Base de Datos de Jurisprudencia - Consejo para la Transparencia

Decisión ROL C5328-20

Reclamante:	ALEXANDRA DE AMESTI OÑATE
Reclamado:	SUBSECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE
Resumen del caso: Se acoge el amparo deducido en contra de la Subsecretaría del Medio Ambiente, ordenando la entrega de la información pedida relativa a los informes relacionados a la prestación de los servicios contratados para el "Mejoramiento de la Red de Monitoreo de la Calidad del aire en las comunas de Concón, Quintero y Puchuncaví, advirtiendo, si lo estima pertinente, la falta de validez o de confiabilidad de la información entregada, a fin que potenciales usuarios de aquella adopten las precauciones y resguardo necesarios, atendido su carácter de no oficial. Lo anterior, por tratarse de información pública respecto de la cual no se acreditó la causal de reserva alegada referida al privilegio deliberativo del órgano reclamado, por cuanto la reclamada no acompañó antecedente alguno que permita ponderar el modo en que entregar la información pedida afecta el debido cumplimiento de sus funciones. A mayor abundamiento, se hace presente que resulta pertinente lo resuelto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en su sentencia de fecha 19 de septiembre de 2006, en el caso Claude Reyes y otros versus Chile, en orden a que "En este sentido, el actuar del Estado debe encontrarse regido por los principios de publicidad y transparencia en la gestión pública, lo que hace posible que las personas que se encuentran bajo su jurisdicción ejerzan el control democrático de las gestiones estatales, de forma tal que puedan cuestionar, indagar y considerar si se está dando un adecuado cumplimiento de las funciones públicas. El acceso a la información bajo el control del Estado, que sea de interés público, puede permitir la participación en la gestión pública, a través del control social que se puede ejercer con dicho acceso (Considerando 86). En efecto, no escapa al conocimiento de este Consejo el control social que subyace a la materia objeto del presente amparo, que corresponde conocimiento mínimo sobre las medidas que adoptará la autoridad sectorial para mejorar la calidad del aire en dicha zona, posibilitando con ello un adecuado escrutinio sobre el modo en que el mencionado ente estatal ha ejercido las atribuciones que el ordenamiento jurídico le confiere sobre el particular.
Tipo de decisión:	Decisión de Fondo
Fecha de la decisión:	1/14/2021
Consejeros:	-Gloria Alejandra de la Fuente González -Francisco Javier Leturia Infante -Natalia Andrea González Bañados -Bernardo Eric Navarrete Yáñez
Legislación aplicada:	Ley de Transparencia
Palabras clave:
Jurisprudencia desde:	C248-10
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DECISIÓN AMPARO ROL C5328-20   Entidad pública: Subsecretaría del Medio Ambiente Requirente: Alexandra de Amesti Oñate Ingreso Consejo: 31.08.2020 RESUMEN Se acoge el amparo deducido en contra de la Subsecretaría del Medio Ambiente, ordenando la entrega de la información pedida relativa a los informes relacionados a la prestación de los servicios contratados para el "Mejoramiento de la Red de Monitoreo de la Calidad del aire en las comunas de Concón, Quintero y Puchuncaví, advirtiendo, si lo estima pertinente, la falta de validez o de confiabilidad de la información entregada, a fin que potenciales usuarios de aquella adopten las precauciones y resguardo necesarios, atendido su carácter de no oficial. Lo anterior, por tratarse de información pública respecto de la cual no se acreditó la causal de reserva alegada referida al privilegio deliberativo del órgano reclamado, por cuanto la reclamada no acompañó antecedente alguno que permita ponderar el modo en que entregar la información pedida afecta el debido cumplimiento de sus funciones. A mayor abundamiento, se hace presente que resulta pertinente lo resuelto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en su sentencia de fecha 19 de septiembre de 2006, en el caso Claude Reyes y otros versus Chile, en orden a que "En este sentido, el actuar del Estado debe encontrarse regido por los principios de publicidad y transparencia en la gestión pública, lo que hace posible que las personas que se encuentran bajo su jurisdicción ejerzan el control democrático de las gestiones estatales, de forma tal que puedan cuestionar, indagar y considerar si se está dando un adecuado cumplimiento de las funciones públicas. El acceso a la información bajo el control del Estado, que sea de interés público, puede permitir la participación en la gestión pública, a través del control social que se puede ejercer con dicho acceso (Considerando 86). En efecto, no escapa al conocimiento de este Consejo el control social que subyace a la materia objeto del presente amparo, que corresponde conocimiento mínimo sobre las medidas que adoptará la autoridad sectorial para mejorar la calidad del aire en dicha zona, posibilitando con ello un adecuado escrutinio sobre el modo en que el mencionado ente estatal ha ejercido las atribuciones que el ordenamiento jurídico le confiere sobre el particular. En sesión ordinaria N° 1146 del Consejo Directivo, celebrada el 5 de enero de 2021, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C5328-20. VISTO: Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia. TENIENDO PRESENTE: 1) SOLICITUD DE ACCESO: Con fecha 19 de junio de 2020, doña Alexandra de Amesti Oñate solicitó a la Subsecretaría del Medio Ambiente la siguiente información: "Informes relacionados a la prestación de servicios: "Mejoramiento de la Red de Monitoreo de la Calidad del aire en las comunas de Concón, Quintero y Puchuncaví" estipulado en el contrato realizado entre la Subsecretaría del Medio Ambiente y la Fundación Empresarial Comunidad Europea Chile. Específicamente, solicito acceso a los informes diagnósticos con los datos obtenidos de las 14 estaciones de monitoreo, entre el 1 de enero de 2016 y el 9 de agosto de 2019. Para mayor claridad, estos informes deberían incluir cuatro informes; tres de avances de las evaluaciones de la calidad del aire y del estado operacional actual de las 14 estaciones de monitoreo, y un informe final que debe contener el resultado de todas las actividades contempladas. Estos tres informes de avances deben contener: Documentos que contengan la evaluación de la calidad de la información entregada por la Red de Monitoreo durante los últimos 3 años. Documentos que evalúan la representatividad del monitoreo en el área cubierta por la Red y los instrumentos de medición actualmente utilizados Documentos que elaboran recomendaciones técnicas y una propuesta conceptual de rediseño para el perfeccionamiento y modernización de la actual Red de Monitoreo para las 14 estaciones El informe final debe contener: Una revisión documental de los certificados e historial de calibración y mantención de los equipos de monitoreo de periodo de operación 2018-2019. Evaluación del contenido técnico de los Procedimientos Operacionales Estándares. Asimismo, solicito acceso a textos, tablas, planos, modelos, programas, aplicaciones computacionales, fotografías, medios audiovisuales u otros proporcionados por la Subsecretaría y todos los recursos que se utilizaron para hacer el informe. Por otro lado, los informes, antecedentes, datos y cualquier tipo de información generada durante la ejecución del trabajo." Se hace presente que la solicitud de acceso a la información ingresó a la Subsecretaría del Medio Ambiente, mediante oficio de derivación Ord. N° 1817, de la Superintendencia del Medio Ambiente, en virtud del artículo 13 de la Ley de Transparencia. 2) RESPUESTA: La Subsecretaría del Medio Ambiente, previa prórroga del plazo para formular respuesta, a través de carta DJ N° 203280, de fecha 20 de agosto de 2020, respondió a dicho requerimiento de información, señalando, en síntesis, que deniega lo pedido por estimar que concurre la causal de reserva prevista en el artículo 21 N° 1 letra b) de la Ley de Transparencia, por cuanto se cumplen los requisitos que exige dicha norma legal. En este sentido informó que por una parte se cumple la existencia de un proceso deliberativo, por cuanto los informes solicitados son parte de los antecedentes que están siendo ponderados por parte de la autoridad para la elaboración de la resolución que oficializará la nueva red de monitoreo de calidad del aire, en conformidad con lo señalado en el artículo 51 del Plan de Prevención y Descontaminación Atmosférica para las comunas mencionadas en dicho plan (D.S. N° 105/2018). Por otra parte, en relación a que exista certidumbre en la adopción de la resolución, media o política dentro de un plazo prudencial, señala que es clara la existencia de una causalidad entre la información técnica contenida en los informes y la resolución que oficializara la nueva red de monitoreo, la información contenida en aquellos documentos será parte esencial de la motivación del acto administrativo final. Agrega, que respecto que la publicidad, conocimiento o divulgación de los antecedentes o deliberaciones previas vayan en desmedro del debido cumplimiento de las funciones del órgano requerido, hace presente que las observaciones e información técnica entregada por el consultor obran en poder del Ministerio ellos para su análisis, estudio y posterior elaboración de la resolución respectiva, por lo que se trata de información de naturaleza preliminar relacionada con el rediseño y modernización de calidad del aire de la red de monitoreo, de conformidad al referido artículo 51, afectando su entrega previa a la adopción de alguna decisión al respecto. A mayor abundamiento, señala que acceder a dicho documento en esta oportunidad supone inmiscuirse en el ámbito de decisión de la autoridad en forma previa a la decisión que debe adoptar, afectando con ello el privilegio deliberativo. Finalmente, señala que se podrá acceder a la documentación respectiva una vez finalizado el estudio, por medio de la plataforma cuyo link indica, y además a la base de datos de la red de monitoreo en las comunas de interés. 3) AMPARO: El 31 de agosto de 2020, doña Alexandra de Amesti Oñate dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra de la Subsecretaría del Medio Ambiente fundado en que recibió respuesta negativa a su solicitud de información. 4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: Este Consejo acordó admitir a tramitación el presente amparo, confiriendo traslado al Sr. Subsecretario del Medio Ambiente mediante oficio N° E15727, de fecha 17 de septiembre de 2020. Se solicitó expresamente al órgano: se refiera, específicamente, a las causales constitucionales o legales de secreto o reserva que, a su juicio, harían procedente la denegación de la información reclamada; señale cómo la entrega de la información reclamada afectaría el debido cumplimiento de las funciones del órgano que usted representa, precisando, en qué medida lo solicitado serviría de antecedente para la adopción de una medida o política futura; detallando las implicancias de dicha medida, y explicitando las características particulares de lo solicitado que, a juicio del órgano que usted representa, justificaría que su comunicación vulnera el correcto cumplimiento de los objetivos de la medida o política en curso, identificando los efectos que produciría su comunicación; informe el estado del proceso sobre el que recae la información denegada y fecha aproximada del término del mismo; indique si la publicidad de la información requerida, a su juicio, afecta derechos de terceros y, en la afirmativa, si procedió de conformidad a lo estipulado en el artículo 20 de la Ley de Transparencia; de haber procedido conforme al artículo 20 de la Ley de Transparencia, señale si los terceros eventualmente afectados presentaron su oposición a la solicitud que motivó el presente amparo y en la afirmativa acompañe a este Consejo todos los documentos incluidos en el procedimiento de comunicación a los terceros, incluyendo copia de la respectiva comunicación, de los documentos que acrediten su notificación, de la oposición deducida y los antecedentes que den cuenta de la fecha en que ésta se presentó ante el órgano que usted representa; y, proporcione los datos de contacto de los terceros -por ejemplo: nombre, dirección, número telefónico y correo electrónico-, a fin de evaluar una eventual aplicación de lo dispuesto en los artículos 25 de la Ley de Transparencia y 47 de su Reglamento. El órgano reclamado formuló sus descargos u observaciones a través de oficio Ord. MMA N° 203929, de fecha 01 de octubre de 2020, complementado por correo electrónico de fecha 14 de octubre de 2020, señalando, en síntesis, que reitera que procede denegar la información pedida por estimar que concurre la causal de reserva señalada en el artículo 21 N° 1 letra b) de la Ley de Transparencia, tal como le informó a la solicitante en su respuesta. Así explicó que la información pedida corresponde a informes que son parte de los antecedentes que están siendo ponderados en la actualidad para la elaboración de la resolución que oficializará la nueva red de monitoreo de calidad del aire, en conformidad con lo señalado en el artículo 51 del D.S. N° 105/2018, que aprueba el Plan de Prevención y Descontaminación Atmosférica para las comunas de Concón, Quintero y Puchuncaví. Agrega, que el estudio solicitado constituye la base de un acto administrativo, toda vez que llevó a cabo un diagnóstico del estado operacional actual de las 14 estaciones de monitoreo, seguido de la elaboración de una propuesta de rediseño, y una auditoría técnica al sistema de monitoreo de calidad del aire y meteorología implementado en Concón, Quintero y Puchuncaví, entregando recomendaciones y directrices para la implementación de una Red optimizada en base a estándares de la Unión Europea. Por ello sostiene que la entrega de los documentos requeridos representa una afectación de los bienes jurídicos protegidos por el artículo 21 de la Ley de Transparencia, toda vez que las observaciones e información técnica entregada por el consultor obran en su poder para su análisis, estudio y posterior elaboración de la Resolución respectiva, por lo que se trata de información de naturaleza preliminar que debe ser ponderada por el Ministerio en orden a adoptar la medida más idónea para la implementación de la nueva red de monitoreo. Hace presente que aún se encuentra en proceso de decisión, analizando las propuestas y conclusiones presentadas por el consultor en sus informes y decidiendo la forma más idónea en que ello debe plasmarse en una de las políticas públicas más relevantes para este Ministerio: el Plan de Prevención y Descontaminación atmosférica para las comunas de Concón, Quintero y Puchuncaví. Por tal razón estima que acceder al requerimiento de la solicitante, se estaría afectando el privilegio deliberativo de esta autoridad, toda vez que a la fecha aún no existe una decisión definitiva, ya que los informes son la base de decisión, pero en ningún caso representan por sí mismos la medida final que será adoptada por este Ministerio. Finalmente, reitera que una vez que la Resolución que oficialice la nueva red de monitoreo sea dictada, los estudios serán publicados en el sitio web del Ministerio, señalando que el informe final se estima estará listo a finales del año 2021. Y CONSIDERANDO: 1) Que, el presente amparo tiene por objeto obtener la entrega por parte de la Subsecretaría del Medio Ambiente, información relativa a los informes relacionados a la prestación de los servicios contratados para el "Mejoramiento de la Red de Monitoreo de la Calidad del aire en las comunas de Concón, Quintero y Puchuncaví", al tenor de los señalado en el N° 1 de lo expositivo. Al efecto, el órgano reclamado denegó la información pedida fundado en la causal de reserva contemplada en el artículo 21 N° 1 letra b) de la Ley de Transparencia. 2) Que, el artículo 8°, inciso 2°, de la Constitución Política de la República, en lo que interesa, establece que "son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen. Sin embargo, sólo una ley de quórum calificado podrá establecer la reserva o secreto de aquéllos o de éstos, cuando la publicidad afectare el debido cumplimiento de las funciones de dichos órganos, los derechos de las personas, la seguridad de la Nación o el interés nacional". Por su parte, según lo dispuesto en los artículos 5, inciso segundo y 10 de la Ley de Transparencia, se considera información pública toda aquella que obre en poder de los órganos de la Administración del Estado, cualquiera sea su formato, soporte, fecha de creación, origen, clasificación o procesamiento, además de aquella contenida en "actos, resoluciones, actas, expedientes, contratos y acuerdos, así como a toda información elaborada con presupuesto público", salvo las excepciones legales. 3) Que, respecto de la hipótesis de reserva consagrada en el artículo 21 N° 1, letra b), de la Ley de Transparencia invocada por el órgano, ésta permite denegar la información que se solicite cuando su comunicación afecte el debido cumplimiento de las funciones del órgano requerido, tratándose del denominado privilegio deliberativo; y tal como lo ha señalado reiteradamente este Consejo a partir de las decisiones recaídas en los amparos roles A12-09, A79-09 y C248-10, entre otras, la configuración de esta causal de reserva, requiere la concurrencia de dos requisitos copulativos, a saber: a) que la información requerida sea un antecedente o deliberación previa a la adopción de una resolución, medida o política; y, b) que la publicidad, conocimiento o divulgación de dicha información afecte el debido cumplimiento de las funciones del órgano. Asimismo, respecto del primer requisito, debe existir, además, un vínculo preciso de causalidad entre el antecedente o deliberación previa y la resolución, debiendo dicho vínculo ser claro y evidente. En tal sentido, la aplicación de la causal supone que exista certidumbre de la adopción de la resolución, medida o política dentro de un plazo prudencial, incluso si la decisión consistiese, al final, en no hacer nada. 4) Que, para justificar la causal de reserva alegada, el órgano requerido argumentó que la información pedida se refiere a informes que son parte de los antecedentes que están siendo ponderados en la actualidad para la elaboración de la resolución que oficializará la nueva red de monitoreo de calidad del aire, en conformidad con lo señalado en el artículo 51 del D.S. N° 105/2018, que aprueba el Plan de Prevención y Descontaminación Atmosférica para las comunas de Concón, Quintero y Puchuncaví. Agregó que aún se encuentra en proceso de decisión, analizando las propuestas y conclusiones presentadas por el consultor en sus informes y decidiendo la forma más idónea para la implementación de la nueva red de monitoreo. Por lo expuesto, se estima que concurre el primer requisito exigido para configurar la causal de reserva alegada, esto es, que la información pedida constituye un antecedente o deliberación previa a la adopción de una resolución, medida o política por parte del órgano reclamado. 5) Que, sin embargo, tratándose del segundo requisito exigido para configurar la causal de reserva contemplada en el artículo 21 N° 1 letra b) de la Ley de Transparencia, esto es, que la publicidad, conocimiento o divulgación de dicha información afecte el debido cumplimiento de las funciones del órgano, a juicio de este Consejo no se han aportado elementos que permitan acreditar la manera en que la entrega de la información pedida produce una afectación presente o probable y con suficiente especificidad en el cumplimiento de sus funciones, lo que no se presume sino que debe ser acreditado por el órgano administrativo requerido, de modo que los daños que la publicidad provocaría sean superiores al perjuicio que el secreto causaría al libre acceso a la información y al principio de publicidad. 6) Que, en la especie, el órgano reclamado se limitó a señalar que concurriría la causal de reserva contemplada en el artículo 21 N° 1 letra b) de la Ley de Transparencia, sin acompañar antecedente alguno que permita ponderar el modo en que entregar la información pedida afecta el debido cumplimiento de sus funciones, más aun considerando que en el caso concreto, lo pedido versa la eventual implementación de una nueva red de monitoreo de la calidad del aire en las comunas de Concón, Quintero y Puchuncaví, por lo que no bastan apreciaciones generales para justificar la reserva de la información reclamada, y además , en cualquier caso lo alegado por el órgano reclamado sobre que sea pública información cuyo proceso de evaluación no se encontraría terminado, puede ser subsanado advirtiendo, si lo estima pertinente, la falta de validez o de confiabilidad de la información entregada, a fin que potenciales usuarios de aquella adopten las precauciones y resguardo necesarios, atendido su carácter de no oficial, razón por la cual será desestimada dicha alegación. 7) Que, a mayor abundamiento, se hace presente que resulta pertinente lo resuelto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en su sentencia de fecha 19 de septiembre de 2006, en el caso Claude Reyes y otros versus Chile, en orden a que "En este sentido, el actuar del Estado debe encontrarse regido por los principios de publicidad y transparencia en la gestión pública, lo que hace posible que las personas que se encuentran bajo su jurisdicción ejerzan el control democrático de las gestiones estatales, de forma tal que puedan cuestionar, indagar y considerar si se está dando un adecuado cumplimiento de las funciones públicas. El acceso a la información bajo el control del Estado, que sea de interés público, puede permitir la participación en la gestión pública, a través del control social que se puede ejercer con dicho acceso. (Considerando 86). Asimismo, es aplicable lo señalado por la referida Corte Interamericana, en cuanto que "El control democrático, por parte de la sociedad a través de la opinión pública, fomenta la transparencia de las actividades estatales y promueve la responsabilidad de los funcionarios sobre su gestión pública. Por ello, para que las personas puedan ejercer el control democrático es esencial que el Estado garantice el acceso a la información de interés público bajo su control. Al permitir el ejercicio de ese control democrático se fomenta una mayor participación de las personas en los intereses de la sociedad." (Considerando 87). 8) Que, asimismo, no escapa al conocimiento de este Consejo el control social que subyace a la materia objeto del presente amparo, que corresponde conocimiento mínimo sobre las medidas que adoptará la autoridad sectorial para mejorar la calidad del aire en dicha zona, posibilitando con ello un adecuado escrutinio sobre el modo en que el mencionado ente estatal ha ejercido las atribuciones que el ordenamiento jurídico le confiere sobre el particular. 9) Que, en virtud de lo expuesto, y no habiéndose acreditado por parte del órgano requerido la concurrencia de la causal de secreto o reserva del artículo 21 N° 1 letra b) de la Ley de Transparencia, este Consejo acogerá el amparo ordenando la entrega de la información reclamada, advirtiendo, si lo estima pertinente, la falta de validez o de confiabilidad de la información entregada, a fin que potenciales usuarios de aquella adopten las precauciones y resguardo necesarios, atendido su carácter de no oficial. EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA: I. Acoger el amparo deducido por doña Alexandra de Amesti Oñate en contra de la Subsecretaría del Medio Ambiente, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente. II. Requerir al Sr. Subsecretario del Medio Ambiente: a) Entregar a la reclamante la siguiente información que exista a la fecha del requerimiento formulado, relativa a los informes relacionados a la prestación de los servicios contratados para el "Mejoramiento de la Red de Monitoreo de la Calidad del aire en las comunas de Concón, Quintero y Puchuncaví, advirtiendo, si lo estima pertinente, la falta de validez o de confiabilidad de la información entregada, a fin que potenciales usuarios de aquella adopten las precauciones y resguardo necesarios, atendido su carácter de no oficial, tarjando previamente sólo los datos personales de contexto, incorporados en la información ordenada a entregar, por ejemplo cédula de identidad, domicilio particular, fecha de nacimiento, nacionalidad, estado civil, teléfono y correo electrónico particular, en conformidad con lo dispuesto en los artículos 2°, letra f), y 4° de la ley N° 19.628: i. Los informes diagnósticos con los datos obtenidos de las 14 estaciones de monitoreo, entre el 1 de enero de 2016 y el 9 de agosto de 2019. Comprendiendo cuatro informes; tres de avances de las evaluaciones de la calidad del aire y del estado operacional actual de las 14 estaciones de monitoreo, y un informe final que debe contener el resultado de todas las actividades contempladas. ii. De los tres informes de avances, a lo menos: ii.i) Los documentos que contengan la evaluación de la calidad de la información entregada por la Red de Monitoreo durante los últimos 3 años. ii.) Los documentos que evalúan la representatividad del monitoreo en el área cubierta por la Red y los instrumentos de medición actualmente utilizados. iii) Los documentos que elaboran recomendaciones técnicas y una propuesta conceptual de rediseño para el perfeccionamiento y modernización de la actual Red de Monitoreo para las 14 estaciones. iii. Del informe final, se debe entregar a lo menos: iii.i) La revisión documental de los certificados e historial de calibración y mantención de los equipos de monitoreo de periodo de operación 2018-2019. iii.ii) La evaluación del contenido técnico de los Procedimientos Operacionales Estándares. iii.iii) Los textos, tablas, planos, modelos, programas, aplicaciones computacionales, fotografías, medios audiovisuales u otros proporcionados por la Subsecretaría y todos los recursos que se utilizaron para hacer el informe. Asimismo, los informes, antecedentes, datos y cualquier tipo de información generada durante la ejecución del trabajo. b) Cumplir dicho requerimiento en un plazo que no supere los 5 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia. c) Acreditar la entrega efectiva de la información señalada en el literal a) precedente, en conformidad a lo establecido en el inciso segundo del artículo 17 de la Ley de Transparencia, por medio de comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dio cumplimiento a las obligaciones impuestas en la presente decisión en tiempo y forma. III. Encomendar al Director General (S) y a la Directora Jurídica (S) de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a doña Alexandra de Amesti Oñate y al Sr. Subsecretario del Medio Ambiente. En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011. Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidenta doña Gloria de la Fuente González, su Consejera doña Natalia González Bañados y sus Consejeros don Francisco Leturia Infante y don Bernardo Navarrete Yáñez. Por orden del Consejo Directivo, certifica la Directora Jurídica (S) del Consejo para la Transparencia doña Ana María Muñoz Massouh.