Base de Datos de Jurisprudencia - Consejo para la Transparencia

Decisión ROL C5225-20

Reclamante:	BRANISLAV MARELIC ROKOV
Reclamado:	EJÉRCITO DE CHILE
Resumen del caso: Se rechaza el amparo deducido en contra del Ejército de Chile, relativo a la entrega del número total anual de las solicitudes efectuadas y aceptadas sobre interceptaciones telefónicas con finalidades de inteligencia ante los Ministros de Corte de Apelaciones; y de las mismas, desagregadas por año y mes, y por Corte de Apelaciones a las que fueron dirigidas, entre los años 2015 y 2020. Lo anterior, por cuanto, a su publicidad afectaría el debido cumplimiento de las funciones de la reclamada -en tanto implicaría infringir el deber de resguardo que sobre dicha información le impone el artículo 38 de la ley sobre el Sistema de Inteligencia del Estado-, pudiendo potencialmente entorpecer las eventuales acciones de inteligencia desplegadas por la recurrida. Aplica criterio decisiones de amparo roles C7659-19 y C5224-20, en relación con fallo que acogió recurso de queja Rol N° 29.507-2019, de la Excma. Corte Suprema.
Tipo de decisión:	Decisión de Fondo
Fecha de la decisión:	10/29/2020
Consejeros:	-Gloria Alejandra de la Fuente González -Francisco Javier Leturia Infante
Legislación aplicada:	Ley de Transparencia
Palabras clave:
Jurisprudencia desde:	C7659-19 C5224-20
Jurisprudencia a:	C5222-20
Recursos relacionados:	713-2020
Descriptores jurídicos:	- Funcionarios >> Sumarios e investigaciones sumarias >> En curso
Descriptores analíticos:

DECISIÓN AMPARO ROL C5225-20   Entidad pública: Ejército de Chile Requirente: Branislav Marelic Rokov Ingreso Consejo: 26.08.2020 RESUMEN Se rechaza el amparo deducido en contra del Ejército de Chile, relativo a la entrega del número total anual de las solicitudes efectuadas y aceptadas sobre interceptaciones telefónicas con finalidades de inteligencia ante los Ministros de Corte de Apelaciones; y de las mismas, desagregadas por año y mes, y por Corte de Apelaciones a las que fueron dirigidas, entre los años 2015 y 2020. Lo anterior, por cuanto, a su publicidad afectaría el debido cumplimiento de las funciones de la reclamada -en tanto implicaría infringir el deber de resguardo que sobre dicha información le impone el artículo 38 de la ley sobre el Sistema de Inteligencia del Estado-, pudiendo potencialmente entorpecer las eventuales acciones de inteligencia desplegadas por la recurrida. Aplica criterio decisiones de amparo roles C7659-19 y C5224-20, en relación con fallo que acogió recurso de queja Rol N° 29.507-2019, de la Excma. Corte Suprema. En sesión ordinaria N° 1139 del Consejo Directivo, celebrada el 27 de octubre de 2020, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C5225-20. VISTO: Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia. TENIENDO PRESENTE: 1) SOLICITUD DE ACCESO: El 17 de julio de 2020, don Branislav Marelic Rokov solicitó al Ejército de Chile, la siguiente información: "En relación a su Servicio de Inteligencia, se solicita la siguiente información entre los años 2015 al 2020: a) El número total nacional de solicitudes de interceptaciones telefónica con finalidades de inteligencia a los Ministros de Corte de Apelaciones, reguladas en el artículo 25 de la Ley N° 19.974. Se pide indicar el número total por año. b) El número de solicitudes de interceptaciones telefónicas con finalidades de inteligencia a los Ministros de Corte de Apelaciones, reguladas en el artículo 25 de la Ley N° 19.974. Pero se solicita desagregar en un mismo archivo con los siguientes criterios: a) Desagregar por año y mes y b) Desagregar por Corte de Apelaciones que se dirige la solicitud. 3. El número total nacional de solicitudes aceptadas de interceptaciones telefónica con finalidades de inteligencia a los Ministros de Corte de Apelaciones, reguladas en el artículo 25 de la Ley N° 19.974. Se pide indicar el número total por año. 4. El número de solicitudes aceptadas de interceptaciones telefónicas con finalidades de inteligencia a los Ministros de Corte de Apelaciones, reguladas en el artículo 25 de la Ley N° 19.974. Pero se solicita desagregar en un mismo archivo con los siguientes criterios: a) Desagregar por año y mes. b) Desagregar por Corte de Apelaciones que se dirige la solicitud. Observaciones: Se solicita solo el número. No se solicita ninguna otra información donde se pueda identificar datos personales de algún tipo, contenido de la escucha, u otra información diferente a un número, con las desagregaciones indicadas". 2) RESPUESTA: El 11 de agosto de 2020, el Ejército de Chile respondió a dicho requerimiento de información mediante JEMGE DETLE (P) N° 6800/7297, de esa fecha, indicando, en síntesis, lo siguiente: Toda los antecedentes relacionados con la tramitación de procedimientos especiales de obtención de información regulados en la Ley 19.974 "Sobre el Sistema de Inteligencia del Estado y Crea la Agencia Nacional de Inteligencia", corresponden a la clasificación de "secreto", de acuerdo a lo previsto en su artículo 38 y siguientes, el cual señala que "Se considerarán secretos y de circulación restringida, para todos los efectos legales, los antecedentes, informaciones y registros que obren en poder de los organismos que conforman el Sistema o de su personal, cualquiera sea su cargo o la naturaleza de su vinculación jurídica con éstos. Asimismo, tendrán dicho carácter aquellos otros antecedentes de que el personal de tales organismos tome conocimiento en el desempeño de sus funciones o con ocasión de éstas". En virtud de lo anterior, configurándose las causales de reserva contempladas en el artículo N° 21, numerales 3 y 5, de la Ley N° 20.285, en concordancia con el artículo 8° de la Constitución Política de la República, no es legalmente posible entregar la información requerida. 3) AMPARO: El 26 de agosto de 2020, don Branislav Marelic Rokov dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en la respuesta negativa a su solicitud. Si bien señala que se encuentra representado legalmente por persona que indica no acompaña poder de representación, por lo que el amparo se tuvo por presentado en forma personal. Además, el reclamante hizo presente, en síntesis, que negar la información: a) Es un acto contrario a derecho, en la que cabe una pregunta jurídica central: ¿Cómo la información de una cantidad de solicitudes de intercepciones telefónicas, expresadas en número, puede constituir una causal de secreto? En su opinión jurídica, dar un número no constituye una causal de secreto, por tanto, su negativa vulnera un derecho fundamental, la Constitución, la Ley de Transparencia, y sobre todo genera un perjuicio injusto y desproporcionado a la ciudadanía en su conjunto. La información es pública y debe ser entregada. b) Vulnera el derecho fundamental a recibir información, un Estado respetuoso con el presente derecho debe proporcionar la información solicitada por los habitantes de su territorio, sin restricciones o censura previa, toda vez que la información pedida no afecta el derecho de otras personas, la seguridad nacional, el orden público, la salud, ni la moral pública. c) Vulnera el artículo 8°de la Constitución Política, el cual establece la obligación de dar estricto cumplimiento al principio de probidad en todas las actuaciones y la publicidad de los actos y resoluciones de los órganos del Estado, como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen, consagrando de esta forma la transparencia y probidad de la función pública con rango constitucional, cuyo incumplimiento producirá la nulidad de dichas actuaciones o impondrá las responsabilidades requeridas para el caso. Por tanto, la vulneración o inobservancia a los límites propuestos por nuestra Constitución para el ejercicio válido de la potestad pública significan también una causal de ilicitud de estas mismas. d) Negar la información vulnera la Ley de Transparencia al no configurarse una causal de secreto válida, pues cabe cuestionar si es posible establecer, con criterio general, una prohibición de acceso a la información, sólo por el hecho de que la ley exige a los funcionarios de un organismo guardar secreto de los antecedentes que tomen conocimiento en el desempeño de sus funciones. Una interpretación en este sentido, no se condice con la concepción del derecho fundamental de acceso a la información pública, y su consecuente interpretación extensiva. Cita jurisprudencia de este Consejo y de los tribunales superiores en tal sentido, concluyendo que corresponde al Ejército justificar la denegación de acceso a la información, aclarando cuál sería la afectación a los bienes jurídicos protegidos en el artículo 8 de la Constitución, lo cual no ocurrió. Finalmente, agrega que en ningún caso se solicita información que pueda identificar datos personales de algún tipo, contenido en la escucha, u otra información diferente a un número. 4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo y mediante Oficio N° E15374, de 8 de septiembre de 2020, confirió traslado al Sr. Comandante en Jefe del Ejército de Chile, solicitante que: (1°) se refiera, específicamente, a las causales de secreto o reserva que, a su juicio, harían procedente la denegación de la información reclamada; y (2°) detalle cómo la entrega de dicha información afectaría la seguridad de la Nación. Mediante JEMGE DETLE AJ (P) N° 6800/9076, de 07 de octubre de 2020 el órgano solicitó prorrogar el plazo para evacuar los descargos, en los términos que allí se señala, el cual fue concedido. Luego, por JEMGE DETLE AJ (P) N° 6800/9179, de 09 de octubre de 2020, el órgano efectuó sus descargos, señalando, en síntesis, lo siguiente. Hace presente que no se pronunciará respecto a la existencia o no de solicitudes a Ministros de Corte de Apelaciones para autorizar intervenciones telefónicas, sino que se abocará a probar que cualquier antecedente, positivo o negativo, o que dé cuenta o no de actividades especiales de inteligencia de esa naturaleza, es información secreta y por ende fuera del conocimiento público. En efecto, la Dirección de Inteligencia del Ejército - DINE -, de acuerdo a lo señalado por el artículo 5° de la citada ley N° 19.974, como integrante del Sistema de Inteligencia del Estado, al igual que los demás organismos que lo conforman, le corresponde dirigir y ejecutar actividades específicas de inteligencia y contrainteligencia, para asesorar al Presidente de la República y a los diversos niveles superiores de conducción del Estado, con el objetivo de proteger la soberanía nacional y preservar el orden constitucional, sin perjuicio de formular, además, apreciaciones de inteligencia útiles para la consecución de los objetivos nacionales. Así las cosas, cuando determinada información sea estrictamente indispensable contar para el cumplimiento de los objetivos del Sistema de Inteligencia y no pueda ser obtenida de fuentes abiertas, legalmente se puede utilizar los procedimientos especiales de obtención de información que contempla el Título V del señalado cuerpo legal, entre los cuales, se encuentran los que señala el artículo 24 letra a) de la Ley de Inteligencia; a saber, la intervención de las comunicaciones telefónicas. El empleo de este procedimiento especial está sujeto a una estricta regulación que expone. El título VII, de la ley de inteligencia, "De la obligación de guardar secreto" destina un capítulo completo, a velar por el debido resguardo de las actuaciones, información y registros "que obren en poder de los organismos que integran el Sistema", declarándolos secretos (Art. 38) y estableciendo graves sanciones penales para el funcionario que violare el deber de guardar secreto (Art. 39). Este deber de secreto se prolonga incluso para después que la autoridad o funcionario deje de prestar servicios. En la especie, el Director de Inteligencia del Ejército, por oficio que adjunta, no autorizó la entrega de la información solicitada, ejerciendo el derecho que le confiere en forma privativa a esa Jefatura el inciso 2° del artículo 38 de la citada ley de Inteligencia. Agrega, que no es efectivo como sostiene el reclamante que negar la información es un acto contrario a derecho y vulnera el artículo 8° de la Carta Fundamental. En efecto, la propia disposición constitucional en el inciso 2° prevé una excepción a la publicidad de la información pública, cual es, que la reserva o secreto esté establecida por una ley de quórum calificado, y cuando con su publicidad se pueda afectar la seguridad de la Nación o el interés nacional, lo cual, según expone latamente, se configura en la especie. De lo señalado, se colige que la invocación por parte del Ejército de Chile de las causales del artículo 21 en sus numerales 3. y 5. es pertinente al caso y plenamente aplicable. Con todo, publicitar cuantitativamente el ejercicio de esa actividad de inteligencia al igual que señalar que no ha existido actividad de esa naturaleza, significa proporcionar una atractiva y sensible fuente abierta de información de inteligencia, totalmente aprovechable por adversarios internos y/o externos del país, ya que, entre otros, daría cuenta de la dinámica con que se estaría utilizando este instrumento; alertaría a los posibles destinatarios; permitiría evaluar dicha actividad por el territorio jurisdiccional de cada Corte y, por ende, determinar la ubicación geográfica de esta actividad de inteligencia; permitiría determinar las zonas del territorio con mayor actividad de esta naturaleza y alertar consecuentemente a los destinatarios; posibilitaría medir el grado de permisividad de una Corte con otra y por lo tanto definir en qué lugar del país se pueden realizar impunemente actividades sin riesgo de ser escuchados y, posibilitaría la adopción de medidas para contrarrestarlo. En cuanto a la afectación, en materia de inteligencia en forma especial, no es posible pretender que se produzcan los efectos que se generarían con la entrega o divulgación de la información. La función de inteligencia es por naturaleza preventiva. Cita jurisprudencia de este Consejo y de los tribunales superiores sobre la materia. Y CONSIDERANDO: 1) Que, el presente amparo tiene por objeto la entrega del número total anual de las solicitudes efectuadas y aceptadas sobre interceptaciones telefónicas con finalidades de inteligencia ante los Ministros de Corte de Apelaciones; y de las mismas, desagregadas por año y mes, y por Corte de Apelaciones a las que fueron dirigidas, entre los años 2015 y 2020, según se señala en el N° 1 de lo expositivo. Al efecto el Ejército de Chile denegó la entrega de esta información en virtud de las causales de reserva contempladas en el artículo 21 N° 3 y 5, de la Ley de Transparencia, en concordancia con el artículo 8 de la Constitución Política de la República y del artículo 38, inciso primero, de la Ley 19.974, sobre el Sistema de Inteligencia del Estado y crea la Agencia Nacional de Inteligencia. 2) Que, el artículo 8°, inciso 2°, de la Constitución Política de la República, en lo que interesa, establece que "son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen. Sin embargo, sólo una ley de quórum calificado podrá establecer la reserva o secreto de aquéllos o de éstos, cuando la publicidad afectare el debido cumplimiento de las funciones de dichos órganos, los derechos de las personas, la seguridad de la Nación o el interés nacional". Por su parte, según lo dispuesto en los artículos 5, inciso segundo y 10 de la Ley de Transparencia, se considera información pública toda aquella que obre en poder de los órganos de la Administración del Estado, cualquiera sea su formato, soporte, fecha de creación, origen, clasificación o procesamiento, además de aquella contenida en "actos, resoluciones, actas, expedientes, contratos y acuerdos, así como a toda información elaborada con presupuesto público", salvo que dicha información se encontrare sujeta a las excepciones establecidas en el artículo 21 de la Ley de Transparencia. 3) Que, el artículo 25, de la Ley 19.974, sobre el Sistema de Inteligencia del Estado y crea la Agencia Nacional de Inteligencia, señala que "Los directores o jefes de los organismos de inteligencia solicitarán, personalmente o por intermedio de un funcionario de su dependencia expresamente facultado para ello, la autorización judicial para emplear los procedimientos señalados en las letras a) a d) del artículo anterior. // Será competente para pronunciarse sobre la mencionada autorización un Ministro de aquella Corte de Apelaciones en cuyo territorio jurisdiccional se realizará la diligencia o donde se inicie la misma (...)". 4) Que, a modo de contexto, la citada ley N° 19.974, se aplica "a toda la actividad de inteligencia que realicen los órganos y servicios que integren dicho Sistema" (artículo 1°). A su vez, el Sistema es definido como "el conjunto de organismos de inteligencia, independientes entre sí, funcionalmente coordinados, que dirigen y ejecutan actividades específicas de inteligencia y contrainteligencia, para asesorar al Presidente de la República y a los diversos niveles superiores de conducción del Estado, con el objetivo de proteger la soberanía nacional y preservar el orden constitucional (...)" (artículo 4°). Dicho sistema se encuentra integrado, entre otros organismos, por "las direcciones o jefaturas de inteligencia de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública" (artículo 5°, letra d). Además, "Las unidades, departamentos o cualquiera otra dependencia de las Fuerzas Armadas o de Orden y Seguridad Pública que realicen tareas de inteligencia se considerarán, para los efectos de la aplicación de esta ley, como partes integrantes de las respectivas direcciones o jefaturas de inteligencia señaladas precedentemente" (artículo 5°, inciso final). En materia de obtención de información, el artículo 23 inciso 2° dispone que tales procedimientos "estarán limitados exclusivamente a actividades de inteligencia y contrainteligencia que tengan por objetivo resguardar la seguridad nacional y proteger a Chile y su pueblo de las amenazas del terrorismo, el crimen organizado y el narcotráfico". 5) Que, en tal sentido, la reclamada denegó la entrega de la información aludida en aplicación de lo dispuesto en el artículo 38 de la ley N° 19.974, el cual establece que "se considerarán secretos y de circulación restringida, para todos los efectos legales, los antecedentes, informaciones y registros que obren en poder de los organismos que conforman el Sistema o de su personal, cualquiera que sea su cargo o la naturaleza de su vinculación jurídica con éstos. Asimismo, tendrán dicho carácter aquellos otros antecedentes de que el personal de tales organismos tome conocimiento en el desempeño de sus funciones o con ocasión de éstas". Agrega su inciso 2°, que "Los estudios e informes que elaboren los organismos de inteligencia sólo podrán eximirse de dicho carácter con la autorización del Director o Jefe respectivo, en las condiciones que éste indique", finalizando que "Los funcionarios de los organismos de inteligencia que hubieren tomado conocimiento de los antecedentes a que se refiere el inciso primero, estarán obligados a mantener el carácter secreto de su existencia y contenido aun después del término de sus funciones en los respectivos servicios". 6) Que, complementando lo anterior, en virtud de lo dispuesto en el artículo 21 N° 5 y del artículo 1° transitorio de la Ley de Transparencia, esta Consejo ha concluido, que para la aplicación de una norma que disponga el secreto o reserva de determinados antecedentes dictada con anterioridad a la ley señalada, no sólo basta que ésta sea de rango legal y entendida por este hecho de quórum calificado, sino que, además debe reconducirse a alguno de los motivos constitucionales de secreto o reserva que además establece el artículo 8, inciso 2, de la Constitución Política de la República. De este modo, si bien el artículo 38 de la ley mencionada, en tanto norma legal, está formalmente sujeta a lo dispuesto por el artículo 1° transitorio de la Ley de Transparencia (y puede por tanto ser objeto de reconducción formal), es igualmente menester determinar si el contenido de dicha disposición guarda correspondencia con las causales de secreto señaladas por el constituyente, es decir, si puede tener lugar a su respecto la reconducción material; la que debe estar guiada por la exigencia de "afectación" de los bienes jurídicos indicados en el artículo 8°, inciso 2°, de la Constitución Política, esto es, debido cumplimiento de las funciones de los órganos del Estado, derechos de las personas, seguridad de la Nación o el interés nacional. Lo anterior, en atención a la claridad del vocablo "afectare" que ha sido utilizado en el inciso segundo del precepto constitucional, por cuanto la referida afectación implica necesariamente la existencia de un perjuicio o daño al bien jurídico de que se trate, para el caso de divulgarse la información. 7) Que, en efecto, no basta sólo con que la información "se relacione" con el bien jurídico protegido o que le resulte "atingente" para los efectos de mantener tal información en secreto o reserva, sino que se precisa la afectación. En tal sentido, el criterio que ha aplicado uniformemente este Consejo es que aquella debe ser presente o probable y con la suficiente especificidad para justificar la reserva, lo que no se presume sino que debe ser acreditado por el órgano administrativo requerido, de modo que los daños que la publicidad provocaría sean superiores al perjuicio que el secreto causaría al libre acceso a la información y al principio de publicidad. 8) Que, a juicio de este Consejo, sin perjuicio de que la información reclamada en el amparo tiene carácter estadístico, atendida la materia específicamente consultada y la desagregación en la que se requiere, forma parte de aquellas materias que la referida norma resguarda en forma específica, por tratarse directamente del eventual ejercicio de actividades de inteligencia; en conformidad a lo indicado, y tal como señala el órgano, el solo pronunciarse sobre lo requerido obliga necesariamente a la reclamada a divulgar si dispone o no de antecedentes sobre interceptaciones de comunicaciones telefónicas con finalidades de inteligencia solicitadas y autorizadas ante los Ministros de Corte de Apelaciones, lo que implica la posibilidad cierta de exponer información relacionada de manera directa con las actividades de inteligencia del Ejército de Chile, por cuanto supondría facilitar o alertar sobre el actuar de dicho organismo, todo lo cual supone divulgar aspectos cubiertos por la reserva dispuesta en el artículo 38 del cuerpo legal citado, dado que dicha hipótesis protege los antecedentes, informaciones y registros que obren en poder de ese organismo. En efecto, obligar a la reclamada a reconocer que ha procedido o no a ejecutar a ejecutar determinadas acciones, para luego, divulgar dicha información, a juicio de este Consejo, afectaría el debido cumplimiento de las funciones de la reclamada -en tanto implicaría infringir el deber de resguardo que sobre dicha información le impone el ya precitado artículo 38 y en su eventualidad se entorpecería las eventuales acciones de inteligencia sobre las materias relacionadas- bien jurídico protegido por el artículo 8° inciso segundo de la Constitución Política de la República. 9) Que, no obstante cabe hacer presente que, a juicio de este Consejo, existe un legítimo interés en conocer la información relativa a la interceptaciones telefónicas con finalidades de inteligencia solicitadas y autorizadas ante los Ministros de Corte de Apelaciones; sin embargo, la Ley de Transparencia no es la vía idónea para ejercer dicho control social, sino que este se manifiesta a través de las autorizaciones judiciales que deben ser recabadas por la institución castrense, para desplegar el tipo de actividades consultadas, en conformidad al procedimiento dispuesto en los artículos 24 a 29 de la ley citada ley N° 19.974. 10) Que, en virtud de lo razonado en los considerandos precedentes, se estima que concurre en la especie la causal de reserva consagrada en el artículo 21 N° 5 de la Ley de Transparencia. En conformidad a lo anterior, se estima inoficioso pronunciarse sobre la causal de reserva del artículo 21 N° 3, también alegada por el órgano recurrido en el procedimiento. Aplica criterio decisiones de amparo roles C7659-19 y C5224-20. 11) Que, finalmente, se hace presente que el razonamiento efectuado por este Consejo en el presente acuerdo, va en conformidad a lo resuelto por la Excma. Corte Suprema, en fallo rol N° 29.507-2019, de 14 de julio de 2020, que acogió recurso de queja, declarando como reservada información estadística que obra en poder de la Agencia Nacional de Inteligencia. El considerando 11° del referido fallo, señala que, "esos datos corresponden a registros, antecedentes e informaciones que obran en poder de la Agencia Nacional de Inteligencia, esto es, de un organismo que forma parte del Sistema de Inteligencia del Estado, y que tienen por finalidad servir al desarrollo de labores de inteligencia, es decir, aquellas dirigidas a la recolección y análisis de información que busca producir conocimiento útil para la toma de decisiones, y a tareas de contrainteligencia, esto es, aquellas concebidas para detectar y neutralizar las acciones de inteligencia desarrolladas por otros Estados o por personas, organizaciones o grupos extranjeros, dirigidas contra la seguridad del Estado y la defensa nacional. De este modo, su revelación supondría, indudablemente, un debilitamiento del rol esencial asignado al Sistema de Inteligencia del Estado, en tanto permitiría hacer públicos aspectos sensibles y relevantes de la labor que le ha sido encomendada, poniendo de manifiesto aspectos de su labor que podrían ser explotados en labores de contrainteligencia, pues podría permitir a un analista debidamente entrenado inferir debilidades, flaquezas o fragilidades de la labor realizada por la Agencia Nacional de Inteligencia". EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA: I. Rechazar el amparo deducido por don Branislav Marelic Rokov en contra del Ejército de Chile, por estimar concurrente la causal de reserva contemplada en el artículo 21 N° 5 de la Ley de Transparencia, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente. II. Encomendar al Director General (S) y a la Directora Jurídica (S) de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Branislav Marelic Rokov y al Sr. Comandante en Jefe del Ejército de Chile. En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011. Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Jorge Jaraquemada Roblero y sus Consejeros doña Gloria de la Fuente González y don Francisco Leturia Infante. Por orden del Consejo Directivo, certifica la Directora Jurídica (S) del Consejo para la Transparencia doña Ana María Muñoz Massouh.