Base de Datos de Jurisprudencia - Consejo para la Transparencia

Decisión ROL C5093-20

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Reclamante:	ASPASIA BUCH PONCE PONCE
Reclamado:	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS (INE)
Resumen del caso: Se acoge el amparo deducido en contra del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), y se ordena la entrega, - respecto de las bases de datos con que se construyeron los boletines del subsector de "transporte" de los años 2015 al 2020 -, de las plazas de peaje de la ruta 68 Santiago - Valparaíso: el número y tipo de vehículos que pasaron por cada una de ellas y el año del conteo. Lo anterior, por haberse desestimado las alegaciones del órgano, fundadas en el secreto estadístico y la afectación al debido cumplimiento de sus funciones, toda vez que no fueron acreditadas fehacientemente. Aplica criterio decisión de amparo roles C3661-20, C3663-20, C3664-20 y C3665-20, entre otras. Se desestima la causal de reserva por afectación de derechos personales alegada por el organismo, por encontrarse establecida en forma exclusiva en favor de los terceros que pudieran verse afectados con la información pedida. Sin embargo, en la forma en que se pide la información que constituyen datos meramente numéricos o estadísticos, a juicio de este Consejo, no se configura la causal de secreto de afectación a los derechos de las personas, la esfera de la vida privada o sus derechos de carácter comercial o económico.
Tipo de decisión:	Decisión de Fondo
Fecha de la decisión:	1/14/2021
Consejeros:	-Gloria Alejandra de la Fuente González -Francisco Javier Leturia Infante -Natalia Andrea González Bañados -Bernardo Eric Navarrete Yáñez
Legislación aplicada:	Ley de Transparencia
Palabras clave:
Jurisprudencia desde:	C2430-17 C2822-18 C1818-12 C2283-13 C3661-20 C3663-20 C3664-20 C3665-20
Jurisprudencia a:	C2992-21 C4270-22
Recursos relacionados:
Descriptores jurídicos:	- Funcionarios >> Desempeño de sus funciones >> Calificaciones
Descriptores analíticos:

DECISIÓN AMPARO ROL C5093-20   Entidad pública: Instituto Nacional de Estadísticas (INE) Requirente: Aspasia Buch Ponce Ponce Ingreso Consejo: 21.08.2020 RESUMEN Se acoge el amparo deducido en contra del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), y se ordena la entrega, - respecto de las bases de datos con que se construyeron los boletines del subsector de "transporte" de los años 2015 al 2020 -, de las plazas de peaje de la ruta 68 Santiago - Valparaíso: el número y tipo de vehículos que pasaron por cada una de ellas y el año del conteo. Lo anterior, por haberse desestimado las alegaciones del órgano, fundadas en el secreto estadístico y la afectación al debido cumplimiento de sus funciones, toda vez que no fueron acreditadas fehacientemente. Aplica criterio decisión de amparo roles C3661-20, C3663-20, C3664-20 y C3665-20, entre otras. Se desestima la causal de reserva por afectación de derechos personales alegada por el organismo, por encontrarse establecida en forma exclusiva en favor de los terceros que pudieran verse afectados con la información pedida. Sin embargo, en la forma en que se pide la información que constituyen datos meramente numéricos o estadísticos, a juicio de este Consejo, no se configura la causal de secreto de afectación a los derechos de las personas, la esfera de la vida privada o sus derechos de carácter comercial o económico. En sesión ordinaria N° 1146 del Consejo Directivo, celebrada el 5 de enero de 2021, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C5093-20. VISTO: Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia. TENIENDO PRESENTE: 1) SOLICITUD DE ACCESO: El 10 de julio de 2020, doña Aspasia Buch Ponce Ponce solicitó al Instituto Nacional de Estadísticas, también denominado INE, la siguiente información: "(...) Base de datos con la que se construyeron los BOLETINES (Boletín trasporte y comunicaciones) de los años 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 y 2020. (...) solo los datos que correspondan con el ítem de TRANSPORTE (plaza de peajes nacional, Pórtico de autopistas urbanas en la Región Metropolitana, Transporte de pasajeros en Metro). Por otra parte, la información que solicito, la requiero en una planilla Excel. Donde en la planilla esté presente las plazas de peaje y el número de vehículos que pasa por cada una de ella y el tipo de vehículo y el año del conteo (separado en años y meses). Esta información referida a la plaza de peajes de la Región Metropolitana que se mencionan a continuación. Peaje lo Prado/Peaje Troncal Zapata / Peaje Lateral Cuesta Zapata/Peaje Lateral Quintay y Tunquen. Se adjunta un archivo donde se cómo se requieren las disipaciones de los datos en la planilla. 2) RESPUESTA: El 05 de agosto de 2020, el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) respondió a dicho requerimiento de información, mediante Resolución Exenta N° 1855, de esa fecha, indicando, en síntesis, lo siguiente: 1. Dentro de las múltiples funciones contempladas en la ley 17.374, que fija el nuevo texto refundido, coordinado y actualizado del DFL. N° 313 de 1960, que aprobara la Ley Orgánica Dirección Estadística y Censos y crea el Instituto Nacional de Estadísticas - en adelante ley N° 17.374-; en lo pertinente, corresponde confeccionar un registro de las personas naturales o jurídicas que constituyan "Fuente de Información Estadística (literal l) artículo 2). 2. El INE, como servicio de información pública, entrega sus productos estadísticos de una manera única y universal, esto es, para todos los ciudadanos en un mismo momento, el que se encuentra determinado con anterioridad a través del Plan Nacional de Recopilación Estadística del año respectivo; incluso, tratándose de ciertos productos de periodicidad mensual divulga su publicidad con el día y hora prefijada. Por esta razón, se puede afirmar que el Instituto tiene reglas propias y especiales en materia de publicidad de la información. 3. Dependiendo del diseño muestral y su representatividad, son liberados de manera activa o pasiva las bases de datos en consideración a criterios estrictamente profesionales, incluidos criterios científicos y métodos y procedimientos propios de esta ciencia, a un nivel en que los profesionales estadísticos que han desarrollado el levantamiento estimen que se han minimizado los riesgos de vulneración del secreto estadístico que protege la identidad del informante. 4. En este sentido, los pasos o eslabones del "procedimiento estadístico" sólo podrían en un sentido figurado asimilarse a un "proceso administrativo", pero lo cierto es que las etapas sucesivas del procedimiento estadístico están constituidos por una serie de técnicas (estadísticas) y no de otra naturaleza, lo que permite afirmar que -en la práctica- esta asimilación es imposible, no es un auténtico procedimiento administrativo por tratarse más bien de una actividad material que de una actividad jurídica. Por esta razón, el producto estadístico puede estar divulgado, así como sus metodologías y pasos previos, pero eso no significa que las bases de datos en virtud de las cuales se generaron esos datos estadísticos sigan la misma suerte, por el contrario, es infranqueable. Estos datos provistos por los informantes están protegidos por una barrera llamada "secreto estadístico". 5. Así, en el ejercicio de estas funciones "el INE, no puede divulgar los hechos que se refieran a personas o entidades determinadas de que haya tomado conocimiento en el desempeño de sus actividades. El estricto mantenimiento de estas reservas constituye el "secreto estadístico", y su infracción por cualquier persona sujeta a esta obligación, hará incurrir en el delito previsto y penado por el artículo 247, del Código Penal, debiendo en todo caso aplicarse pena corporal" (artículo 29°). 6. Esta forma de conducirse en el ejercicio de sus funciones configura el secreto estadístico, el que para para el caso del INE no admite excepciones administrativas ni judiciales, pues justamente la oferta de secreto que se ofrece al informante es total, absoluta. Esta oferta de secreto sobre la información recabada es la que permite que el Instituto realice su cometido. 7. Ahora bien, teniendo claro que el INE es probablemente el mayor tenedor de datos de las personas naturales y jurídicas en el Estado, la información que ingresa al Servicio no es, ni se transforma en pública por ese sólo hecho, lo que es público es el resultado estadístico del tratamiento de esos datos. Esto incluye eventualmente la base de datos a un nivel de innominación e indeterminación aceptable, por tanto el "secreto estadístico" es justamente para los informantes, no para la actividad del INE, la que queda completamente a merced de las normas generales de transparencia de la Ley N° 20.285. 8. El secreto permite que los informantes entreguen libremente información que de otra manera jamás revelarían. Si el Estado, a través del INE, no pudiera acceder a esa información probablemente la estadística carecería de representatividad y sus resultados no darían confianza y es justamente la confianza que el secreto ofrece, la que permite que los informantes entreguen información de calidad de todo aquello que se les consulta; y si bien queda completamente a merced de las normas generales de transparencia de la Ley N° 20.285, en relación con el artículo 8 de la Constitución Política, resulta aplicable, en la especie, la reserva del artículo 21 N° 5 de la referida Ley, respecto de la ley 17.374, según expone latamente. 9. Este Servicio se encuentra también sujeto en su actuar a los principios fundamentales de las estadísticas oficiales, los cuales son aplicados en nuestro país en virtud de lo dispuesto en el artículo 5° inciso 2°de la Constitución Política, que constituyen los criterios inspiradores de los códigos de buenas prácticas internacionales y por ende, revisten el carácter de normas y directrices internacionales. Concretamente, en el caso en análisis, son de principal relevancia los principios 1, 4 y 6 según se señala. 10. En este contexto, el ejercicio de las funciones públicas entregadas al INE debe efectuarse con estricta sujeción a las normas y principios que las regulan y, por ende, cualquier acción ejecutada fuera de este ámbito vulneraría los principios de legalidad y competencia, consagrados en los artículos 6° y 7° de la Constitución Política de la República. 11. Sin perjuicio de lo anterior, se informa a la requirente que los cuadros estadísticos a público y con los cuales se construyeron los boletines consultados se encuentran en la página web en link que indica; por lo que se accede parcialmente a la solicitud en aplicación de la causal de reserva del 21 N° 5, de la Ley de Transparencia, en relación con el artículo 29 de la ley N° 17.374. 3) AMPARO: El 21 de agosto de 2020, doña Aspasia Buch Ponce Ponce dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en que la respuesta entregada no corresponde a la información solicitada. Además, la reclamante hizo presente que "se solicitó la información disgregada de los boletines de transporte y comunicación del 2015 al 2020 de la Región Metropolitana de la plaza de peajes mencionados en la solicitud, que corresponden a la ruta 68 Santiago - Valparaíso (Peaje lo Prado/Peaje Troncal Zapata / Peaje Lateral Cuesta Zapata/Peaje Lateral Quintay y Tunquén). Pero la respuesta de solicitud (...) soló fue redirigida a los links publicados en las páginas del INE que no aportan ninguna información nueva, por ende tampoco responden a la solicitud, dado que pide la separación de los datos y no la suma de todos ellos (información que está en los boletines). Se envió un Pdf explicando cómo se requería la información y la disposición de esta (datos de la plaza de peaje de la ruta 68). Además, no, se está pidiendo identificar la fuente (persona) o como se calcularon los datos, solo se está solicitando la separación de la suma de los datos. Por ende no se está vulnerado ningún secreto estadístico". 4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo y mediante Oficio N° E15481, de 10 de septiembre de 2020, confirió traslado a la Sra. Directora Nacional del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) solicitando que: se refiera, específicamente, a las causales de secreto o reserva que, a su juicio, harían procedente la denegación de la información reclamada. Mediante Ordinario N° 1100, de 28 de septiembre de 2020, el órgano efectuó sus descargos, señalando, en síntesis, lo siguiente: 1. Que, el INE, tal como se señaló, tiene reglas propias y especiales en materia de publicidad de la información. En tal sentido, la producción estadística está constituida por la recopilación, elaboración y ordenación sistemática de los datos, siendo muchos de estos de carácter individual y personal. Es por ello que, al momento de liberar las bases de datos se consideran criterios que minimicen los riesgos de vulneración del secreto estadístico, que protege la identidad del informante, cuya entrega constituye una transgresión a las normas que rigen su funcionamiento (Artículo 29°). 2. En este sentido, para resguardar el "secreto estadístico", la información que entrega el INE debe tener el carácter de innominada e indeterminada, sin excepciones de ningún tipo, ni administrativas ni judiciales pues, como se señaló, la oferta de secreto que se ofrece al informante es total, absoluta, y es la que permite al INE desarrollar su cometido. 3. Por otra parte, cuando se señala que la base de datos siempre debe cumplir con la anonimización, el requisito mínimo es que el informante nunca sea individualizado, o que sea posible su determinación. Luego, anonimizado el informante, se debe resguardar por todas las vías posibles cualquier vulneración o posibilidad que sea posible saber quién informó, y qué informó. 4. De este modo, se reitera la procedencia la causal de reserva del artículo 21 N° 5, de la Ley de Transparencia, en relación con el artículo 8° inciso 2°, de la Constitución Política, para denegar la información requerida. Lo anterior, por cuanto el INE se encuentra obligado a respetar las normas establecidas por la Ley N° 17.374, dentro de las cuales se contempla la estricta observancia del secreto estadístico, consagrado en su artículo 29. 5. Además, en su actuar, el INE se encuentra sujeto a los principios fundamentales de las Estadísticas Oficiales reseñados con ocasión se la respuesta, siendo relevante mencionar el principio 6, que indica: "Los datos que reúnan los organismos de estadística para la compilación estadística, ya sea que se refieran a personas naturales o jurídicas, deben ser estrictamente confidenciales y utilizarse exclusivamente para fines estadísticos." Dicho principio lo recoge el artículo 29 de la Ley INE, ya reseñada. 6. Por ello que, no resulta posible remitir lo correspondiente a las bases de datos consultadas, ya que, al referirse a información entregada por uno de los informantes para la elaboración de las estadísticas referidas, se vulnera directamente el secreto estadístico, consagrado en la normativa orgánica citada. Así, aun cuando no se señale específicamente de quién se trata, dicha información es fácilmente determinable mediante una simple búsqueda por internet. Es por dicha razón que se ha debido agrupar la información, de forma tal que no sea posible determinar o relacionar la información en forma directa. Cita el literal e) del artículo 2° de la Ley N° 19.628. 7. En este sentido, para dar resguardo a la confidencialidad y excluir toda asociación del dato entregado por el informante con el mismo, es que cuando se trata de la entrega de información estadística en zonas geográficas en que existan menos de 3 informantes que realizan la actividad, o que posean una característica relevante, o bien por la existencia de valores atípicos o extremos fácilmente identificables, la información estadística es agrupada, para eliminar toda posibilidad de vinculación, sea directa o indirecta. Es por ello que resulta imposible la entrega de información con identificación de las plazas de peaje o pórtico de autopistas, en los términos requeridos, porque se entregaría información nominada. 8. En la especie, los informantes sobre esta materia en particular son extremadamente escasos, razón por la cual se torna más complejo disponibilizar información en términos más desagregados, toda vez que la factibilidad de identificar al informante aumenta en términos considerables. Si así sucediere, aquel se ve enfrentado a la disyuntiva de cumplir con la obligación de entrega de información, o bien derechamente pagar la multa asociada al incumplimiento, ya que de esta forma será posible recopilar información económica relevante respecto de sus ingresos. Luego, considerando la escasez de empresas en esta actividad y estrato, para efectos de recopilación, la divulgación de información más desagregada pone en riesgo la continuidad del producto estadístico. 9. Con todo, atendido que la información que los particulares proporcionan al INE se hace en el entendido de que aquella sólo será utilizada con fines estadísticos, sin que la misma sea revelada a nadie, ya que tiene el carácter de secreta, igualmente procedería la denegación al requerimiento por la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia, por afectación al debido cumplimiento de las funciones del Instituto Nacional de Estadísticas, pudiendo complementar además con la causal establecida en N° 2 del mismo artículo. 10. En tal sentido, el objetivo de los boletines del subsector de Transporte es entregar información de recursos e infraestructura de las empresas que suministran estos servicios destinados a la investigación y desarrollo en los sectores en estudio, lo cual constituye material relevante para analizar el estado de la actividad en el país, y para la toma de decisiones relativas a políticas públicas. Es por ello que, afectar la confianza que los particulares han depositado en la institucionalidad estadística, conlleva una afectación a la relación que el INE mantiene con sus informantes y consecuentemente con ello, no sólo la calidad de la información estadística oficial que se entrega al país, sino que su conocimiento puede afectar el cumplimiento de nuestras funciones del Instituto Nacional de Estadísticas, señaladas en el artículo 2° de la Ley N° 17.374. 11. En consecuencia, la posibilidad de divulgar o reconocer explícitamente, información entregada por un informante, puede incidir en la labor que el INE realiza para futuros procesos de recopilación de antecedentes para la elaboración de dichos boletines, y todas aquellas que requieren de colaboración del personas naturales o jurídicas, afectando con ello el debido cumplimiento de nuestras funciones. 5) SOLICITA COMPLEMENTAR DESCARGOS: Con fecha 17 de octubre de 2020, se requirió al organismo remitir la información correspondiente a las bases de datos con que se construyeron los boletines de los años 2015-2020 consultados. Por correo electrónico, de fecha 21 de octubre de 2020, el órgano remitió la resolución exenta s/n, señalando, en síntesis, lo siguiente: "(...) nos vemos impedidos de complementar, en los términos requeridos, la respuesta dada mediante resolución exenta N° 1855 de 05.08.2020 y Ord. N° 1100 de 28 de septiembre de 2020 de este origen, toda vez que la remisión de la información requerida constituiría una violación al secreto estadístico, el cual, tal como se ha expresado, no admite excepciones de ningún tipo, ni aún respecto de requerimiento de parte de vuestro organismo". Y CONSIDERANDO: 1) Que, el presente amparo tiene por objeto, la entrega - respecto de las bases de datos con que se construyeron los boletines del subsector de "transporte" de los años 2015 al 2020- del número y tipo de vehículos, con el año del conteo, que pasó por cada una de las plazas de peaje de la ruta 68 Santiago - Valparaíso (Peaje lo Prado/Peaje Troncal Zapata / Peaje Lateral Cuesta Zapata/Peaje Lateral Quintay y Tunquén), según se señala en el numeral 3) de lo expositivo. Al respecto, el órgano denegó la entrega de la información de conformidad a lo dispuesto en el artículo 21 N° 5 de la Ley de Transparencia, en relación con el artículo 29 de la citada ley N° 17.374. Luego, en sus descargos, manifestó que también concurrirían las causales del artículo 21 N° 1 y N° 2 de la Ley de Transparencia. 2) Que, el artículo 8°, inciso 2°, de la Constitución Política de la República, en lo que interesa, establece que "son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen. Sin embargo, sólo una ley de quórum calificado podrá establecer la reserva o secreto de aquéllos o de éstos, cuando la publicidad afectare el debido cumplimiento de las funciones de dichos órganos, los derechos de las personas, la seguridad de la Nación o el interés nacional". Por su parte, según lo dispuesto en los artículos 5, inciso segundo, y 10 de la Ley de Transparencia, se considera información pública toda aquella que obre en poder de los órganos de la Administración del Estado, cualquiera sea su formato, soporte, fecha de creación, origen, clasificación o procesamiento, además de aquella contenida en "actos, resoluciones, actas, expedientes, contratos y acuerdos, así como a toda información elaborada con presupuesto público", salvo que dicha información se encontrare sujeta a las excepciones establecidas en el artículo 21 de la Ley de Transparencia. 3) Que, en la especie, el órgano invocó como primera causal de reserva, la contenida en el artículo 21 N° 5 de la Ley de Transparencia, en relación con el artículo 29 de la ley N° 17.374, por configurarse respecto de la información requerida el denominado "secreto estadístico". En este sentido, el artículo 29 de la citada Ley N° 17.374 establece que "el Instituto Nacional de Estadísticas, los organismos fiscales, semifiscales y Empresas del Estado, y cada uno de sus respectivos funcionarios, no podrán divulgar los hechos que se refieren a personas o entidades determinadas de que hayan tomado conocimiento en el desempeño de sus actividades. El estricto mantenimiento de estas reservas constituye el "Secreto Estadístico", cuya infracción se sanciona con pena corporal, de acuerdo con lo señalado por el artículo 247 del Código Penal. 4) Que, según dispone el numeral 5 del citado artículo 21, sólo podrá denegarse el acceso a la información "cuando se trate de documentos, datos o informaciones que una ley de quórum calificado haya declarado reservados o secretos, de acuerdo a las causales señaladas en el artículo 8° de la Constitución Política". En tal sentido, el artículo 8°, inciso 2°, de la Constitución establece que "(...) sólo una ley de quórum calificado podrá establecer la reserva o secreto de aquéllos o de éstos, cuando la publicidad afectare el debido cumplimiento de las funciones de dichos órganos, los derechos de las personas, la seguridad de la Nación o el interés nacional". Con todo, la aplicación de normas de secreto previas a la reforma constitucional que incorporó el principio de publicidad en el artículo 8° a la Constitución, contenida en la Ley N° 20.050, de 2005, fue regulada por el artículo 1° transitorio de la Ley de Transparencia, según el cual: "de conformidad a la disposición cuarta transitoria de la Constitución Política, se entenderá que cumplen con la exigencia de quórum calificado, los preceptos legales actualmente vigentes y dictados con anterioridad a la promulgación de la ley N° 20.050 (de 2005), que establecen secreto o reserva respecto de determinados actos o documentos, por las causales que señala el artículo 8° de la Constitución Política". En ese sentido, la citada disposición 4° transitoria de la Constitución establece que "Se entenderá que las leyes actualmente en vigor sobre materias que conforme a esta Constitución deben ser objeto de leyes (...) aprobadas con quórum calificado, cumplen estos requisitos y seguirán aplicándose en lo que no sean contrarias a la Constitución, mientras no se dicten los correspondientes cuerpos legales". 5) Que, al respecto, este Consejo, a partir de las decisiones de amparo roles A45-09, C1818-12, C2283-13, C2430-17 y C2822-18 ha establecido que dicho artículo posee el carácter de ley de quórum calificado para efectos de establecer el secreto o reserva respecto de aquellos documentos que se relacionan directamente con el secreto estadístico. Ahora bien, en virtud de lo dispuesto en el artículo 21 N° 5 y del artículo 1° transitorio de la Ley de Transparencia, esta Corporación ha concluido, que para la aplicación de una norma que disponga el secreto o reserva de determinados antecedentes dictada con anterioridad a la ley señalada, no sólo basta que ésta sea de rango legal y entendida por este hecho de quórum calificado, sino que, además, debe reconducirse a alguno de los motivos constitucionales de secreto o reserva que establece el artículo 8°, inciso 2°, de la Carta Fundamental. De este modo, si bien el artículo 29 de la Ley N° 17.374, en tanto norma legal, está formalmente sujeta a lo dispuesto por el artículo 1° transitorio de la Ley de Transparencia --y puede por tanto ser objeto de reconducción formal--, es igualmente menester determinar si el contenido de dicha disposición guarda correspondencia con las causales de secreto señaladas por el constituyente, es decir, si puede tener lugar a su respecto la reconducción material. 6) Que, la reconducción material señalada debe estar guiada por la exigencia de "afectación" de los bienes jurídicos indicados en el artículo 8°, inciso 2°, de la Constitución Política, esto es, debido cumplimiento de las funciones de los órganos del Estado, derechos de las personas, seguridad de la Nación o el interés nacional. Lo anterior, en atención a la claridad del vocablo "afectare" que ha sido utilizado en el inciso segundo del precepto constitucional, por cuanto, la referida afectación implica necesariamente la existencia de un perjuicio o daño al bien jurídico de que se trate, para el caso de divulgarse la información. En efecto, no basta sólo con que la información "se relacione" con el bien jurídico protegido o que le resulte "atingente" para los efectos de mantener tal información en secreto o reserva, sino que se precisa la afectación o daño. La interpretación que se viene desarrollando, ha sido ratificada por la Excma. Corte Suprema, en sentencia pronunciada en los autos Rol N° 46.478-2016, en la que rechazó un recurso de queja deducido por la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, señalando al efecto: "Es decir, los supuestos de secreto o reserva fijados en leyes aprobadas antes de la reforma constitucional de agosto de 2005 son válidas siempre y cuando el motivo que las justifique esté contemplado expresamente en el artículo 8° de la Carta Fundamental". 7) Que, en tal sentido, el criterio que ha aplicado uniformemente este Consejo es que la afectación debe ser presente o probable y con suficiente especificidad para justificar la reserva, lo que no se presume, sino que debe ser acreditada por el órgano administrativo requerido, de modo que los daños que la publicidad provocaría sean superiores al perjuicio que el secreto causaría al libre acceso a la información y al principio de publicidad. Atendido que el legislador ha definido de modo genérico el concepto de "secreto estadístico", ha sido el INE el organismo que ha construido los criterios y definiciones técnicas para su aplicación práctica. De esta forma ha determinado que la información que el órgano entregue dentro de este contexto debe cumplir con dos criterios esenciales, a saber: ser innominada e indeterminada. El primer criterio implica que el informante nunca sea individualizado y el segundo criterio requerirá que, además de lo anterior, se debe resguardar por todas las vías posibles cualquier vulneración o posibilidad que sea posible saber quién informó, y qué informó. 8) Que, sobre el particular, respecto del primer criterio, de no hacer alusión directa a las personas que entregaron la información, el órgano requerido ha indicado que los informantes sobre la materia consultada son extremadamente escasos, razón por la cual se torna más complejo disponibilizar información en términos más desagregados, toda vez que la factibilidad de identificar al informante aumenta en términos considerables, aun cuando no se señale específicamente de quién se trata la información pedida, pues resultaría fácilmente determinable mediante una simple búsqueda por internet; por lo que de revelarse las variables requeridas sobre las plazas de peajes se vulneraría el "secreto estadístico", lo cual implica el riesgo de infracción a los principios constitucionales de legalidad y competencia consagrados en los artículos 6° y 7° de la Constitución Política. 9) Que, sin perjuicio de lo anterior, teniendo presente los criterios sobre secreto estadístico fijados por el INE, a la luz de la norma contenida en el artículo 29 de la ley N° 17.374, y considerando especialmente que aquello que la norma prohíbe divulgar son "(...) los hechos que se refieren a personas o entidades determinadas de que hayan tomado conocimiento en el desempeño de sus actividades (...)", a juicio de esta Corporación, en la especie, cabe precisar que no se ha requerido hecho alguno relativo a los informantes, sino determinadas variables de las plazas de peaje de la ruta 68 Santiago-Valparaíso, como son el número y tipo de vehículos que pasa por cada una de ellas y el año del conteo; es más, la propia reclamante especificó en su amparo, que "(...) no, se está pidiendo identificar la fuente (persona) o como se calcularon los datos, solo se está solicitando la separación de la suma de los datos". Con todo, y en este mismo orden de ideas, respecto de los links indicados por el órgano con ocasión de la respuesta, la recurrente acompañó una copia de los mismos, donde observa respecto del tipo de vehículos que "(...) en el caso que exista cualquiera de esas dos clasificaciones de vehículos, es correcta, por otra parte, aclarar que la información que se pide es el número y tipo de vehículos que pasa por cada uno de los pórticos o plazas de peajes mencionados (...)", de donde se desprende claramente que lo pedido no dice relación con información nominada, por lo que la alegación del órgano no podrá prosperar. 10) Que, los razonamientos antes expuestos han sido ratificados en sede judicial, en los autos seguidos ante la Corte de Apelaciones de Santiago roles 8706-2016 y 14.205-2017. En estos últimos, dicha Corte, al desestimar el reclamo de ilegalidad presentado por el INE en contra de la decisión de este Consejo en el amparo C2430-17, en lo que interesa, señaló que "Séptimo: Que la causal invocada por la recurrente para denegar la solicitud de información de la amparada es la contemplada en el artículo 21 N° 5 de la Ley de Transparencia, esto es, cuando (la información) se trate de documentos, datos o informaciones que una ley de quórum calificado haya declarado reservados o secretos, de acuerdo con las causales señaladas en el artículo 8° de la Constitución Política (...) En todo caso, cabe dejar establecido que, la vulneración al denominado secreto estadístico en que se basa la negativa de la reclamante para entregar la información solicitada, no resulta, en lo absoluto, demostrado por quien la invoca, toda vez que, no se divisa de qué forma informar acerca de la variable relativa a la región de la VII Encuesta de Presupuesto Familiar, puede constituir una vulneración del secreto estadístico, en tanto, éste dice relación con la prohibición de la divulgación de hechos referidos a personas o entidades determinadas, mientras que los datos exigidos por la solicitante corresponden a una variable geográfica determinada como es la región que, ciertamente, no permite inferir los antecedentes personales de quienes aportaron los datos procesados por el INE en la referida encuesta por lo que no cabe sino desestimar dicha argumentación" (énfasis agregado). 11) Que, en relación con el segundo criterio fijado, relativo a que se debe resguardar por todas las vías posibles cualquier vulneración o posibilidad que sea posible saber quién informó, y qué informó, tal como se indicó en los considerandos precedentes, vale tener en consideración que no se ha requerido la identidad o determinación de ninguno de ellos, sino solamente lo relativo al número y tipo de vehículos que pasa por cada una de las plazas de peaje consultadas, y el año del conteo, lo que constituyen datos meramente numéricos o estadísticos, lo cuales, de acuerdo a lo que establece el artículo 2, letra e), de la ley N° 19.628, es "el dato que, en su origen, o como consecuencia de su tratamiento, no puede ser asociado a un titular identificado o identificable". En este sentido, la posibilidad cierta de que, a través de la revelación de la información pedida respecto de las plazas de peajes, se llegue a revelar con absoluta certeza la identidad de las personas respectos de las cuales se entrega la información resulta asimismo remota. Aplica criterio decisión de amparo roles C3661-20, C3663-20, C3664-20 y C3665-20, entre otras. 12) Que, a su turno, el órgano señaló en sus descargos que se configuraría la causal genérica del artículo 21 N° 1, de la Ley de Transparencia, en el sentido de que el INE está sujeto a los principios de legalidad y competencia, consagrados en los artículos 6° y 7° de la Carta Fundamental, así como a la regulación de la ley N° 17.374, que le imponen el respeto al secreto estadístico, esto es, a resguardar la información que los informantes remiten y a no divulgarla de manera que se pueda identificar a quienes la proporcionaron, y que si se entregaran los datos con el desglose requerido, se lesionarían dichos principios y obligaciones legales, lo que conllevaría a que en lo sucesivo las personas no quieran, por pérdida de confianza, entregar la información solicitada en este tipo de encuestas, lo que afectaría el desarrollo de las funciones legales encargadas al Instituto. 13) Que, al efecto, el órgano recurrido no indicó de manera precisa y determinada cuáles serían aquellas funciones legales que, supuestamente, se verían afectadas si se entregara, en forma específica, la información requerida, sino que por el contrario, se ha limitado a señalar de manera genérica y eventual que esa entrega de información lesionaría la confianza de las personas que enviaron sus datos en el contexto de la información requerida. En consecuencia, a juicio de este Consejo, no se ha acreditado en términos específicos y concretos la afectación de las referidas funciones del INE, ni se ha logrado vincular la afectación descrita con los bienes jurídicos que el órgano alude en su respuesta y en sus descargos. 14) Que, en virtud de lo expuesto, tratándose de información que obra en poder del INE, respecto de la cual se ha desestimado la concurrencia de las causales de reserva del artículo 21 N° 1 y N° 5 de la Ley de Transparencia, esta última, en relación con lo dispuesto en el artículo 29 de la ley N° 17.374, este Consejo procederá a acoger el presente amparo, ordenando la entrega de la información solicitada en la forma pedida. 15) Que, por último, respecto de la causal de reserva invocada del artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia para denegar la información requerida será desestimada, toda vez que ésta se encuentra establecida en forma exclusiva en favor de los terceros a quienes se refiere la información, en el procedimiento de oposición establecido en el artículo 20 de la Ley de Transparencia, y no para los órganos de la Administración de Estado. Sin embargo, en la forma en que se pide la información que constituyen datos meramente numéricos o estadísticos, a juicio de este Consejo, no se configura la causal de secreto de afectación a los derechos de las personas, la esfera de la vida privada o sus derechos de carácter comercial o económico. EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA: I. Acoger el amparo deducido por doña Aspasia Buch Ponce Ponce en contra del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente. II. Requerir a la Sra. Directora Nacional del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), lo siguiente; a) Hacer entrega a la reclamante: Los siguientes datos con que se construyeron los boletines del sector "transporte", de los años 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 y 2020, en una planilla Excel, donde se informen: plazas de peaje; número y tipo de vehículos que pasa por cada una de ella y el año del conteo - separado en años y meses-; ello respecto de: Peaje lo Prado/Peaje Troncal Zapata/Peaje Lateral Cuesta Zapata/Peaje Lateral Quintay y Tunquén. b) Cumplir dicho requerimiento en un plazo que no supere los 10 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia. c) Acreditar la entrega efectiva de la información señalada en el literal a) precedente, en conformidad a lo establecido en el inciso segundo del artículo 17 de la Ley de Transparencia, por medio de comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dio cumplimiento a las obligaciones impuestas en la presente decisión en tiempo y forma. III. Encomendar al Director General (S) y a la Directora Jurídica (S) de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a doña Aspasia Buch Ponce Ponce y a la Sra. Directora Nacional del Instituto Nacional de Estadísticas (INE). En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011. Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidenta doña Gloria de la Fuente González, su Consejera doña Natalia González Bañados y sus Consejeros don Francisco Leturia Infante y don Bernardo Navarrete Yáñez. Por orden del Consejo Directivo, certifica la Directora Jurídica (S) del Consejo para la Transparencia doña Ana María Muñoz Massouh.