Base de Datos de Jurisprudencia - Consejo para la Transparencia

Decisión ROL C5549-20

Reclamante:	MARCELA ALEJANDRA DEL CARMEN PARKES CALDERA
Reclamado:	DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS (DGA)
Resumen del caso: Se acoge el amparo deducido en contra de la Dirección General de Aguas (DGA), ordenando la entrega de la nómina de los integrantes de la Comunidad de Aguas Tranque El Maitén, indicando sus nombres y apellidos, contenida en escritura pública ingresada en expediente administrativo que consulta. Lo anterior, por tratarse de información de naturaleza pública, que obra en poder de la reclamada, contenida en una escritura pública incorporada en un registro público a cargo de un notario, según lo señalado por el artículo 403, del Código Orgánico de Tribunales, el cual prescribe que "Escritura pública es el instrumento público o auténtico otorgado con las solemnidades que fija esta ley, por el competente notario, e incorporado en su protocolo o registro público". A mayor abundamiento, atendido que, tratándose de organizaciones comunitarias, como ocurre en la especie, por disposición de la ley sobre juntas de vecinos y demás organizaciones comunitarias, las municipalidades deberán llevar un registro público de estas organizaciones que deberá constar con la constitución, las modificaciones estatutarias y la disolución de las mismas. Asimismo, será obligación mantener copia del registro público de todos los afiliados, que las organizaciones informen anualmente. Asimismo, se tiene por entregada la información referida al estado de tramitación de la solicitud del expediente consultado, junto con la notificación del presente amparo, aunque extemporáneamente.
Tipo de decisión:	Decisión de Fondo
Fecha de la decisión:	1/8/2021
Consejeros:	-Gloria Alejandra de la Fuente González -Francisco Javier Leturia Infante -Natalia Andrea González Bañados -Bernardo Eric Navarrete Yáñez
Legislación aplicada:	Ley de Transparencia
Palabras clave:
Jurisprudencia desde:
Jurisprudencia a:	C13079-22
Recursos relacionados:
Descriptores jurídicos:
Descriptores analíticos:	Grupos de interés especial; Bienes Públicos

DECISIÓN AMPARO ROL C5549-20   Entidad pública: Dirección General de Aguas (DGA) Requirente: Marcela Alejandra del Carmen Parkes Caldera Ingreso Consejo: 07.09.2020 RESUMEN Se acoge el amparo deducido en contra de la Dirección General de Aguas (DGA), ordenando la entrega de la nómina de los integrantes de la Comunidad de Aguas Tranque El Maitén, indicando sus nombres y apellidos, contenida en escritura pública ingresada en expediente administrativo que consulta. Lo anterior, por tratarse de información de naturaleza pública, que obra en poder de la reclamada, contenida en una escritura pública incorporada en un registro público a cargo de un notario, según lo señalado por el artículo 403, del Código Orgánico de Tribunales, el cual prescribe que "Escritura pública es el instrumento público o auténtico otorgado con las solemnidades que fija esta ley, por el competente notario, e incorporado en su protocolo o registro público". A mayor abundamiento, atendido que, tratándose de organizaciones comunitarias, como ocurre en la especie, por disposición de la ley sobre juntas de vecinos y demás organizaciones comunitarias, las municipalidades deberán llevar un registro público de estas organizaciones que deberá constar con la constitución, las modificaciones estatutarias y la disolución de las mismas. Asimismo, será obligación mantener copia del registro público de todos los afiliados, que las organizaciones informen anualmente. Asimismo, se tiene por entregada la información referida al estado de tramitación de la solicitud del expediente consultado, junto con la notificación del presente amparo, aunque extemporáneamente. El Consejero don Francisco Leturia Infante se abstuvo de intervenir y votar en el presente caso. En sesión ordinaria N° 1143 del Consejo Directivo, celebrada el 29 de diciembre de 2020, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C5549-20. VISTO: Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia. TENIENDO PRESENTE: 1) SOLICITUD DE ACCESO: El 11 de agosto de 2020, doña Marcela Alejandra del Carmen Parkes Caldera solicitó a la Dirección General de Aguas (DGA), la siguiente información: "(...) quienes son los integrantes que están solicitando bajo expediente administrativo NC-0401-378 correspondiente a la "Comunidad de Aguas Tranque El Maitén", en proceso de tramitación en la Dirección General de Aguas y en qué estado se encuentra esta solicitud". 2) RESPUESTA: El 03 de septiembre de 2020, la Dirección General de Aguas (DGA) respondió a dicho requerimiento de información, mediante Ordinario N° 377, de esa fecha, indicando, que se deniega lo pedido en virtud de la oposición ejercida por el representante legal de la Comunidad de Aguas Tranque El Maitén, conforme al artículo 20 de la Ley de Transparencia, razón por la cual el Servicio ha quedado impedido de proporcionar copia de dicha documentación - propiedad intelectual del proceso de tramitación de la Comunidad-, salvo resolución en contrario de este Consejo. 3) AMPARO: El 07 de septiembre de 2020, doña Marcela Alejandra del Carmen Parkes Caldera dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en la respuesta negativa a su solicitud. Además, la reclamante hizo presente, en síntesis, que: "Se solicitó dicha información ya que se está afectando con la conformación de esta comunidad a muchas personas que no están de acuerdo con los integrantes que constituirían esta comunidad, ya que ellos han pasado a llevar los derechos de agua de riego que compraron todos los parceleros (...)"; seguidamente informa gestiones realizadas al respecto en otras instancias. 4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo y mediante Oficio N° E16964, de 6 de octubre de 2020, confirió traslado al Sr. Director General de Aguas, solicitando que: (1°) indique, si a su juicio, frente a la solicitud de información, resultaba procedente aplicar el principio de divisibilidad, contenido en la el artículo 11, letra e) de la Ley de Transparencia, en relación al estado de la solicitud; (2°) se refiera, específicamente, a las causales de secreto o reserva que, a su juicio, harían procedente la denegación de la información; (3°) explique cómo lo solicitado afectaría los derechos del tercero; (4°) acompañe todos los documentos incluidos en el procedimiento de comunicación a el tercero, incluyendo copia de la respectiva comunicación, de los documentos que acrediten su notificación, de la oposición deducida y de los antecedentes que dan cuenta de la fecha en la que ésta ingresó ante el órgano que usted representa; y, (4°) proporcione los datos de contacto -por ejemplo: nombre, dirección, número telefónico y correo electrónico-, de los terceros que se opusieron a la entrega de la información, a fin de dar aplicación a los artículos 25 de la Ley de Transparencia y 47 de su Reglamento. Mediante Ordinario DGA N° 489, de 21 de octubre de 2020, el órgano efectuó sus descargos, señalando, en síntesis, lo siguiente: Según el deber consagrado en el principio de divisibilidad corresponde entregar la información en los términos más amplios posibles, excluyendo sólo aquello que se encuentre sujeto a excepción. "(...) En el caso en cuestión no es factible dividir el expediente por cuanto éste sólo contiene un elemento sobre el cual precisamente se basó la oposición del tercero. De esta manera, la causal legal invocada recae sobre el único documento incorporado, esto es, la escritura pública de constitución con los datos de los solicitantes, no existiendo lógicamente otros antecedentes que permitirán un desglose". En este sentido, lo requerido corresponde a los datos incorporados en una escritura pública donde se indican los nombres, cédulas de identidades, domicilios y datos de las propiedades de dichas personas sobre derechos de aprovechamiento de aguas. De este modo, si los involucrados se opusieron precisamente a la entrega de estos antecedentes, menos podría este Servicio publicar un documento con los datos tachados, en cuanto único antecedente solicitado. Finalmente agrega que no obstante haberse denegado lo pedido por oposición de los terceros interesados, estima, que en la especie, resulta aplicable de igual forma lo señalado por el artículo 21 N° 1 letra b, de la Ley N° 20.285, por tratarse de una solicitud de inscripción de una Comunidad de Aguas en el Registro Público de Organizaciones de Usuarios de Aguas del Catastro Público de Aguas, que se encuentra en trámite y pendiente de resolución, cuya entrega permitiría determinar con precisión los antecedentes personales de los ciudadanos que forman parte de la comunidad solicitante, en cuanto, dicha nómina, contenida en escritura pública, contiene datos personales de aquellos. 5) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DE LOS TERCEROS INTERESADOS: De conformidad a lo prescrito en el artículo 25 de la Ley de Transparencia, el Consejo Directivo de esta Corporación acordó dar traslado del amparo al representante de la Comunidad de Aguas Tranque el Maitén, en su calidad de tercero interesado, mediante Oficio N° E19132, de 4 de noviembre de 2020, a fin de que presente sus descargos y observaciones. Por carta de fecha 18 de noviembre de 2020, el tercero interesado, efectuó sus descargos, señalando, en síntesis, lo siguiente: 1. La solicitud de registro que es objeto del expediente NC 04-10-378, incumbe única y exclusivamente a las partes interesadas en el reconocimiento de la organización de usuarios en cuestión y al propietario de la obra común sobre la cual se sustenta el requerimiento, y quien solicita la información no corresponde a ninguna de las dos situaciones. 2. Los documentos aportados han sido de exclusiva iniciativa y participación de los solicitantes de registro, donde constan escrituras notariales y certificados conservatorios, que ya cuentan con registros públicos respecto a los cuales los terceros solicitantes de información pueden recurrir para peticionar los antecedentes pertinentes, no siendo la Dirección General de Aguas el órgano encargado de entregarlos. Esto deja en evidencia que la intención de los solicitantes está lejos de obtener información pública (que pueden hacer en las Notarías y Registros Conservatorios respectivos), sino la de tener acceso a información y datos sensibles que no les corresponde obtener, ni aún bajo excusa de transparencia pública. 3. Existen terceros que han buscado frustrar, por todos los medios posibles, la correcta organización y uso de las obras hidráulicas, sobre las cuales estos solicitantes de registro hemos invertido esfuerzo, tiempo y recursos en mantener, mejorar y optimizar. Por lo tanto, consideramos que la entrega de lo pedido a los terceros ajenos a nuestra solicitud puede afectar derechos de carácter patrimonial de los cuales somos titulares, además, de revelar información de carácter personal a sujetos que han demostrado hostilidad e, incluso, acoso, existiendo denuncias en fiscalía a este respecto, sin que ellas recaigan, necesariamente, en la Sra. solicitante en esta oportunidad. 4. Si bien el Derecho Administrativo, y las actuaciones de los órganos de la administración del Estado, están basadas en los principios de probidad y publicidad, no es menos cierto que, al estar conociendo una solicitud de parte, se espera de las instituciones Estatales, no solo una garantía de las prerrogativas ciudadanas genéricas, sino que una ponderación, cuando, como es del caso, se pueda estar poniendo en riesgo ya no el éxito de la solicitud de organización comunidad de aguas voluntaria, que se sujeta a evaluaciones exclusivamente técnicas y en cuyo procedimiento en el Código de Aguas no contempla la participación activa de terceros que se opongan a ella, sino que la integridad física, psíquica, privacidad, datos sensibles y la salud de todos y cada uno de los comuneros, todos derechos reconocidos como fundamentales por la Constitución Política de la República en su artículo 19. 5. Por lo tanto, teniéndose por evacuado el traslado, por las razones expresadas, en el tiempo y la forma que indica la normativa vigente, solicita se deniegue el acceso a la información en virtud a los antecedentes de hecho y de derecho ya señalados. Y CONSIDERANDO: 1) Que, el presente amparo se funda en la respuesta negativa a la solicitud de información que se singulariza en el N° 1 de lo expositivo, referida, por una parte, a los integrantes de la "Comunidad de Aguas Tranque El Maitén", solicitantes de inscripción de una comunidad de aguas en expediente indicado, y por otra, sobre el estado en que se encuentra esta solicitud. Al efecto el órgano denegó dicha información por oposición del tercero interesado, en virtud del artículo 20 de la Ley de Transparencia. Luego en los descargos invocó la causal de reserva del artículo 21 N° 1 letra b, de la misma Ley. 2) Que, el artículo 8°, inciso 2°, de la Constitución Política de la República, en lo que interesa, establece que "son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen. Sin embargo, sólo una ley de quórum calificado podrá establecer la reserva o secreto de aquéllos o de éstos, cuando la publicidad afectare el debido cumplimiento de las funciones de dichos órganos, los derechos de las personas, la seguridad de la Nación o el interés nacional". Por su parte, según lo dispuesto en los artículos 5, inciso segundo, y 10 de la Ley de Transparencia, se considera información pública toda aquella que obre en poder de los órganos de la Administración del Estado, cualquiera sea su formato, soporte, fecha de creación, origen, clasificación o procesamiento, además de aquella contenida en "actos, resoluciones, actas, expedientes, contratos y acuerdos, así como a toda información elaborada con presupuesto público", salvo que dicha información se encontrare sujeta a las excepciones establecidas en el artículo 21 de la Ley de Transparencia u otras excepciones legales. 3) Que, en primer lugar, respecto de los integrantes de la comunidad consultada, el órgano en los descargos evacuados en esta sede señaló que el único documento que forma parte del expediente analizado es la escritura pública de constitución con los datos de los integrantes de la comunidad solicitante, quienes, en el traslado conferido, en virtud del artículo 20 de la Ley de Transparencia, ejercieron su derecho de oposición a la entrega de sus identidades; y luego notificados por este Consejo, se opusieron a la entrega de sus identidades, a través de su representante legal, por afectación de sus derechos de carácter personal y patrimoniales. 4) Que, de acuerdo al artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, se podrá denegar total o parcialmente el acceso a la información, cuando su publicidad, comunicación o conocimiento afecte los derechos de las personas, particularmente tratándose, entre otros, de los derechos de carácter comercial o económico. Al respecto, este Consejo ha establecido los criterios que deben considerarse para determinar si la información que se solicita contiene antecedentes cuya divulgación pueda afectar los derechos económicos y comerciales de una persona, natural o jurídica, los que deben ser acreditados por los eventualmente afectados. Así, la información debe cumplir con las siguientes condiciones o requisitos: a) ser secreta, es decir, no generalmente conocida ni fácilmente accesible para personas introducidas en los círculos en que normalmente se utiliza ese tipo de información; b) ser objeto de razonables esfuerzos para mantener su secreto; y c) tener un valor comercial por ser secreta, esto es, que dicho carácter proporcione a su titular una ventaja competitiva (y por el contrario, su publicidad afecte significativamente su desenvolvimiento competitivo). 5) Que, en el presente caso, atendido que lo pedido dice relación con antecedentes que se encuentran contenidos en una escritura de naturaleza esencialmente pública que consta en un registro público a cargo de un notario, según lo señalado por el artículo 403, del Código Orgánico de Tribunales, el cual prescribe que "Escritura pública es el instrumento público o auténtico otorgado con las solemnidades que fija esta ley, por el competente notario, e incorporado en su protocolo o registro público"; no resulta suficiente la oposición formulada por el tercero interesado para constituir en reservados antecedentes que se encuentran en permanente disposición para su consulta, por lo que no se cumple el primero de los requisitos exigidos para configurar la causal de reserva analizada, esto es, que la información pedida sea secreta, no siendo generalmente conocida ni fácilmente accesible para personas introducidas en los círculos en que normalmente se utiliza ese tipo de información, lo que claramente en el presente caso no ocurre al constar en un registro público la escritura donde se contiene la información pedida, sin que se advierta, además, que con su entrega se pudieran afectar derechos patrimoniales de las personas consultadas; por lo que en atención a lo expuesto se desestimará la causal de secreto o reserva analizada. 6) Que, a mayor abundamiento, tratándose de organizaciones comunitarias, como ocurre en la especie, se debe tener presente lo dispuesto en el inciso 1° del artículo 6°, del decreto supremo N° 58, de 1997, de Interior, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 19.418, sobre juntas de vecinos y demás organizaciones comunitarias, que "Para los efectos de esta ley, las municipalidades llevarán un registro público, en el que se inscribirán las juntas de vecinos y demás organizaciones comunitarias que se constituyeren en su territorio, así como las uniones comunales que ellas acordaren. En este registro deberán constar la constitución, las modificaciones estatutarias y la disolución de las mismas.". A su turno, el inciso cuarto, del artículo 6°, agrega, "Asimismo, será obligación de las municipalidades mantener copia actualizada y autorizada anualmente del registro a que se refiere el artículo 15"; el cual dispone en el inciso primero que "Cada junta de vecinos y demás organizaciones comunitarias deberá llevar un registro público de todos sus afiliados, en la forma y condiciones que determinen sus estatutos (...). Énfasis agregado. 7) Que, en mérito de lo señalado, atendido que lo requerido en esta parte, es información que se encuentra contenida en una escritura pública permanente a disposición del público en los registros correspondientes, que obra en poder del órgano, este Consejo no se pronunciará sobre la procedencia de la causal de reserva del artículo 21 N° 1 letra b), de la Ley de Transparencia invocada por el organismo por resultar inoficioso. Por tanto, se acogerá el amparo en este punto, y se ordenará la entrega de la nómina de los integrantes de la Comunidad de Aguas Tranque El Maitén, indicando sus nombres y apellidos. 8) Que, en segundo lugar, respecto del estado de tramitación de la solicitud consultada, el órgano con ocasión de los descargos informó que se trata de una solicitud de inscripción de una comunidad de aguas en el Registro Público de Organizaciones de Usuarios de Aguas del Catastro Público de Aguas, la cual se encuentra en trámite y pendiente de resolución, y que el único antecedente ingresado al expediente es la escritura pública de Constitución de la Comunidad en cuestión. Por tanto, en virtud de lo señalado, se acogerá el presente amparo en este punto, teniéndose por entregada la información pedida en este punto, junto con la notificación del presente amparo, aunque extemporáneamente. EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA: I. Acoger el amparo deducido por doña Marcela Alejandra del Carmen Parkes Caldera en contra de la Dirección General de Aguas (DGA), en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente, teniéndose por entregada, aunque extemporáneamente, junto con la notificación del presente reclamo, la información señalada en el considerando 8° precedente. II. Requerir al Sr. Director General de Aguas, lo siguiente; a) Hacer entrega al reclamante la nómina de los integrantes de la Comunidad de Aguas Tranque El Maitén, indicando sus nombres y apellidos, contenida en escritura pública ingresada en expediente administrativo NC-0401-378. b) Cumplir dicho requerimiento en un plazo que no supere los 5 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia. c) Acreditar la entrega efectiva de la información señalada en el literal a) precedente, en conformidad a lo establecido en el inciso segundo del artículo 17 de la Ley de Transparencia, por medio de comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dio cumplimiento a las obligaciones impuestas en la presente decisión en tiempo y forma. III. Encomendar al Director General (S) y a la Directora Jurídica (S) de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a doña Marcela Alejandra del Carmen Parkes Caldera, al Sr. Director General de Aguas y al tercero interesado. En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011. Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidenta doña Gloria de la Fuente González, su Consejera doña Natalia González Bañados y su Consejero don Bernardo Navarrete Yáñez. Se deja constancia que el Consejero don Francisco Leturia Infante, en forma previa al conocimiento del presente caso, manifestó su voluntad de abstenerse de intervenir y votar en el mismo, por estimar que podría concurrir a su respecto la causal establecida en el número 6 del artículo 62 del decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado y en el numeral 1° del acuerdo de este Consejo sobre tratamiento de los conflictos de intereses, adoptado en su sesión N° 101, de 9 de noviembre de 2009, es decir, existir circunstancias que le restan imparcialidad para conocer y resolver el asunto controvertido, en razón de mantener un vínculo de parentesco con el Sr. Subsecretario de Obras Públicas, al ser hermano de dicha autoridad; solicitud y voluntad que este Consejo acoge en su integridad. Por orden del Consejo Directivo, certifica la Directora Jurídica (S) del Consejo para la Transparencia doña Ana María Muñoz Massouh.