Base de Datos de Jurisprudencia - Consejo para la Transparencia

Decisión ROL C5658-20

Reclamante:	ROBERTO IVAN VARGAS MUÑOZ
Reclamado:	MUNICIPALIDAD DE QUINTA DE TILCOCO
Resumen del caso: Se acoge parcialmente el amparo deducido en contra de la Municipalidad de Quinta de Tilcoco, ordenando la entrega de al reclamante de los Libros Diarios de contabilidad, en formato XML, para el periodo enero de 2013 a julio de 2020, respecto de las áreas de la Municipalidad, Educación y Salud. Lo anterior, por tratarse de información pública que obra en poder de la reclamada, vinculada al manejo de la situación presupuestaria del municipio, cuya divulgación permite un adecuado control social sobre la materia. Se rechaza el amparo respecto de las variables "rut de contraparte" y "nombre o razón social de la contraparte", por cuanto se concluye que la publicidad de dicha información en lo que se refiere a exponer la identidad de los deudores del municipio, supone afectar en forma cierta, probable y específica los derechos comerciales y económicos de las personas. Aplica criterio sostenido por la Corte Suprema, en fallo Rol N° 4681-2013, que acogió recurso de queja; y, por la Corte de Apelaciones de Santiago, en sentencia Rol N° 6531-2014, que acogió reclamo de ilegalidad, sobre materia similar, lo cual ha sido recogido por este Consejo en las decisiones de amparo roles C1823-16; C3776-16; C1709-19 y C5724-19, entre otras. Adicionalmente, se configura la hipótesis de reserva de distracción indebida, toda vez que aparece como razonable que el despliegue de actividades que necesariamente deben ejecutarse a fin de expurgar los datos -dentro de las variables rut contraparte" y "nombre o razón social de contraparte- y determinar si es que aquel corresponde a un acreedor o deudor, y en este último caso censurarlo, para todo el periodo consultado, esto es, 7 años y 7 meses, justificadamente puede afectan las funciones del órgano reclamado. En efecto, el periodo reclamado implicaría actividades de depuración de datos respecto de 91 libros, que en su totalidad abarca movimientos contables de 2767 días.
Tipo de decisión:	Decisión de Fondo
Fecha de la decisión:	1/15/2021
Consejeros:	-Gloria Alejandra de la Fuente González -Francisco Javier Leturia Infante -Natalia Andrea González Bañados -Bernardo Eric Navarrete Yáñez
Legislación aplicada:	Ley de Transparencia
Palabras clave:
Jurisprudencia desde:	C377-13 C3776-16 C1709-19 C5724-19 C1336-16 C1823-16
Jurisprudencia a:	C6283-20
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Descriptores jurídicos:
Descriptores analíticos:	Otros

DECISIÓN AMPARO ROL C5658-20   Entidad pública: Municipalidad de Quinta de Tilcoco Requirente: Roberto Iván Vargas Muñoz Ingreso Consejo: 09.09.2020 RESUMEN Se acoge parcialmente el amparo deducido en contra de la Municipalidad de Quinta de Tilcoco, ordenando la entrega de al reclamante de los Libros Diarios de contabilidad, en formato XML, para el periodo enero de 2013 a julio de 2020, respecto de las áreas de la Municipalidad, Educación y Salud. Lo anterior, por tratarse de información pública que obra en poder de la reclamada, vinculada al manejo de la situación presupuestaria del municipio, cuya divulgación permite un adecuado control social sobre la materia. Se rechaza el amparo respecto de las variables "rut de contraparte" y "nombre o razón social de la contraparte", por cuanto se concluye que la publicidad de dicha información en lo que se refiere a exponer la identidad de los deudores del municipio, supone afectar en forma cierta, probable y específica los derechos comerciales y económicos de las personas. Aplica criterio sostenido por la Corte Suprema, en fallo Rol N° 4681-2013, que acogió recurso de queja; y, por la Corte de Apelaciones de Santiago, en sentencia Rol N° 6531-2014, que acogió reclamo de ilegalidad, sobre materia similar, lo cual ha sido recogido por este Consejo en las decisiones de amparo roles C1823-16; C3776-16; C1709-19 y C5724-19, entre otras. Adicionalmente, se configura la hipótesis de reserva de distracción indebida, toda vez que aparece como razonable que el despliegue de actividades que necesariamente deben ejecutarse a fin de expurgar los datos -dentro de las variables rut contraparte" y "nombre o razón social de contraparte- y determinar si es que aquel corresponde a un acreedor o deudor, y en este último caso censurarlo, para todo el periodo consultado, esto es, 7 años y 7 meses, justificadamente puede afectan las funciones del órgano reclamado. En efecto, el periodo reclamado implicaría actividades de depuración de datos respecto de 91 libros, que en su totalidad abarca movimientos contables de 2767 días. En sesión ordinaria N° 1146 del Consejo Directivo, celebrada el 5 de enero de 2021, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C5658-20. VISTO: Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia. TENIENDO PRESENTE: 1) SOLICITUD DE ACCESO: El 30 de julio de 2020, don Roberto Iván Vargas Muñoz solicitó a la Municipalidad de Quinta de Tilcoco (en adelante e indistintamente la municipalidad o el municipio: los libros diarios de la contabilidad en formato digital (XML o Excel) desde el año 2013 al 31 julio de 2020, respecto de las áreas de la Municipalidad, Educación y Salud. 2) RESPUESTA: El 27 de agosto de 2020, mediante Ord. N° 472, el municipio respondió a dicho requerimiento de información indicando, en resumen, que atendido que se trata de una base de datos contable que contiene información que, de ser pública, puede afectar los derechos de carácter comercial o económico de las personas que allí se individualizan se deniega en razón del articulo 21 N° 2 de la Ley de Trasparencia. 3) AMPARO: El 9 de septiembre de 2020, el solicitante dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en que recibió respuesta negativa a la solicitud de información. 4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado al Sr. Alcalde de la Municipalidad de Quinta de Tilcoco, mediante Oficio E16577, de 29 de septiembre de 2020, solicitando que: (1°) se refiera, específicamente, a las causales de secreto o reserva que, a su juicio, harían procedente la denegación de la información reclamada; (2°) explique cómo lo solicitado afectaría los derechos de los terceros; (3°) indique si procedió de conformidad a lo estipulado en el artículo 20 de la Ley de Transparencia; (4°) de haber procedido conforme al artículo 20 de la Ley de Transparencia, señale si los terceros eventualmente afectados presentaron su oposición a la solicitud que motivó el presente amparo y, en la afirmativa, acompañe todos los documentos incluidos en el procedimiento de comunicación al tercero, incluyendo copia de la respectiva comunicación, de los documentos que acrediten su notificación, de la oposición deducida y de los antecedentes que den cuenta de la fecha en la que ésta ingresó ante el órgano que usted representa; y, (5°) proporcione los datos de contacto -por ejemplo: nombre, dirección, número telefónico y correo electrónico-, de los terceros involucrados, a fin de evaluar una eventual aplicación de lo dispuesto en los artículos 25 de la Ley de Transparencia y 47 de su Reglamento. Mediante Ord. N° 569, de 14 de octubre de 2020, el órgano reclamado presentó sus descargos y observaciones en esta sede señalando, en síntesis, que información sobre los estados financieros e información mensual del comportamiento de su presupuesto está a disposición de la ciudadanía en el enlace web que indica. En cuanto al antecedente reclamado, señala que el Libro Diario "es el registro contable que contiene todas las operaciones que tienen consecuencias contables que se producen día a día en la Municipalidad, ordenadas cronológicamente, y que contiene información de acreedores y deudores según sea la operación de que se trate". En ese contexto, la solicitud se deniega pues su conocimiento "afecta derechos de las personas, -funcionarios y proveedores en general- en este caso, de carácter comercial o económico". Y CONSIDERANDO: 1) Que, lo solicitado corresponde a acceso a los Libros Diarios contables de las fechas y áreas que indica. Por su parte, el municipio denegó el requerimiento fundado en que su entrega afecta los derechos comerciales o económicos de las personas conforme el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, toda vez que en dichos antecedentes se expone información sobre deudores y acreedores del municipio. 2) Que, el artículo 8°, inciso 2°, de la Constitución Política de la República, en lo que interesa, establece que "son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen. Sin embargo, sólo una ley de quórum calificado podrá establecer la reserva o secreto de aquéllos o de éstos, cuando la publicidad afectare el debido cumplimiento de las funciones de dichos órganos, los derechos de las personas, la seguridad de la Nación o el interés nacional". Por su parte, según lo dispuesto en los artículos 5, inciso segundo, y 10 de la Ley de Transparencia, se considera información pública toda aquella que obre en poder de los órganos de la Administración del Estado, cualquiera sea su formato, soporte, fecha de creación, origen, clasificación o procesamiento, además de aquella contenida en "actos, resoluciones, actas, expedientes, contratos y acuerdos, así como a toda información elaborada con presupuesto público", salvo que dicha información se encontrare sujeta a las excepciones establecidas en el artículo 21 de la Ley de Transparencia u otras excepciones legales. Para que se verifique la procedencia de una causal de reserva, es menester determinar la afectación de alguno de los derechos subjetivos protegidos por ella, debiendo en consecuencia, acreditarse una expectativa razonable de daño o afectación, la cual debe ser presente o probable y con suficiente especificidad para justificar la reserva. 3) Que, de la revisión de la normativa, procedimientos contables e instrucciones vigentes contenidos en los oficios circulares Nos 60.820, de 2005, 36.640, de 2007 y 20.101, de 2016, de la Contralaría General de República, así como de lo expuesto en el dictamen N° 33.261, de 27 de diciembre de 2019, mediante el cual imparte instrucciones al sector municipal sobre el ejercicio contable año 2020, del Órgano Contralor, se advierte que las municipalidades deben confeccionar mensualmente diversos informes contables, entre los cuales se encuentra el Informe 6: Libro Diario Municipal. Dicho Informe "debe contener los registros contables realizados en el Libro Diario y en los registros auxiliares que cada entidad edilicia debe mantener de acuerdo a la normativa establecida en el oficio N° 60.820, de 2005, de este origen, respecto de las operaciones registradas y realizadas en el mes inmediatamente anterior. Se hace presente que los registros contables deben cumplir con el nivel de integridad que exige la disciplina contable, propiciando el reflejo fiel de los hechos económicos o de otro tipo, que se desea representar, para su correcta lectura, acertada comprensión y su vinculación con los antecedentes y documentación que lo sustentan y lo dotan de fiabilidad, con especial énfasis en los registros de los documentos tributarios que respaldan desembolsos, cuando corresponde. El informe deberá ser enviado mensualmente en formato "XML", según la estructura de archivo incluido en el Anexo B". 4) Que, a modo ilustrativo, este Consejo tuvo a la vista el aludido Anexo B, pudiendo determinar que las variables que el archivo XML Libro Diario Municipal debe contener, son: municipio, ejercicio, periodo, áreas de transacción (municipio, educación, salud y cementerio), áreas de gestión, tipo de transacción, número de folio, fecha de asiento, rut de contraparte, nombre o razón social de contraparte, glosa asiento, cuenta contable, nombre de cuenta contable, tipo de documento origen, número documento de origen, fecha de documento de origen, tipo de documento de pago, número de documento de pago, número de decreto alcaldicio, fecha de decreto alcaldicio, número de ingreso o egreso, monto debe y monto haber. A su turno, en lo relativo a la variable "rut contraparte" y "nombre o razón social de contraparte", se consigna que este corresponde al "de los sujetos externos con quien se tiene obligaciones o acreencias según corresponda", esto es, al de los acreedores o deudores del municipio. 5) Que, en tal orden de ideas, si bien, los libros pedidos informan en su gran mayoría datos vinculada al manejo de la situación presupuestaria del municipio, lo que en esencia es información pública, dicha conclusión no puede adoptarse respecto de la totalidad de los antecedentes incorporados, toda vez que resulta cierto que en ella se consigna información cuya divulgación puede afectar los derechos comerciales o económicos de terceras personas. 6) Que, en efecto, respecto de la entrega de información sobre la identidad de personas, naturales o jurídicas, que tengan la calidad de deudores o morosos, este Consejo en las decisiones de amparo roles C1823-16; C3776-16; C1709-19 y C5724-19, entre otras, ha seguido lo resuelto por la Excelentísima Corte Suprema al conocer recurso de queja Rol N° 4681-2013, esto es, que «es indudable que cuando una persona aparece como deudora en una nómina puede verse afectada tanto en su capacidad de operar comercialmente como en lo relativo al reconocimiento de su prestigio comercial, en circunstancias que terceros pueden ser prevenidos frente a la situación de incumplimiento del deudor. Es dable entonces presumir fundadamente que la entrega de la información requerida (...) puede afectar los derechos de carácter comercial o económico de los deudores comprometidos» (énfasis agregado). Agregó el Máximo Tribunal que «la Municipalidad recurrente, en cuanto organismo estatal, se encuentra obligada a cautelar los derechos fundamentales de los ciudadanos, entre ellos de quienes podrían verse afectados por la divulgación de que se trata, para lo cual no solo está habilitada sino obligada, tanto para denegar la información pedida en virtud de la causal contemplada en el artículo 21 N° 2 de la ley N° 20.285, como para intentar una reclamación como la de autos, porque como se ha dejado apuntado más arriba, su publicidad, comunicación o conocimiento es capaz de afectar los derechos de las personas involucradas, particularmente de aquellos que inciden en la esfera de su vida privada o derechos de carácter comercial o económico que pudieran afectar su honra». Luego, «divulgar información que potencialmente pueda afectar derechos de personas, atribuyéndoles la referida calidad, es improcedente a la luz de los citados cuerpos normativos». 7) Que, a su vez, los razonamientos referidos en el fallo señalado sirvieron de base para la sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago, de fecha 26 de enero de 2015, que acogió Reclamo de Ilegalidad Rol 6531-2014, en la que se concluye que «la entrega de la información requerida consistente en una nómina o listado de los contribuyentes morosos de patentes comerciales de la I. Municipalidad de Las Condes, con sus nombres, domicilios, números de Rut, nombre de los representantes legales, resulta para esta Corte, fundadamente puede afectar - a dichas personas - en cuanto su capacidad para operar comercialmente, su prestigio comercial y financiero y de esta forma vulnerada su honra y honor» (énfasis agregado). De esta forma, resulta innegable la necesidad de proteger las variables "rut contraparte" y "nombre o razón social de contraparte" en aquellos casos que la información se vincule a deudores del municipio. 5) Que, si bien, lo anteriormente expuesto permitiría, en principio, poder divulgar la identidad de quienes tengan la calidad de acreedores del organismo reclamado, de los antecedentes del caso, aparece como razonable que el despliegue de actividades que necesariamente deben ejecutarse a fin de expurgar los datos -dentro de las variables rut contraparte" y "nombre o razón social de contraparte- y determinar si es que aquel corresponde a un acreedor o deudor, y en este último caso censurarlo, para todo el periodo consultado, esto es, 7 años y 7 meses, justificadamente puede afectan las funciones del órgano en los términos del artículo 21 N° 1, letra c) de la Ley de Transparencia. En efecto, el periodo reclamado implicaría actividades de depuración de datos respecto de 91 libros, que en su totalidad abarca movimientos contables de 2767 días. 6) Que, al respecto conviene señalar que de acuerdo con el artículo 21 N° 1, letra c), puede denegarse la entrega de la información cuando su publicidad "afecte el debido cumplimiento de las funciones del órgano requerido por tratarse de requerimientos de carácter genérico, referidos a un elevado número de actos administrativos o sus antecedentes o cuya atención requiera distraer indebidamente a los funcionarios del cumplimiento regular de sus funciones habituales". Esta norma ha sido desarrollada en el artículo 7°, N° 1, letra c), del Reglamento de la citada ley, señalando que "...un requerimiento distrae indebidamente a los funcionarios cuando su satisfacción requiera por parte de éstos, la utilización de un tiempo excesivo, considerando su jornada de trabajo, o un alejamiento de sus funciones habituales". 7) Que, sobre la interpretación de la aludida causal de reserva, la jurisprudencia de este Consejo ha establecido que ésta sólo puede configurarse en la medida que los esfuerzos que supone la búsqueda o eventualmente la sistematización y posterior entrega de lo pedido demanden tareas de tal entidad, que entorpezcan el normal o debido funcionamiento del organismo. Resumiendo este criterio, la decisión de amparo Rol C377-13, razonó que "la causal en comento depende ya no tanto de la naturaleza de lo pedido, sino más bien de cada situación de hecho en términos de los esfuerzos desproporcionados que involucraría entregar lo solicitado". En este contexto, en la decisión del amparo Rol C1336-16, se estableció que para determinar si concurren los hechos constitutivos de la causal en análisis, se debe tener en cuenta los recursos institucionales que deben destinarse, razonable y prudencialmente, al cumplimiento de los requerimientos generados por la Ley de Transparencia, no pudiendo estos interrumpir la atención de las otras funciones públicas que el servicio debe desarrollar, o exigir una dedicación desproporcionada en desmedro de la que se destina a la atención de las demás personas. Esto, acorde con lo dispuesto en el artículo 3° del decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, de MINSEGPRES, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional de bases generales de la Administración del Estado, dichos órganos se encuentran sujetos al deber de atender las necesidades públicas en forma continua y permanente, debiendo observar, entre otros, los principios de eficiencia y eficacia. 8) Que, así las cosas, a juicio de este Consejo, procede acoger parcialmente el amparo en análisis ordenando entregar al reclamante copia de los Libros Diarios de contabilidad, en formato XML, para el periodo enero de 2013 a julio de 2020, respecto de las áreas de la Municipalidad, Educación y Salud; rechazándose en lo que se refiere a la divulgación de las variables "rut de contraparte" y "nombre o razón social de la contraparte", por configurarse al efecto las hipótesis de reserva de los artículos 21 N° 2 y N° 1, letra c) de la Ley de Transparencia. Asimismo, en el evento de que en la información que se ordena entregar se contenga cualquier otro dato personal de contexto, tales como, cédula de identidad, domicilio particular, email, teléfono, entre otros, estos también deberán ser protegidos. Esto último por estimar que su divulgación afecta los derechos de las personas de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, en relación con los artículos 2°, letra f), 4° y 7° de la ley N° 19.628, sobre protección de la vida privada. Todo lo anterior, se establece en virtud de las facultades establecidas en las letras j) y m) del artículo 33 de la Ley de Transparencia. EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA: I. Acoger parcialmente el amparo deducido por don Roberto Iván Vargas Muñoz en contra de la Municipalidad de Quinta de Tilcoco, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente. II. Requerir al Sr. Alcalde de la Municipalidad de Quinta de Tilcoco: a) Hacer entrega al reclamante de los Libros Diarios de contabilidad, en formato XML, para el periodo enero de 2013 a julio de 2020, respecto de las áreas de la Municipalidad, Educación y Salud, previa reserva de las variables "rut de contraparte" y "nombre o razón social de la contraparte". Asimismo, en el evento de que en la información que se ordena entregar se contenga cualquier otro dato personal de contexto, tales como, cédula de identidad, domicilio particular, email, teléfono, entre otros, estos también deberán ser protegidos. b) Cumplir dicho requerimiento en un plazo que no supere los 10 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia. c) Acreditar la entrega efectiva de la información señalada en el literal a) precedente, en conformidad a lo establecido en el inciso segundo del artículo 17 de la Ley de Transparencia, por medio de comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dio cumplimiento a las obligaciones impuestas en la presente decisión en tiempo y forma. III. Rechazar el amparo en lo que se refiere a la divulgación de las variables "rut de contraparte" y "nombre o razón social de la contraparte" incorporadas en los libros consultados, por configurarse las hipótesis de reserva de los artículos 21 N° 2 y N° 1, letra c) de la Ley de Transparencia. IV. Encomendar al Director General (S) y a la Directora Jurídica de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Roberto Iván Vargas Muñoz y al Sr. Alcalde de la Municipalidad de Quinta de Tilcoco. En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011. Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidenta doña Gloria de la Fuente González, su Consejera doña Natalia González Bañados y sus Consejeros don Francisco Leturia Infante y don Bernardo Navarrete Yáñez. Por orden del Consejo Directivo, certifica la Directora Jurídica (S) del Consejo para la Transparencia doña Ana María Muñoz Massouh.