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DECISIÓN AMPARO ROL C5526-20</p>
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Entidad pública: Policía de Investigaciones de Chile (PDI)</p>
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Requirente: Alexis Torreblanca</p>
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Ingreso Consejo: 04.09.2020</p>
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RESUMEN</p>
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Se acoge el amparo en contra de la Policía de Investigaciones de Chile, requiriendo la entrega de "datos estadísticos sobre control migratorio desde el año 2005 al 2020 de personas migrantes respecto a detenciones, controles de identidad, cantidad de operativos y cantidad de infractores en controles fronterizos según: paso fronterizo, tipo de paso, región, comuna, edad, sexo, nacionalidad, nivel educativo, tipo de documento presentado, estatus migratorio, tipo de visa de ingreso y salida". En el evento, de que algunas de las variables requeridas no obren en su poder, deberá informar dicha circunstancia al requirente y a este Consejo en etapa de cumplimiento.</p>
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Lo anterior, debido a que las alegaciones realizadas por el órgano reclamado no resultan ser de una entidad tal que permitan dar por cumplida la obligación de informar que recae sobre este. En efecto, el hecho que la Policía de Investigaciones de Chile no procese la información al nivel de detalle solicitado no obsta a que, en la especie, los datos requeridos obren en su poder. Así, atendido que se encuentra mandatada legalmente para controlar el ingreso, egreso y reingreso de personas al territorio nacional, la fiscalización de la permanencia de extranjeros en el país, así como llevar a cabo las detenciones y los controles de identidad, no se tiene por acreditada la inexistencia alegada.</p>
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En sesión ordinaria N° 1146 del Consejo Directivo, celebrada el 5 de enero de 2021, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto del amparo Rol C5526-20.</p>
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VISTO:</p>
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Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.</p>
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TENIENDO PRESENTE:</p>
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1) SOLICITUD DE ACCESO: Con fecha 29 de julio de 2020, don Alexis Torreblanca solicitó a la Policía de Investigaciones de Chile - en adelante también PDI-, "datos estadísticos sobre control migratorio desde el año 2005 al 2020 de personas migrantes respecto a detenciones, controles de identidad, cantidad de operativos y cantidad de infractores en controles fronterizos según: paso fronterizo, tipo de paso, región, comuna, edad, sexo, nacionalidad, nivel educativo, tipo de documento presentado, estatus migratorio, tipo de visa de ingreso y salida".</p>
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2) RESPUESTA: La Policía de Investigaciones de Chile mediante carta, de fecha 2 de septiembre de 2020, adjuntó cuadro Excel remitido por la Jefatura Nacional de Migraciones y Policía Internacional, haciendo presente que mantienen registros estadísticos de datos agrupados mensualmente, por lo que no es posible informar respecto de la edad, nivel educativo y comuna de personas en particular.</p>
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3) AMPARO: Con fecha 4 de septiembre de 2020, don Alexis Torreblanca dedujo amparo a su derecho de acceso en contra de la Policía de Investigaciones de Chile, fundado en la respuesta incompleta o parcial. En particular sostuvo que "Solo haciendo llegar información sobre ingresos y egresos, que incluso pertenecen a la solicitud realizada anteriormente...".</p>
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4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado al Sr. Director General de la Policía de Investigaciones de Chile mediante Oficio N° E16.375, de fecha 28 de septiembre de 2020, para que formule sus descargos y observaciones solicitando, especialmente, lo siguiente: (1°) señale si, a su juicio, la respuesta otorgada al reclamante satisface íntegramente su requerimiento de información; (2°) señale si la información reclamada obra en poder del órgano que representa, constando en alguno de los soportes documentales que señala el inciso segundo del artículo 10 de Ley de Transparencia; (3°) se refiera a la eventual concurrencia de alguna circunstancia de hecho que haga procedente la denegación de la información reclamada; (4°) se pronuncie acerca de la eventual concurrencia de algunas de las causales constitucionales o legales de secreto o reserva que, a su juicio, harían procedente la denegación de la información reclamada; y, (5°) en caso de no existir inconvenientes para la entrega de la información pedida, se solicita la remisión de la misma a la parte recurrente con copia a este Consejo, a fin de evaluar el cierre del presente caso a través del Sistema Anticipado de Resolución de Controversias (SARC).</p>
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El órgano reclamado por medio de ordinario N° 739, de fecha 1° de octubre de 2020, señaló que analizada la solicitud de acceso, requirieron a las unidades competentes para que indicaran si cuentan con la información en los términos pedidos, así el Centro Nacional de Análisis Criminal (CENACRIM) informó lo siguiente: "se hace presente que este CENACRIM actualmente no cuenta con factibilidad técnica para dar respuesta a lo solicitado, por cuanto no posee acceso a las bases de datos del Sistema de Control Migratorio". Por su parte, la Jefatura Nacional de Migraciones y Policía Internacional señaló que "Esta área de informaciones de Plana mayor, sólo puede referirse a información concerniente a movimientos migratorio el año 2005 al 2020. Cabe señalar que no tenemos cantidad de infractores en pasos fronterizos, lo que se puede entregar es la totalidad de los denunciados, desde el año 2008 al 2020". De esta forma, consideran que en su respuesta otorgaron acceso a todos los datos disponibles relativos a la materia consultada. Además, sostienen que no obra en su poder los antecedentes reclamados pues se refiere a datos estadísticos que no son tratados al nivel de detalle solicitado.</p>
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5) SOLICITUD DE PRONUNCIAMIENTO: Atendido lo señalado precedentemente, esta Corporación mediante Oficio N° E18.418, de fecha 26 de octubre de 2020, solicitó al reclamante pronunciarse en los siguientes términos: (1°) indique si se encuentra conforme con la respuesta proporcionada por el órgano; y, (2°) en el evento de manifestar su disconformidad, señale específicamente la infracción cometida por el órgano.</p>
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La parte reclamante por medio de correo electrónico de fecha 28 de octubre de 2020, manifestó su disconformidad con lo informado por el órgano reclamado, pues no otorgaron una respuesta directa señalando "el por qué se hizo llegar información REPETIDA sobre ingresos y egresos, que incluso pertenecen a la solicitud realizada anteriormente No AD010T0010496. no se ha esclarecido, solo apuntando que "no se poseían los datos". 3. En el Oficio N° E16375 se habla de la existencia de datos de "total de denunciados" como información que se puede brindar. Información que tampoco fue entregada. Así, y a pesar de que existe la posibilidad de que el requerimiento fuera derivado al órgano competente y que poseyera la información existente, se declara en disconformidad ante la respuesta entregada".</p>
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Y CONSIDERANDO:</p>
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1) Que este amparo se funda en la respuesta incompleta o parcial, pues sólo le otorgaron información sobre los ingresos y egresos. Al respecto, el órgano reclamado sostuvo que proporcionaron acceso a los antecedentes que obran en su poder en cuanto a lo consultado, con ocasión de su respuesta.</p>
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2) Que, en cuanto a lo alegado por el órgano reclamado, se debe tener presente que la inexistencia de la información es una circunstancia de hecho, cuya sola invocación no exime a los órganos de la Administración de su obligación de entregarla; sino que ésta debe ser fundada, indicando en forma clara el motivo de aquello, lo que debe ser acreditado de manera fehaciente. En la especie, la Policía de Investigaciones de Chile se limitó a argumentar que no obra en su poder información distinta a la ya proporcionada al reclamante.</p>
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3) Que en cuanto a la información solicitada se debe tener presente que al órgano reclamado según lo dispuesto en el artículo 5 del decreto ley N° 2.460, año 1979, dicta Ley Orgánica de Policía de Investigaciones de Chile - en adelante D.L. N° 2.460-, entre otras funciones, las de "contribuir al mantenimiento de la tranquilidad pública; prevenir la perpetración de hechos delictuosos y de actos atentatorios contra la estabilidad de los organismos fundamentales del Estado; dar cumplimiento a las órdenes emanadas del Ministerio Público para los efectos de la investigación, así como a las órdenes emanadas de las autoridades judiciales, y de las autoridades administrativas en los actos en que intervengan como tribunales especiales; prestar su cooperación a los tribunales con competencia en lo criminal (...) controlar el ingreso y la salida de personas del territorio nacional; adoptar todas las medidas conducentes para asegurar la correcta identificación de las personas que salen e ingresan al país, la validez y autenticidad de sus documentos de viaje y la libre voluntad de las personas de ingresar o salir de él; fiscalizar la permanencia de extranjeros en el país...".</p>
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4) Que, por su parte a la Jefatura Nacional de Extranjería y Policía Internacional le corresponde, según lo establecido en el artículo 52 del decreto supremo N° 41, año 1987, del Ministerio de Defensa Nacional, Reglamento Orgánico de la Policía de Investigaciones de Chile - en adelante D.S. N° 41/1987-; ser "la encargada de cumplir y hacer cumplir las normas legales y reglamentarias que asignen funciones a la Institución, en lo relativo al control de ingreso y salida de personas del territorio nacional, a la fiscalización de la permanencia de extranjeros en el país, y adoptar las medidas y ejercer las atribuciones que a la Policía de Investigaciones de Chile confieren tanto la legislación de extranjería, como la legislación general en estas materias. // Le corresponderá supervigilar, a nivel nacional, el funcionamiento de las Comisarías, Secciones y Avanzadas de Extranjería y Policía Internacional, impartiéndole directamente las instrucciones técnicas y operacionales que estime necesarias para el cumplimiento de sus objetivos". Así, dentro de sus atribuciones se encuentran, entre otras, la de "b) Mantener actualizado, por medio de sistemas computacionales u otros, un registro de prohibiciones e impedimentos de ingreso y egreso de personas del territorio nacional, con el fin de dar cumplimiento a las disposiciones legales y reglamentarias sobre la materia. Para este efecto, los oficiales a cargo de Extranjería y Policía Internacional deberán comunicar, circunstanciadamente, a la Jefatura Nacional las novedades diarias que se produzcan en este control, sin perjuicio de su obligación de informar sobre el particular al correspondiente Jefe territorial directo; c) Mantener actualizado un Archivo General Nacional de Extranjeros, conteniendo todas las menciones que se estimen necesarias para el mejor control policial e impartir las instrucciones para la organización de los registros que deben llevarse en el resto de las dependencias de Extranjería y Policía Internacional; d) Dar cumplimiento a las medidas de control, traslados, abandono obligado del país, expulsión, y en general, a todo tipo de sanciones, prohibiciones e impedimentos de ingreso y egreso al país, que las autoridades administrativas, judiciales o las contraloras apliquen en uso de sus atribuciones, dictando las instrucciones pertinentes; e) Velar por la uniformidad y oportuna expedición de los informes que corresponda evacuar, en los procedimientos relacionados con solicitudes que se presenten directamente a la Institución o a las autoridades competentes, impartiendo normas de carácter obligatorio que deberán ser observadas inclusive por los organismos que, en subsidio de la Policía de Investigaciones de Chile, cumplan funciones de extranjería; (...) i) En general, cumplir y hacer cumplir las demás funciones que le encomiende la legislación a la Policía de Investigaciones de Chile, en el control del ingreso y egreso de personas del territorio nacional y en la fiscalización de la permanencia de extranjeros en el país".</p>
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5) Que el Centro Nacional de Análisis Criminal tiene como objetivo principal proporcionar análisis criminal multidimensional y prospectivo a nivel nacional, velando por la calidad de la información vertida para la focalización de las acciones operativas y para la toma de decisiones estratégicas en post de la seguridad pública. En el CENACRIM nacen las directrices y políticas sobre análisis a nivel institucional. (En: https://www.pdichile.cl/instituci%C3%B3n/unidades/cenacrim, revisado con fecha 17 de noviembre de 2020). En este punto se debe hacer presente que dentro de las facultades del órgano reclamado se encuentran, en términos generales, la de efectuar detenciones y llevar a cabo los controles de identidad, en los casos contemplados en la normativa sectorial respectiva.</p>
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6) Que en cuanto a la materia consultada, se debe señalar que el inciso primero del artículo 10 del decreto ley N° 1.094, año 1975, establece normas sobre extranjeros en Chile - en adelante D.L. N° 1.094-, prescribe que "Corresponderá a la Dirección General de Investigaciones controlar el ingreso y salida de los extranjeros y el cumplimiento de las obligaciones que este decreto ley les impone, como asimismo, denunciar ante el Ministerio del Interior las infracciones de que tome conocimiento, sin perjuicio de adoptar las demás medidas señaladas en este decreto ley y en su reglamento". Por su parte, el artículo 82 dispone que "Las medidas de control serán adoptadas por la autoridad policial que sorprenda la infracción, la que pondrá los antecedentes en conocimiento del Ministerio del Interior, por conducto de la Dirección General de Investigaciones, a fin de que se apliquen al infractor las sanciones que correspondan. // La autoridad señalada en el artículo 10 que sorprenda al infractor, procederá a tomarle la declaración pertinente y a retirarle los documentos que correspondan. Asimismo, le señalará una localidad de permanencia obligada, por el lapso que se estime necesario y le fijará la obligación de comparecer periódicamente a una determinada unidad policial. //La circunstancia de eludir estas medidas de control y traslado, será causal suficiente para expulsar del país al infractor".</p>
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7) Que la información solicitada dice relación con las atribuciones y facultades que le corresponden al órgano reclamado según el marco normativo señalado precedentemente. De esta forma, su argumentación resulta insuficiente para justificar que los antecedentes pedidos no obran en su poder. A mayor abundamiento, se debe señalar que el artículo 179 bis del decreto supremo N° 597, año 1984, del Ministerio del Interior, aprueba Reglamento de Extranjería, dispone en su inciso primero que "La Policía de Investigaciones de Chile, Carabineros de Chile y la Autoridad Marítima correspondiente, a objeto de dar cumplimiento a las facultades establecidas en el DL N° 1.094 de 1975 y en este reglamento, establecerán sistemas de consulta automatizada que aseguren la interoperabilidad en línea de los respectivos registros de ingreso y salida de extranjeros y demás registros o bancos de datos personales sobre extranjeros en Chile establecidos en conformidad al DL N° 1.094 de 1975".</p>
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8) Que, en conclusión, las alegaciones realizadas por el órgano reclamado no resultan ser de una entidad tal que permitan dar por cumplida la obligación de informar que recae sobre este. En efecto, el hecho que la Policía de Investigaciones de Chile no procese la información al nivel de detalle solicitado no obsta a que, en la especie, los datos requeridos obren en su poder. En este punto, se debe considerar los principios de relevancia, de apertura, transparencia y de máxima divulgación establecidos en los literales a), c) y d) del artículo 11 de la Ley de Transparencia, que deben observarse en el cumplimiento del procedimiento de acceso a la información dispuesto en la ley mencionada. A mayor abundamiento, se debe tener presente que la Jefatura Nacional de Extranjería y Policía Internacional, señaló que "lo que se puede entregar es la totalidad de los denunciados, desde el año 2008 al 2020". Por lo tanto, lo informado referido a que se otorgaron todos los antecedentes que obraban en su poder respecto de la materia consultada tampoco resulta ser efectivo. Así, atendido que se encuentra mandatada legalmente para controlar el ingreso, egreso y reingreso de personas al territorio nacional, la fiscalización de la permanencia de extranjeros en el país, como llevar a cabo las detenciones y los controles de identidad, no resulta suficientemente acreditada la inexistencia alegada, por lo que, se acogerá el presente amparo requiriendo se otorgue acceso a lo pedido. Sin perjuicio de lo cual, si alguna de las variables consultadas, como la edad y nivel educativo no obren en su poder, deberá señalarlo expresamente al reclamante y a este Consejo, en etapa de cumplimiento.</p>
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EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:</p>
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I. Acoger el amparo interpuesto por don Alexis Torreblanca en contra de la Policía de Investigaciones de Chile, en virtud de los fundamentos señalados precedentemente.</p>
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II. Requerir al Sr. Director General de la Policía de Investigaciones de Chile, lo siguiente:</p>
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a) Entregar al reclamante los "datos estadísticos sobre control migratorio desde el año 2005 al 2020 de personas migrantes respecto a detenciones, controles de identidad, cantidad de operativos y cantidad de infractores en controles fronterizos según: paso fronterizo, tipo de paso, región, comuna, edad, sexo, nacionalidad, nivel educativo, tipo de documento presentado, estatus migratorio, tipo de visa de ingreso y salida". En el evento, de que algunas de las variables requeridas no obren en su poder, deberá informar dicha circunstancia al requirente y a este Consejo en etapa de cumplimiento.</p>
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b) Cumplir dicho requerimiento en un plazo que no supere los 10 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia.</p>
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c) Acreditar la entrega efectiva de la información, en conformidad a lo establecido en el inciso segundo del artículo 17 de la Ley de Transparencia, mediante comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dé cumplimiento a las obligaciones impuestas precedentemente en tiempo y forma.</p>
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III. Encomendar al Director General (S) y a la Directora Jurídica (S) de este Consejo, indistintamente, notificar el presente acuerdo a don Alexis Torreblanca y al Sr. Director General de la Policía de Investigaciones de Chile.</p>
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En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.</p>
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Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidenta doña Gloria de la Fuente González, su Consejera doña Natalia González Bañados y sus Consejeros don Francisco Leturia Infante y don Bernardo Navarrete Yáñez.</p>
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Por orden del Consejo Directivo, certifica la Directora Jurídica (S) del Consejo para la Transparencia doña Ana María Muñoz Massouh.</p>