Base de Datos de Jurisprudencia - Consejo para la Transparencia

Decisión ROL C5433-20

Reclamante:	ITALO VALDÉS ECHEVERRÍA
Reclamado:	JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECAS
Resumen del caso: Se acoge el amparo interpuesto en contra de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas, requiriendo que otorgue acceso a la información referente al término del contrato con la empresa Distribuidora de Productos Alimenticios S.A. para la entrega del servicio de alimentación escolar y de párvulos en la Región de Los Lagos, producido a inicios de mayo de 2020; o que en su defecto, indique la fuente, el lugar y la forma en que puede tener acceso a ella, si se encuentra permanentemente a disposición del público. Sin perjuicio de lo cual, en el evento de que parte de aquello no obre en su poder, deberá informarlo al reclamante y a este Consejo, en el cumplimiento de la presente decisión. Lo anterior,debido a que se trata de información referente a procesos de licitación de los Programas de Alimentación, su fiscalización y evaluación, lo que debe obrar en poder del órgano reclamado, por lo tanto, al tratarse de antecedentes relativos al cumplimiento de las atribuciones que le corresponden tiene el carácter de pública. En tal sentido, se debe considerar que este Consejo ha sostenido a partir de la decisión del amparo Rol C416-09, que los antecedentes presentados durante una de licitación pública por los oferentes, son documentos indispensables para la evaluación de los participantes y sus propuestas, cuya ponderación y conclusiones es precisa e inequívocamente, la base sobre la que se dictará posteriormente el acto administrativo que adjudicará el concurso o lo declarará desierto. Por lo tanto, siendo el procedimiento licitatorio, como su resolución adjudicatoria un acto administrativo de naturaleza pública, aquellos documentos presentados, deben poseer el mismo carácter. Además, se debe considerar que en su mayoría se tratan de actos administrativos del órgano reclamado, como los antecedentes que se tuvieron a la vista para adjudicar un contrato y para ponerle fin a éste de forma anticipada, respecto de un proceso licitatorio de gran importancia y considerable envergadura, en el que se tienen que tomar los mayores resguardos en atención a evitar cualquier posible suspensión o menoscabo en la alimentación de los niños, niñas y adolescentes, debido, por ejemplo, a que las empresas no puedan cumplir con las obligaciones contraídas, como en este caso. Lo anterior, hace necesario e imprescindible el control social respecto a los procesos de selección y adjudicación de tales licitaciones, razón por la cual, se debe otorgar acceso a los antecedentes vinculados a éstas, para que la ciudadanía pueda constatar que aquella fue hecha a los mejores oferentes, y si no fue así, se tomen las medidas legales y administrativas pertinentes, como lo fue la invalidación del contrato.
Tipo de decisión:	Decisión de Fondo
Fecha de la decisión:	1/6/2021
Consejeros:	-Gloria Alejandra de la Fuente González -Francisco Javier Leturia Infante -Natalia Andrea González Bañados -Bernardo Eric Navarrete Yáñez
Legislación aplicada:	Ley de Transparencia
Palabras clave:
Jurisprudencia desde:	C2447-20 C416-09
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DECISIÓN AMPARO ROL C5433-20   Entidad pública: Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (JUNAEB) Requirente: Ítalo Valdés Echeverría Ingreso Consejo: 02.09.2020 RESUMEN Se acoge el amparo interpuesto en contra de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas, requiriendo que otorgue acceso a la información referente al término del contrato con la empresa Distribuidora de Productos Alimenticios S.A. para la entrega del servicio de alimentación escolar y de párvulos en la Región de Los Lagos, producido a inicios de mayo de 2020; o que en su defecto, indique la fuente, el lugar y la forma en que puede tener acceso a ella, si se encuentra permanentemente a disposición del público. Sin perjuicio de lo cual, en el evento de que parte de aquello no obre en su poder, deberá informarlo al reclamante y a este Consejo, en el cumplimiento de la presente decisión. Lo anterior,debido a que se trata de información referente a procesos de licitación de los Programas de Alimentación, su fiscalización y evaluación, lo que debe obrar en poder del órgano reclamado, por lo tanto, al tratarse de antecedentes relativos al cumplimiento de las atribuciones que le corresponden tiene el carácter de pública. En tal sentido, se debe considerar que este Consejo ha sostenido a partir de la decisión del amparo Rol C416-09, que los antecedentes presentados durante una de licitación pública por los oferentes, son documentos indispensables para la evaluación de los participantes y sus propuestas, cuya ponderación y conclusiones es precisa e inequívocamente, la base sobre la que se dictará posteriormente el acto administrativo que adjudicará el concurso o lo declarará desierto. Por lo tanto, siendo el procedimiento licitatorio, como su resolución adjudicatoria un acto administrativo de naturaleza pública, aquellos documentos presentados, deben poseer el mismo carácter. Además, se debe considerar que en su mayoría se tratan de actos administrativos del órgano reclamado, como los antecedentes que se tuvieron a la vista para adjudicar un contrato y para ponerle fin a éste de forma anticipada, respecto de un proceso licitatorio de gran importancia y considerable envergadura, en el que se tienen que tomar los mayores resguardos en atención a evitar cualquier posible suspensión o menoscabo en la alimentación de los niños, niñas y adolescentes, debido, por ejemplo, a que las empresas no puedan cumplir con las obligaciones contraídas, como en este caso. Lo anterior, hace necesario e imprescindible el control social respecto a los procesos de selección y adjudicación de tales licitaciones, razón por la cual, se debe otorgar acceso a los antecedentes vinculados a éstas, para que la ciudadanía pueda constatar que aquella fue hecha a los mejores oferentes, y si no fue así, se tomen las medidas legales y administrativas pertinentes, como lo fue la invalidación del contrato. En sesión ordinaria N° 1143 del Consejo Directivo, celebrada el 29 de diciembre de 2020, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285, de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto del amparo Rol C5433-20. VISTO: Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia. TENIENDO PRESENTE: 1) SOLICITUD DE ACCESO: Con fecha 21 de julio de 2020, don Ítalo Valdés Echeverría solicitó a la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas -en adelante también JUNAEB-, "en el marco del término del contrato de JUNAEB Región Los Lagos con la empresa Soc. Distribuidora de Productos Alimenticios S.A. (Dipralsa), contrato para la entrega del servicio de alimentación escolar y de alimentación de párvulos en la Región de Los Lagos, producido a inicios del mes de mayo del presente año", lo siguiente: a) "Información sobre los actos administrativos relativos a la contratación, tales como ID de la Licitación pública, privada o trato directo que diera origen al contrato o su forma de verificación a través del portal web Mercado Publico, así como las Bases Administrativas, técnicas operativas y anexos, utilizados en el proceso de contratación". b) "El acto administrativo (resolución o decreto) que adjudica dicha licitación o trato, así como el contrato que materializa efectivamente la unión entre JUNAEB y DIPRALSA, así como cualquier anexo al CONTRATO realizado durante la vigencia de la contratación". c) "Las evaluaciones realizadas durante la vigencia del contrato a la prestación del servicio". d) "El acto administrativo y anexo de contrato que cambia la modalidad de prestación de servicios desde raciones diarias a cajas de alimentos, en virtud de la pandemia". e) "Las fiscalizaciones o evaluaciones realizadas respecto a la prestación del servicio en esta modalidad". f) "El acto administrativo que termina anticipadamente el contrato con DIPRALSA, así como los fundamentos que sirven de base a la dictación de dicho acto". g) "Información sobre la licitación pública, privada o trato directo que se hubiere realizado para reemplazar a DIPRALSA en la prestación del servicio, tales como ID de la licitación pública, privada o trato directo, evaluaciones de ofertas, adjudicación y nuevo contrato". 2) PRÓRROGA: La Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas por medio de carta N° 347, de fecha 18 de agosto de 2020, en cumplimiento de lo dispuesto en el punto 6.2 de la Instrucción General N° 10, de este Consejo, informó que efectuada la búsqueda de la información comprobaron que existen circunstancias que hacen difícil reunirla. Así, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley de Transparencia, han estimado necesario ampliar el plazo para otorgar respuesta en 10 días, venciendo este nuevo plazo el día 1° de septiembre de 2020. 3) RESPUESTA: La Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas por medio correo electrónico de fecha 2 de septiembre de 2020, informó lo siguiente: "lamentamos informar que en razón de las especiales circunstancias de calamidad pública, nos hemos visto imposibilitados de responder a su solicitud de acceso en el plazo legal establecido. No obstante lo anterior, nos comprometemos como Institución a entregarle una respuesta antes del 10 de septiembre de 2020". 4) AMPARO: Con fecha 2 de septiembre de 2020, don Ítalo Valdés Echeverría dedujo amparo a su derecho de acceso en contra de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas, fundado en la respuesta negativa a la solicitud de información. 5) SISTEMA ANTICIPADO DE RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (SARC): Este Consejo acordó la realización de gestiones tendientes a alcanzar una solución anticipada a este amparo, mediante correo electrónico de fecha 15 de septiembre de 2020, ofreció a la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas someter la solicitud de información al procedimiento de Solución Anticipado de Resolución de Controversias (SARC). Sin embargo, esta Corporación no recibió respuesta alguna por parte del órgano reclamado. 6) AUSENCIA DE DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado al Sr. Secretario General de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas mediante Oficio N° E17.709, de fecha 17 de octubre de 2020, para que formule sus descargos y observaciones solicitando, especialmente, lo siguiente: (1°) indique las razones por las cuales la solicitud de información no habría sido atendida oportunamente; (2°) en caso de haber dado respuesta al requerimiento de información, acredite dicha circunstancia, acompañando copia de aquella y de los antecedentes que acrediten la fecha y medio de despacho de ésta, de conformidad a lo establecido en el artículo 17, inciso 2°, de la Ley de Transparencia y en el numeral 4.4., de la Instrucción General N° 10, de este Consejo; (3°) se refiera a la eventual concurrencia de alguna circunstancia de hecho que haga procedente la denegación de la información requerida; (4°) se pronuncie acerca de la eventual concurrencia de algunas de las causales constitucionales o legales de secreto o reserva que harían procedente su denegación; y, (5°) de encontrarse disponible la información reclamada, remita la misma al solicitante, con copia a este Consejo, a fin de evaluar la finalización del presente amparo, a través del Sistema Anticipado de Resolución de Controversias (SARC). Este Consejo, mediante correo electrónico de fecha 13 de noviembre de 2020, le concede plazos extraordinarios al órgano reclamado, a fin de que presente sus descargos y observaciones a este amparo. Sin embargo, a la fecha de la presente decisión, no se ha recibido comunicación alguna de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas destinada a evacuar sus descargos y observaciones a este amparo. Y CONSIDERANDO: 1) Que el presente amparo se funda en la respuesta negativa a la solicitud, al respecto el órgano reclamado señaló que, debido a las especiales circunstancias de calamidad pública, se ven imposibilitados de responder en el plazo legal establecido, comprometiéndose a entregarle una respuesta antes del 10 de septiembre de 2020. 2) Que, en primer lugar, en cuanto a lo señalado por el órgano reclamado cabe hacer presente que este Consejo, por medio de Oficio N° 252, de fecha 20 de marzo de 2020, informó a los órganos de la Administración del Estado, sobre el cumplimiento de las disposiciones contenidas en la Ley de Transparencia, con ocasión de la pandemia global calificada por la Organización Mundial de la Salud, a consecuencia del brote de COVID-19, con fecha 11 de marzo de 2020, y en atención a la declaración de Estado de Excepción Constitucional de Catástrofe, de fecha 18 de marzo de 2020. En dicho contexto, si bien se refiere a la adopción de medidas extraordinarias respecto de los plazos de cumplimiento de las obligaciones de proporcionar acceso a la información pública en el contexto de la pandemia mundial, tal como se razonó en la decisión de amparo Rol C2447-20, en caso alguno justifica la falta de entrega de esta, ni se constituye en una causal de reserva o secreto de aquella. En efecto, el oficio en cuestión establece, en lo pertinente y respecto del plazo para dar respuesta a una solicitud de acceso a la información, que: "A tales efectos y en consideración de las circunstancias de excepción previamente reseñadas, de producirse algún evento constitutivo de caso fortuito o fuerza mayor que impida dar cumplimiento al plazo de veinte días estipulado y a la prórroga de 10 días adicionales, el órgano requerido deberá contactar al solicitante, a la brevedad posible, indicando fundadamente que, en razón de las especiales circunstancias de calamidad pública, se ve imposibilitado de responder a su solicitud de acceso a la información en el plazo legal establecido, señalando un nuevo plazo para proceder a informar a éste su pronunciamiento". 3) Que, como es posible apreciar del tenor del oficio citado, para la aplicación de la facultad excepcional que ahí se consagra, es pertinente que se verifiquen a lo menos dos requisitos, esto es, informar al solicitante indicando fundadamente que, en razón de las especiales circunstancias de calamidad pública, se ve imposibilitado de responder a su solicitud de acceso a la información en el plazo legal establecido; y, señalar un nuevo plazo para proceder a informar a aquel su pronunciamiento. En el presente caso, no se cumplió en la respuesta otorgada, pues no se señala una fecha cierta ni los fundamentos de aquella decisión. En este punto, se debe considerar que revisado el portal de transparencia se constató que a la fecha aún no se había otorgado acceso a lo requerido. 4) Que, a su turno, en resguardo del principio de continuidad de la función pública consagrado en el artículo 3 inciso primero, de la ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado -que obliga a esta última a atender las necesidades públicas en forma continua y permanente-, la mencionada finalidad constitucional y legal no puede ser desatendida, siendo deber de los órganos realizar las acciones pertinentes, tendientes a cumplir los cometidos que les asigna el ordenamiento jurídico. En tal sentido, el órgano reclamado, debió seguir lo informado por este Consejo en el citado Oficio N° 252, de fecha 20 de marzo de 2020, lo cual habría facilitado su actuar en materia de cumplimiento de acceso a información pública, debiendo proceder a la búsqueda y entrega de la información solicitada, dentro de un plazo prudente establecidos por ellos mismos, de acuerdo con su propia realidad 5) Que en cuanto a lo solicitado se debe considerar que el inciso segundo del artículo primero de la ley N° 15.720, que crea una Corporación Autónoma con personalidad jurídica y derecho público y domicilio en Santiago, denominada Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas; prescribe que aquella "tendrá a su cargo la aplicación de medidas coordinadas de asistencia social y económica a los escolares, conducentes a hacer efectiva la igualdad de oportunidades ante la educación". Por su parte, su artículo segundo, sostiene que "de acuerdo con las finalidades que establezcan los planes de desarrollo educativo y con las informaciones y normas docentes que proporcione la Superintendencia de Educación Pública, las Juntas de Auxilio Escolar y Becas programarán la aplicación de los siguientes beneficios a los alumnos de los establecimientos de enseñanza pública y particular gratuita, de niveles pre-primario, primario, medio y superior: a) De alimentación...". Así, en cumplimiento de sus funciones el órgano reclamado, realiza licitaciones públicas o privadas para que las empresas adjudicatarias ejecuten los Programas de Alimentación correspondientes. 6) Que en la página web institucional del órgano reclamado se informó con fecha 6 de mayo de 2020, lo siguiente: "JUNAEB termina anticipadamente contrato con empresa prestadora de Programa de Alimentación debido a graves faltas en servicio durante la emergencia. Luego de constatar incumplimientos por parte de la empresa Dipralsa durante la primera tanda de entrega de canastas individuales de alimentación a estudiantes, la institución finiquitó el contrato con la compañía y procedió al cobro de boletas de garantía por $2 mil 381 millones de pesos. La continuidad del servicio a los estudiantes está asegurada al igual que los empleos de las 2.543 manipuladoras de alimentos. (...) Lo anterior significa que el servicio de alimentación para las 30 comunas de la Región de Los Lagos deberá ser adjudicado a una nueva empresa, para lo que se convocará a prestadores actuales del servicio en otras zonas del país a ofertar. La nueva adjudicataria será aquella que presente la mejor propuesta económica y mantenga las condiciones del contrato actual, incluyendo la continuidad laboral de las 2.543 manipuladoras de alimentos que trabajaban para Dipralsa". (En: https://www.junaeb.cl/archivos/47222, revisado con fecha 26 de noviembre de 2020). 7) Que respecto de la información solicitada se debe tener presente lo dispuesto en el artículo 8 inciso segundo de la Constitución Política de la República, en orden a que "son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen. Sin embargo, sólo una ley de quórum calificado podrá establecer la reserva o secreto de aquéllos o de éstos, cuando la publicidad afectare el debido cumplimiento de las funciones de dichos órganos, los derechos de las personas, la seguridad de la Nación o el interés nacional". Por su parte, según lo establecido en los artículos 5 inciso segundo y 10 de la Ley de Transparencia, se considera información pública toda aquella que obre en poder de los órganos de la Administración del Estado, cualquiera sea su formato, soporte, fecha de creación, origen, clasificación o procesamiento, además de aquella contenida en "actos, resoluciones, actas, expedientes, contratos y acuerdos, así como a toda información elaborada con presupuesto público", salvo que dicha información se encontrare sujeta a las excepciones establecidas en el artículo 21 de la Ley de Transparencia u otras excepciones legales. 8) Que, por lo tanto, lo solicitado referido a procesos de licitación de los Programas de Alimentación, su fiscalización y evaluación, debe obrar en poder del órgano reclamado, así, al tratarse de antecedentes relativos al cumplimiento de las atribuciones que le corresponden a la JUNAEB, se trata de información de naturaleza pública. En este punto, se debe considerar que este Consejo ha sostenido a partir de la decisión del amparo Rol C416-09, que los antecedentes presentados durante una de licitación pública por los oferentes, son documentos indispensables para la evaluación de los participantes y sus propuestas, cuya ponderación y conclusiones es precisa e inequívocamente, la base sobre la que se dictará posteriormente el acto administrativo que adjudicará el concurso o lo declarará desierto. Por lo tanto, siendo el procedimiento licitatorio, como su resolución adjudicatoria un acto administrativo de naturaleza pública, aquellos documentos presentados, deben poseer el mismo carácter. 9) Que, además, se debe tener presente que en su mayoría se tratan de actos administrativos dictados por el órgano reclamado, como los antecedentes que se tuvieron a la vista para contratar y para ponerle término anticipado a un contrato, respecto de un proceso licitatorio de gran importancia y considerable envergadura, en el que se tienen que tomar los mayores resguardos en atención a evitar cualquier posible suspensión o menoscabo en la alimentación de los niños y jóvenes del país, debido, por ejemplo, a que las empresas adjudicadas no puedan cumplir con las obligaciones contraídas, como en este caso. Lo anterior, hace necesario e imprescindible el control social respecto a los procesos de selección y adjudicación de tales licitaciones, así como su fiscalización y evaluación. Razón por la cual, se debe otorgar acceso a los antecedentes vinculados a éstas, para que la ciudadanía pueda constatar que aquella fue hecha a los mejores oferentes, y si no fue así, se tomen las medidas legales y administrativas pertinentes, como lo fue la invalidación del contrato. 10) Que, en consecuencia, al no haberse acreditado la entrega de la información solicitada y no habiéndose alegado la concurrencia de alguna circunstancia de hecho o causal de reserva que justifique su denegación, se acogerá el presente amparo, requiriendo se otorgue acceso a lo pedido; o en su defecto, se indique la fuente, el lugar y la forma en que puede tener acceso a ello, si se encuentra permanentemente a disposición del público, en los términos dispuestos en el artículo 15 de la Ley de Transparencia. Sin perjuicio de lo cual, en el evento de que parte de aquella no obre en su poder deberá informar dicha circunstancia al reclamante y a este Consejo, en la etapa de cumplimiento de la presente decisión. EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33, LETRA B), DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA: I. Acoger el amparo interpuesto por don Ítalo Valdés Echeverría en contra de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente. II. Requerir al Sr. Secretario General de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas, lo siguiente: a) Hacer entrega al reclamante de la siguiente información: i. "Información sobre los actos administrativos relativos a la contratación, tales como ID de la Licitación pública, privada o trato directo que diera origen al contrato o su forma de verificación a través del portal web Mercado Publico, así como las Bases Administrativas, técnicas operativas y anexos, utilizados en el proceso de contratación". ii. "El acto administrativo (resolución o decreto) que adjudica dicha licitación o trato, así como el contrato que materializa efectivamente la unión entre JUNAEB y DIPRALSA, así como cualquier anexo al CONTRATO realizado durante la vigencia de la contratación". iii. "Las evaluaciones realizadas durante la vigencia del contrato a la prestación del servicio". iv. "El acto administrativo y anexo de contrato que cambia la modalidad de prestación de servicios desde raciones diarias a cajas de alimentos, en virtud de la pandemia". v. "Las fiscalizaciones o evaluaciones realizadas respecto a la prestación del servicio en esta modalidad". vi. "El acto administrativo que termina anticipadamente el contrato con DIPRALSA, así como los fundamentos que sirven de base a la dictación de dicho acto". vii. "Información sobre la licitación pública, privada o trato directo que se hubiere realizado para reemplazar a DIPRALSA en la prestación del servicio, tales como ID de la licitación pública, privada o trato directo, evaluaciones de ofertas, adjudicación y nuevo contrato". O, en su defecto, indicar la fuente, el lugar y la forma en que puede tener acceso a ella, si se encuentra permanentemente a disposición del público, en los términos dispuestos en el artículo 15 de la Ley de Transparencia. Sin perjuicio de lo cual, en el evento de que parte de aquello no obre en su poder, deberá informarlo al reclamante y a este Consejo, en el cumplimiento de la presente decisión. b) Cumplir dicho requerimiento en un plazo que no supere los 5 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia. c) Acreditar la entrega efectiva de la información señalada en el literal a) precedente, en conformidad a lo establecido en el inciso segundo del artículo 17 de la Ley de Transparencia, por medio de comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dio cumplimiento a las obligaciones impuestas en la presente decisión en tiempo y forma. III. Encomendar al Director General (S) y a la Directora Jurídica (S) de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Ítalo Valdés Echeverría y al Sr. Secretario General de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas. En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011. Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidenta doña Gloria de la Fuente González, su Consejera doña Natalia González Bañados y sus Consejeros don Francisco Leturia Infante y don Bernardo Navarrete Yáñez. Por orden del Consejo Directivo, certifica la Directora Jurídica (S) del Consejo para la Transparencia doña Ana María Muñoz Massouh.