Base de Datos de Jurisprudencia - Consejo para la Transparencia

Decisión ROL C5641-20

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Reclamante:	ESTEBAN RODRIGUEZ
Reclamado:	SUPERINTENDENCIA DE PENSIONES
Resumen del caso: Se acoge parcialmente el amparo interpuesto en contra de la Superintendencia de Pensiones, ordenándose la entrega de información sobre el reajuste y recargos de la cotización adicional cobrados -o comisión AFP- por las Administradoras de Fondos de Pensiones, en los procedimientos de cobranza previsional, entre otros antecedentes, según detalle que indica. Con respecto a lo requerido en el numeral 1.1) de la parte expositiva del presente Acuerdo, se ordena la entrega en la medida que dicha información obre en alguno de los soportes documentales consignados en el artículo 10° inciso 2° de la Ley de Transparencia. Lo anterior por tratarse de antecedentes de naturaleza pública; y atendiéndose a los Principios de Máxima Divulgación y Facilitación, consagrados en la Ley de Transparencia. En cuanto a lo solicitado en el numeral 1.2) de la parte expositiva del presente Acuerdo, se acoge el presente amparo en esta parte, sin perjuicio de acompañarse copia por parte de este Consejo de los descargos evacuados por el organismo recurrido al peticionario, y tenerse por entregada la información -aunque de manera extemporánea- con ocasión de la notificación de este Acuerdo, en virtud del Principio de Facilitación, consagrado en la letra f) del artículo 11° de la Ley de Transparencia. Lo anterior, pues los antecedentes remitidos con ocasión de los descargos permiten satisfacer la solicitud de información en los términos planteados en este punto; no constando en esta sede su entrega efectiva al peticionario. Con respecto a lo peticionado en el numeral 1.5) de la parte expositiva del presente Acuerdo, se ordena la entrega de la identidad de los funcionarios públicos que intervinieron en la elaboración de los informes consultados, por cuanto las personas, en sus relaciones con la Administración, tienen derecho identificar a las autoridades y al personal al servicio de la Administración, bajo cuya responsabilidad se tramiten los procedimientos, en virtud del artículo 17° de la Ley 19.880, que establece las bases de los procedimientos administrativos. En virtud del principio de divisibilidad, se deberán tarjar los datos personales de contexto, que allí se contengan, ello en conformidad con lo dispuesto en la Ley sobre Protección de la Vida Privada.
Tipo de decisión:	Decisión de Fondo
Fecha de la decisión:	1/29/2021
Consejeros:	-Gloria Alejandra de la Fuente González -Francisco Javier Leturia Infante -Natalia Andrea González Bañados -Bernardo Eric Navarrete Yáñez
Legislación aplicada:	Ley 19628 1999 - Ley de protección de la vida privada Constitución Política de la República Ley de Transparencia
Palabras clave:
Jurisprudencia desde:	C533-09 C3691-17 C3692-17 C1179-11 C409-13
Jurisprudencia a:	C4002-21
Recursos relacionados:
Descriptores jurídicos:	- Funcionarios >> Desempeño de sus funciones >> Otros
Descriptores analíticos:	Economía y Finanzas

DECISIÓN AMPARO ROL C5641-20   Entidad pública: Superintendencia de Pensiones Requirente: Esteban Rodríguez Ingreso Consejo: 09.09.2020 RESUMEN Se acoge parcialmente el amparo interpuesto en contra de la Superintendencia de Pensiones, ordenándose la entrega de información sobre el reajuste y recargos de la cotización adicional cobrados -o comisión AFP- por las Administradoras de Fondos de Pensiones, en los procedimientos de cobranza previsional, entre otros antecedentes, según detalle que indica. Con respecto a lo requerido en el numeral 1.1) de la parte expositiva del presente Acuerdo, se ordena la entrega en la medida que dicha información obre en alguno de los soportes documentales consignados en el artículo 10° inciso 2° de la Ley de Transparencia. Lo anterior por tratarse de antecedentes de naturaleza pública; y atendiéndose a los Principios de Máxima Divulgación y Facilitación, consagrados en la Ley de Transparencia. En cuanto a lo solicitado en el numeral 1.2) de la parte expositiva del presente Acuerdo, se acoge el presente amparo en esta parte, sin perjuicio de acompañarse copia por parte de este Consejo de los descargos evacuados por el organismo recurrido al peticionario, y tenerse por entregada la información -aunque de manera extemporánea- con ocasión de la notificación de este Acuerdo, en virtud del Principio de Facilitación, consagrado en la letra f) del artículo 11° de la Ley de Transparencia. Lo anterior, pues los antecedentes remitidos con ocasión de los descargos permiten satisfacer la solicitud de información en los términos planteados en este punto; no constando en esta sede su entrega efectiva al peticionario. Con respecto a lo peticionado en el numeral 1.5) de la parte expositiva del presente Acuerdo, se ordena la entrega de la identidad de los funcionarios públicos que intervinieron en la elaboración de los informes consultados, por cuanto las personas, en sus relaciones con la Administración, tienen derecho identificar a las autoridades y al personal al servicio de la Administración, bajo cuya responsabilidad se tramiten los procedimientos, en virtud del artículo 17° de la Ley 19.880, que establece las bases de los procedimientos administrativos. En virtud del principio de divisibilidad, se deberán tarjar los datos personales de contexto, que allí se contengan, ello en conformidad con lo dispuesto en la Ley sobre Protección de la Vida Privada. No obstante lo anterior, en el evento que esta información o parte de ella no obre en poder del órgano, se deberá comunicar dicha circunstancia al reclamante y a este Consejo, indicando detalladamente las razones que lo justifiquen. En sesión ordinaria N° 1152 del Consejo Directivo, celebrada el 26 de enero de 2021, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C5641-20. VISTO: Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia. TENIENDO PRESENTE: 1) SOLICITUD DE ACCESO: El 25 de julio de 2020, don Esteban Rodríguez solicitó a la Superintendencia de Pensiones -en adelante, indistintamente la Superintendencia- la siguiente información: 1.1) «Porcentaje proporcional de Cotización Adicional (Comisión AFP), que anualmente cada administradora cobró a sus afiliados del total de la Cobranza Previsional Reajustada, con Intereses y Recargos desde 1980 a la fecha (año, afp, porcentaje cobrado del total de la deuda previsional); 1.2) En virtud del punto anterior, monto total anual de los beneficios percibidos por cada administradora en la cobranza previsional desde 1980 a la fecha (CLP/USD); 1.3) Excel con stock de la deuda previsional Reajustada, con Interés y Recargo que fue recuperada anualmente por cada administradora desde 1980 a la fecha, Pre y Post Judicial (CLP/USD); 1.4) Ídem anterior monto nominal, también en formato Excel; 1.5) Informe de deuda previsional a diciembre 2019 aun no publicado, y personas autoras de los informes publicados en cada año, incluido el 2019; 1.6) Reglamento actualizado que establece composición y facultades del Comité de Ética de la Superintendencia de Pensiones, incluyendo antecedentes de las tres últimas sanciones o procesos efectuados por el mismo comité (tarjando datos personales o privados); y 1.7) Funcionarios autores del oficio que da respuesta a esta solicitud». 2) RESPUESTA: Mediante presentación, de fecha 21 de agosto de 2020, la Superintendencia de Pensiones respondió a dicho requerimiento de información, en los siguientes términos: 2.1) En cuanto a lo consultado en los numerales 1.1), 1.2), 1.3) y 1.4) de la parte expositiva de este Acuerdo, ilustró que la Superintendencia cuenta con información de cobranza que está contenida en la Base de Datos de Afiliados, Cotizantes, Beneficiarios, Pensionados y Fallecidos, establecida en el Libro V, Título XI, del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones, la que está diseñada con información que el organismo considera necesaria para fines de estudios técnicos, fiscalización y para dar respuesta oportuna a los requerimientos que plantean los afiliados. Sobre este punto, complementó que la mencionada base de datos está limitada a 18 meses móviles, es decir, al agregar uno nuevo, se va eliminando el más antiguo, por lo que no se cuenta con la información en el modo peticionada. 2.2) Con respecto de la petición de información consignada en el numeral 1.5) de la parte expositiva de este Acuerdo, hizo presente que el informe de deuda previsional del año 2019, se encuentra publicado en la página web de este servicio -enlace que indica-, y podrá acceder a él siguiendo la ruta que consigna. Por otra parte, comunicó que la elaboración del informe de deuda es responsabilidad de la División de Estudios, área encargada de definir los criterios y contenidos del documento. Al respecto, puntualizó que en su preparación y revisión participan los jefes de Departamento de la División (Departamento de Análisis y Desarrollo, y Departamento de Investigación), así como también el jefe de la División y el Intendente de Regulación. 2.3) Acto seguido, respecto de lo peticionado en el numeral 1.6) de la parte expositiva de este Acuerdo, puntualizó que el reglamento actualizado que establece la composición y facultades del Comité de Ética de la Superintendencia está contenido en la Resolución Exenta N° 1440 de 20 de julio de 2018, cuya copia acompañó. Asimismo, en relación con procesos sancionatorios efectuados por el Comité de Ética, informó que desde la dictación de la citada Resolución Exenta y hasta la fecha de la solicitud en análisis, no se ha llevado a cabo ningún proceso de sanción, en virtud de lo dispuesto en el Código de Ética. 3) AMPARO: El 9 de septiembre de 2020, don Esteban Rodríguez dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en que la información proporcionada sería parcial. Al efecto, el peticionario circunscribió su amparo a las peticiones de información consignada en los numerales 1.1), 1.2), 1.3), 1.4) y 1.5) de la parte expositiva de este Acuerdo. En cuanto a lo requerido en el numeral 1.1) de la parte expositiva de este Acuerdo, expresó que mediante Ordinario N° 13.132, de fecha 22 de julio de 2020, la Superintendencia ya le proporcionó la información del porcentaje que representa la cotización adicional del periodo comprendido entre los años 2016 y 2020, por lo que cuestiona que dichos antecedentes no se encuentren contenidos en la base de datos singularizada. Acto seguido, en cuanto a lo requerido en el numeral 1.5) de la parte expositiva de este Acuerdo, hizo presente que no se identificó a los funcionarios autores y responsables de los informes de deuda previsional publicados. 4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado al Sr. Superintendente de Pensiones, mediante Oficio N° E16740, de fecha 2 de octubre de 2020, solicitándole que: (1°) señale si, a su juicio, la respuesta otorgada al reclamante satisface íntegramente su requerimiento de información; (2°) señale si la información reclamada obra en poder del órgano que representa, constando en alguno de los soportes documentales que señala el inciso segundo del artículo 10 de Ley de Transparencia; (3°) se refiera a la eventual concurrencia de alguna circunstancia de hecho que haga procedente la denegación de la información reclamada; (4°) se pronuncie acerca de la eventual concurrencia de algunas de las causales constitucionales o legales de secreto o reserva que, a su juicio, harían procedente la denegación de la información reclamada; y, (5°) de encontrarse disponible la información reclamada, remita la misma al solicitante, con copia a este Consejo, a fin de evaluar la finalización del presente amparo, a través del Sistema Anticipado de Resolución de Controversias (SARC). Mediante presentación, de fecha 22 de octubre de 2020, la Superintendencia evacuó sus descargos y observaciones, en los siguientes términos: 4.1) Primeramente, en cuanto a lo peticionado en el numeral 1.1) de la parte expositiva de este Acuerdo, expuso que la petición es conceptualmente errónea, pues las Administradoras no cobran a sus afiliados un porcentaje de la cotización adicional por realizar la cobranza de cotizaciones adeudadas. Al respecto, hizo presente que, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 17° del decreto ley N° 3.500, de 1980, la cotización adicional es aquella compuesta por el Seguro de Invalidez y Sobrevivencia (SIS), de cargo del empleador y pagado a la o las compañías de seguros, y la Comisión destinada al financiamiento de la Administradora de Fondos de Pensiones (AFP), que le corresponde por administrar las cuentas personales de los afiliados. Sobre lo anterior, complementó que la Administradora no cobra un porcentaje proporcional de la cotización adicional por realizar la cobranza de cotizaciones adeudadas. Por lo tanto, esgrimió que no es posible responder la consulta formulada por el recurrente, pues la información es inexistente. 4.2) Respecto de la petición de información consignada en el numeral 1.2) de la parte expositiva de este Acuerdo, hizo presente que la deuda previsional está compuesta por los siguientes elementos: un monto nominal, reajustes, intereses, recargo Fondo de Pensiones -en beneficio del afiliado- y recargo de la AFP. Sobre este último elemento, puntualizó que es el único ingreso para la Administradora. En efecto, agregó que el monto nominal, los reajustes, los intereses y el recargo Fondo de Pensiones son íntegramente registrados en las cuentas personales de los trabajadores. Asimismo, precisó que en los años 2018 y 2019 el monto "recargo AFP" fue igual a cero, por cuanto entró en vigencia la Ley N° 21.023, que sustituyó el inciso vigésimo del artículo 19° del decreto ley N° 3.500, por el siguiente: «Los reajustes e intereses, incluidos los recargos a que se refieren los incisos undécimo y duodécimo, serán abonados conjuntamente con el valor de las cotizaciones en la cuenta de capitalización individual del afiliado. Serán de beneficio de la Administradora sólo las costas de cobranza» (énfasis agregado). A su vez, refirió que, conforme al artículo segundo transitorio de la citada ley: «Las disposiciones de esta ley se aplicarán a todos a los intereses, incluidos los recargos a que se refieren los incisos undécimo y duodécimo del artículo 19 del decreto ley N° 3.500 de 1980, que estén devengados y no pagados, con excepción de aquellos que, a la fecha de su entrada en vigencia, estén en cobranza judicial, y en cuyas causas haya transcurrido el plazo para oponer excepciones sin que el ejecutado lo haya hecho o que, habiéndolas opuesto, éstas hayan sido rechazadas». Sobre lo anterior, ilustró que, en los años 2018 y 2019 las Administradoras del Sistema de Pensiones decidieron no cobrar los recargos en su beneficio en las causas que se encontraban en cobranza judicial, bajo las condiciones señaladas en esa disposición (énfasis agregado). Sobre lo anterior, adjuntó cuadro que consigna el monto de las cotizaciones previsionales impagas del periodo comprendido entre los años 1981 y 2019, actualizadas anualmente, hasta el 31 de diciembre de 2019, enfatizando que el único ingreso de la Administradora es el "Monto Recargo AFP". 4.3) Sobre las peticiones de información consignadas en los numeral 1.3) y 1.4) de la parte expositiva de este Acuerdo, indicó que dicha información no existe en la Superintendencia debido a que no se considera necesaria para el cumplimiento de las funciones institucionales, pues no es un insumo útil para la fiscalización de la cobranza. Sobre lo anterior, precisó que la información de que dispone el organismo fiscalizador es la deuda vigente al último día hábil de cada mes, siendo la última informada por las AFP aquella correspondiente al 30 de septiembre de 2020. Asimismo, expresó que la Superintendencia no cuenta con información histórica detallada a partir de 1981. No obstante ello, indicó que se cuenta con la información proporcionada en el cuadro que se adjuntó. Sobre lo anterior, hizo presente la imposibilidad de entregar la información tal y como la solicita el recurrente, pues el propósito de la creación e implementación de la Base de Datos de Afiliados, Cotizantes, Beneficiarios, Pensionados y Fallecidos, establecida en el Libro V, Título XI, del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones, fue contener la información que el organismo considera necesaria para fines de estudios técnicos y de fiscalización. Por lo tanto, agregó que el contenido de la información y su periodicidad es la que se estimó esencial para cumplir tales propósitos. Además, puntualizó que la Base de Datos no es confeccionada por la Superintendencia, sino que es remitida mensualmente por las Administradoras, siendo labor de este organismo solamente compendiar la información recibida desde las AFP. 4.4) En cuanto a lo requerido en el numeral 1.5) de la parte expositiva de este Acuerdo, expuso que, atendido el hecho de que la elaboración del informe es una tarea asignada a determinados cargos dentro de la institución, cuyos titulares han cambiado en el curso de los años, se informó el nombre de la División y los cargos de los funcionarios que desarrollan el informe de deuda previsional anualmente. Y CONSIDERANDO: 1) Que, el presente amparo se funda en la falta de satisfacción del peticionario con la respuesta proporcionada por el órgano reclamado, referida a la entrega de información sobre el reajuste y recargos de la cotización adicional cobrados -o comisión AFP- por las Administradoras de Fondos de Pensiones, entre otros antecedentes, en los procedimientos de cobranza previsional, según detalle que indica. Al efecto, el peticionario circunscribió su amparo a las peticiones de información consignada en los numerales 1.1), 1.2), 1.3), 1.4) y 1.5). Por tal motivo, el presente amparo se extenderá única y exclusivamente al análisis de dichas peticiones. 2) Que, primeramente, en cuanto a la petición de información consignada en el numeral 1.1) de lo expositivo de este Acuerdo, esto es, el porcentaje proporcional de cotización adicional -o comisión AFP-, que anualmente cada administradora cobró a sus afiliados del total de la cobranza previsional reajustada, el órgano recurrido indicó que, la petición es conceptualmente errónea, pues las Administradoras no cobran a sus afiliados un porcentaje de la cotización adicional por realizar la cobranza de cotizaciones adeudadas. Al efecto, reseñó que la cotización adicional es aquella compuesta por el Seguro de Invalidez y Sobrevivencia (SIS), de cargo del empleador y pagado a las compañías de seguros, y la comisión destinada al financiamiento de la Administradora de Fondos de Pensiones. Sin perjuicio de lo anterior, del análisis del requerimiento de especie, esta Corporación advierte que lo consultado se refiere indistintamente al porcentaje proporcional de cotización adicional, como también al referido porcentaje en las comisiones cobradas por las Administradoras de Fondos de Pensiones. Al efecto, con ocasión de su solicitud y amparo, el peticionario emplea ambos conceptos de manera equivalente -cotización adicional y comisión de la AFP-, por lo que su petición debe interpretarse al alero de lo dispuesto en el artículo 11° letra d) de la Ley de Transparencia, esto es, el Principio de Máxima Divulgación: «los órganos de la Administración del Estado deben proporcionar información en los términos más amplios posibles, excluyendo sólo aquello que esté sujeto a las excepciones constitucionales o legales» (énfasis agregado). 3) Que, asimismo, dicha interpretación del requerimiento se aviene al Principio de Facilitación, consagrado en el artículo 11° letra f) de la Ley de Transparencia, el cual dispone que: «los mecanismos y procedimientos para el acceso a la información de los órganos de la Administración del Estado deben facilitar el ejercicio del derecho, excluyendo exigencias o requisitos que puedan obstruirlo o impedirlo». En este orden de ideas, cabe tener presente que, el antiguo inciso vigésimo del artículo 19°-sustituido por el artículo introducido por la Ley N° 21.023, que elimina beneficio de las administradoras de fondos de pensiones en materia de intereses de las cotizaciones previsionales adeudadas- del decreto ley N° 3500, de 1980, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, que estableció el sistema de pensiones, disponía los beneficios percibidos por las Administradoras en los procedimientos de cobranza previsional: «serán de beneficio de la Administradora las costas de cobranza y la parte del recargo de los intereses a que se refieren los incisos noveno y décimo, equivalente a un 20% de los intereses que habría correspondido pagar de aplicarse interés simple sobre la deuda reajustada» (énfasis agregado). 4) Que, a su turno, es menester tener en consideración, que las materias consultadas por el reclamante, constituyen información pública, en la medida que se trata de antecedentes relativos a la Administración del Estado. En tal sentido, el artículo 8°, inciso 2°, de la Constitución Política de la República, dispone que: «Son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen». En este mismo orden de ideas, según lo dispuesto en los artículos 5°, inciso segundo y 10° de la Ley de Transparencia, se considera información pública toda aquella que obre en poder de los órganos de la Administración del Estado: «es pública la información elaborada con presupuesto público y toda otra información que obre en poder de los órganos de la Administración, cualquiera sea su formato, soporte, fecha de creación, origen, clasificación o procesamiento»; y «El acceso a la información comprende el derecho de acceder a las informaciones contenidas en actos, resoluciones, actas, expedientes, contratos y acuerdos, así como a toda información elaborada con presupuesto público, cualquiera sea el formato o soporte en que se contenga». En virtud de lo dispuesto precedentemente, tratándose de información de naturaleza pública; y, atendiéndose a los Principios de Máxima Divulgación y Facilitación consagrados en la Ley de Transparencia, los cuales deben orientar los procedimientos de acceso a la información, esta Corporación procederá a acoger el presente amparo en este punto en la medida que dicha información obre en alguno de los soportes documentales consignados en el artículo 10° inciso 2° de la Ley de Transparencia (énfasis agregado). 5) Que, acto seguido en cuanto a lo requerido en el numeral 1.2) de la parte expositiva del presente Acuerdo, esto es, el monto total anual de los beneficios percibidos por cada Administradora en la cobranza previsional en el periodo señalado, la Superintendencia clarificó que el único ingreso para las Administradoras es el "monto de recargo de la AFP". Al efecto, acompañó cuadro que desglosa el monto de las cotizaciones previsionales impagas del periodo comprendido entre los años 1981 y 2019, actualizadas anualmente, hasta el 31 de diciembre de 2019. Del análisis de dicha planilla, esta Corporación estima que dichos antecedentes permiten satisfacer el requerimiento de acceso a la información en los términos planteados en este punto, toda vez que consigna -de manera anualizada- los montos de recargo AFP -que según los dichos de la reclamada, corresponden a los ingresos percibidos por las Administradoras-. Por tal motivo, estimándose por parte de esta Corporación que los antecedentes remitidos -con ocasión de los descargos- permiten satisfacer el requerimiento de acceso en esta parte; no constando en esta sede la remisión efectiva de dicha información al peticionario, esta Corporación acogerá el presente amparo en esta parte, sin perjuicio de acompañarse copia por parte de este Consejo de los descargos evacuados, y tenerse por entregada la información -aunque de manera extemporánea- con ocasión de la notificación de este acuerdo, en virtud del Principio de Facilitación, consagrado en la letra f) del artículo 11° de la Ley de Transparencia (énfasis agregado). 6) Que, con respecto a las peticiones de información consignadas en los numerales 1.3) y 1.4) de la parte expositiva de este Acuerdo, esto es el stock de la deuda previsional reajustada y el monto nominal con interés y recargo que fue recuperada anualmente por cada Administradora en el periodo consultado, la Superintendencia esgrimió, con ocasión de sus descargos, la inexistencia de los antecedentes consultados. Sobre lo anterior, cabe consignar que este Consejo ha sostenido reiteradamente en las decisiones de amparo Roles C1179-11, C409-13, C3691-17 y C3692-17, entre otras, que la inexistencia de la información solicitada constituye una circunstancia de hecho cuya sola invocación no exime a los órganos de la Administración de su obligación de entregarla. En efecto, esta alegación debe ser fundada, indicando el motivo específico por el cual la información requerida no obra en su poder y debiendo acreditarla fehacientemente (énfasis agregado). 7) Que, en este orden de ideas, la Superintendencia ilustró que, dicha información no existe en la Superintendencia debido a que no se considera necesaria para el cumplimiento de las funciones institucionales, pues no es un insumo útil para la fiscalización de la cobranza. Al respecto, complementó que no cuenta con información histórica detallada a partir del año 1981 y reseñó que el propósito de la creación e implementación de la Base de Datos de Afiliados, Cotizantes, Beneficiarios, Pensionados y Fallecidos, establecida en el Libro V, Título XI, del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones, fue contener la información que el organismo considera necesaria para fines de estudios técnicos y de fiscalización. Por lo tanto, agregó que el contenido de la información y su periodicidad es la que se estimó esencial para cumplir tales propósitos. 8) Que, acto seguido, sobre la materia, de acuerdo a los artículos 5° y 10° de la Ley de Transparencia es pública y por tanto, factible de ser objeto de un requerimiento de acceso a información pública aquella información que efectivamente obre en poder de los órganos de la Administración, no pudiendo requerirse la entrega de información inexistente. En efecto, el artículo 10° de la antedicha ley, dispone que toda persona tiene derecho a solicitar y recibir información de cualquier órgano de la Administración del Estado «cualquiera sea el formato o soporte en que se contenga (...)». En tal sentido y complementando lo anterior, el artículo 3°, letra d), del Reglamento del cuerpo legal citado, preceptúa que «toda persona tiene derecho a solicitar y recibir información que obre en poder de cualquier órgano de la Administración (...)» (énfasis agregado). 9) Que, sobre lo anterior, es menester tener en consideración lo resuelto por este Consejo a partir de la decisión de amparo Rol C533-09, en donde se resolvió que la información cuya entrega puede ordenar, debe contenerse «en actos, resoluciones, actas, expedientes, contratos y acuerdos» o en un "formato o soporte" determinado, según dispone el inciso segundo del artículo 10° de la Ley de Transparencia. Por tal motivo, no resulta procedente requerir al órgano requerido que haga entrega de información que, de acuerdo con lo señalado, no obraría en su poder, como tampoco de aquélla que resulte inexistente. Por tal motivo, en mérito de lo expuesto precedentemente, habiéndose explicado la inexistencia de los antecedentes consultados, y atendida la falta de antecedentes adicionales en el procedimiento de acceso en análisis, que permitan desvirtuar lo expresado por la reclamada en esta sede, en cuanto a la inexistencia de la información requerida, se rechazará el presente amparo en esta parte. 10) Que, acto seguido, en cuanto a lo solicitado en el numeral 1.5) de la parte expositiva de este Acuerdo, esto es, las personas autoras de los informes publicados en cada año, incluido el año 2019, esta Corporación advierte que los antecedentes proporcionados por el órgano reclamado no permiten satisfacer el requerimiento en los términos formulados. Al efecto, el organismo recurrido sólo se limitó a indicar las unidades del servicio que intervinieron en ella, lo cual lógicamente, no responde a lo consultado. Sobre este punto, esta Corporación advierte que el organismo recurrido no esgrimió la inexistencia de la información pedida (énfasis agregado). 11) Que, con respecto a la individualización de los funcionarios consultados, dicha información es pública, toda vez que, en virtud del artículo 17° de la Ley 19.880, que establece las bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la administración del Estado: «Las personas, en sus relaciones con la Administración, tienen derecho a: b) Identificar a las autoridades y al personal al servicio de la Administración, bajo cuya responsabilidad se tramiten los procedimientos». Por tal motivo, atendiéndose a la naturaleza pública de la información pedida, se acogerá el presente amparo en este punto (énfasis agregado). 12) Que, con respecto de la información que se ordenó entregar, en virtud del Principio de Divisibilidad, en forma previa a la entrega de la información solicitada, el órgano reclamado deberá tarjar todos aquellos datos personales de contexto, como por ejemplo, el número de la cédula de identidad, el domicilio particular, la fecha de nacimiento, la nacionalidad, el estado civil, el teléfono, el correo electrónico particular, entre otros, que pudieren estar contenidos en la información cuya entrega se ordena. Asimismo, el órgano reclamado deberá tarjar los datos sensibles detallados en la información consultada. Lo anterior en aplicación de lo previsto en el artículo 19 N° 4 de la Constitución Política de la República, en concordancia de lo dispuesto en los artículos 2°, letra f) y g), y 4° de la ley N° 19.628, sobre protección de la vida privada, y en cumplimiento de la atribución otorgada a este Consejo por el artículo 33°, letra m), de la Ley de Transparencia. No obstante lo anterior, en el evento de que esta información o parte de ella no obre en poder del órgano, se deberá comunicar dicha circunstancia al reclamante y a este Consejo, indicando detalladamente las razones que lo justifiquen (énfasis agregado). EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA: I. Acoger parcialmente el amparo deducido por don Esteban Rodríguez, en de la Superintendencia de Pensiones, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente. II. Requerir al Sr. Superintendente de Pensiones, lo siguiente; a) Entregue al reclamante: i) copia de lo peticionado en el numeral 1.1) de la parte expositiva de este Acuerdo, en la medida que dicha información obre en alguno de los soportes documentales consignados en el artículo 10° inciso 2° de la Ley de Transparencia; ii) las personas autoras de los informes publicados en cada año, incluido el 2019. En virtud del Principio de Divisibilidad, en forma previa a la entrega de la información solicitada, el órgano reclamado deberá tarjar todos aquellos datos personales de contexto, como por ejemplo, el número de la cédula de identidad, el domicilio particular, la fecha de nacimiento, la nacionalidad, el estado civil, el teléfono, el correo electrónico particular, entre otros, que pudieren estar contenidos en la información cuya entrega se ordena. Asimismo, el órgano reclamado deberá tarjar los datos sensibles detallados en la información consultada. Lo anterior en aplicación de lo previsto en el artículo 19 N° 4 de la Constitución Política de la República, en concordancia de lo dispuesto en los artículos 2°, letra f) y g), y 4° de la ley N° 19.628, sobre protección de la vida privada, y en cumplimiento de la atribución otorgada a este Consejo por el artículo 33°, letra m), de la Ley de Transparencia. No obstante lo anterior, en el evento de que esta información o parte de ella no obre en poder del órgano, se deberá comunicar dicha circunstancia al reclamante y a este Consejo, indicando detalladamente las razones que lo justifiquen (énfasis agregado). b) Cumpla dicho requerimiento en un plazo que no supere los 5 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia. c) Acredite la entrega efectiva de la información señalada en el literal a) precedente, en conformidad a lo establecido en el inciso segundo del artículo 17 de la Ley de Transparencia, por medio de comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dio cumplimiento a las obligaciones impuestas en la presente decisión en tiempo y forma. III. Encomendar al Director General (S) y a la Directora Jurídica (S) de este Consejo, indistintamente, a) Remitir copia de los descargos remitidos por la Superintendencia, con ocasión del presente procedimiento de acceso a la información al peticionario, en virtud de los principios de Máxima Divulgación y Facilitación, consagrados en el artículo 11, literales d) y f), respectivamente, de la Ley de Transparencia; y b) Notificar la presente decisión a don Esteban Rodríguez; y, al Sr. Superintendente de Pensiones. En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011. Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidenta doña Gloria de la Fuente González, su Consejera doña Natalia González Bañados y sus Consejeros don Francisco Leturia Infante y don Bernardo Navarrete Yáñez. Por orden del Consejo Directivo, certifica la Directora Jurídica (S) del Consejo para la Transparencia doña Ana María Muñoz Massouh.