Base de Datos de Jurisprudencia - Consejo para la Transparencia

Decisión ROL C5179-20

Reclamante:	CARLA FIGUEROA SAAVEDRA
Reclamado:	COMISIÓN NACIONAL DE ACREDITACIÓN
Resumen del caso: Se acoge parcialmente el amparo deducido en contra de la Comisión Nacional de Acreditación (CNA) ordenando la entrega del Informe que presentó el Programa de doctorado en Ciencias Médicas de la Universidad de La Frontera para su acreditación con todos sus anexos. Lo anterior, por existir un interés público involucrado en el conocimiento de tal información, por cuanto la transparencia del proceso y, en consecuencia, su publicidad, permiten un control social respecto de los estándares de cumplimiento de la educación superior en términos de calidad y de los procedimientos utilizados para dar garantía de la misma.
Tipo de decisión:	Decisión de Fondo
Fecha de la decisión:	1/8/2021
Consejeros:	-Gloria Alejandra de la Fuente González -Francisco Javier Leturia Infante -Natalia Andrea González Bañados -Bernardo Eric Navarrete Yáñez
Legislación aplicada:	Ley 19628 1999 - Ley de protección de la vida privada Ley de Transparencia
Palabras clave:
Jurisprudencia desde:	C3299-17 C122-12 C17-13 C2229-13 C3579-16 C4028-16 C1408-17 C1659-17 C1975-17
Jurisprudencia a:
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Descriptores jurídicos:
Descriptores analíticos:	Educación; Salud

DECISIÓN AMPARO ROL C5179-20   Entidad pública: Comisión Nacional de Acreditación Requirente: Carla Figueroa Saavedra. Ingreso Consejo: 25.08.2020 RESUMEN Se acoge parcialmente el amparo deducido en contra de la Comisión Nacional de Acreditación (CNA) ordenando la entrega del Informe que presentó el Programa de doctorado en Ciencias Médicas de la Universidad de La Frontera para su acreditación con todos sus anexos. Lo anterior, por existir un interés público involucrado en el conocimiento de tal información, por cuanto la transparencia del proceso y, en consecuencia, su publicidad, permiten un control social respecto de los estándares de cumplimiento de la educación superior en términos de calidad y de los procedimientos utilizados para dar garantía de la misma. Aplica criterio decisiones de amparo roles C122-12; C17-13; C2229-13; C3579-16; C4028-16; C1408-17; C1659-17; y, C3299-17 entre otras. Por su parte, se rechaza el amparo respecto de la divulgación de la identidad de los alumnos matriculados en el doctorado consultado, como de cualquier antecedente que permita su identificación; toda vez que los antecedentes relativos a la situación académica de una persona es un dato personal a la luz de la definición prevista en el artículo 2°, letra f), de la ley sobre protección a la vida privada; sin que se advierta un interés público asociado a la divulgación de estos antecedentes. Aplica criterio decisión de amparo Rol C1975-17, entre otras. Previo a la entrega de la información deberán tarjarse aquellos datos personales de contexto incorporados en la documentación requerida, ello en conformidad con lo dispuesto en la Ley sobre protección de la vida privada y en cumplimiento de la atribución otorgada a este Consejo por la Ley de Transparencia. En sesión ordinaria N° 1143 del Consejo Directivo, celebrada el 29 de diciembre de 2020, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C5179-20. VISTO: Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia. TENIENDO PRESENTE: 1) SOLICITUD DE ACCESO: El 03 de julio de 2020, doña Carla Figueroa Saavedra solicitó a la Comisión Nacional de Acreditación, también denominada CNA, la siguiente información: "(...) todas las tesis y publicaciones asociadas a la obtención del grado del doctorado en ciencias médicas de la Universidad de la Frontera". 2) SOLICTUD DE SUBSANACIÓN: Con fecha 29 de julio de 2020, de conformidad con lo establecido en el artículo 12, letra b), de la Ley de Transparencia, el órgano solicitó a la peticionaria subsanar su requerimiento; la cual, mediante correo electrónico de misma fecha aclaró que su petición se refería a lo siguiente: "Informe que presentó el programa de Doctorado en Ciencias Médicas de la Universidad de La Frontera para someterse a acreditación con todos sus anexos (...)". 3) RESPUESTA: El 24 de agosto de 2020, la Comisión Nacional de Acreditación respondió a dicho requerimiento de información mediante Oficio N° : DP-000768-20, de esa fecha, señalando, en síntesis, lo siguiente: La CNA en cumplimiento del procedimiento establecido en el artículo 20 de la Ley de Transparencia notificó de su solicitud a la aludida institución para que autorizara o formulara oposición a la entrega de la información requerida; y dentro del plazo dispuesto para tal efecto, la Universidad de La Frontera se opuso a la entrega de dicho informe por medio del oficio Ord. N° 021/2020, de 17 de agosto de 2020, que se adjunta a esta presentación, motivo por el cual este Órgano ha quedado impedido de proporcionar los antecedentes solicitados respecto de esa Institución. 4) AMPARO: El 25 de agosto de 2020, una persona que solicitó reserva de su identidad, dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en que la información requerida fue denegada. Además, la parte reclamante hizo presente que "se denegó la información acerca de un procedimiento vinculado a un proceso de acreditación, en ese sentido se vulnera el derecho (Ley 20.285) a la información referida a los actos y resoluciones de los órganos de la Administración del Estado. En consecuencia de que sus fundamentos, los documentos que les sirvan de sustento o complemento directo y esencial, y los procedimientos que se utilicen para su dictación, son públicos". 5) SOLICITUD DE SUBSANACIÓN: Este Consejo mediante Oficio E15360, de 08 de septiembre de 2020, solicitó a la reclamante que de acuerdo a lo previsto en el artículo 46, inciso segundo, del Reglamento de la Ley de Transparencia, subsanara su amparo, en el sentido de manifestar su expresa voluntad de dar a conocer su identidad, toda vez que atendida la naturaleza de la acción intentada, en la cual el órgano reclamado será notificado de la solicitud y respuesta que fundamentan su interposición a fin de que presenten su respectiva defensa, la petición de reserva de su identidad no podrá se acogida. Por correo electrónico de fecha 14 de septiembre de 2020, la reclamante manifestó lo siguiente: "Les saludo y escribo con motivo de manifestar mi voluntad de dar a conocer mi identidad frente al reclamo Rol C5179-20". 6) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo y mediante Oficio E17332, de 13 de octubre de 2020, confirió traslado al Sr. Secretario Ejecutivo de la Comisión Nacional de Acreditación, solicitando que: (1°) se refiera, específicamente, a las causales de secreto o reserva que, a su juicio, harían procedente la denegación de la información; (2°) explique cómo lo solicitado afectaría los derechos de el/los tercero(s); (3°) acompañe todos los documentos incluidos en el procedimiento de comunicación a el/los tercero(s), incluyendo copia de la(s) respectiva(s) comunicación(es), de los documentos que acrediten su notificación, de la(s) oposición(es) deducida(s) y de los antecedentes que dan cuenta de la fecha en la que ésta(s) ingresó(aron) ante el órgano que usted representa; y, (4°) proporcione los datos de contacto -por ejemplo: nombre, dirección, número telefónico y correo electrónico-, de los terceros que se opusieron a la entrega de la información, a fin de dar aplicación a los artículos 25 de la Ley de Transparencia y 47 de su Reglamento. Mediante Oficio N° : DP 00098-20, de 02 de noviembre de 2020, el órgano evacuó sus descargos reiterando que se denegó la información por oposición del tercero interesado, quedando impedido de proporcionar los antecedentes solicitados en virtud de lo dispuesto en el artículo 20, inciso 3°, de la Ley de Transparencia. - Se adjunta Ord.: 021/2020, de 17 de agosto de 2020, de oposición del tercero interesado, - Universidad de la Frontera (UFRO)-, por estimar, en síntesis, que se configura la hipótesis de reserva prevista en el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, por afectación de derechos de propiedad intelectual. Entendiéndose que los informes de autoevaluación institucional constituyen conocimiento creado por la Universidad y por ende de su propiedad en virtud de la ley 17.336, sobre propiedad intelectual y 21.094, sobre universidades estatales. Por tanto, se encuentra facultada para mantener inédita esta documentación, rechazar su publicación, reproducción y divulgación por cualquier modo, y para prohibir su uso sin haber obtenido su autorización expresa. 7) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DE LOS TERCEROS INTERESADOS: De conformidad a lo prescrito en el artículo 25 de la Ley de Transparencia, el Consejo Directivo de esta Corporación, acordó dar traslado del amparo al tercero interesado, mediante Oficio E19841, de 12 de noviembre de 2020. El referido oficio fue notificado on fecha 13 de noviembre de 2020, sin que hasta la fecha conste que el tercero haya evacuado descargos en esta sede. 8) GESTIÓN OFICIOSA: Con fecha 04 de diciembre de 2020, se requirió al órgano recurrido lo siguiente: a) Remitir el informe pedido, y b) Explicar en el marco de qué proceso fue requerido este informe. Mediante correo electrónico de misma fecha el órgano indicó que los documentos corresponden al Informe de Autoevaluación y todos sus anexos de la Universidad solicitada, que, en atención a su gran volumen, se encuentran en enlace indicado. Y CONSIDERANDO: 1) Que, según consta en el numeral 2) de la parte expositiva el presente amparo tiene por objeto la entrega del Informe que presentó el Programa de doctorado en Ciencias Médicas de la Universidad de La Frontera para someterse a acreditación con todos sus anexos. Al efecto el órgano tanto en su respuesta como en los descargos evacuados en esta sede denegó lo podido por oposición del tercero involucrado en virtud del artículo 20 de la Ley de Transparencia, institución académica que al ser notificada en esta sede no evacuó descargos. 2) Que, a modo de contexto, cabe señalar que la Ley N° 20.129, que "Establece un sistema nacional de aseguramiento de la calidad de la Educación Superior", regula - dentro de otros- el proceso de acreditación institucional de las instituciones de educación superior. En este sentido, el artículo 15 prescribe que las universidades podrán someterse voluntariamente a este proceso ante la Comisión Nacional de Acreditación, el que tiene "por objeto evaluar el cumplimiento de su proyecto institucional y verificar la existencia de mecanismos eficaces de autorregulación y de aseguramiento de la calidad al interior de las instituciones de educación superior, y propender al fortalecimiento de su capacidad de autorregulación y al mejoramiento continuo de su calidad"; y, al efecto el artículo 16 señala como etapas del proceso de acreditación, la autoevaluación interna, evaluación externa y pronunciamiento de la Comisión. A su turno, el artículo 18 inciso quinto, dispone que: Se establecerán criterios y estándares de calidad para los procesos de acreditación institucional, de acreditación de carreras y programas y de acreditación de programas de magíster, doctorados y especialidades médicas y odontológicas. 3) Que, en este sentido, cabe señalar que en las decisiones recaídas en los amparos roles C122-12; C17-13; C2229-13; C3579-16; C4028-16; C1408-17; C1659-17; y, C3299-17 entre otras, este Consejo se pronunció acerca de la entrega de antecedentes de procesos de acreditación, tanto institucional como de carrera, concluyendo que existe un interés público involucrado en el conocimiento de tal información, por cuanto la transparencia del proceso y, en consecuencia, su publicidad, permite un control social respecto de los estándares de cumplimiento de la educación superior en términos de calidad y de los procedimientos utilizados para dar garantía de la misma. En el mismo sentido, se pronunció la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, en sentencia de 22 de septiembre de 2011, recaída sobre el reclamo de ilegalidad Rol 2742-2011, en cuya virtud se señaló que "(...) la decisión que el reclamante impugna no es de aquéllas que afecten el debido cumplimiento de las funciones del órgano, los derechos de las personas, la seguridad o el interés nacional, causales éstas en cuya virtud se debe limitar el derecho de acceso a la información en conformidad a lo establecido en el artículo 21 de la Ley N° 20.285, pues fluye de los antecedentes cuya entrega se ha solicitado, que se trata de aquellos necesarios para obtener la acreditación que espera del órgano público correspondiente. En efecto, no se advierte de qué modo se ha podido vulnerar los derechos de la reclamante, desde que ésta se ha sometido al proceso de acreditación, por el que necesariamente ha debido proporcionar antecedentes que en caso alguno comprometen los bienes jurídicos que la referida disposición cautela, limitando sólo en esos casos el acceso a la información". 4) Que, en la especie, este Consejo tuvo a la vista el informe del Programa de doctorado en Ciencias Médicas de la Universidad de La Frontera consultado con todos sus anexos, constatando que si bien se contienen antecedentes que forman parte del proceso de acreditación, como son las resoluciones que aprueban el programa de doctorado, el reglamento y sus modificaciones, los planes y programas de estudios, el plan de desarrollo estratégico, los aranceles, pautas de evaluación, convenios de cooperación celebrados con universidades nacionales y extranjeras, entre otras materias atingentes, sin embargo, también se contienen algunos antecedentes específicos de los alumnos matriculados en dicho doctorado, relativos a su productividad, sus publicaciones y las fichas de sus tesis. 5) Que, en este sentido, en lo tocante a los antecedentes que forman parte del proceso de acreditación, en virtud de lo señalado en los considerandos 2° y 3° precedentes, se trata de documentación de carácter público. Con todo, en lo referido a la identidad de los alumnos matriculados en el doctorado consultado o cualquier antecedente que permita su identificación, a juicio de este Consejo, resulta aplicable el criterio sostenido en la decisión de amparo Rol C1975-17, entre otras, en orden a que la información relativa a la situación académica de una persona en relación a una determinada carrera universitaria, "(...) es un dato personal a la luz de la definición prevista en el artículo 2°, letra f), de la ley N° 19.628, en tanto se trata de un antecedente académico concerniente a una persona natural identificada. Luego, resulta pertinente indicar que conforme el inciso primero del artículo 4° de la citada Ley "El tratamiento de los datos personales sólo puede efectuarse cuando esta ley u otras disposiciones legales lo autoricen o el titular consienta expresamente en ello". A su turno, y siguiendo este raciocinio, el inciso primero del artículo 9° de dicho cuerpo normativo dispone "Los datos personales deben utilizarse sólo para los fines para los cuales hubieran sido recolectados, salvo que provengan o se gayan recolectado de fuentes accesibles al público". Al efecto, de los antecedentes tenidos a la vista, no consta el consentimiento expreso del titular de dichos datos personales para su comunicación, así como tampoco la concurrencia de alguna disposición legal que autorice su comunicación a terceros. Por su parte, estos datos tampoco provienen ni se han recolectado de fuentes accesibles al público." Por tanto, atendida la naturaleza del requerimiento, este Consejo no advierte un interés público asociado a la divulgación de esta última información, respecto de la cual se configura la causal de reserva del artículo 21 N° 2, de la Ley de Transparencia, en relación con lo dispuesto en los artículos 2, letra f), 4, 7 y 9 de la ley N° 19.628; por tanto, y en virtud de la atribución que confiere a este Consejo el artículo 33, literales j) y m) de la citada Ley de Transparencia, este Consejo procederá a rechazar el presente amparo respecto de esta parte del requerimiento. 6) Que, en consecuencia, en mérito de lo razonado precedentemente, se acogerá parcialmente el presente amparo y se ordenará la entrega del informe pedido con todos sus anexos, por constituir antecedentes de carácter público, sin que el órgano, además de la oposición del tercero interesado, haya invocado causal de reserva legal alguna, ni circunstancia fáctica que impidiera su entrega; y se rechazará respecto de la divulgación de la identidad de los alumnos matriculados en el doctorado consultado, como de cualquier antecedente que permita su identificación. Con todo, el órgano previo a la entrega de toda la información que se ordenará entregar deberá tarjar aquellos datos personales de contexto incorporados en la documentación requerida, por ejemplo, domicilio particular, fecha de nacimiento, nacionalidad, estado civil, teléfono y correo electrónico particular, entre otros, en conformidad con lo dispuesto en los artículos 2°, letra f), y 4° de la ley N° 19.628. Lo anterior, se dispone en cumplimiento de la atribución otorgada a este Consejo por el artículo 33, letra m), de la citada Ley de Transparencia EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA: I. Acoger parcialmente el amparo deducido por doña Carla Figueroa Saavedra en contra de la Comisión Nacional de Acreditación (CNA), en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente. II. Requerir al Sr. Secretario Ejecutivo de la Comisión Nacional de Acreditación, lo siguiente; a) Hacer entrega a la reclamante: Informe que presentó el programa de Doctorado en Ciencias Médicas de la Universidad de La Frontera para someterse a acreditación con todos sus anexos. Previo a su entrega deberá tarjar la identidad de los alumnos matriculados y cualquier antecedente que permita su identificación; como asimismo aquellos datos personales de contexto incorporados en la documentación requerida, por ejemplo, domicilio particular, fecha de nacimiento, nacionalidad, estado civil, teléfono y correo electrónico particular, entre otros, en conformidad con lo dispuesto en los artículos 2°, letra f), y 4° de la ley N° 19.628. Lo anterior, se dispone en cumplimiento de la atribución otorgada a este Consejo por el artículo 33, letra m), de la citada Ley de Transparencia b) Cumplir dicho requerimiento en un plazo que no supere los 5 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia. c) Acreditar la entrega efectiva de la información señalada en el literal a) precedente, en conformidad a lo establecido en el inciso segundo del artículo 17 de la Ley de Transparencia, por medio de comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dio cumplimiento a las obligaciones impuestas en la presente decisión en tiempo y forma. III. Rechazar el amparo respecto de la divulgación de la identidad de los alumnos matriculados en el doctorado consultado, como de cualquier antecedente que permita su identificación, por configurase la causal de reserva del artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia; en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente. IV. Encomendar al Director General (S) y a la Directora Jurídica (S) de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a doña Carla Figueroa Saavedra; al Sr. Secretario Ejecutivo de la Comisión Nacional de Acreditación y al tercero interesado. En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011. Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidenta doña Gloria de la Fuente González, su Consejera doña Natalia González Bañados y sus Consejeros don Francisco Leturia Infante y don Bernardo Navarrete Yáñez. Por orden del Consejo Directivo, certifica la Directora Jurídica (S) del Consejo para la Transparencia doña Ana María Muñoz Massouh.