Base de Datos de Jurisprudencia - Consejo para la Transparencia

Decisión ROL C5397-20

Reclamante:	ANA MARÍA MORA LÓPEZ
Reclamado:	SUPERINTENDENCIA DE SALUD
Resumen del caso: Se rechaza el amparo deducido en contra de la Superintendencia de Salud, referente a la entrega de la nómina de los acreedores de la ex Isapre Masvida - que incluya nombre, RUT y monto del crédito de cada uno de ellos-, verificados con ocasión de su liquidación. Lo anterior por cuanto el organismo dio cumplimiento a su deber de informar, proporcionando a la reclamante una nómina de 257.839 acreedores, correspondiente al inventario de liquidación de la garantía de la ex Isapre Masvida, con la indicación del monto de cada crédito y título que lo justificó, reservando únicamente sus nombres y sus RUT, lo cual se ajusta a lo dispuesto en la normativa vigente. Al efecto, el RUT y nombre de las personas naturales - en el caso particular, afiliados a la ex Isapre Masvida- constituyen datos personales, cuyo resguardo se encuentra sustentado a nivel constitucional y legal; y, respecto a la entrega de los datos que identifiquen a los acreedores personas jurídicas, al encontrarse relacionados al pago de créditos, el exponer al escrutinio público parte del activo de su patrimonio, no responde a una carga pública, siendo ajeno a la necesidad de control social; aplicando en tal sentido lo razonado en decisiones Roles C343-16, C2461-16 y C3307-17.
Tipo de decisión:	Decisión de Fondo
Fecha de la decisión:	1/6/2021
Consejeros:	-Gloria Alejandra de la Fuente González -Francisco Javier Leturia Infante -Natalia Andrea González Bañados -Bernardo Eric Navarrete Yáñez
Legislación aplicada:	Ley 19628 1999 - Ley de protección de la vida privada
Palabras clave:
Jurisprudencia desde:	C3307-17 C2461-16 C343-16
Jurisprudencia a:
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Descriptores jurídicos:	- Procedimiento de reclamo y amparo >> Requisitos de la presentación >> Otros
Descriptores analíticos:

DECISIÓN AMPARO ROL C5397-20   Entidad pública: Superintendencia de Salud Requirente: Ana María Mora López Ingreso Consejo: 01.09.2020 RESUMEN Se rechaza el amparo deducido en contra de la Superintendencia de Salud, referente a la entrega de la nómina de los acreedores de la ex Isapre Masvida - que incluya nombre, RUT y monto del crédito de cada uno de ellos-, verificados con ocasión de su liquidación. Lo anterior por cuanto el organismo dio cumplimiento a su deber de informar, proporcionando a la reclamante una nómina de 257.839 acreedores, correspondiente al inventario de liquidación de la garantía de la ex Isapre Masvida, con la indicación del monto de cada crédito y título que lo justificó, reservando únicamente sus nombres y sus RUT, lo cual se ajusta a lo dispuesto en la normativa vigente. Al efecto, el RUT y nombre de las personas naturales - en el caso particular, afiliados a la ex Isapre Masvida- constituyen datos personales, cuyo resguardo se encuentra sustentado a nivel constitucional y legal; y, respecto a la entrega de los datos que identifiquen a los acreedores personas jurídicas, al encontrarse relacionados al pago de créditos, el exponer al escrutinio público parte del activo de su patrimonio, no responde a una carga pública, siendo ajeno a la necesidad de control social; aplicando en tal sentido lo razonado en decisiones Roles C343-16, C2461-16 y C3307-17. En sesión ordinaria N° 1143 del Consejo Directivo, celebrada el 29 de diciembre de 2020, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C5397-20. VISTO: Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia. TENIENDO PRESENTE: 1) SOLICITUD DE ACCESO: El 19 de junio de 2020, doña Ana María Mora López presentó ante la Superintendencia de Salud, el siguiente requerimiento: "entregar la nómina de créditos informados en la apertura del proceso de liquidación de garantías de la Ex Isapre Masvida S.A. iniciado el 18 de enero de 2018, con indicación de los acreedores reconocidos e individualizados con nombre, Rut y monto reconocido para cada uno". 2) PRÓRROGA Y RESPUESTA: Con fecha 21 de julio de 2020, la Superintendencia de Salud comunicó a la solicitante la prórroga del plazo del artículo 14, inciso 2° de la Ley de Transparencia. Posteriormente, el 3 de agosto de 2020, informan al reclamante una nueva prórroga de 10 días hábiles adicionales para el otorgamiento de respuesta, en atención a la emergencia sanitaria. Citan al efecto lo previsto por este Consejo en Oficio N° 252, de 20 de marzo de 2020. Finalmente, por Resolución Exenta SS/N° 607, de 13 de agosto de 2020, el organismo da respuesta al requerimiento, al siguiente tenor: • Deniegan develar los nombres y RUT, de las personas destinatarias de los pagos efectuados con cargo a la garantía de la ex Isapre Masvida S.A., por cuanto dicha información se enmarca dentro del ámbito privado de las mismas e intromisión de su situación patrimonial, configurándose la causal del artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia,. Citan lo resuelto por este Consejo en amparo Roles C2461-16 y C3307-17. • La jurisprudencia uniforme del Consejo para la Transparencia ha establecido que los RUT de las personas naturales corresponden a datos personales, cuya denegación se encuentra contemplada en el artículo 21 N° 2 de Ley de Transparencia en relación con la Ley N° 19.628, sobre protección de la vida privada. • De la misma forma, de entregarse el RUT de las personas jurídicas, podría revelarse la identidad de las mismas y, por tanto, colegir cuales poseen acreencias en la liquidación de la garantía de la ex Isapre Masvida, circunstancia que no es posible entregar. En este mismo orden de ideas, expresan, aplicando el test de daño y de interés público, tampoco ha sido posible determinar que la divulgación de la información requerida pudiera promover o favorecer la realización de intereses o valores de mayor entidad que aquellos que se pretenden proteger, o que el beneficio público resultante de su revelación sea mayor que el daño que pudiera ocasionar su comunicación. • Finalmente, sin perjuicio de lo expresado, y en conformidad al principio de máxima divulgación, se procederá a hacer entrega de la nómina de créditos correspondiente al inventario de la liquidación de la garantía de la ex Isapre Masvida, que señala el monto de los mismos, disociando la información vinculada a la identidad de los acreedores. 3) AMPARO: El 1 de septiembre de 2020, doña Ana María Mora López dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra de la Superintendencia de Salud, fundado en la respuesta negativa, incompleta y que lo entregado no corresponde a lo solicitado. En tal sentido, expresa: "El órgano deniega la información sin responder por qué no entrega aquella que fue específicamente solicitada. No existe justificación para informar el monto de los créditos reconocidos en la Liquidación de garantías de la Ex Isapre Masvida". 4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado al Sr. Superintendente de Salud, mediante Oficio E15635, de 16 de septiembre de 2020. El organismo, por medio de Ord. SS/N° 2450 emitido el 29 de septiembre de 2020, presentó sus descargos en esta sede, argumentando: • Como es de público conocimiento, la Superintendencia de Salud, a través de la resolución exenta IF/n° 340 de 6 de noviembre de 2017, resolvió cancelar el registro de la hoy ex Isapre Masvida S.A., para proceder a la liquidación de su garantía y posterior pago. Por otro lado, a través de la resolución exenta IF/n° 360 de 17 de noviembre de 2017, se resolvió constituir la "Comisión Liquidadora", cuyo propósito es el de realizar el procedimiento que finaliza con el pago a beneficiarios y prestadores de salud de sus créditos, con cargo a la garantía. Al efecto, se debe tener presente que el artículo 226 del DFL N° 1, DE 2005, del Ministerio de Salud, describe el siguiente orden de prioridad en el pago o beneficiarios: Subsidios por incapacidad laboral (SIL), excepto SIL maternales; reembolsos de prestaciones, pago de excedentes y excesos de cotizaciones a beneficiarios de la ex Isapre; y, prestadores de salud. En consecuencia, existían muchas personas, tanto naturales como jurídicas, que tenían créditos para hacer valer en la garantía de la ex Isapre Masvida, lo que constituye la denominada "nómina de créditos" a que alude la recurrente en su solicitud. • Dicha nómina está constituida a partir del título que justifica el crédito respectivo, la identificación del acreedor y monto del crédito; respecto de la cual, esta Superintendencia, aplicando los principios de divisibilidad y de máxima divulgación, entregó únicamente el título que justifica el crédito y el monto del mismo, reservando la individualización de los acreedores con su nombre y RUT, en virtud de lo dispuesto en el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, respecto de los cuales no se aplicó el procedimiento establecido en el artículo 20 de la ley precitada, atendido a que son más de 25.000 personas que verificaron créditos en el proceso de liquidación aludido. • A su vez, hacen presente el criterio uniforme de este Consejo, en lo referente a la improcedencia de la entrega del RUT de las personas naturales, por constituir un dato personal conforme a lo dispuesto en el artículo 2, letra f) de la Ley N° 19.628 en relación al artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia. En este mismo orden de ideas, reiteran que revelar la identidad de las personas - natural y jurídicas- acreedoras de la garantía de la ex Isapre Masvida S.A., implica una indebida intromisión de su situación patrimonial, citando al efecto lo resuelto en amparos Roles C2461-16 y C3307-17. Y CONSIDERANDO: 1) Que, la información solicitada es con ocasión del procedimiento de cancelación del registro de la ISAPRE Masvida S.A, iniciado por resolución exenta IF N° 340, de 6 de noviembre de 2017, según lo dispone el artículo 221 del decreto con fuerza de ley N° 1, de 2005, de salud, que fija texto refundido, coordinado y sistematizado del decreto de ley N° 2763, de 1979 y de las leyes N° 18.933 y N° 18.469, en adelante, D.F.L N° 1, de 2005, ordenando hacer efectiva la garantía legal establecida en el artículo 181 de la citada norma, y proceder a la liquidación y pago de las obligaciones, conforme el orden de prelación establecido en el artículo 226 del D.F.L N° 1, de 2005. 2) Que, en tal sentido, es pertinente señalar que el artículo 226 del D.F.L N° 1, de 2005, establece que cancelada la inscripción de una ISAPRE en el registro y una vez hecha efectiva la garantía del artículo 181, la Superintendencia de Salud deberá pagar las obligaciones que aquella cauciona, encontrándose en primer lugar los subsidios por incapacidad laboral que hayan provenido de licencias médicas ya concedidas a la fecha de la cancelación del registro, íntegramente de ser suficientes los fondos mantenidos en la garantía o a prorrata en caso de no serlo; una vez solucionados los créditos anteriores, de existir remanente, se procederá, en segundo lugar, al pago de las bonificaciones y reembolsos adeudados a los cotizantes, cargas y terceros beneficiarios, los excedentes y excesos de cotizaciones, las cotizaciones pagadas en forma anticipada, las cotizaciones que correspondan a la ISAPRE a que se hayan afiliado los cotizantes de aquella cuyo registro se cancela o al Fondo Nacional de Salud (FONASA), según corresponda, todo lo anterior a prorrata, según sea el caso; una vez solucionados los créditos referidos, si quedara un remanente, se procederá, en tercer lugar, al pago de las deudas con los prestadores de salud (órdenes de atención, bonos de atención o similares que las ISAPRES hayan emitido para el financiamiento de las prestaciones otorgadas a sus beneficiarios y que posean los prestadores de salud), igualmente a prorrata, según sea el caso; en cuarto lugar, si queda un remanente, y se procede a licitar, conforme lo dispone el artículo 221 del D.F.L N° 1, de 2005, la cartera de afiliados y beneficiarios al menor pago, se enterará a la Isapre adjudicataria un valor con cargo total o parcial a la garantía del artículo 181, siempre y cuando se haya definido así en las bases; finalmente, de existir un remanente, aquel, en quinto lugar, será girado a favor de quienes representen a la ISAPRE cancelada, perdiendo dicho saldo su inembargabilidad . 3) Que, conforme se desprende de la solicitud, lo pretendido por la reclamante es la nómina total de acreedores de la ex Isapre Masvida - que incluya nombre, RUT y monto del crédito de cada uno de ellos-, verificados con ocasión de su liquidación; procediendo la Superintendencia de Salud a hacer entrega de planilla Excel correspondiente al inventario de la liquidación de la garantía de la ex Isapre Masvida, contenida del monto del cada crédito y título que lo justificó - por ejemplo, facturas de prestadores médicos, cotizaciones percibidas en exceso, cheques caducos prestadores, honorarios prestadores médicos, etc.- de 257.839 acreedores, reservando respecto de aquellos sus nombres y sus RUT. 4) Que, el artículo 8°, inciso 2°, de la Constitución Política de la República, en lo que interesa, establece que "son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen. Sin embargo, sólo una ley de quórum calificado podrá establecer la reserva o secreto de aquéllos o de éstos, cuando la publicidad afectare el debido cumplimiento de las funciones de dichos órganos, los derechos de las personas, la seguridad de la Nación o el interés nacional". Por su parte, según lo dispuesto en los artículos 5, inciso segundo y 10 de la Ley de Transparencia, se considera información pública toda aquella que obre en poder de los órganos de la Administración del Estado, cualquiera sea su formato, soporte, fecha de creación, origen, clasificación o procesamiento, además de aquella contenida en "actos, resoluciones, actas, expedientes, contratos y acuerdos, así como a toda información elaborada con presupuesto público", salvo que dicha información se encontrare sujeta a las excepciones establecidas en el artículo 21 de la Ley de Transparencia. 5) Que, del análisis de los antecedentes, es posible advertir que la reclamada ha dado cumplimiento a su deber de informar, proporcionando los antecedentes relativos a los créditos invocados en el proceso de liquidación consultado -sin perjuicio del orden de preferencia para el pago que detentan-, reservando de aquella nómina los datos que efectivamente se encuentran amparados por la causal de secreto del artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, que dispone "se podrá denegar total o parcialmente el acceso a la información, cuando su publicidad, comunicación o conocimiento afecte los derechos de las personas, particularmente tratándose de su seguridad, su salud, la esfera de su vida privada o derechos de carácter comercial o económico". Al efecto, el RUT y nombre de las personas naturales - en el caso particular, afiliados a la ex Isapre Masvida- constituyen datos personales, cuyo resguardo se encuentra sustentado en el artículo 19 N° 4 de la Constitución Política de la República , y en lo dispuesto en los artículos 2, letras f) y g), 4, 7 y 10 de la Ley N° 19.628, sobre protección de la vida privada, debiendo este Consejo conforme lo faculta el artículo 33 letra m) de la Ley de Transparencia, velar por su reserva, considerando que dichos antecedentes se encuentran asociados a créditos derivados de contratos y prestaciones de salud, no existiendo consentimiento de sus titulares para su divulgación. 6) Que, respecto a la entrega de los datos que identifiquen a los acreedores personas jurídicas, si bien estos antecedentes por la naturaleza de sus titulares no son datos personales, al encontrarse en esta oportunidad relacionados al pago de créditos, cuyos montos ya fueron informados a la peticionaria, corresponde hacer presente la jurisprudencia de este Consejo, recaída en los amparos Roles C343-16 y C3307-17, acciones que versaron en información sobre el monto de acreencias tributarias, con la indicación del nombre y RUT de los contribuyentes -personas naturales y jurídicas- acreedores de tales créditos o saldos a favor; los aludidos amparos fueron rechazados, en virtud de la causal del artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia ya referida, por cuanto se estimó que la entrega de dicha información constituía una intromisión a la situación patrimonial de cada uno de los contribuyentes que se encontraban en aquella hipótesis, siendo el saldo a favor una suma de dinero que sus titulares tienen derecho a recibir, no encontrándose obligados a soportar la carga de exponer el activo de su patrimonio o parte de él al escrutinio público, por cuanto no responde a una carga pública, siendo ajeno a la necesidad de control social. En este mismo orden de ideas, en decisión amparo Rol C2461-16 , relativa a la entrega de los estados financieros auditados de las Isapres -Colmena, Cruz Blanca, Banmédica, Consalud y la ex Masvida-, se acogió dicho amparo, no obstante previo a la entrega de la información pedida, se ordenó reservar el nombre y RUT de personas jurídicas acreedoras de las Isapres, por cuanto sus datos no constituyen fundamento de acto alguno, cuya entrega podría afectar sus derechos; todos razonamiento que son plenamente aplicables en el presente caso. 7) Que, a mayor abundamiento, en atención al número de terceros involucrados, se estimó plausible y justificada la imposibilidad de llevar a efecto la notificación del artículo 20 de la Ley de Transparencia, señalada por la recurrida; en virtud de lo expuesto se rechazará el amparo deducido. EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA: I. Rechazar el amparo deducido por doña Ana María Mora López en contra de la Superintendencia de Salud, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente. II. Encomendar al Director General (S) y a la Directora Jurídica (S) de este Consejo, indistintamente notificar la presente decisión a doña Ana María Mora López y al Sr. Superintendente de Salud. En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011. Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidenta doña Gloria de la Fuente González, su Consejera doña Natalia González Bañados y sus Consejeros don Francisco Leturia Infante y don Bernardo Navarrete Yáñez. Por orden del Consejo Directivo, certifica el Directora Jurídica (S) del Consejo para la Transparencia doña Ana María Muñoz Massouh.