal a) precedente, en conformidad a lo establecido en el inciso segundo del artículo 17 de la Ley de Transparencia, por medio de comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dio cumplimiento a las obligaciones impuestas en la presente decisión en tiempo y forma. III. Encomendar al Director General (S) y a la Directora Jurídica (S) de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Claudio Cifuentes Lobo y a la Subsecretaria de Derechos Humanos. En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011. Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidenta doña Gloria de la Fuente González, su Consejera doña Natalia González Bañados y sus Consejeros don Francisco Leturia Infante y don Bernardo Navarrete Yáñez. Por orden del Consejo Directivo, certifica la Directora Jurídica (S) del Consejo para la Transparencia doña Ana María Muñoz Massouh.