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DECISIÓN AMPARO ROL C5507-20</p>
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Entidad pública: Ejército de Chile</p>
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Requirente: Álvaro Bahamondes Pardo</p>
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Ingreso Consejo: 04.09.2020</p>
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RESUMEN</p>
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Se acoge el amparo deducido en contra del Ejército de Chile, requiriendo la entrega de copia de la hoja de vida del funcionario consultado, de la que se deberá tarjar todo dato que dé cuenta de actividades de inteligencia militar o de carácter sensible relacionadas con otros países, aplicando un criterio precautorio en el evento que en aquella se contengan este tipo de antecedentes, como asimismo los datos personales de contexto, los datos sensibles y las sanciones efectivamente prescritas o cumplidas contenidos en ellas, toda vez que se trata de funcionario en servicio activo del Ejército con el grado de subteniente que se desempeñaba al momento de la presentación de la solicitud de acceso, en la Tercera Brigada Acorazada de Antofagasta, respecto del cual no se han otorgado mayores antecedentes relativos a las funciones que ejerce.</p>
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Lo anterior, debido a que se desestimaron las causales de afectación de los derechos del tercero involucrado y Seguridad de la Nación invocadas, al no haber sido acreditadas suficientemente, puesto que la función pública debe ejercerse con probidad y transparencia, lo que conlleva el cumplimiento de una obligación elevada a rango constitucional, de transparentar las actuaciones de los funcionarios de los órganos de la Administración del Estado ante la ciudadanía.</p>
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Aplica criterio decisiones Roles C1366-18; C2010-17; C2089-17; C3046-17 y C3047-17; C3244-17, C1241-18, C1366-18, C5933-18, C1005-19, C2831-19 y C2832-19, C3662-19, C3875-20, entre otras. </p>
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En sesión ordinaria N° 1146 del Consejo Directivo, celebrada el 5 de enero de 2021, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto del amparo Rol C5507-20.</p>
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VISTO:</p>
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Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.</p>
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TENIENDO PRESENTE:</p>
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1) SOLICITUD DE ACCESO: Con fecha 19 de agosto de 2020, don Álvaro Bahamondes Pardo solicitó al Ejército de Chile "Hoja de Vida del Subteniente JORGE IGNACIO ARENA REYES, de la Tercera Brigada Acorazada de Antofagasta".</p>
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2) TRASLADO AL TERCERO INVOLUCRADO: El Ejército de Chile por medio de carta N° 1000/30613, de fecha 21 de agosto de 2020, y conforme a lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley de Transparencia, notificó al funcionario señalado en el requerimiento, la solicitud de acceso a la información presentada y su derecho a oponerse a la entrega de esta.</p>
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3) OPOSICIÓN DEL TERCERO INVOLUCRADO: Subteniente Jorge Arena Reyes por medio de oficio N° 600/1442, de fecha 26 de agosto de 2020, se opuso a la entrega de la información solicitada, debido a que contiene antecedentes de toda su corta carrera militar, desconociéndose el fin o propósito para la cual fue requerida. De esta forma, sostiene que se tratarían de datos personales protegidos por la ley N° 19.628, sobre protección a la vida privada - en adelante ley N° 19.628-, en relación con lo dispuesto en el artículo 19 N° 4 de la Constitución Política de la República y la causal de secreto o reserva establecida en el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia.</p>
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4) RESPUESTA: El Ejército de Chile mediante oficio JEMGE DETLE (P) N° 6800/8014, de fecha 3 de septiembre de 2020, informó que realizada la notificación establecida en el artículo 20 de la Ley de Transparencia, el funcionario por el cual se consulta se opuso a la entrega de su hoja de vida, por lo que, se encuentran impedidos de otorgar acceso a aquella, en conformidad con lo dispuesto en el artículo señalado precedentemente. No obstante, hacen presente que el oficial en cuestión pertenece a la Fuerza Terrestre, situación de especial sensibilidad desde el punto de vista de la Inteligencia Militar, razón por la cual el divulgar su hoja de vida a un tercero significa vulnerar aspectos de la seguridad militar, toda vez que de ellas se puede desprender datos relevantes y a los cuales se les podría dar mal uso, ejemplo de ello son la preparación militar, competencias profesionales, cargos desempeñados, unidades a las cuales perteneció, habilidades físicas y básicas de combate, entre otros. Lo que de ser empleado por agencias de inteligencia extranjeras y de potenciales adversarios de nuestro Estado, otorgarían una ventaja táctica en la preparación y estrategia militar adversaria, causando daño a la seguridad de la Nación. En tal sentido, destacan que las hojas de vida son una herramienta administrativa para evaluar la gestión del personal, no obstante, cuando aquel se encuentra activo o considerado en la reserva, este acto administrativo se interrelaciona con aspectos plenamente operativos, motivo por el cual estiman que se hace imperioso guardar reserva de aquellas. Además, tienen dicho carácter para los integrantes de la Institución, debido a que forman parte de un proceso reglado y reservado de calificación y selección según lo dispuesto en el artículo 24 de la ley N° 18.948, Orgánica Constitucional de la Fuerzas Armadas - en adelante ley N° 18.948-; y el artículo 79 del decreto con fuerza de ley N° 1, año 1997, del Ministerio de Defensa Nacional, establece Estatuto del Personal de las Fuerzas Armadas -en adelante D.F.L. N° 1/1997-.</p>
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Por otra parte, desde la perspectiva institucional, y teniendo en consideración lo dispuesto en el artículo 101 de la Constitución Política de la República, sostienen que la hoja de vida de los integrantes de la Institución y, específicamente, del funcionario consultado quien se desempeña en la Fuerza Terrestre, es una fuente de antecedentes de inteligencia de particular interés, que sometidas a un estudio por especialistas militares de esa área, es posible obtener el perfil del funcionario, tipo de especialidad conforme a las Unidades en las que ha prestado servicio durante su carrera, extraer cursos, instrucciones u operativos, divulgando, de esta forma, determinadas capacidades o potenciales de sus Unidades, y de su personal, afectando la Seguridad Militar. En efecto, estiman que la divulgación de lo pedido permite que sean empleados por potenciales adversarios como también por organizaciones dedicadas al crimen organizado, otorgando ventajas comparativas para enfrentar una crisis o conflicto armado, todo lo cual debilita el rol esencial que les ha sido asignado.</p>
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En conclusión, deniegan el acceso a lo solicitado en virtud de lo dispuesto en los artículos 20, 21 N° 3 y N° 5 de la Ley de Transparencia.</p>
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5) AMPARO: Con fecha 4 de septiembre de 2020, don Álvaro Bahamondes Pardo dedujo amparo a su derecho de acceso en contra del Ejército de Chile fundado en la respuesta negativa a la solicitud de información, por oposición de un tercero.</p>
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6) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado al Sr. Comandante en Jefe del Ejército de Chile mediante Oficio N° E16.324, de fecha 28 de septiembre de 2020, para que formule sus descargos y observaciones solicitando, especialmente, lo siguiente: (1°) se refiera a las causales de secreto o reserva que, a su juicio, harían procedente la denegación de la información; (2°) explique cómo lo solicitado afectaría los derechos del tercero; (3°) acompañe todos los documentos incluidos en el procedimiento de comunicación al tercero; (4°) proporcione los datos de contacto -por ejemplo: dirección, número telefónico y correo electrónico-, del aquel, a fin de dar aplicación a los artículos 25 de la Ley de Transparencia y 47 de su Reglamento; y, (5°) remita copia íntegra de la información requerida, haciendo presente a usted que, de acuerdo al artículo 26 de la Ley de Transparencia el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia mantendrá el debido resguardo de los antecedentes que le sean remitidos. Asimismo, si la decisión final del Consejo declara que la información es secreta o reservada tendrán este carácter los escritos, documentos y actuaciones que hayan servido de base para su pronunciamiento.</p>
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El órgano reclamado por medio de oficio JEMGE DETLE AJ (P) N° 6800/9868/CPLT, de fecha 28 de octubre de 2020, reiteró lo señalado en su respuesta, agregando que la ley define la "Hoja de Vida" como aquel documento en el cual se registra en forma cronológica el comportamiento y desempeño profesional de cada miembro del Ejército de Chile, precisando que el término "comportamiento" implica verter en aquella, juicios de valor extra funcionarios que son propios de la profesión militar. Luego, su confección se realiza de conformidad con la cartilla CAP-01001, así dentro de las menciones que deben consignarse están las anotaciones de mérito y de demérito, la apreciación de conjunto y las correspondientes a la vida funcionaria del calificado (resoluciones de nombramiento y/o contrataciones, entrevistas, comisiones de servicio al extranjero, resoluciones por investigaciones sumarias, sentencias judiciales, constancias de entrevistas, recursos diversos y sus resultados, recursos de la junto de selección, etc.). En ella, además, se deja constancia de cualquier otro antecedente que se considere útil para la posterior evaluación del personal.</p>
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De este modo, consideran que en las hojas de vida se registran antecedentes referentes al desempeño profesional y al cumplimiento de sus funciones militares, pero también a situaciones de tipo personal, lo que está protegido por lo dispuesto en el artículo 19 N° 4 de la Constitución Política de la República. Lo expuesto, consideran que permite concluir que lo pedido conforma un conjunto de cualidades estrictamente personales advertidas por el calificador y enfocadas al ámbito de aplicación castrense, las cuales son inherentes a la carrera militar, pero que indudablemente se encuentran comprendidas dentro del ámbito privado y familiar del calificado, lo que está protegido por el artículo 19 N° 4 de la Constitución Política de la República, debido a dicho aspecto, es que, en cumplimiento de la Ley de Transparencia y su normativa interna, solicitan al personal activo y en retiro su aquiescencia para su entrega.</p>
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Por lo que, sostienen que la Hoja de Vida y Calificaciones se encuentra incluida entre los documentos que da cuenta el artículo 436 N° 1 del Código de Justicia Militar. De este modo, concluyen que se configuran las causales de secreto o reserva dispuestas en el artículo 21 N° 3 y N° 5 de la Ley de Transparencia.</p>
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7) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL TERCERO INVOLUCRADO: En conformidad a lo prescrito en el artículo 25 de la Ley de Transparencia, el Consejo Directivo de esta Corporación acordó conferir traslado del amparo deducido al funcionario por cuyos antecedentes se consultan, mediante Oficio N° 19.131, de fecha 4 de noviembre de 2020 - remitido mediante correo electrónico de esa misma fecha-, en su calidad de tercero a quien se refiere la información solicitada, a fin de que presente sus descargos y observaciones a este amparo.</p>
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Con todo, a la fecha del presente acuerdo y encontrándose vencido el plazo otorgado al efecto, este Consejo no ha recibido presentación alguna del tercero involucrado.</p>
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Y CONSIDERANDO:</p>
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1) Que el presente amparo se funda en la respuesta negativa a la solicitud de información. Al respecto, el órgano reclamado argumentó que concurren las causales de secreto o reserva establecidas en el artículo 21 N° 3 y N° 5 de la Ley de Transparencia, en relación con lo dispuesto en el artículo 436 N° 1 del Código de Justicia Militar. Además, atendida la oposición manifestada por el funcionario consultado, se encuentran impedidos de proporcionar lo pedido referente a aquellos, en virtud de lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 20 de la Ley de Transparencia.</p>
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2) Que lo pedido es la hoja de vida del subteniente individualizado en el requerimiento, respecto de la cual se debe hacer presente que este Consejo ha sostenido de manera reiterada en las decisiones de amparo Roles C2010-17; C2089-17; C3046-17 y C3047-17; C3244-17, C1241-18, C1366-18, C5933-18, C1005-19, C2831-19 y C2832-19, C3662-19, C3875-20, entre otras, que constituyen un antecedente de naturaleza pública en conformidad con lo dispuesto en el artículo 8 de la Constitución Política de la República y los artículos 5 y 10 de la Ley de Transparencia. Lo anterior, por cuanto han sido elaboradas con recursos públicos y dan cuenta de forma pormenorizada del desarrollo de la carrera funcionaria del personal de una institución y sirven de base a los respectivos procesos de calificación. En efecto, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 79 del D.F.L. N° 1/1997, "La hoja de vida es el documento que contiene un registro cronológico de todas las actuaciones del personal que incidan directamente en su desempeño durante el correspondiente período de calificación. En ella se efectuarán tanto las anotaciones de mérito como de demérito que lo afecten, como asimismo las que correspondan a su vida funcionaria, tales como, feriados, licencias, comisiones de servicio, resoluciones recaídas por investigaciones sumarias administrativas y sentencias definitivas en causas civiles y criminales. Podrá contemplar también todo otro antecedente que se considere útil para la posterior evaluación del personal, siempre que corresponda al período de calificación de que se trate."</p>
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3) Que, a su turno, cabe señalar que este Consejo ha razonado que atendido el tipo de función que desempeñan los servidores públicos están sujetos a un nivel de escrutinio de una entidad mayor, lo que supone un control social más intenso respecto de sus antecedentes profesionales. Luego, y en base a la referida premisa ha ordenado la entrega de instrumentos de medición de desempeño, registros de asistencia, currículum vítae, liquidaciones y otros similares, de funcionarios. Sobre este punto y a mayor abundamiento, cabe recordar que la función pública, según lo establecido en los artículos 8 de la Constitución Política de la Republica y 3 de la Ley de Transparencia, debe ejercerse con probidad y transparencia, favoreciendo el interés general por sobre los intereses particulares, lo que conlleva el cumplimiento de una obligación, elevada a rango constitucional, de transparentar las actuaciones de los empleados de los órganos de la Administración del Estado ante la ciudadanía, por el solo hecho de ser tales y encontrarse al servicio de la misma.</p>
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4) Que, en cuanto a las causales de reserva alegadas por el órgano referidas a aquellas prescritas en el artículo 21 N° 3 y N° 5 de la Ley de Transparencia, en relación con lo dispuesto en el artículo 436 N° 1 del Código de Justicia Militar, es menester indicar que el criterio que ha aplicado uniformemente este Consejo es que la afectación -de los bienes jurídicos protegidos por el artículo 21 de la Ley de Transparencia, y por el inciso segundo del artículo 8 de la Constitución Política de la República- debe ser presente o probable y con suficiente especificidad para justificar la reserva-, lo que no se presume sino que debe ser acreditado por quien las invoca, de modo que los daños que la publicidad provocaría sean superiores al perjuicio que el secreto causaría al libre acceso a la información y al principio de publicidad.</p>
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5) Que, en la especie, el Ejército de Chile ha argumentado que el funcionario por cuyos antecedentes se consultan se encuentran en la Fuerza Terrestre y en servicio activo por lo que divulgar su hoja de vida institucional y calificaciones significa hacer públicos antecedentes y características de su lugar de desempeño, pudiendo ser empleado por potenciales adversarios como también por organizaciones dedicadas a la delincuencia y narcotráfico, otorgando ventajas comparativas para enfrentar una crisis o conflicto armado, todo lo cual debilita el rol esencial que le ha sido asignado a las Fuerzas Armadas por la Carta Fundamental, ya que de ellas se pueden obtener datos relevantes para potenciales adversarios, indicando que, del contenido de las hojas de vida, mediante cruce de información, hará posible determinar los perfiles que se emplean para determinar quiénes desempeñan ciertas funciones críticas, que su uso por potenciales adversarios, entrega una ventaja militar absoluta, dejándolo en una posición vulnerable ante una eventual crisis, debilitando con ello la Seguridad Nacional.</p>
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6) Que, como es posible apreciar, el Ejército de Chile ha realizado, por una parte, alegaciones genéricas sobre la materia y eventuales afectaciones a la seguridad nacional que podrían desprenderse del conocimiento de la hoja de vida consultada; las que se estima tienen un carácter hipotético, que no explican en modo alguno de qué manera se puede ver afectado el bien jurídico protegido, en forma presente o probable y con la suficiente especificidad, al conocerse los antecedentes contenidos en aquellas. En conclusión, no se ha acreditado de qué modo concreto ni específico la entrega de los datos requeridos puede afectar los bienes jurídicos cautelados por las causales esgrimidas, esto es, el debido funcionamiento del órgano o la seguridad de la Nación. Además, de que no ha detallado las funciones desempeñadas por el funcionario consultado, en orden a justificar que la divulgación de sus antecedentes pueda ocasionar la afectación alegada.</p>
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7) Que, en la especie, las hojas de vida han sido elaboradas con presupuesto público, y han debido servir de fundamento directo y esencial de resoluciones dictadas por el Ejército de Chile en los procesos calificatorios del funcionario en cuestión, y, además, obran en poder de un órgano de la Administración del Estado. Asimismo, a juicio de este Consejo, tampoco se advierte de qué forma la publicidad de aquellas pueda afectar, con cierto grado de especificidad y certeza, los derechos del tercero, máxime si se considera que se trata de antecedentes que son esencialmente públicos, toda vez que contiene información sobre las actuaciones y desempeño del personal, en su calidad de funcionario del Ejército, antecedentes curriculares y profesionales, capacitaciones, así como otros antecedentes a considerar para sus evaluaciones, al tenor de lo dispuesto en el artículo 24 de la ley N° 18.948, el cual establece que: "El desempeño del personal se evaluará, anualmente, a través de un sistema de calificaciones que considerará el rendimiento y la capacidad para el ejercicio de sus funciones, basándose para ello en los conceptos contenidos en las correspondientes hojas de vida" (énfasis agregado).</p>
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8) Que, el tercero involucrado ha alegado la concurrencia de la causal de secreto o reserva establecida en el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, en relación con lo dispuesto en el artículo 19 N° 4 de la Constitución Política de la República, ya que la entrega de la información afectaría el respeto y protección de la vida privada por contener antecedentes específicos de índole privados, reservados y sensibles tanto personales como profesionales, desconociéndose la motivación o el uso que el reclamante podrían darles. Sin embargo, teniendo en cuenta lo razonado en los considerandos precedentes, este Consejo no advierte de qué forma la divulgación de la hoja de vida de un funcionario público pueda afectar, con cierto grado de especificidad y certeza, los derechos de éste, en los términos de la mentada causal de reserva legal, máxime si se considera que se trata de antecedentes -que como se señaló- son esencialmente públicos, razón por la cual, se descartará la configuración de la causal alegada.</p>
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9) Que, sin perjuicio de lo señalado precedentemente, cabe hacer presente que se trata de un funcionario en servicio activo con el grado de subteniente que se desempeñaban al momento de la presentación de la solicitud de acceso, en la Tercera Brigada Acorazada de Antofagasta, respecto del cual, el Ejército de Chile no ha otorgado mayores antecedentes relativos a las funciones desempeñadas por aquel. De esta forma, se acogerá el amparo requiriendo la entrega de la hoja de vida pedida. Sin embargo, bajo un criterio precautorio, en el evento que en aquella se contengan antecedentes que den cuenta de actividades de inteligencia militar o de carácter sensible relacionadas con otros países, se deberán tarjar estos por configurarse a su respecto las hipótesis de excepción contenidas en el artículo 21 N° 3 y N° 4 de la Ley de Transparencia. Así como también, se deberán reservar todos los datos personales de contexto contenidos en éstas, que en nada se relacionan con el cumplimiento de la función pública desempeñada, tales como el número de cédula de identidad, domicilio particular, fecha de nacimiento, nacionalidad, estado civil, teléfono y correo electrónico particular, fotografía del funcionario, peso y altura, como también los referidos a las patologías médicas que afectaron o pudieron haber afectado al funcionario, en conformidad con lo dispuesto en los artículos 2 letras f) y g), y 4 de la ley N° 19.628. Asimismo, de ser ello pertinente, se deberán tarjar las sanciones efectivamente prescritas o cumplidas, esto último, en conformidad con lo dispuesto en el artículo 21 de la misma ley. Todo lo cual se realiza en cumplimiento de las atribuciones otorgadas a esta Corporación por el artículo 33 letras j) y m) de la Ley de Transparencia.</p>
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EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:</p>
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I. Acoger el amparo interpuesto por don Álvaro Bahamondes Pardo en contra del Ejército de Chile, en virtud de los fundamentos señalados precedentemente.</p>
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II. Requerir al Sr. Comandante en Jefe del Ejército, lo siguiente:</p>
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a) Hacer entrega al reclamante de copia la hoja de vida del funcionario individualizado en el requerimiento, resguardando las anotaciones que digan relación con la realización de actividades o labores de inteligencia, y de carácter sensible relacionadas con otros países; los datos personales de contexto que en nada se relacionan con el cumplimiento de la función pública desempeñada, tales como el número de cédula de identidad, domicilio particular, fecha de nacimiento, nacionalidad, estado civil, teléfono y correo electrónico particular, fotografía del funcionario, peso y altura, como también los referidos a las patologías médicas que afectaron o pudieron haberlo afectado; y las sanciones efectivamente prescritas o cumplidas.</p>
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b) Cumplir dicho requerimiento en un plazo que no supere los 10 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia.</p>
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c) Acreditar la entrega efectiva de la información señalada en el literal a) precedente, en conformidad a lo establecido en el inciso segundo del artículo 17 de la Ley de Transparencia, por medio de comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dio cumplimiento a las obligaciones impuestas en la presente decisión en tiempo y forma.</p>
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III. Encomendar al Director General (S) y a la Directora Jurídica (S) de este Consejo, indistintamente, notificar el presente acuerdo a don Álvaro Bahamondes Pardo, al Sr. Comandante en Jefe del Ejército de Chile y al tercero involucrado en el presente amparo.</p>
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En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.</p>
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Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidenta doña Gloria de la Fuente González, su Consejera doña Natalia González Bañados y sus Consejeros don Francisco Leturia Infante y don Bernardo Navarrete Yáñez..</p>
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Por orden del Consejo Directivo, certifica la Directora Jurídica (S) del Consejo para la Transparencia doña Ana María Muñoz Massouh.</p>