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<strong>DECISIÓN AMPARO C434-09 </strong></p>
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Entidades públicas: Servicio de Salud Metropolitano Sur</p>
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Requirente: Juan Pablo Figueroa Lasch</p>
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Ingreso Consejo: 22.10.2009</p>
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En sesión ordinaria N° 106 de su Consejo Directivo, celebrada el 27 de noviembre de 2009, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285, de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, se ha adoptado la siguiente decisión respecto del amparo Rol C434-09.</p>
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VISTOS:</h3>
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Los artículos 5°, inciso 2°, 8°, 19 N° 4 y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; la Ley N° 20.285, de 2008, sobre acceso a la información pública; la Ley N° 19.880, del 2003, que establece las bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; la Ley N° 19.628, de 1999, sobre protección de datos personales; lo previsto en el D.F.L. N° 1–19.653, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.575; los D.S. N° 13/2009 y N° 20/2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el Reglamento del artículo primero de la Ley N° 20.285 y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.</p>
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TENIENDO PRESENTE:</h3>
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1) SOLICITUD DE ACCESO: El 17 de agosto de 2009, don Juan Pablo Figueroa Lasch solicitó al Servicio de Salud Metropolitano Sur copia de los siguientes documentos y antecedentes referidos al Hospital Barros Luco Trudeau:</p>
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a) Registro completo del control de asistencia de médicos durante el año 2009.</p>
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b) Lista de espera actualizada del Hospital Barros Luco, según especialidad médica. En este punto requiere: el número de personas que se encuentran en lista de espera, días de espera y especialidad para la cual esperan.</p>
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c) Registro de derivaciones desde centros asistenciales durante el año 2009, solicitándose esta información disgregada por centro asistencial desde el cual se realizaron las derivaciones y la especialidad médica a la cual fueron derivadas.</p>
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d) Registro de reclamos desde el año 2005 a la fecha de la solicitud, disgregada por año y por materia del reclamo.</p>
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e) Número de intervenciones quirúrgicas, mayores y menores, por especialidad desde el año 2005 a la fecha de la solicitud, disgregada por año y tipo de intervención (por especialidad médica).</p>
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2) RESPUESTA: El 11 de septiembre de 2009 (último día en que el órgano debía evacuar la respuesta al requerimiento de información) la Directora del Servicio de Salud Metropolitano Sur comunicó al requirente que debido al volumen de información y la forma requerida para su entrega, prorrogaba el plazo del art. 14 de la Ley de Transparencia por otros 10 días hábiles. El 5 de octubre de 2009 la Directora del Servicio respondió lo siguiente al requirente:</p>
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a) En cuanto al registro del control de asistencia de médicos durante el año 2009, de conformidad con la Ley N° 19.628, de 1999, sobre protección de datos personales, en especial su art. 2° letra f) que define los datos personales como los relativos a cualquier información concerniente a personas naturales, identificadas o identificables, en relación con el art. 3° del mismo cuerpo legal , señala que el Servicio de Salud no cuenta con la autorización exigida por dicha Ley para entregar la información. A mayor abundamiento, invoca la causal de secreto o reserva del art. 21 N° 2 de la Ley de Transparencia relativa a la eventual afectación de derechos de las personas.</p>
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b) En relación con el resto de la información requerida señala que al no estar “sancionada por algún documento oficial, que autorice su entrega para el conocimiento público” no entregaría dicha información.</p>
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3) AMPARO: Don Juan Pablo Figueroa Lasch, en virtud de lo anterior y de conformidad con lo dispuesto en el art. 24 de la Ley de Transparencia, formuló amparo ante este Consejo el 22 de octubre de 2009 por denegación de la información requerida, fundamentándolo en los siguientes argumentos:</p>
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a) En cuanto a la argumentación de la Directora del Servicio de Salud requerido para denegar la entrega del registro del control de asistencia de los médicos del Hospital Barros Luco, manifiesta que ninguna de las disposiciones de la Ley N° 19.628 es aplicable, pues se trata de funcionarios públicos. Indica que la Ley de Transparencia y su Reglamento establecen el deber de publicar determinada información de los funcionarios públicos en el sitio electrónico del órgano. En cumplimiento de dicho deber, el Servicio de Salud Metropolitano Sur pública la lista de todos los médicos del Hospital señalado, incluyendo sus nombres completos y las horas bajo las cuales están contratados.</p>
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b) Agrega que se aplicaría el principio de especificidad de la ley, en virtud del cual la Ley de Transparencia, en este caso, es la que regula la publicación de datos que si no fueran referidos a funcionarios públicos, estarían protegidos por la Ley N° 19.628.</p>
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c) Indica que el registro de asistencia es una extensión de la información publicada en la página web del Servicio, pues permitiría constatar que las horas establecidas por contrato se estén cumpliendo efectivamente. Enfatiza que se trata de información pública y que debe ser comunicada para la adecuada fiscalización ciudadana.</p>
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d) Agrega que la información requerida no ha sido recolectada a través de encuestas, estudios de mercados o sondeos de opinión pública u otros instrumentos semejantes, no aplicándose al caso el art. 3° de la Ley N° 19.628, como lo pretende el Servicio reclamado.</p>
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e) Asimismo, señala que no se aplicaría la causal de secreto o reserva del art. 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, pues el conocimiento de la asistencia de un funcionario público en ningún caso afecta la esfera de su vida privada, ya que se trata de información relacionada exclusivamente con el cumplimiento de las labores de dichos funcionarios.</p>
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f) En relación con el resto de la información requerida, y luego de invocar el art. 5° de la Ley de Transparencia, indica que pretender que los reclamos, las listas de espera y de cirugías no son información pública por no haber sido sancionados por un documento oficial que autorice su entrega para conocimiento público, es no cumplir con el espíritu y la letra de la Ley de Transparencia. Agrega que aunque esto parece de sentido común, pudiera argumentarse que los reclamos presentados por los usuarios necesariamente deben terminar en una respuesta del Servicio, lo que los convierte en un fundamento y complemento de actos de órganos de la Administración del Estado. Lo mismo puede señalarse de las listas de espera, pues son las que se traducen, posteriormente, en atenciones médicas en la asistencia pública. En cuanto a las listas de cirugías, señala que se trata de información básica y clave en las decisiones de cualquier organismo del sistema de salud público. Termina señalando en este punto que negarse a entregar esta información, es negarse a la aplicación de la Ley de Transparencia.</p>
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g) Agrega que la información solicitada es parte de los insumos necesarios para la elaboración de un reportaje del Centro de Investigación e Información Periodística (CIPER). Por la misma razón, se hicieron solicitudes similares a otros Servicios de Salud de la Región Metropolitana quienes han ido cumpliendo con lo requerido, lo que demostraría para el reclamante que dichos servicios entienden que lo solicitado se trataría de información pública.</p>
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h) Por último, hace presente que durante la tramitación de su requerimiento de información, el reclamado habría abusado de las atribuciones que le entrega la Ley de Transparencia, al utilizar innecesariamente tiempo extra para dilatar la respuesta. Agrega que cuando se le comunicó la prórroga del plazo, la Directora del Servicio de Salud reclamado le habría hecho creer que necesitaba dicha prórroga para procesar la información, lo que le pareció una medida razonable. Sin embargo, señala que la Directora del Servicio de Salud Metropolitano Sur no se tomó 10 sino 16 días para denegar el acceso a la información, lo que para el reclamante constituye una falta grave a las exigencias que la Ley de Transparencia impone a los funcionarios públicos.</p>
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4) DESCARGOS U OBSERVACIONES AL AMPARO DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo estimó admisible el presente amparo en sesión ordinaria N° 98, de 30 de octubre de 2009. Se procedió, por consiguiente, a notificar el reclamo antedicho y a conferir traslado a la Directora del Servicio de Salud Metropolitano Sur, mediante Oficio N° 803, de 6 de noviembre de 2009. Ésta, mediante Ord. N° 1914 recibido el 24 de noviembre de 2009, formuló los siguientes descargos u observaciones al presente amparo:</p>
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a) En relación con el registro de control de asistencia de médicos del año 2009, señala que si bien estima que los antecedentes requeridos están relacionados con la función pública que realiza el personal médico del Servicio se trata de un dato de carácter personal, que forma parte de la vida privada de los funcionarios de conformidad con el art. 2° letra f) de la Ley N° 19.628. Agrega que los datos personales son protegidos por el cuerpo legal señalado respecto de toda persona, sea o no funcionario público.</p>
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b) Que en relación con lo anterior, los arts. 3° y 4° de la Ley N° 19.628 disponen que cuando los datos personales sean requeridos a través de sondeos de opinión pública u otros instrumentos semejantes, requerirán para ser entregados de la autorización expresa y por escrito del titular de dichos datos, autorización con la que no se cuenta en el caso .</p>
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c) Hace presente que en virtud del art. 21 N° 2 de la Ley de Transparencia se entienden formar parte de la vida privada de las personas los datos personales, que en este caso serán utilizados, como se señaló en el requerimiento de información, en estudios de opinión u otros semejantes, lo que ameritaría el secreto o reserva de la información requerida.</p>
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d) En cuanto a lo aseverado por el reclamante en su amparo, relativo a que los antecedentes requeridos estarían vinculados con datos de funcionarios que se desempeñan en el Servicio de Salud, enumera la información que debe publicarse en virtud del art. 7° de la Ley de Transparencia (estamento, apellidos, nombres, grados u horas contratadas, la función que se desempeña y fecha de inicio y término del contrato) y agrega que debe considerarse que la calidad de funcionarios públicos no hace perder a las personas que la ostentan el derecho de ver su vida privada protegida, ya que tal protección es un derecho constitucional reconocido en el art. 19 N° 4 de la Constitución.</p>
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e) En virtud de lo anterior estima que el registro de asistencia diario constituye un aspecto de difícil definición y clasificación, optando el reclamado por considerarlo un dato de carácter personal que forma parte de la vida privada del funcionario público, no obstante estar relacionado con su función pública, por lo que con el fin de resguardar los datos personales de los funcionarios el Servicio reclamado privilegió esta interpretación, que se encuentra conforme con el art. 21 N° 2 de la Ley de Transparencia. La interpretación del reclamado se fundamentaría, también, en el espíritu de la Ley citada que persigue velar por la transparencia de la función pública sin vulnerar la vida privada de las personas que se desempeñan en la Administración del Estado.</p>
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f) En cuanto a la lista de espera, el registro de los pacientes derivados y la lista de cirugías, señala que dicha información no se encuentra sancionada por un documento oficial que autorice su entrega para el conocimiento público. Por ello estima que dicha información está considerada dentro de aquélla que tiene el carácter de secreta o reservada de acuerdo al art. 21 N° 1 letra b) de la Ley de Transparencia, ya que dicha información es parte de antecedentes o deliberaciones previas a la adopción de una resolución, medida o política. En efecto, dicha información se encuentra dentro de procedimientos de mediación pendientes y procedimientos judiciales ante tribunales, por lo que mientras no exista una decisión al respecto, la información requerida es secreta o reservada. Señala que de entregarse lo requerido se estarían vulnerando derechos de terceros y el carácter de secretos o reservados de los procedimientos de mediación, de conformidad a lo establecido en el art. 4° del Reglamento de Mediación por Reclamos en contra de Prestadores Institucionales Públicos de Salud o sus Funcionarios y Prestadores Privados de Salud, aprobado por el D.S. N° 47/2005, del Ministerio de Salud (la disposición citada establece el principio de confidencialidad conforme al cual el mediador debe guardar reserva de todo lo escuchado o visto durante el proceso de mediación y que estará amparado por el secreto profesional).</p>
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g) Además, señala que la información referida a las listas de espera, de derivación y de cirugías no puede ser entregada en virtud de la causal de secreto o reserva establecida en el art. 21 N° 1 letra c) de la Ley de Transparencia, ya que dicha información se refiere a un elevado número de actos administrativos o antecedentes cuya recopilación requiere distraer indebidamente a los funcionarios del Servicio. Cita un correo electrónico de la Subdirectora de Procesos del Hospital Barros Luco (que no adjunta ni identifica) que señala que “el sistema de derivación de pacientes nuevos desde los establecimientos de Atención Primaria en Salud en el CDT (Centros de Diagnósticos Terapéuticos), es por planilla manual, que llega 5 días antes de la atención para su coordinación, por el que el número de recursos humanos con el cual cuenta esta institución para dar cumplimiento a la información solicitada es insuficiente”.</p>
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h) En cuanto a la prórroga comunicada al reclamante, señala que en ningún caso se realizó con la finalidad de dilatar la entrega de información, sino que el Servicio reclamado quiso dar una respuesta dentro de los plazos estipulados en la Ley de Transparencia, considerando el volumen de la información solicitada, ya que a priori no existe certeza de que se accederá o no a la entrega de la misma o si ésta será total o parcial.</p>
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i) Por último, solicita a este Consejo fijar audiencias si lo estima procedente para ofrecer, rendir y discutir las pruebas que acrediten lo argumentado por el Servicio.</p>
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Y CONSIDERANDO:</h3>
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1) Que el reclamado ha denegado la entrega del registro de control de asistencia de médicos del Hospital Barros Lucos durante el año 2009 argumentado que se trata de datos personales de los funcionarios públicos protegidos en virtud de los arts. 2° letra f), 3° y 4° de la Ley N° 19.628. Asimismo, invocó la causal de secreto o reserva del art. 21 N° 2 de la Ley de Transparencia. Al respecto este Consejo puede señalar que:</p>
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a) Es efectivo que los datos contenidos en el registro solicitado constituyen datos personales de los médicos que trabajan en el Hospital Barros Luco, pues contienen información concerniente a personas naturales, identificadas o identificables. Sin embargo, se trata de profesionales que, como funcionarios públicos, realizan una función pública relevante al atender en el sistema público de salud a los ciudadanos que recurren a él.</p>
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b) En esta línea, y de conformidad con el art. 5° de la Ley de Transparencia, se trata de información pública que ha sido elaborada por un órgano de la Administración del Estado y que obra en su poder.</p>
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c) No corresponde aplicar en este caso el art. 3° de la Ley N° 19.628 como fundamento para denegar esta información, ya que la disposición se refiere a datos personales que han sido recolectados a través de medios específicos (encuestas, sondeos de opinión pública, estudios de mercados u otros semejantes) diversos de la forma en que el Servicio reclamado ha recolectado los datos requeridos de parte del personal médico del Hospital Barros Luco. La recolección de la información solicitada la ha realizado en virtud de su función propia de controlar la asistencia de sus funcionarios para efectos diversos de pago de remuneración, control de la jornada que todo funcionario público debe cumplir, etc. Por lo tanto, debe desecharse la aplicación del art. 3° de la Ley N° 19.628.</p>
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d) Lo anterior no significa bajo ninguna circunstancia que este Consejo estime que la vida privada de los funcionarios públicos no se encuentre protegida constitucional y legalmente. Sólo se sostiene que los funcionarios públicos, a diferencia de los empleados o profesionales del sector privado, tienen una vida privada mucho más restringida al realizar una función pública que deben ejercer con probidad y transparencia, como lo establecen los arts. 8° de la Constitución y 3° de la Ley de Transparencia. Este Consejo en decisión A47-09, se ha pronunciado sobre la vida privada y los derechos de los funcionarios públicos, señalando en su consid. 12° que “… además, la supuesta afectación de la honra de los funcionarios sancionados no puede ser fundamento suficiente para reconocer que la publicidad de tal expediente sumarial ni del informe en derecho toda vez que las personas involucradas, en cuanto funcionarios públicos, poseen una esfera de vida privada más delimitada en virtud precisamente de la función que ejercen, prevaleciendo en tal caso el interés público en conocer si existieron irregularidades en un órgano de la Administración del Estado, si dicho órgano tomó las medidas pertinentes para investigar y sancionar, en su caso, a los responsables y reparar los daños que dichas irregularidades pudieren haber causado. Confirma lo anterior, el hecho que la Ley N° 19.733, conocida también como la Ley de Prensa, en su artículo 30, establezca como uno de los requisitos para la procedencia de la exceptio veritatis en el delito de injuria cometido a través de cualquier medio de comunicación, que la imputación se refiriere a hechos propios del ejercicio de funciones públicas” (lo destacado es nuestro).</p>
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e) Se podría hacer una comparación del registro del control de la asistencia con otros datos que deben ser informados en virtud del art. 7° de la Ley de Transparencia, como la remuneración de los funcionarios públicos. También este Consejo en sus decisiones A10-09 y A126-09 determinó que las calificaciones de los funcionarios públicos son públicas, en virtud del interés público que revisten como mecanismo de rendición de cuentas no sólo ante las jefaturas, sino también ante la sociedad.</p>
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f) También debe considerarse que datos como las remuneraciones y calificaciones de los funcionarios públicos tienen mucha mayor sensibilidad que el control de asistencia requerido en este caso, y aunque también son datos personales el legislador y este Consejo han determinado que atendida la relevancia del conocimiento de dicha información para el control social es necesario que se publique o se dé a conocer, por lo que si las remuneraciones y calificaciones de los funcionarios públicos constituye información pública con mayor razón lo es el registro de control de asistencia de los médicos.</p>
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g) Volviendo a la argumentación del Servicio reclamado en cuanto a que la Directora del órgano carece de la autorización especial establecida por la Ley N° 19.628 para entregar la información requerida cabe agregar que en conformidad con el art. 20 de dicho cuerpo legal, el tratamiento de datos personales por parte de un organismo público sólo puede efectuarse respecto de las materias de su competencia y con sujeción a las reglas de la Ley N° 19.628, condiciones bajo las cuales no necesitará el consentimiento del titular. Por lo tanto, debe concluirse que si en virtud de sus atribuciones el órgano reclamado ha exigido a sus funcionarios hacer constar su asistencia para los efectos ya señalados (pago de remuneración, cumplimiento de la jornada, aplicación de medidas disciplinarias si procedieren a este respecto, etc.) no requiere, en virtud de la disposición mencionada, que los funcionarios otorguen expresamente su consentimiento a la Directora del Servicio para el tratamiento de dichos datos.</p>
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h) A mayor abundamiento, y en virtud del principio de control jerárquico establecido en los arts. 7° y 11 de la Ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de bases generales de la Administración del Estado, el servicio debe exigir a los funcionarios el cumplimiento de sus funciones y obligaciones, una de las cuales es el cumplimiento de su jornada de trabajo. En este sentido, Contraloría ha establecido en diversos dictámenes (entre ellos el Dictamen N° 58.526/2008) la necesidad de contar con sistemas de control de la jornada laboral que permitan verificar que los funcionarios cumplen con ella y los horarios establecidos para el desempeño de su trabajo, cualquiera sea su jerarquía, añadiendo que si bien la ley no fija un régimen de control determinado, las autoridades pueden disponer de diversos mecanismos internos de fiscalización. Agrega el Ente Contralor que a todo funcionario, cualquiera sea su jerarquía, le afecta la obligación de cumplir con la jornada laboral y sujetarse al sistema de control establecido. Por lo tanto, se puede concluir que, si bien no consta con qué sistema de control cuenta el órgano reclamado en este caso, es efectivo que debe tener un registro de control de asistencia y que éste reviste el carácter de información pública.</p>
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i) También la Directora del Servicio de Salud alega que la publicación del registro de control de asistencia de los médicos del Hospital Barros Luco Trudeau es secreto o reservado en virtud de la causal del art. 21 N° 2 de la Ley de Transparencia. A este respecto se estima que la causal invocada no se configura ni procede en este caso, pues aunque existieran eventuales derechos de los funcionarios públicos que puedan verse afectados por la entrega del registro del control de la asistencia el beneficio de publicar dicha información es mucho mayor que el beneficio de mantenerla en reserva, pues es relevante el control social de la ciudadanía respecto de dicho registro, que permite verificar el cumplimiento de las labores de los funcionarios. En conclusión, no se aprecia cómo la publicidad del registro de control de asistencia de los médicos del Hospital Barros Luco puede afectar los derechos de dichos funcionarios.</p>
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j) La Directora del Servicio de Salud reclamado ha aseverado que uno de los fundamentos para no entregar el citado registro de asistencia es que los datos que éste contiene serían utilizados, como lo habría señalado el reclamante en su solicitud de acceso a la información, en estudios de opinión u otro semejante. Revisado el requerimiento de información acompañado por el reclamante a su amparo en ninguna parte se hace presente la finalidad para la que requiere la información. En este punto debe recordarse que el órgano no está facultado para decidir si entrega o no la información en vista a la finalidad que se haya expresado o que se estima persigue el solicitante, pues ello está expresamente establecido en el art. 11 de la Ley de Transparencia a propósito del principio de la no discriminación, conforme al cual los órganos de la Administración del Estado deben entregar la información a todas las personas que lo soliciten en igualdad de condiciones, sin hacer distinciones arbitrarias y sin exigir expresión de causa o motivo para la solicitud. Esta parte final es la que el órgano reclamado ha omitido, pues basa parte de sus argumentos en que la causa o motivo para el que cree se ha solicitado la información, sería suficiente para denegar su entrega. En este sentido, este Consejo se ha pronunciado sobre esta materia en la Decisión A117-09, la que en su consid. 8° que señala “Que, por otra parte, cabe precisar que el principio de la no discriminación, establecido en la letra g) del artículo 11 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, establece que los órganos de la Administración del Estado deben proporcionar información a todas las personas que lo soliciten, en igualdad de condiciones, sin hacer distinciones arbitrarias y sin expresión de causa o motivo para su requerimiento. Por tanto, no cabe hacer aquí la precisión del motivo o interés que tendrían los requirentes para denegar la información solicitada” (lo destacado es nuestro).</p>
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2) Que en lo que se refiere a la lista de espera, número de derivaciones desde centros asistenciales, el registro de reclamos y el número de intervenciones quirúrgicas, el reclamado argumenta que dicha información no se encontraría sancionada por un documento oficial que autorice su entrega para el conocimiento público y que se trataría de información reservada o secreta en virtud de las causales del art. 21 N° 1 letras a), b) y c) de la Ley de Transparencia. Al respecto se puede señalar lo siguiente:</p>
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a) Primero debe indicarse que lo solicitado por el reclamante al tenor de su requerimiento es información esencialmente estadística, pues no hace referencia a datos personales, sino a información disgregada de acuerdo al detalle que indica (número de personas, días de espera, especialidades, centros asistenciales, número de reclamos, años, materia de reclamos, tipo de intervenciones quirúrgicas, etc.).</p>
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b) En cuanto a necesidad de un documento oficial que sancione la entrega de esta información debe señalarse que N</p>
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c) No es argumento suficiente para no entregar la información la falta de un documento oficial en que se plasme la información requerida, ya que la información es pública en los términos señalados en los arts. 5° y 10 de la Ley de Transparencia. A este respecto este Consejo en la Decisión A19-09 ha señalado en su consid. 4°: “Que si bien la Ley le encomienda al reclamado la función de entregar estadísticas oficiales y la información solicitada no ha sido procesada según los estándares y métodos utilizados por dicho Servicio, esto no obsta para que toda persona pueda solicitarla según lo establecido en la Ley de Transparencia. En efecto, no debe confundirse la potestad de generar estadísticas oficiales con la reserva de los datos que le sirven de sustento. Estos últimos no son, desde luego, estadísticas oficiales, pero eso no los transforma en información secreta. Es más, mantener en reserva tales datos, entendiendo que son los que permiten construir dichas estadísticas, atentaría contra la fe pública pues haría imposible su control social. Dicho de otra manera, la información pública del INE no se reduce a las estadísticas oficiales que éste produce” (lo destacado es nuestro).</p>
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d) El órgano reclamado también ha argumentado la denegación de la información en virtud del art. 21 N° 1 letra a), pues aunque no invoque expresamente esta causal el relato de los hechos la configuraría, pues se sostiene que la información requerida es parte de procedimientos de mediación y de procedimientos judiciales pendientes. El reclamado no se ha extendido más allá de lo señalado en sus descargos y no ha fundamentado mayormente los hechos que configurarían la causal. Sólo se refiere al D.S. N° 47/2005, del Ministerio de Salud, que aprueba el Reglamento de Mediación por Reclamos en contra de Prestadores Institucionales de Salud Públicos de Salud o sus Funcionarios y Prestadores Privados de Salud. El art. 4° de dicho Reglamento establece entre los principios del procedimiento de mediación el de confidencialidad, en virtud del cual el mediador deberá guardar reserva de todo lo escuchado o visto durante el proceso de mediación, amparándolo el secreto profesional.</p>
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e) El Reglamento citado regula el procedimiento de mediación establecido por la Ley N° 19.966, de 2005, que estableció un régimen de garantías en salud, en sus arts. 43 y siguientes. Señala también que serán susceptibles de mediación los reclamos deducidos por los interesados en contra de prestadores públicos de salud o sus funcionarios o de prestadores privados, cuando ellos se funden en la alegación de haber sufrido daños ocasionados en el cumplimiento de sus funciones de otorgamiento de prestaciones de carácter asistencial.</p>
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f) Para delimitar los procedimientos de mediación vigentes puede estimarse que la pregunta no se refiere al universo completo de reclamos presentados en contra del Hospital Barros Luco sino que sólo a aquéllos que cumplen con los requisitos del Reglamento. Además, el órgano no ha identificado cuáles reclamos se encuentran en procedimiento de mediación o pendientes ante tribunales, ni la etapa procesal correspondiente. Por lo tanto, no podría alegarse en forma genérica que el registro de reclamos en la forma requerida es secreto por ser parte de dichos procedimientos.</p>
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g) A mayor abundamiento, la Ley N° 19.966 dispone respecto de los procedimientos de mediación, en su art. 51 que “Para permitir el éxito del procedimiento todas las declaraciones de las partes y las actuaciones de la mediación tendrán el carácter de secretas. En conformidad a lo establecido en el inciso anterior, tanto el mediador como las partes involucradas deberán guardar reserva de todo lo que hayan conocido durante o con ocasión del proceso de mediación. Este deber de confidencialidad alcanza a los terceros que tomen conocimiento del caso a través de informes o intervenciones que hayan contribuido al desarrollo o al éxito del procedimiento. La violación de dicha reserva será sancionada con la pena prevista en el artículo 247 del Código Penal. Sin perjuicio de lo anterior, los documentos e instrumentos, públicos o privados, que sean acompañados al procedimiento, no quedarán afectos al secreto y su uso y valor probatorio en juicio posterior se regirá por las reglas generales. Las partes podrán requerir la devolución de los documentos e instrumentos acompañados una vez concluido el procedimiento de mediación” (lo destacado es nuestro). En consecuencia, y no obstante que este Consejo estima que el registro de reclamos solicitados se refiere a información estadística cuya entrega no vulneraría ni frustraría los procedimientos de mediación, la propia Ley permite el acceso a los documentos e instrumentos acompañados a la mediación, por lo que aún si el reclamante estuviere pidiendo copia del reclamo (que no es el caso) éste debiera entregarse, pues el secreto no alcanza a las piezas allegadas al proceso de mediación por letra expresa de la Ley citada.</p>
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h) El reclamado señala que los hechos ya mencionados configurarían la causal del art. 21 N° 1 letra a), por lo que reiteramos los argumentos descritos en las letras anteriores. Podemos agregar que no se advierte en este caso la resolución, decisión o política a adoptar, pues en el caso de los reclamos, por ejemplo, la decisión o resolución debe ser adoptada no por el Servicio reclamado, sino por otros órganos. Además, el órgano reclamado no fundamentó cómo la publicidad de la información requerida y que subsume a la causal de secreto o reserva señalada, puede afectar el debido cumplimiento de sus funciones, por lo tanto, se desecharán ambas causales invocadas por el Servicio reclamado.</p>
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i) Finalmente, el órgano ha invocado en sus descargos la causal de secreto o reserva del art. 21 N° 1 letra c), manifestando que lo solicitado constituye un elevado número de actos cuya recopilación significaría distraer indebidamente de sus funciones habituales a los funcionarios del Servicio reclamado. Esta causal también debe desecharse, pues el órgano no indicó en sus descargos el número de actos, antecedentes o documentos a los que se refiere, el número de pacientes en lista de espera, número de reclamos, número de derivaciones o intervenciones quirúrgicas que dieran a entender que el procesamiento de dicha información implicaría distraer indebidamente a sus funcionarios de sus labores habituales. Asimismo, esta causal —al igual que otras— no fue alegada en la respuesta al reclamante, sino sólo con ocasión de los descargos evacuados.</p>
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j) Además, se debe hacer presente que existe una cierta contradicción entre lo alegado en virtud de la causal del art. 21 N° 1 letra c) y la prórroga comunicada al reclamante por el Servicio, el 11 de septiembre, ya que en ésta se prorroga el plazo de 20 días hábiles debido a que el volumen de información y la forma de entrega requiere de elaboración. En consecuencia, el Servicio supuestamente ya habría evaluado, mucho antes de evacuar su respuesta al reclamante y los descargos ante este Consejo, la magnitud de la información requerida y por ello prorrogó el plazo en forma excepcional, lo que no se condice con la invocación de la causal del art. 21 N° 1 letra c), la que, al menos, debió habérsela hecho presente al reclamante en la respuesta.</p>
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k) Por último, debemos hacernos cargo de la alegación del reclamante en cuanto a la dilación innecesaria de la entrega de la información, producto de la prórroga que hizo el órgano del plazo legal para evacuar la respuesta. El reclamante señala que el Servicio reclamado habría abusado de las atribuciones otorgadas por la Ley de Transparencia en este punto, pues si bien la prórroga parecía una medida razonable, lo que se hizo con posterioridad fue denegarle la información (lo que además no se efectuó dentro del plazo de 10 días hábiles, sino dentro de 16 días). Al respecto, la Directora del Servicio de Salud señala en sus descargos que no fue su intención dilatar la entrega de la información, pero a priori no sabía con certeza si se accedería a la entrega de la información y si dicha entrega se realizaría en forma total o parcial. La prórroga del plazo para evacuar la respuesta a un requerimiento de información, de conformidad con el art. 14, inc. 2°, es excepcional y procede cuando existan circunstancias que hagan difícil reunir la información solicitada, caso en que el órgano requerido deberá comunicar al solicitante, antes del vencimiento del plazo, la prórroga y sus fundamentos. Como norma excepcional, ésta debe interpretarse en forma restringida, pues la prórroga del plazo no puede dar lugar a que los órganos de la Administración del Estado concurran a ella en forma constante. En virtud de lo anterior, el art. 14, inc. 2°, de la Ley de Transparencia exige los siguientes requisitos copulativos para que se prorrogue excepcionalmente el plazo para evacuar la respuesta a un requerimiento de información:</p>
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i) Existencia de circunstancias que hagan difícil reunir la información solicitada, lo que debe analizarse caso a caso.</p>
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ii) Comunicación de la prórroga al solicitante antes del vencimiento del plazo de los 20 días hábiles, establecido en el art. 14 inc. 1°.</p>
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iii) Fundamentación de la prórroga.</p>
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iv) Procedencia de la prórroga excepcionalmente por otros 10 días hábiles.</p>
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3) De conformidad a lo señalado, en este caso no aparece que la comunicación dirigida al reclamante fuera debidamente fundamentada, en especial en cuanto a las circunstancias que harían difícil la reunión de la información, ya que el Servicio de Salud señaló como fundamento que la magnitud de la información y la forma de entrega requería de elaboración. Además, el órgano no cumplió con el plazo establecido en el art. 14, inc. 2°, de la Ley de Transparencia, pues la prórroga en los hechos fue de 16 días hábiles.</p>
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EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE ATRIBUYEN LOS ARTS. 24 Y SIGUIENTES Y 33 B) Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:</h3>
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I. Acoger el amparo interpuesto por don Juan Pablo Figueroa Lasch en contra del Servicio de Salud Metropolitano Sur, por las consideraciones ya señaladas.</p>
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II. Requerir a la Directora del Servicio de Salud Metropolitano Sur la entrega de la información requerida a don Juan Pablo Figueroa Lasch, dentro del plazo de 20 días hábiles desde que se encuentre ejecutoriada la presente decisión, bajo el apercibimiento de proceder de conformidad con los arts. 46 y siguientes de la Ley de Transparencia.</p>
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III. Requerir a la Directora del Servicio de Salud Metropolitano Sur que remita copia de la información requerida a este Consejo al domicilio Morandé N° 115, Piso 7°, comuna y ciudad de Santiago o al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, para verificar el cumplimiento de esta decisión.</p>
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IV. Encomendar al Director General de este Consejo notificar el presente acuerdo a don Juan Pablo Figueroa Lasch y a la Directora del Servicio de Salud Metropolitano Sur.</p>
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Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Juan Pablo Olmedo Bustos y los Consejeros don Alejandro Ferreiro Yazigi, don Roberto Guerrero Valenzuela y don Raúl Urrutia Ávila. No firma el Presidente don Juan Pablo Olmedo Bustos pese a haber concurrido al acuerdo por encontrarse fuera de Santiago. Certifica don Raúl Ferrada Carrasco, Director General del Consejo para la Transparencia.</p>
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