Base de Datos de Jurisprudencia - Consejo para la Transparencia

Decisión ROL C5222-20

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Reclamante:	BRANISLAV MARELIC ROKOV
Reclamado:	AGENCIA NACIONAL DE INTELIGENCIA
Resumen del caso: Se rechaza el amparo deducido en contra de la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI) relativo a la entrega del número total anual de las solicitudes efectuadas y aceptadas sobre interceptaciones telefónicas con finalidades de inteligencia ante los Ministros de Corte de Apelaciones; y de las mismas, desagregadas por año y mes, y por Corte de Apelaciones a las que fueron dirigidas, entre los años 2015 y 2020. Lo anterior, por cuanto, si bien se trata de información a la que le resulta aplicable la Ley de Transparencia por obrar en poder de la reclamada, se estima que su publicidad afectaría el debido cumplimiento de las funciones de la reclamada -en tanto implicaría infringir el deber de resguardo que sobre dicha información le impone el artículo 38 de la ley sobre el Sistema de Inteligencia del Estado-, pudiendo potencialmente entorpecer las eventuales acciones de inteligencia desplegadas por la recurrida. Aplica criterio decisiones de amparo roles C7659-19, C5223-20, C5224-20 y C5225-20, en relación con fallo que acogió recurso de queja Rol N° 29.507-2019, de la Excma. Corte Suprema.
Tipo de decisión:	Decisión de Fondo
Fecha de la decisión:	1/8/2021
Consejeros:	-Gloria Alejandra de la Fuente González -Francisco Javier Leturia Infante -Natalia Andrea González Bañados -Bernardo Eric Navarrete Yáñez
Legislación aplicada:	Ley de Transparencia
Palabras clave:
Jurisprudencia desde:	C1210-20 C7659-19 C5224-20 C5223-20 C5225-20
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DECISIÓN AMPARO ROL C5222-20   Entidad pública: Agencia Nacional de Inteligencia Requirente: Branislav Marelic Rokov Ingreso Consejo: 26.08.2020 RESUMEN Se rechaza el amparo deducido en contra de la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI) relativo a la entrega del número total anual de las solicitudes efectuadas y aceptadas sobre interceptaciones telefónicas con finalidades de inteligencia ante los Ministros de Corte de Apelaciones; y de las mismas, desagregadas por año y mes, y por Corte de Apelaciones a las que fueron dirigidas, entre los años 2015 y 2020. Lo anterior, por cuanto, si bien se trata de información a la que le resulta aplicable la Ley de Transparencia por obrar en poder de la reclamada, se estima que su publicidad afectaría el debido cumplimiento de las funciones de la reclamada -en tanto implicaría infringir el deber de resguardo que sobre dicha información le impone el artículo 38 de la ley sobre el Sistema de Inteligencia del Estado-, pudiendo potencialmente entorpecer las eventuales acciones de inteligencia desplegadas por la recurrida. Aplica criterio decisiones de amparo roles C7659-19, C5223-20, C5224-20 y C5225-20, en relación con fallo que acogió recurso de queja Rol N° 29.507-2019, de la Excma. Corte Suprema. En sesión ordinaria N° 1143 del Consejo Directivo, celebrada el 29 de diciembre de 2020, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C5222-20. VISTO: Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia. TENIENDO PRESENTE: 1) SOLICITUD DE ACCESO: El 17 de julio de 2020, don Branislav Marelic Rokov solicitó a la Agencia Nacional de Inteligencia, en adelante también denominada ANI, la siguiente información, entre los años 2015 al 2020: 1. "El número total nacional de solicitudes de interceptaciones telefónica con finalidades de inteligencia a los Ministros de Corte de Apelaciones, reguladas en el artículo 25 de la Ley N° 19.974. Se pide indicar el número total por año. 2. El número de solicitudes de interceptaciones telefónicas con finalidades de inteligencia a los Ministros de Corte de Apelaciones, reguladas en el artículo 25 de la Ley N° 19.974. Pero se solicita desagregar en un mismo archivo con los siguientes criterios: a) Desagregar por año y mes. b) Desagregar por Corte de Apelaciones que se dirige la solicitud. 3. El número total nacional de solicitudes aceptadas de interceptaciones telefónica con finalidades de inteligencia a los Ministros de Corte de Apelaciones, reguladas en el artículo 25 de la Ley N° 19.974. Se pide indicar el número total por año. 4. El número de solicitudes aceptadas de interceptaciones telefónicas con finalidades de inteligencia a los Ministros de Corte de Apelaciones, reguladas en el artículo 25 de la Ley N° 19.974. Pero se solicita desagregar en un mismo archivo con los siguientes criterios: a) Desagregar por año y mes. b) Desagregar por Corte de Apelaciones que se dirige la solicitud". Observaciones: "Se solicita solo el número. No se solicita ninguna otra información donde se pueda identificar datos personales de algún tipo, contenido de la escucha, u otra información diferente a un número, con las desagregaciones indicadas". 2) RESPUESTA: El 12 de agosto de 2020, la Agencia Nacional de Inteligencia respondió a dicho requerimiento, mediante carta, de fecha 11 de agosto de 2020, señalando que en virtud de lo establecido en los artículos 38 y siguientes de la Ley N° 19.974 y la naturaleza del Servicio no es posible acceder a la solicitud efectuada. 3) AMPARO: El 26 de agosto de 2020, don Branislav Marelic Rokov dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en la respuesta negativa a su solicitud. Además, el reclamante hizo presente, en síntesis, lo siguiente: 1. La negativa a la entrega de la información pedida es contraria a derecho, por cuanto infringe derechos fundamentales, vulnera la Constitución Política de la República y no se ampara en ninguna norma legal y causal admisible de reserva de la Ley de Transparencia. 2. En este sentido estima que se debe contestar una pregunta jurídica central: ¿Cómo la información de una cantidad de interceptaciones telefónicas, expresadas en un número, pueden afectar a la Agencia de Inteligencia? La opinión jurídica de esta parte, es que dicha respuesta no la afecta, ya que dar un número no es considerado secreto de circulación restringida. 3. El derecho a recibir información es parte del derecho al acceso a la información, el cual resulta esencial para el funcionamiento democrático de las sociedades y para el bienestar de toda persona. De esta forma, la libertad de información o el derecho a la información son parte integrante del derecho fundamental a la libertad de expresión. Este derecho fundamental va ligado directamente con los índices de transparencia de un Estado democrático, por lo que es fundamental su debido reconocimiento y respeto. El acceso a la información es un derecho fundamental, consagrado en el artículo 19, números 12 y 14 y protegido por el artículo 8, de la Constitución Política de la República. 4. Negar este acceso a información solamente numérica, como ocurre en la especie, se mueve hacia el denominado Estado secretista, alejado del Estado democrático. Por tanto, un Estado respetuoso con el presente Derecho, debe proporcionar la información solicitada por los ciudadanos sin restricciones o censura previa. 5. Además, la razón por la cual se deniega lo pedido no procede en el presente caso, debido a que otorgar un número no se considera secreto de circulación restringida. Lo que busca esta solicitud no es saber quién es escuchado, eso sería ilógico y totalmente secreto, lo que se solicita únicamente son cifras. que son esencialmente anónimas. 6. La reclamada no fundamenta detallada y concretamente la causal de reserva, como lo exige la jurisprudencia de este Consejo para considerarlo secreto de circulación restringida, pues no la afecta en el cumplimiento de sus funciones, en el derecho de las personas, ni en la seguridad de la Nación. Finalmente cita la decisión de amparo Rol C1210-20, en que se consultó sólo el número de bases de datos de la ANI y se ordenó la entrega de esta información. 4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo y mediante Oficio N° E15368, de 08 de septiembre de 2020 confirió traslado al Sr. Director de la Agencia Nacional de Inteligencia, solicitando que: (1°) se refiera a la eventual concurrencia de alguna circunstancia de hecho que haga procedente la denegación de la información requerida; y, (2°) se pronuncie acerca de la eventual concurrencia de algunas de las causales constitucionales o legales de secreto o reserva que harían procedente la denegación de la información solicitada. Con fecha 01 de septiembre de 2020 se concedió un plazo de 03 día hábiles para evacuar descargos y mediante Of. Res. 320/2020, el organismo acusó recibo del oficio de traslado, informando que fue recibido mediante carta certificada, de fecha 15 de octubre de 2020. Luego por Of. Res. N° 321/2020, de 19 de octubre de 2020, la reclamada efectuó sus descargos señalando, en síntesis, lo siguiente: Deniega la información requerida atendido el carácter secreto y de circulación restringida de la misma por configurarse las causales de reserva establecidas en el artículo 21, N° 3 y 5, de la ley de Transparencia, fundado en lo siguiente: 1. Confidencialidad de la información solicitada. Luego de citar el inciso segundo del artículo 8 de la Constitución Política y el artículo 38 de la ley N° 19.974, sobre el Sistema de Inteligencia del Estado y crea la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI), indica que se consideran secretos los antecedentes, informaciones y registros que obren en poder de la ANI, sin efectuar distinción o limitación alguna a su respecto y que en caso alguno, la norma en cuestión, contenida en una ley de quorum calificado, limita el carácter secreto y restringido a ciertos antecedentes, por lo que la información solicitada al referirse a registros que obran en poder de esta Agencia se encuentran dentro de la documentación que tiene el carácter de secreto y de circulación restringida. Así las cosas, los antecedentes e informaciones que la Agencia tenga u obtenga en el ejercicio de sus funciones están expresamente resguardados por la confidencialidad y su circulación restringida. Además de lo anterior, revelar el número de registros consistentes en solicitudes de escuchas telefónicas implica dar a conocer características de las funciones que se desempeñan, como éstas se ejecutan, la valoración que de ellas se efectúa, en definitiva, implica colocar en riesgo su adecuado funcionamiento. 2. La entrega de la información podría afectar la Seguridad de la Nación. Atendido que todos y cada uno de los antecedentes, informaciones y registros solicitados son de carácter secreto y reservado, al estar estrechamente relacionados con la actividad de inteligencia que realiza el organismo, tanto en lo que respecta a la cantidad de solicitudes formuladas a las distintas Cortes de Apelaciones como las aprobadas por éstas para el cumplimiento de sus funciones, develar lo pedido afectaría la seguridad de la Nación. Luego de citar las funciones señaladas en el artículo 8° de la ley N° 19.974 expresa que resulta evidente que, la Agencia Nacional de Inteligencia tiene como función, entre otras, la de recolectar y procesar información de todos los ámbitos del nivel nacional e internacional, con el fin de producir inteligencia y de efectuar apreciaciones globales y sectoriales, de acuerdo a los requerimientos efectuados por el Presidente de la República y por algunos niveles superiores de conducción del Estado, en resguardo de la Seguridad de la Nación y de la Defensa Nacional; quedando de manifiesto que toda la actividad de este organismo especializado y técnico se encuentran encaminada a un solo fin: producir inteligencia para el Estado de Chile. Por ello, la entrega de la información requerida por el particular conllevaría una grave afectación a la seguridad nacional, por cuanto, se afectaría el procedimiento de protección de los sistemas de información del Estado de Chile y aquellas medidas dispuestas por la ANI en el marco de las funciones de contrainteligencia. Así las cosas, la entrega y/o divulgación de tales datos importaría una afectación de la seguridad interior del Estado que la contrainteligencia busca resguardar por el riesgo de intervención de terceros u otros Estados, como es precisamente la información cuya entrega se requiere, toda altamente sensible para el Estado y resguardada conforme el secreto del artículo 38 de la Ley 19.974 y del artículo 8° de la Constitución Política. 3. El Consejo para la Transparencia no es organismo competente para requerir información a la Agencia Nacional de Inteligencia. Tan importante es mantener en reserva o secreto los registros y antecedentes propios de las labores de la Agencia, que el artículo 39 de la ley en comento establece un procedimiento especial y único para la entrega de aquellos, el que sólo se activa a requerimiento de ciertos órganos públicos, entre los que no se contempla al Consejo Para la Transparencia. En este sentido existe control específico de los documentos de inteligencia dispuesto en el artículo 39, en el que se designa a las principales autoridades del poder ejecutivo para que sirvan de portadores de esta información, permitiéndoles entregarla, en su caso, a las principales autoridades del poder legislativo o judicial mediante cartas u oficios reservados, estableciendo esta como una forma correcta de ponderación entre accountability e información de inteligencia, que tanto el legislador como el constituyente han sustraído del sistema de publicidad previsto en la ley N° 20.285 sobre acceso a la información pública. Y CONSIDERANDO: 1) Que, el presente amparo tiene por objeto la entrega del número total anual de las solicitudes efectuadas y aceptadas sobre interceptaciones telefónicas con finalidades de inteligencia ante los Ministros de Corte de Apelaciones; y de las mismas, desagregadas por año y mes, y por Corte de Apelaciones a las que fueron dirigidas, entre los años 2015 y 2020, según se señala en el N° 1 de lo expositivo. Al efecto el organismo denegó dicha información en virtud de lo establecido en el artículo 8, inciso segundo, de la Constitución Política y artículo 38 de la ley N° 19.974, sobre el Sistema de Inteligencia del Estado y crea la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI), en relación con las causales de reserva establecidas en el artículo 21, N° 3 y 5, de la Ley de Transparencia. 2) Que, en lo que interesa, el artículo 8°, inciso 2°, de la Constitución Política de la República, establece que "son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen. Sin embargo, sólo una ley de quórum calificado podrá establecer la reserva o secreto de aquéllos o de éstos, cuando la publicidad afectare el debido cumplimiento de las funciones de dichos órganos, los derechos de las personas, la seguridad de la Nación o el interés nacional". 3) Que, el artículo 25, de la Ley 19.974, sobre el Sistema de Inteligencia del Estado y crea la Agencia Nacional de Inteligencia, señala que "Los directores o jefes de los organismos de inteligencia solicitarán, personalmente o por intermedio de un funcionario de su dependencia expresamente facultado para ello, la autorización judicial para emplear los procedimientos señalados en las letras a) a d) del artículo anterior. // Será competente para pronunciarse sobre la mencionada autorización un Ministro de aquella Corte de Apelaciones en cuyo territorio jurisdiccional se realizará la diligencia o donde se inicie la misma (...)". 4) Que, a modo de contexto, la citada ley N° 19.974, se aplica "a toda la actividad de inteligencia que realicen los órganos y servicios que integren dicho Sistema" (artículo 1°). A su vez, el Sistema es definido como "el conjunto de organismos de inteligencia, independientes entre sí, funcionalmente coordinados, que dirigen y ejecutan actividades específicas de inteligencia y contrainteligencia, para asesorar al Presidente de la República y a los diversos niveles superiores de conducción del Estado, con el objetivo de proteger la soberanía nacional y preservar el orden constitucional (...)" (artículo 4°). Dicho sistema se encuentra integrado, entre otros organismos, por "las direcciones o jefaturas de inteligencia de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública" (artículo 5°, letra d). Además, "Las unidades, departamentos o cualquiera otra dependencia de las Fuerzas Armadas o de Orden y Seguridad Pública que realicen tareas de inteligencia se considerarán, para los efectos de la aplicación de esta ley, como partes integrantes de las respectivas direcciones o jefaturas de inteligencia señaladas precedentemente" (artículo 5°, inciso final). En materia de obtención de información, el artículo 23 inciso 2° dispone que tales procedimientos "estarán limitados exclusivamente a actividades de inteligencia y contrainteligencia que tengan por objetivo resguardar la seguridad nacional y proteger a Chile y su pueblo de las amenazas del terrorismo, el crimen organizado y el narcotráfico". 5) Que, en tal sentido, el artículo 38 de la ley N° 19.974, establece que "se considerarán secretos y de circulación restringida, para todos los efectos legales, los antecedentes, informaciones y registros que obren en poder de los organismos que conforman el Sistema o de su personal, cualquiera que sea su cargo o la naturaleza de su vinculación jurídica con éstos. Asimismo, tendrán dicho carácter aquellos otros antecedentes de que el personal de tales organismos tome conocimiento en el desempeño de sus funciones o con ocasión de éstas". Agrega su inciso 2°, que "Los estudios e informes que elaboren los organismos de inteligencia sólo podrán eximirse de dicho carácter con la autorización del Director o Jefe respectivo, en las condiciones que éste indique", finalizando que "Los funcionarios de los organismos de inteligencia que hubieren tomado conocimiento de los antecedentes a que se refiere el inciso primero, estarán obligados a mantener el carácter secreto de su existencia y contenido aun después del término de sus funciones en los respectivos servicios". 6) Que, complementando lo anterior, en virtud de lo dispuesto en el artículo 21 N° 5 y del artículo 1° transitorio de la Ley de Transparencia, esta Consejo ha concluido, que para la aplicación de una norma que disponga el secreto o reserva de determinados antecedentes dictada con anterioridad a la ley señalada, no sólo basta que ésta sea de rango legal y entendida por este hecho de quórum calificado, sino que, además debe reconducirse a alguno de los motivos constitucionales de secreto o reserva que además establece el artículo 8, inciso 2, de la Constitución Política de la República. De este modo, si bien el artículo 38 de la ley mencionada, en tanto norma legal, está formalmente sujeta a lo dispuesto por el artículo 1° transitorio de la Ley de Transparencia (y puede por tanto ser objeto de reconducción formal), es igualmente menester determinar si el contenido de dicha disposición guarda correspondencia con las causales de secreto señaladas por el constituyente, es decir, si puede tener lugar a su respecto la reconducción material; la que debe estar guiada por la exigencia de "afectación" de los bienes jurídicos indicados en el artículo 8°, inciso 2°, de la Constitución Política, esto es, debido cumplimiento de las funciones de los órganos del Estado, derechos de las personas, seguridad de la Nación o el interés nacional. Lo anterior, en atención a la claridad del vocablo "afectare" que ha sido utilizado en el inciso segundo del precepto constitucional, por cuanto la referida afectación implica necesariamente la existencia de un perjuicio o daño al bien jurídico de que se trate, para el caso de divulgarse la información. 7) Que, en efecto, no basta sólo con que la información "se relacione" con el bien jurídico protegido o que le resulte "atingente" para los efectos de mantener tal información en secreto o reserva, sino que se precisa la afectación. En tal sentido, el criterio que ha aplicado uniformemente este Consejo es que aquella debe ser presente o probable y con la suficiente especificidad para justificar la reserva, lo que no se presume sino que debe ser acreditado por el órgano administrativo requerido, de modo que los daños que la publicidad provocaría sean superiores al perjuicio que el secreto causaría al libre acceso a la información y al principio de publicidad. 8) Que, a juicio de este Consejo, sin perjuicio de que la información reclamada en el amparo tiene carácter estadístico, atendida la materia específicamente consultada y la desagregación en la que se requiere, forma parte de aquellas materias que la referida norma resguarda en forma específica, por tratarse directamente del eventual ejercicio de actividades de inteligencia; en conformidad a lo indicado, el solo pronunciarse sobre lo requerido obliga necesariamente a la reclamada a divulgar si dispone o no de antecedentes sobre interceptaciones de comunicaciones telefónicas con finalidades de inteligencia solicitadas y autorizadas ante los Ministros de Corte de Apelaciones, lo que implica la posibilidad cierta de exponer información relacionada de manera directa con las actividades de inteligencia de la ANI, por cuanto supondría facilitar o alertar sobre el actuar de dicho organismo, todo lo cual supone divulgar aspectos cubiertos por la reserva dispuesta en el artículo 38 del cuerpo legal citado, dado que dicha hipótesis protege los antecedentes, informaciones y registros que obren en poder de ese organismo. En efecto, obligar a la reclamada a reconocer que ha procedido o no a ejecutar a ejecutar determinadas acciones, para luego, divulgar dicha información, a juicio de este Consejo, afectaría el debido cumplimiento de las funciones de la reclamada -en tanto implicaría infringir el deber de resguardo que sobre dicha información le impone el ya precitado artículo 38 y en su eventualidad se entorpecería las eventuales acciones de inteligencia sobre las materias relacionadas- bien jurídico protegido por el artículo 8° inciso segundo de la Constitución Política de la República. 9) Que, no obstante cabe hacer presente que, a juicio de este Consejo, existe un legítimo interés en conocer la información relativa a la interceptaciones telefónicas con finalidades de inteligencia solicitadas y autorizadas ante los Ministros de Corte de Apelaciones; sin embargo, la Ley de Transparencia no es la vía idónea para ejercer dicho control social, sino que este se manifiesta a través de las autorizaciones judiciales que deben ser recabadas por la institución castrense, para desplegar el tipo de actividades consultadas, en conformidad al procedimiento dispuesto en los artículos 24 a 29 de la ley citada ley N° 19.974. 10) Que, en virtud de lo razonado en los considerandos precedentes, se estima que atendida la naturaleza de la información pedida, se configura en la especie la causal de reserva consagrada en el artículo 21 N° 5 de la Ley de Transparencia, por lo que se procederá a rechazar el presente amparo. Aplica criterio decisiones de amparo roles C7659-19, C5223-20, C5224-20 y C5225-20. Atendido lo resuelto, este Consejo no se pronunciará sobre la procedencia de la causal de reserva del artículo 21 N° 3 invocada por el organismo por resultar inoficioso. 11) Que, finalmente, se hace presente que el razonamiento efectuado por este Consejo en el presente acuerdo, va en conformidad a lo resuelto por la Excma. Corte Suprema, en fallo rol N° 29.507-2019, de 14 de julio de 2020, que acogió recurso de queja, declarando como reservada información estadística que obra en poder de la Agencia Nacional de Inteligencia. El considerando 11° del referido fallo, señala que, "esos datos corresponden a registros, antecedentes e informaciones que obran en poder de la Agencia Nacional de Inteligencia, esto es, de un organismo que forma parte del Sistema de Inteligencia del Estado, y que tienen por finalidad servir al desarrollo de labores de inteligencia, es decir, aquellas dirigidas a la recolección y análisis de información que busca producir conocimiento útil para la toma de decisiones, y a tareas de contrainteligencia, esto es, aquellas concebidas para detectar y neutralizar las acciones de inteligencia desarrolladas por otros Estados o por personas, organizaciones o grupos extranjeros, dirigidas contra la seguridad del Estado y la defensa nacional. De este modo, su revelación supondría, indudablemente, un debilitamiento del rol esencial asignado al Sistema de Inteligencia del Estado, en tanto permitiría hacer públicos aspectos sensibles y relevantes de la labor que le ha sido encomendada, poniendo de manifiesto aspectos de su labor que podrían ser explotados en labores de contrainteligencia, pues podría permitir a un analista debidamente entrenado inferir debilidades, flaquezas o fragilidades de la labor realizada por la Agencia Nacional de Inteligencia". EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA: I. Rechazar el amparo deducido por don Branislav Marelic Rokov en contra de la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI), por estimar concurrente la causal de reserva contemplada en el artículo 21 N° 5 de la Ley de Transparencia, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente. II. Encomendar al Director General (S) y a la Directora Jurídica (S) de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Branislav Marelic Rokov y al Sr. Director de la Agencia Nacional de Inteligencia. En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011. Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidenta doña Gloria de la Fuente González, su Consejera doña Natalia González Bañados y sus Consejeros don Francisco Leturia Infante y don Bernardo Navarrete Yáñez. Por orden del Consejo Directivo, certifica la Directora Jurídica (S) del Consejo para la Transparencia doña Ana María Muñoz Massouh.