Base de Datos de Jurisprudencia - Consejo para la Transparencia

Decisión ROL C5382-20

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Reclamante:	RODRIGO VILLARROEL BARRIENTOS
Reclamado:	SERVICIO DE SALUD MAGALLANES
Resumen del caso: Se acogen parcialmente los amparos interpuestos en contra del Servicio de Salud Magallanes, respecto de información relativa a los pagos efectuados por la institución relativos a la beca en la universidad que indica. Se ordena la entrega de copia de comprobante de egreso de finanzas que contenga información correspondiente a la matrícula de la beca pagada por el Servicio de Salud Magallanes a la Universidad Austral, indicando el monto, fecha, número de transacción y becado a quien corresponde dicho documento. Lo anterior, por tratarse de información pública que obra en poder del órgano reclamado, y por haberse desestimado la concurrencia de la causal de reserva relativa a que se trataría de antecedentes necesarios para la defensa jurídica o judicial, toda vez que no se acreditó fehacientemente dicha causal, y que la acción judicial aludida no tiene vinculación directa con los documentos requeridos. Se rechaza respecto de la entrega de copia de los comprobantes de egreso de finanzas correspondientes a las mensualidades que indica, en atención a que no se disponen de antecedentes que conduzcan a una conclusión contraria de aquella sostenida por el órgano requerido, en orden a que dicha información en la forma requerida no obra en su poder.
Tipo de decisión:	Decisión de Fondo
Fecha de la decisión:	10/9/2020
Consejeros:	-Gloria Alejandra de la Fuente González -Francisco Javier Leturia Infante
Legislación aplicada:	Ley de Transparencia
Palabras clave:
Jurisprudencia desde:	C1321-14 C1864-17 C1865-17 C1925-17 C5387-20
Jurisprudencia a:	C5387-20
Recursos relacionados:
Descriptores jurídicos:	- Procedimiento de reclamo y amparo >> Requisitos de la presentación >> Otros
Descriptores analíticos:	Salud

DECISIÓN AMPAROS ROLES C5382-20 y C5387-20   Entidad pública: Servicio de Salud Magallanes. Requirente: Rodrigo Villarroel Barrientos. Ingreso Consejo: 01.09.2020. RESUMEN Se acogen parcialmente los amparos interpuestos en contra del Servicio de Salud Magallanes, respecto de información relativa a los pagos efectuados por la institución relativos a la beca en la universidad que indica. Se ordena la entrega de copia de comprobante de egreso de finanzas que contenga información correspondiente a la matrícula de la beca pagada por el Servicio de Salud Magallanes a la Universidad Austral, indicando el monto, fecha, número de transacción y becado a quien corresponde dicho documento. Lo anterior, por tratarse de información pública que obra en poder del órgano reclamado, y por haberse desestimado la concurrencia de la causal de reserva relativa a que se trataría de antecedentes necesarios para la defensa jurídica o judicial, toda vez que no se acreditó fehacientemente dicha causal, y que la acción judicial aludida no tiene vinculación directa con los documentos requeridos. Se rechaza respecto de la entrega de copia de los comprobantes de egreso de finanzas correspondientes a las mensualidades que indica, en atención a que no se disponen de antecedentes que conduzcan a una conclusión contraria de aquella sostenida por el órgano requerido, en orden a que dicha información en la forma requerida no obra en su poder. Finalmente, se representa al órgano la infracción a la Ley de Transparencia, al no haber otorgado respuesta dentro de los plazos legales. En sesión ordinaria N° 1134 del Consejo Directivo, celebrada el 6 de octubre de 2020, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante e indistintamente, el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de las solicitudes de amparo al derecho de acceso a la información, roles C5382-20 y C5387-20. VISTO: Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia. TENIENDO PRESENTE: 1) SOLICITUDES DE ACCESO: El 28 de julio de 2020, don Rodrigo Villarroel Barrientos requirió al Servicio de Salud Magallanes, lo siguiente: a) Solicitud código AO038T0000406: "Fui contratado como becado en la Universidad Austral de Chile por el Servicio de Salud Magallanes, por resolución exenta 3842 del 20 de mayo 2015. Solicito se me entregue el COMPROBANTE DE EGRESO de finanzas correspondiente a la MATRICULA de dicha formación, del servicio de salud Magallanes hacia la Universidad Austral, indicando el monto, fecha, número de transacción y becado a quien corresponde dicho documento". b) Solicitud código AO038T0000407: "Fui contratado como becado en la Universidad Austral de Chile por el Servicio de Salud Magallanes, por resolución exenta 3842 del 20 de mayo 2015. Solicito se me entregue el COMPROBANTE DE EGRESO de finanzas correspondiente a las MENSUALIDADES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE de dicha formación, del servicio de salud Magallanes hacia la Universidad Austral, indicando el monto, fecha, numero de transacción y becado a quien corresponden dicho documento". 2) PRÓRROGA DEL PLAZO Y RESPUESTA: El 27 de agosto de 2020, el Servicio notificó al solicitante la prórroga del plazo de respuesta, de conformidad a lo dispuesto en el inciso 2°, del artículo 14 de la Ley de Transparencia. Luego, y sin perjuicio de lo anterior, mediante Ord. N° 1838, de igual fecha, el órgano dio respuesta a ambas solicitudes de información, señalando que "en consideración a que Ud., se encuentra actualmente demandado por este Servicio de Salud, causa rol C-1033-2020, 22.06.2020, 1° Juzgado de Letras de P. Arenas, es que corresponde denegar la entrega de los antecedentes solicitados ya que su publicidad, comunicación o conocimiento, puede ir en desmedro de la defensa jurídica y judicial que esta institución ha incoado en su contra en los tribunales de justicia. Máxime cuando los antecedentes requeridos dicen relación directa con el financiamiento de su fallida especialidad, situación que se encuentra judicializada desde el 2016 a la fecha mediante el ejercicio de distintas acciones judiciales de este Servicio y suyas", de conformidad a lo dispuesto en el artículo 21 N°1, letra a), de la Ley de Transparencia. 3) AMPAROS: El 1 de septiembre de 2020, don Rodrigo Villarroel Barrientos dedujo dos amparos a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundados en la respuesta negativa a las solicitudes. La solicitud código AO038T0000406 dio origen al amparo rol C5382-20, y acto seguido, la presentación código AO038T0000407, dio origen al amparo rol C5387-20. El reclamante, haciendo mención a diversas causales judiciales, alegó que "En razón de lo expuesto, resulta extraño lo expuesto, especialmente si me demandaron, por lo debían tenerlos en su poder. Salvo, que estos, no existan. Además, fui reprobado, pero jamás sospeché que el "Servicio" no hubiese pagado a la UACH, por lo que no se reclamó en los roles señalados. Sin embargo, la negativa de esta información implica que algo no cuadre en cuanto al pago. Presumo que de estar todo en regla, no existiría negativa. En cuanto a la falta de fundamento jurídico. El artículo 16 de la ley 20.285, es lapidario. Exige que al rechazar se cumpla "especificando la causal legal invocada y las razones que motiven su decisión". Lo que es señalar bajo que norma niegan la información y luego fundarlo. Asunto que evidente incumplieron. De la respuesta del "Servicio", parece ser que nos encontramos ante el artículo 21 letra N° 1 letra a de la norma citada (...). Hay que analizar de manera restrictiva esta negativa, es la excepción a la ley, conforme a los artículos 1, 5, 10 y 11 letra b, c y d de la ley 20.285 (...) La argumentación sobre ello, fue omitida por el Servicio, motivo de sobra para acoger este amparo. Por lo que la entrega del informe de egreso en parte alguna afectará el debido funcionamiento del órgano. Y sin que se cumpla dicho requisito, no puede solicitarse la letra a) del artículo citado. En esta misma línea argumental se encuentra la jurisprudencia del Consejo para la Transparencia en causa N° C1321-14, en donde se entiende que debe verificarse la afectación al debido funcionamiento del órgano en caso de revelarse la información solicitada, lo que fue omitido por el Servicio en su negativa (...) A ello, cabe sumar las frases del Servicio para su negativa, que son ‘se encuentra actualmente demandado por este Servicio de Salud, causa Rol N° C-1033-2020’ y ‘Máxime cuando los antecedentes requeridos dicen relación directa con el financiamiento de su fallida especialidad, situación que se encuentra judicializada desde el 2016 a la fecha’", haciendo mención a diversa jurisprudencia de este Consejo, sobre la materia. Acto seguido, reclamó que "La primera causa citada, Rol N° C-1033-2020 del 1 JLC, es una demanda del Servicio en mi contra por acción paulina y nulidad en subsidio, lo anterior, en base a elementos que deben ser analizados por el Tribunal en su oportunidad. Esto es relacionado a la venta de mi casa a mi hermana. Es decir, dicho juicio no tiene relación alguna con lo que se solicita al Servicio. Y la segunda, causa Rol N° C-844-2016 del 1 JLC, acumuló una demanda en mi contra por el servicio por la reprobación de mi especialidad (C-1677-2016 del 2 JLC). Entendería la respuesta, si dicha causa tuviese una prueba pendiente y/o esté vigente el término probatorio. Sin embargo, la causa está con sentencia ejecutoriada, dictada por la Excelentísima Corte Suprema bajo el Rol N° 19.135-2019. Por lo que es un sinsentido y llama profundamente la atención la negativa del Servicio, si dicho juicio terminó toda fase probatoria. No resulta plausible, que luego de tener un fallo favorable ejecutoriado, el Servicio impida a su contraparte el acceso a la información, cuya entrega no afecta el funcionamiento del Servicio. Y especialmente, surge la duda, ya que mientras estaba en tramitación la causa ante la Corte Suprema, el 21 de agosto de 2019 me llegó un correo de cobranza Postgrado Uach, en donde me cobran $244.054. Es decir, motivo de sobra para dudar y solicitar lo peticionado al Servicio, ¿Cuál es el fundamento de negar esta información? ¿el Servicio no pagó mi especialidad? Hay algo sumamente extraño en la actitud del Servicio que busca impedir que esta parte sepa si se pagó o no la especialidad mediante el certificado solicitado". 4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación admitió a tramitación los amparos, y mediante oficio N° E15718, de fecha 17 de septiembre de 2020, confirió traslado al Sr. Director del Servicio de Salud Magallanes, notificando ambos reclamos y solicitando que formule sus descargos y observaciones. Mediante Ord. N° 2035, de 23 de septiembre de 2020, el órgano evacuó sus descargos, haciendo mención y detallando el contenido de las diversas causas judiciales existentes entre el reclamante y el órgano, por incumplimiento de contrato y cobro de cláusula penal, y por la posterior venta de un inmueble de propiedad del mismo solicitante, agregando en síntesis, que "Conforme lo anterior, se advierte que el demandado don Rodrigo Aron Villarroel Barrientos, fraudulentamente y en perjuicio de su acreedor, el Servicio de Salud de Magallanes, por la deuda a la que fuera condenado a pagarle a este último, según la sentencia de segunda instancia, suscribió escritura de compraventa respecto al único bien inmueble de su patrimonio, transfiriéndole el mismo a su hermana (...) pero manteniendo la tenencia del mismo, con el único fin de sacar de su patrimonio el bien ejecutable con la suficiencia para cubrir su deuda con el Servicio de Salud de Magallanes. Como consecuencia de la transferencia del inmueble señalado, evidentemente se persiguió sacar del patrimonio del demandado el único bien conocido de su patrimonio, provocando que el Servicio de Salud de Magallanes pierda toda la posibilidad de hacer efectivo su crédito, razón por la cual, tiene un interés patrimonial actual en la declaración de ineficacia de dicho acto jurídico", reiterando la denegación conforme a la causal de reserva del artículo 21 N°1, letra a), de la Ley de Transparencia, agregando que "como se colige del actuar precedente del requirente de información, éste ha tenido una ofensiva judicial activa en contra de este órgano de la Administración del Estado ya que ha hecho uso de distintas acciones judiciales en contra del Fisco de Chile y del SSM en particular, además de prácticas orientadas a eludir el pago de la condena a que fue sentenciado -como es la venta de un inmueble a su hermana por una módica suma y manteniéndose éste como arrendatario de la misma- cuestión que hace presumir una nueva, futura y próxima ofensiva judicial o extrajudicial del requirente ya que lo solicitado (comprobantes de pago de la especialidad por parte de este Servicio) está directamente relacionado con la fallida beca, situación que ha originado todos los litigios anteriormente referidos". Acto seguido, el órgano agregó que "con fecha 16.09.2020 el tribunal evacuó resolución recibiendo la causa a prueba en la antedicha causa C-1033-2020, ‘Servicio de Salud Magallanes / Villarroel’, 22.06.2020, 1°Juzgado de Letras de Punta Arenas, acción pauliana, donde este Servicio busca acreditar que los hermanos Villarroel Barrientos al celebrar el contrato de compraventa respecto del inmueble objeto del mismo, fue exclusivamente con la intención de sustraer el referido bien raíz del patrimonio del demandado Rodrigo Villarroel, a fin de que su acreedora Servicio de Salud de Magallanes no contara con bienes donde hacer efectivo su crédito. Por ello es que hacer en este momento entrega de lo solicitado puede ser utilizado por la contraria eventualmente en el término probatorio de dicho juicio, o para fundar su teoría del caso en alguna otra acción judicial. En este contexto es que precisamente los profesionales abogados de esta entidad y del Consejo de Defensa del Estado, quien patrocina la causa, han estado y se encuentran abocados a determinar la mejor estrategia para los intereses fiscales que se pueda realizar, estimándose como contraproducente hacer entrega de cualquier antecedente, documento o información a la contraria que pueda ser utilizado en contra de esta institución, fundándose siempre en la causa legal de secreto o reserva señalada anteriormente para dicha negativa". Finalmente, el Servicio manifestó que "el pago de la matrícula y aranceles de la fallida especialidad del solicitante se hizo en un solo acto a la Universidad Austral de Chile y en conjunto con la de otros becarios de esa misma casa de estudios, razón por la cual ésta no se encuentra desglosada en la forma y meses indicados en la solicitud de información". Y CONSIDERANDO: 1) Que, el principio de economía procedimental consagrado en el artículo 9° de la ley N° 19.880, que establece las bases de los procedimientos administrativos, mediante las cuales se rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado, exige responder con la máxima economía de medios y eficacia, evitando trámites dilatorios. Por lo anterior, y atendido al hecho que entre los amparos roles C5382-20 y C5387-20 existe identidad respecto del solicitante y del órgano de la Administración requerido, además de tratarse de solicitudes de información similares, este Consejo para facilitar su comprensión y resolución, ha resuelto acumular los citados amparos, a través de su revisión en conjunto. 2) Que, el artículo 14 de la Ley de Transparencia dispone que la autoridad o jefatura del organismo requerido deberá pronunciarse sobre la solicitud, sea entregando la información solicitada o negándose a ello, en un plazo máximo de veinte días hábiles, contados desde la recepción de la misma, o dentro del plazo prorrogado. No obstante ello, en el presente caso, la solicitud en análisis fue respondida una vez vencidos los plazos legales. En razón de lo anterior, este Consejo representará al Sr. Director del Servicio de Salud Magallanes, en lo resolutivo de la presente decisión, la infracción tanto a la precitada disposición, como al principio de oportunidad consagrado en el artículo 11, letra h), del cuerpo legal citado. 3) Que, los amparos se fundan en la respuesta negativa por parte del Servicio de Salud Magallanes, a la solicitud de información del reclamante. En efecto, dicho requerimiento se refiere a copia de comprobantes de egreso de finanzas, correspondientes a la matrícula y las mensualidades de abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre, de la beca en la Universidad Austral de Chile, indicando el monto, fecha, número de transacción y becado a quien corresponde dicho documento. Al respecto, el órgano denegó la entrega de la información fundado en la causal de reserva del artículo 21 N°1, letra a), de la Ley de Transparencia. 4) Que, en primer lugar, cabe tener presente que el artículo 8°, inciso 2°, de la Constitución Política de la República, en lo que interesa, establece que "son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen. Sin embargo, sólo una ley de quórum calificado podrá establecer la reserva o secreto de aquéllos o de éstos, cuando la publicidad afectare el debido cumplimiento de las funciones de dichos órganos, los derechos de las personas, la seguridad de la Nación o el interés nacional". Por su parte, según lo dispuesto en los artículos 5, inciso segundo y 10 de la Ley de Transparencia, se considera información pública toda aquella que obre en poder de los órganos de la Administración del Estado, cualquiera sea su formato, soporte, fecha de creación, origen, clasificación o procesamiento, además de aquella contenida en "actos, resoluciones, actas, expedientes, contratos y acuerdos, así como a toda información elaborada con presupuesto público", salvo que dicha información se encontrare sujeta a las excepciones establecidas en el artículo 21 de la Ley de Transparencia. 5) Que, en segundo lugar, respecto de lo solicitado en la letra a), esto es, copia de comprobante de egreso de finanzas correspondiente a la matrícula de la beca pagada por el Servicio de Salud Magallanes a la Universidad Austral, indicando el monto, fecha, numero de transacción y becado a quien corresponde dicho documento, el órgano denegó la entrega de la documentación solicitada, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 21 N°1, letra a), de la Ley de Transparencia. Al respecto, cabe tener presente que por tratarse de una norma de derecho estricto, que se contrapone al principio general de transparencia de los actos de la Administración, debe ser interpretado restrictivamente. En tal sentido, el mencionado artículo dispone que se podrá denegar el acceso a la información, cuando su entrega afecte el debido cumplimiento de las funciones del órgano requerido, especialmente "si es en desmedro de la prevención, investigación y persecución de un crimen o simple delito o se trate de antecedentes necesarios a defensas jurídicas y judiciales". Por su parte, el Reglamento de la Ley de Transparencia, en su artículo 7, letra a), entiende por estos antecedentes "entre otros, aquéllos destinados a respaldar la posición del órgano ante una controversia de carácter jurídico". 6) Que, de acuerdo a lo razonado por este Consejo en las decisiones de amparo rol C1864-17, C1865-17 y C1925-17, entre otras, según la jurisprudencia de este Consejo, el hecho de existir uno o más juicios pendientes no transforma a todos los documentos relacionados, o que tengan algún grado de vinculación con él, en secretos. Tampoco basta, para que se configure la concurrencia de la causal de reserva alegada, que el órgano sólo haga mención a la existencia de dicho procedimiento judicial. Para que ello ocurra, debe existir una relación directa entre la información solicitada, el litigio pendiente y la estrategia jurídica o judicial del órgano, lo que debe ser acreditado por el órgano reclamado. En ese contexto, el Servicio de Salud no señaló detallada y fundadamente, ni ha demostrado en grado alguno, la forma en que la entrega de la información solicitada pudiera afectar la estrategia jurídica o la defensa judicial del órgano, frente a la tramitación de la acción judicial interpuesta, teniendo en consideración que, en la especie, se han requerido antecedentes sobre el pago de la beca en la universidad que indica, hechos efectuados con anterioridad a la presentación de la demanda judicial en curso. 7) Que, en tercer lugar, vale tener en consideración que la causa judicial en curso, indicada por el órgano en su respuesta y en sus descargos, rol C-1033-2020 ante el 1° Juzgado de Letras de Punta Arenas, tiene como fundamento revocar la compraventa del inmueble que indica, a efectos de que retorne al patrimonio del reclamante para hacer efectivas las acreencias fiscales que detalla, mientras que la solicitud de información se refiere a los comprobantes de los egresos de finanzas, correspondientes a la matrícula y las mensualidades que indica, respecto de la beca en la Universidad Austral de Chile. Así las cosas, no resulta plausible sostener que exista algún grado de vinculación entre la documentación solicitada, la causa judicial en curso, y la estrategia judicial de la institución, por lo que no se verifican los supuestos necesarios para configurar la causal de reserva alegada. 8) Que, a mayor abundamiento, el organismo hace alusión a una eventual ofensiva judicial por parte del demandado y a que los documentos solicitados podrían ser utilizados por el reclamante, también eventualmente, en el término probatorio del aludido juicio, o para fundar su teoría del caso en alguna otra supuesta acción judicial. En la especie, las alegaciones del Servicio se fundan en meras apreciaciones subjetivas e hipotéticas, y no revisten una magnitud suficiente para justificar la reserva. En dicho contexto, se debe tener presente que de conformidad a lo preceptuado en el artículo 21 de la Ley de Transparencia, para que se verifique la procedencia de una causal de reserva, es menester determinar la afectación de alguno de los derechos subjetivos protegidos por ella, debiendo acreditarse una expectativa razonable de daño o afectación, lo cual en el presente caso, no ocurre. 9) Que, en cuarto lugar, respecto de la causal invocada por el órgano para no entregar la información, este Consejo ha estimado que debe distinguirse entre aquellos documentos relativos a la estrategia jurídica del órgano reclamado (tales como minutas internas, informes técnicos, el expediente interno relativo al litigio, entre otros) y aquéllos que sólo constituyen medios de prueba anexos. La letra a) del numeral 1° del artículo 7° del Reglamento de la Ley se refiere precisamente al primer caso, esto es, a documentos que son parte de la estrategia de defensa, mas no a aquellos que se utilizarán meramente como medios de prueba accesorios por cualquiera de las partes en un litigio pendiente. En la especie, lo pedido no se refiere a tales minutas o informes, sino a documentos de carácter público, que obran en poder de la institución, generados con anterioridad a la presentación de las acciones judiciales indicadas, y que se refieren a comprobantes de gastos de fondos o recursos públicos, motivo por el cual las alegaciones del órgano deberán ser desestimadas. 10) Que, en consecuencia, tratándose de información pública que obra en poder del órgano reclamado, y habiéndose desestimado la concurrencia de la causal de reserva del artículo 21 N°1, letra a), de la Ley de Transparencia, este Consejo procederá a acoger el presente amparo, respecto de esta parte, ordenando la entrega de la información solicitada. 11) Que, en quinto lugar, con relación a lo requerido en la letra b), esto es, copia de los comprobantes de egreso de finanzas correspondientes a las mensualidades de abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre del año respectivo, de la aludida beca, vale tener en consideración lo manifestado por el Servicio, en el sentido de que el pago de la matrícula y de los aranceles consultados se hizo en un solo acto a la Universidad Austral de Chile, en conjunto con la de otros becarios de esa misma casa de estudios, razón por la cual no se encuentra desglosada en la forma y meses indicados en la solicitud. 12) Que, así las cosas, en virtud de lo dispuesto en los artículos 5 y 10 de la Ley de Transparencia, sólo será pública aquella información que efectivamente obre en poder de los órganos de la Administración, no pudiendo requerirse la entrega de aquella inexistente. En consecuencia, sin que se disponga de antecedentes que conduzcan a una conclusión contraria de aquella sostenida por el órgano requerido, este Consejo procederá a rechazar el presente amparo, respecto de esta parte, por no obrar en poder del Servicio de Salud Magallanes, la información pedida por el reclamante. EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA: I. Acoger parcialmente los amparos deducidos por don Rodrigo Villarroel Barrientos en contra del Servicio de Salud Magallanes, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente. II. Requerir al Sr. Director del Servicio de Salud Magallanes lo siguiente: a) Entregar al reclamante copia de comprobante de egreso de finanzas que contenga información correspondiente a la matrícula de la beca pagada por el Servicio de Salud Magallanes a la Universidad Austral, indicando el monto, fecha, número de transacción y becado a quien corresponde dicho documento. b) Cumplir dicho requerimiento en un plazo que no supere los 10 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia. c) Acreditar la entrega efectiva de la información señalada en el literal a) precedente, en conformidad a lo establecido en el inciso segundo del artículo 17 de la Ley de Transparencia, por medio de comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dio cumplimiento a las obligaciones impuestas en la presente decisión en tiempo y forma. III. Rechazar el amparo respecto de lo pedido en la letra b), por tratarse de información que no existe o no obra en poder del órgano reclamado. IV. Representar al Sr. Director del Servicio de Salud Magallanes la infracción al artículo 14 de la Ley de Transparencia, así como al principio de oportunidad previsto en el artículo 11, letra h), del mismo cuerpo legal, al haber respondido la solicitud de información fuera de los plazos legales. Lo anterior, con la finalidad de que se adopten las medidas necesarias para que, en lo sucesivo, no se reiteren tales infracciones. V. Encomendar al Director General (S) y a la Directora Jurídica (S) de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a Rodrigo Villarroel Barrientos y al Sr. Director del Servicio de Salud Magallanes. En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011. Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Jorge Jaraquemada Roblero y sus Consejeros doña Gloria de la Fuente González y don Francisco Leturia Infante. Por orden del Consejo Directivo, certifica la Directora Jurídica (S) del Consejo para la Transparencia doña Ana María Muñoz Massouh.