Base de Datos de Jurisprudencia - Consejo para la Transparencia

Decisión ROL C1022-12

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Reclamante:	CONSTRUCTORA SAN FELIPE S.A.
Reclamado:	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIÓN
Resumen del caso: Se dedujo amparo en contra del Servicio del Servicio de Registro Civil e Identificación, fundado en no haber recibido respuesta a su solicitud sobre Fotocopia autorizada por usted, de todos los documentos, facturas, contratos y antecedentes que obran en poder del Servicio de Registro Civil y de Identificación, y que se relacionan de cualquier forma con el vehículo patente ST -9859-2. El Consejo señaló que acogerá el presente amparo y requerirá al SRC que entregue al peticionario fotocopias autorizadas, de los antecedentes fundantes de la inscripción en el Registro de Vehículos Motorizados del vehículo placa patente única ST 9858-2, previo cobro de los costos directos de reproducción de las fotocopias que resulten procedentes
Tipo de decisión:	Decisión de Fondo
Fecha de la decisión:	10/25/2012
Consejeros:	-
Legislación aplicada:	Ley de Transparencia
Palabras clave:
Jurisprudencia desde:	C146-09
Jurisprudencia a:
Recursos relacionados:	8300-2012
Descriptores jurídicos:	- Procedimiento de reclamo y amparo >> Legitimación activa >> Otros
Descriptores analíticos:	Trabajo

DECISIÓN AMPARO ROL C1022-12 Entidad pública: Servicio de Registro Civil e Identificación –SRCeI– Requirente: Carlos Montero Martínez, en representación de Constructora San Felipe S.A. Ingreso Consejo: 17.07.2012 En sesión ordinaria N° 383 de su Consejo Directivo, celebrada el 24 de octubre de 2012, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285, de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto del amparo Rol C1022-12. <h3> VISTO:</h3> Los artículos 5° inc. 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la Ley N° 20.285 y N° 19.880; lo previsto en el D.F.L. N° 1 – 19.653, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.575; lo dispuesto en el DFL N° 1/2009 de los Ministerios de Transportes y Justicia que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.290, de Tránsito; lo preceptuado en el Decreto N° 51 del Ministerio de Justicia que Reajusta Montos de los Derechos en las Actuaciones del Servicio de Registro Civil e Identificación de acuerdo a la Ley N° 18.290 y Reajusta el Monto de los Derechos y Valores de las demás Actuaciones y Documentos que señala; y los D.S. N° 13/2009 y 20/2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el Reglamento del artículo primero de la Ley N° 20.285, en adelante indistintamente el Reglamento y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia. <h3> TENIENDO PRESENTE:</h3> 1) SOLICITUD DE ACCESO: El 13 de junio de 2012, son Carlos Montero Martínez, obrando en representación debidamente acreditada de Constructora San Felipe S.A., solicitó al Servicio de Registro Civil e Identificación (en adelante, indistintamente SRCeI), lo siguiente: “Fotocopia autorizada por usted, de todos los documentos, facturas, contratos y antecedentes que obran en poder del Servicio de Registro Civil y de Identificación, y que se relacionan de cualquier forma con el vehículo patente ST -9859-2”. Indica el solicitante que a consecuencia de un error del SRCeI en los certificados de inscripción y anotaciones vigentes del Registro Nacional de Vehículos Motorizados asociados a la placa patente señalada, figura como propietaria la Constructora San Felipe S.A. pero con un RUT que no corresponde a dicha empresa, sino a una distinta, lo cual ha implicado que figuren anotaciones relativas a embargos decretados por los tribunales ordinarios de justicia y por la Tesorería General de la República, que no corresponde a la realidad. 2) AUSENCIA DE RESPUESTA Y AMPARO: El 17 de julio de 2012 el solicitante dedujo ante este Consejo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del Servicio del SRCeI, fundado en no haber recibido respuesta a su solicitud dentro del término legal establecido en el artículo 14 de la Ley de Transparencia. 3) DESCARGOS U OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de este Consejo acordó admitir a tramitación este amparo, trasladándolo mediante Oficio Nº 2.702, de 31 de julio de 2012, al Sr. Director General del SRCeI, quien mediante el Ord. N° 540, de 21 de agosto de 2012, presentó sus descargos y observaciones al presente amparo, señalando, en síntesis, lo siguiente: a) La petición se enmarca dentro del ámbito del procedimiento administrativo de inscripción de vehículos, regulado en el Título III del DFL N° 1/2009 de los Ministerios de Transportes y Justicia que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.290, de Tránsito, denominado “Del dominio y registro de los vehículos motorizados y de la patente única y certificado de inscripción” y en su Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo N° 1.111/1984 de Justicia, que en su artículo 21 se refiere a dicho procedimiento modificatorio estableciendo que: "Las rectificaciones de errores, omisiones o cualquier modificación de una inscripción, será autorizada por el Director General del Servicio de Registro Civil e Identificación, de oficio o petición de parte”. b) Con todo, luego del análisis de la solicitud, se pudo constatar que la placa patente única citada por el representante legal de la empresa Constructora San Felipe S.A. (ST-9859-2), correspondía a un vehículo de distintas características y propietario que aquél que realmente interesa al requirente (cuya placa patente única es la ST-9858-2) circunstancia esta última que retrasó la recopilación de la información requerida (adjunta la documentación pertinente). Lo anterior repercutió directamente en el tiempo para la obtención de los documentos, y su posterior entrega al solicitante, debido a que una vez requeridos los antecedentes al archivo de documentos internos del Subdepartamento de Registro de Vehículos (en adelante RVM), se verificó que éstos se encontraban en el archivo externo del RVM, circunstancia esta última que retrasó aún más la respuesta. Sin perjuicio de lo expuesto, coetáneamente a la recepción del traslado, se recepcionaron los documentos desde el archivo externo, lo que permite dar adecuada y completa respuesta al requerimiento del reclamante. c) En cuanto a la observación de fondo que efectúa el peticionario, esto es, aquella relativa al supuesto error de RUT del propietario en la inscripción, el vehículo individualizado se encuentra correctamente inscrito a nombre de la Constructora San Felipe S.A bajo el Rut que figura en el certificado respectivo, pues la inscripción se basa en la solicitud de transferencia N° 1919 de fecha 12.02.2003, presentada en la oficina de La Cisterna, en que se requirió la inscripción a su nombre, acompañando como documento fundante factura de remate N° 093602 de fecha 04.02.2003, emitida por Macal a nombre de la Constructora San Felipe S.A. bajo el RUT que figura en el certificado. Dicho documento se encuentra correctamente ingresado a la base de datos del SRCeI, pues cumple con los requisitos legales y reglamentarios exigidos por la Ley 18.290 de Tránsito y el D.S. N° 1.111/85. Asimismo fue que se registraron los gravámenes posteriores, por lo que no procede corregir dicha inscripción al haberse efectuado correctamente. d) Por último, en cuanto a la documentación solicitada, el órgano reclamado señala que es posible otorgar fotocopia de los documentos fundantes de las inscripciones del vehículo, previa acreditación documental del pago del arancel correspondiente, establecido en el Decreto N° 451, de fecha 03/03/2009, del Ministerio de Justicia, en relación con lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley de Tránsito, lo cual se ajusta a lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley de Transparencia. <h3> Y CONSIDERANDO:</h3> 1) Que, los motivos esgrimidos por el SRCeI para no responder a la solicitud de información de la especie, esto es, la dificultad para hallar la información a que realmente se dirigió el requerimiento de información producto del error en que incurrió el requirente en la identificación de la misma no resultan atendibles. En efecto, si bien de los antecedentes acompañados por el organismo se desprende claramente que el requirente efectivamente incurrió en un error en el señalamiento de la placa patente única del vehículo cuyos antecedentes requirió, debe señalarse que siendo la identificación clara de la información requerida un requisito de admisibilidad de toda solicitud de información conforme al literal b) del artículo 12 de la Ley de Transparencia, su incumplimiento faculta al órgano para requerir subsanación de la solicitud en los términos que establece el inciso final de la misma norma; sin embargo, habiendo el SRCeI renunciado aplicar dicho procedimiento y optando en cambio por buscar la información correcta, la dificultad para hallar la misma debió traducirse en la prórroga del plazo para responder a la solicitud que contempla el artículo 14, inciso segundo, de la Ley de Transparencia al señalar que “…cuando existan circunstancias que hagan difícil reunir la información solicitada, caso en que el órgano requerido deberá comunicar al solicitante, antes del vencimiento del plazo, la prórroga y sus fundamentos”, a fin de evitar la ausencia de respuesta. Por lo tanto, este Consejo junto con representar a la autoridad reclamada la ausencia de respuesta por constituir una infracción al artículo 14 de la Ley de Transparencia y contravenir los principios de facilitación y oportunidad, acogerá el presente amparo en cuanto se ha fundado, precisamente, en la falta de respuesta a la solicitud. Sin perjuicio de lo anterior, se analizará a continuación si resulta procedente exigir al SRCeI la entrega de la información que le ha siso solicitada. 2) Que, si bien el tenor la solicitud sugiere su carácter amplio al aludir a “…todos los documentos, facturas, contratos y antecedentes que obran en poder del Servicio de Registro Civil y de Identificación, y que se relacionan de cualquier forma con el vehículo…” lo cierto es que los motivos invocados por el requirente para formular la misma permiten concluir que, en definitiva, esta se refiere a los documentos y/o antecedentes en poder del SRCeI en base a los cuales se ha practicado la inscripción en el Registro de Vehículos Motorizados del vehículo placa patente única ST 9858-2, que según ese registro figura a nombre de Constructora San Felipe S.A. como propietaria. 3) Que, resulta pertinente aclarar que la antedicha solicitud ha sido efectuada por el requirente en ejercicio del derecho de acceso a la información pública, sin que esto constituya a juicio de este Consejo una vía indirecta dirigida a obtener la modificación de la inscripción supuestamente errónea efectuada por el SRCeI en el Registro de Vehículos Motorizados, en relación al vehículo en cuestión, por tanto, no resulta procedente que este Consejo se pronuncie sobre la procedencia de la modificación de la inscripción del vehículo señalado. 4) Que, la documentación requerida constituye los antecedentes fundantes de una inscripción realizada en el RVM por el SRCeI, por lo que al tenor del artículo 5° de la Ley de Transparencia, constituye información en principio pública, como asimismo el SRC eI lo ha reconocido. Sin embargo, dicho órgano ha sostenido que respecto de la información en cuestión procede el cobro de los aranceles dispuestos por la Ley de Transito en relación con lo establecido en el Decreto N° 51. 5) Que, sobre el particular, de la Ley del Tránsito -N° 18.290- en su artículo 50 dispone que: “El Servicio de Registro Civil e Identificación cobrará los derechos que se establezcan por decreto supremo del Ministerio de Justicia, por las inscripciones, anotaciones y certificados que se efectúen u otorguen”. A su turno, el Decreto N° 51 del Ministerio de Justicia que reajusta montos de los derechos en las actuaciones del Servicio de Registro Civil e Identificación de acuerdo a la Ley N°18.290 y reajusta el monto de los derechos y valores de las demás actuaciones y documentos que señala, en su artículo 1° se encarga de fijar los aranceles a cobrar por esos conceptos. Por otra parte, su artículo 2° se refiere cobros por otros conceptos estableciendo: “Fíjase en $ 640 el valor de la fotocopia de documentos fundantes de inscripción y la impresión de copias de solicitudes de inscripción.” 6) Que, del citado contexto normativo se desprende inequívocamente que el cobro asociado a las fotocopias de documentos fundantes de una inscripción, que es precisamente lo que se ha solicitado en la especie, sólo se encuentra autorizado por la citada norma reglamentaria, más no por la Ley del Transito que únicamente ha autorizado al SRCeI para el cobro de aranceles en relación a las tres categorías indicadas, esto es, tratándose de inscripciones, anotaciones y certificados que se efectúen u otorguen. Siendo así, ha de concluirse que dicho cobro no resulta procedente al no satisfacer la exigencia que establece el artículo 18 de la Ley de Transparencia que dispone que: “sólo se podrá exigir el pago de los costos directos de reproducción y los demás valores que una ley expresamente autorice cobrar”. 7) Que, la anterior conclusión no obsta a que el SRCeI pueda cobrar otros valores como costos directos de reproducción por el otorgamiento de las fotocopias requeridas, en caso que el valor de las mismas se haya establecido en un convenio marco celebrado por dicho organismo, pero en tal caso deben cumplirse los parámetros que al efecto establece el acápite 5.1 de la Instrucción General N° 6 de este Consejo, sobre Gratuidad y Costos Directos de Reproducción. 8) Que, por último, el reclamante solicitó “fotocopia autorizada” de los documentos fundantes de la inscripción, respecto de lo cual resulta plenamente aplicable el criterio sentado en la decisión de reposición Rol C146-09, de 30 de diciembre de 2009, donde se estableció que: “…respecto de la información que es solicitada a los órganos de la Administración en los términos de la Ley de Transparencia, este Consejo considera que respecto de ella puede requerirse la certificación de que los documentos entregados son idénticos a aquellos que se encuentran en poder del órgano de la Administración, lo que ha sido denominado como “solicitud de copia autorizada”, y que se encuentra amparada por el artículo 17 de la Ley de Transparencia y su disposición acerca de que la información sea entregada “en la forma y por el medio que requirente haya señalado”… “No obstante, debe indicarse que tal certificación debe distinguirse de aquella solicitud de certificados cuya elaboración se encuentra regulada por normas especiales y, por ende, por disposiciones diversas de las contempladas por la Ley de Transparencia” (considerando 4°). 9) Que, en suma, este Consejo acogerá el presente amparo y requerirá al SRCeI que entregue al peticionario fotocopias autorizadas, en los términos indicados en el considerando precedente, de los antecedentes fundantes de la inscripción en el Registro de Vehículos Motorizados del vehículo placa patente única ST 9858-2, previo cobro de los costos directos de reproducción de las fotocopias que resulten procedentes por aplicación de los parámetros fijados en la Instrucción General N° 6 de este Consejo, sobre Gratuidad y Costos Directos de Reproducción. <h3> EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:</h3> I. Acoger el amparo deducido por don Carlos Montero Martínez, en representación de Constructora San Felipe S.A., en contra del Servicio de Registro Civil e Identificación, por los fundamentos señalados precedentemente. II. Requerir al Sr. Director Nacional del Servicio de Registro Civil e Identificación que: a) Entregue al solicitante fotocopia autorizada de los antecedentes en base a los cuales se practicó la inscripción de dominio del vehículo placa patente única ST 9858-2 a nombre de Constructora San Felipe S.A., previo cobro de los costos directos de reproducción de las fotocopias que resulten procedentes por aplicación de los parámetros fijados en la Instrucción General N° 6 de este Consejo, sobre Gratuidad y Costos Directos de Reproducción. b) Cumplir el presente requerimiento en un plazo que no supere los 5 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia. c) Informar el cumplimiento de esta decisión mediante comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Agustinas Nº 1291, piso 6º, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dé cumplimiento a las obligaciones impuestas precedentemente en tiempo y forma. III. Representar al Sr. Director Nacional del Servicio de Registro Civil el no haber respondido a la solicitud dentro del término legal, por constituir ello una abierta contradicción a las normas y principios de la Ley de Transparencia. IV. Encomendar al Director General o al Director Jurídico de este Consejo indistintamente notificar la presente acuerdo a don Carlos Montero Martínez, y al Sr. Director Nacional del Servicio de Registro Civil e Identificación. En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. En cambio, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la Ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011. Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Alejandro Ferreiro Yazigi y por los Consejeros doña Vivianne Blanlot Soza y don José Luis Santa María Zañartu. Se deja constancia que el Consejero don Jorge Jaraquemada Roblero no concurre al presente acuerdo. Por orden del Consejo Directivo, certifica el Director Jurídico del Consejo para la Transparencia don Enrique Rajevic Mosler.