Base de Datos de Jurisprudencia - Consejo para la Transparencia

Decisión ROL C5677-20

Volver

Reclamante:	MAURICIO ESTEBAN RIQUELME NARANJO
Reclamado:	SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN
Resumen del caso: Se acoge parcialmente el amparo deducido en contra de la Subsecretaría de Educación, requiriendo la entrega respecto de los establecimientos educacionales de la Provincia de San Antonio, para los últimos 10 años, lo siguiente: "ubicación del establecimiento, cantidad de cursos y alumnos por cada curso, personal contratado por el establecimiento, detallando cargo, remuneración y otros pagos informados (de cualquier naturaleza u origen), indicar cantidad de visitas de supervisión realizadas por el ministerio de educación y resultado de estas visitas material de aula entregado, material bibliográfico entregado y cualquier otro insumo, material, herramienta o suma de dinero entregado que esté fuera del itemizado de subvención escolar", debiendo tarjar los datos personales de contexto que puedan estar incorporados en dichos antecedentes. Lo anterior, debido a que la argumentación realizada por el órgano reclamado carece de la suficiencia necesaria para acreditar la distracción indebida invocada, pues no proporciona elementos de convicción cuya precisión tornen plausible dicha hipótesis de reserva. En efecto, pues si bien se alegó que dada la pandemia, no era posible acceder a lo solicitado, dicha alegación se desestima atendido que este Consejo, por medio de Oficio N° 252, de fecha 20 de marzo de 2020, informó a los órganos de la Administración del Estado, sobre el cumplimiento de las disposiciones contenidas en la Ley de Transparencia, con ocasión de la pandemia global, indicando en lo pertinente que en caso de no poder cumplir dentro de los plazos legales, en razón de las especiales circunstancias de calamidad pública, el servicio podrá señalar un nuevo plazo para proceder a informar, lo cual el órgano no cumplió. Se sigue en esta parte lo resuelto en la decisión de amparo Rol C2447-20. A su turno, en resguardo del principio de continuidad de la función pública -que obliga a atender las necesidades públicas en forma continua y permanente-, la mencionada finalidad constitucional y legal no puede ser desatendida, siendo deber de los órganos públicos realizar las acciones pertinentes, tendientes a cumplir los cometidos que les asigna el ordenamiento jurídico.
Tipo de decisión:	Decisión de Fondo
Fecha de la decisión:	1/15/2021
Consejeros:	-Gloria Alejandra de la Fuente González -Francisco Javier Leturia Infante -Natalia Andrea González Bañados -Bernardo Eric Navarrete Yáñez
Legislación aplicada:	Ley 19628 1999 - Ley de protección de la vida privada Ley de Transparencia
Palabras clave:
Jurisprudencia desde:	C377-13 C2447-20
Jurisprudencia a:
Recursos relacionados:
Descriptores jurídicos:
Descriptores analíticos:	Educación

DECISIÓN AMPARO ROL C5677-20   Entidad pública: Subsecretaría de Educación Requirente: Mauricio Esteban Riquelme Naranjo Ingreso Consejo: 10.09.2020 RESUMEN Se acoge parcialmente el amparo deducido en contra de la Subsecretaría de Educación, requiriendo la entrega respecto de los establecimientos educacionales de la Provincia de San Antonio, para los últimos 10 años, lo siguiente: "ubicación del establecimiento, cantidad de cursos y alumnos por cada curso, personal contratado por el establecimiento, detallando cargo, remuneración y otros pagos informados (de cualquier naturaleza u origen), indicar cantidad de visitas de supervisión realizadas por el ministerio de educación y resultado de estas visitas material de aula entregado, material bibliográfico entregado y cualquier otro insumo, material, herramienta o suma de dinero entregado que esté fuera del itemizado de subvención escolar", debiendo tarjar los datos personales de contexto que puedan estar incorporados en dichos antecedentes. Lo anterior, debido a que la argumentación realizada por el órgano reclamado carece de la suficiencia necesaria para acreditar la distracción indebida invocada, pues no proporciona elementos de convicción cuya precisión tornen plausible dicha hipótesis de reserva. En efecto, pues si bien se alegó que dada la pandemia, no era posible acceder a lo solicitado, dicha alegación se desestima atendido que este Consejo, por medio de Oficio N° 252, de fecha 20 de marzo de 2020, informó a los órganos de la Administración del Estado, sobre el cumplimiento de las disposiciones contenidas en la Ley de Transparencia, con ocasión de la pandemia global, indicando en lo pertinente que en caso de no poder cumplir dentro de los plazos legales, en razón de las especiales circunstancias de calamidad pública, el servicio podrá señalar un nuevo plazo para proceder a informar, lo cual el órgano no cumplió. Se sigue en esta parte lo resuelto en la decisión de amparo Rol C2447-20. A su turno, en resguardo del principio de continuidad de la función pública -que obliga a atender las necesidades públicas en forma continua y permanente-, la mencionada finalidad constitucional y legal no puede ser desatendida, siendo deber de los órganos públicos realizar las acciones pertinentes, tendientes a cumplir los cometidos que les asigna el ordenamiento jurídico. Por otra parte, si bien el órgano reclamado señaló el volumen aproximado de información a analizar - 6000 documentos - y el tiempo necesario para cumplir con lo solicitado - 2 meses de dedicación exclusiva de dos funcionarios-, aquello no resulta suficiente para acreditar la concurrencia de la causal alegada debido a que la ley N° 18.956, que reestructura el Ministerio de Educación Pública, obliga a dicha Cartera de Estado a establecer y administrar diversos registros públicos relativos a sostenedores, establecimientos reconocidos oficialmente, docentes, entidades pedagógicas y técnicas de apoyo, en los cuales se deberían encontrarse debidamente sistematizados gran parte de los antecedentes requeridos atendido, además, la posibilidad de extender en forma excepcional los plazos de cumplimiento de entrega de la información. Por su parte, se rechaza el amparo respecto de las "raciones junaeb entregadas" para el periodo 2009 a 2011, debido a que se derivó de manera oportuna esa parte del requerimiento a la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas. En sesión ordinaria N° 1146 del Consejo Directivo, celebrada el 5 de enero de 2021, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285, de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto del amparo Rol C5677-20. VISTO: Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia. TENIENDO PRESENTE: 1) SOLICITUD DE ACCESO: Con fecha 29 de julio de 2020, don Mauricio Esteban Riquelme Naranjo solicitó a la Subsecretaría de Educación, "Respecto de establecimientos educacionales de la provincia de San Antonio, región de Valparaíso", lo siguiente: a) "información de subvención entregada durante los últimos 10 años, desglosando por concepto o ítem de gasto". b) "información de las rendiciones de gastos realizadas por estos establecimientos a este Ministerio durante los últimos 10 años, desglosando por concepto o ítem de gasto". c) "información respecto de estos establecimientos, últimos 10 años, ubicación del establecimiento, cantidad de cursos y alumnos por cada curso, personal contratado por el establecimiento, detallando cargo, remuneración y otros pagos informados (de cualquier naturaleza u origen), indicar cantidad de visitas de supervisión realizadas por el ministerio de educación y resultado de estas visitas, raciones junaeb entregadas, material de aula entregado, material bibliográfico entregado y cualquier otro insumo, material, herramienta o suma de dinero entregado que esté fuera del itemizado de subvención escolar". 2) RESPUESTA: La Subsecretaría de Educación por medio de ordinario N° 648, de fecha 6 de agosto de 2020, informó que no dispone de la información requerida relativa a las rendiciones de gastos y raciones entregadas, por lo que, derivan parcialmente la solicitud a la Superintendencia de Educación y a la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas - en adelante también JUNAEB-, según lo establecido en el artículo 13 de la Ley de Transparencia. Por su parte, mediante resolución exenta N° 3684, de fecha 9 de septiembre de 2020, informó que los demás antecedentes requeridos no se encuentran disponibles en la forma pedida, por lo que, para otorgar acceso a aquellos deberían realizar la búsqueda, levantamiento, análisis y revisión de la documentación respectiva, eliminando los datos personales contenidos en esta para luego sistematizarla y proceder a su entrega. De esta forma, concluyen que respecto de aquello se configura la causal de secreto o reserva dispuesta en el artículo 21 N° 1 letra c) de la Ley de Transparencia. Citando jurisprudencia de este Consejo en tal sentido. 3) AMPARO: Con fecha 10 de septiembre de 2020, don Mauricio Esteban Riquelme Naranjo dedujo amparo a su derecho de acceso en contra de la Subsecretaría de Educación, fundado en la respuesta negativa a la solicitud. En particular, sostuvo que "Falta la siguiente información (2009-2019 establecimientos provincia San Antonio): - Raciones Alimenticias JUNAEB (2009 - 2011) - Base de datos establecimientos (Ubicación, matricula por curso, dotación docente, paradocente y no docente (cargo y remuneración anual que incluya sueldos, bonos y cualquier otro ingreso))(No se solicitó nómina de funcionarios, se requiere información agregada por tipo de ocupación dentro del establecimiento) - Visitas realizadas por este ministerio con motivo supervisión, resultado de cada visita. - Material de aula, bibliográfico y cualquier otro insumo, material, herramienta o suma de dinero entregado al establecimiento fuera de la subvención". 4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado al Sr. Subsecretario de Educación mediante Oficio N° E16.899, de fecha 5 de octubre de 2020, para que formule sus descargos y observaciones solicitando, especialmente, lo siguiente: (1°) adjunte los antecedentes que acreditan la fecha de notificación de la prórroga y de la respuesta reclamada; (2°) se refiera a las causales de secreto o reserva que, a su juicio, harían procedente la denegación de la información solicitada; (3°) señale cómo la entrega de aquella afectaría el debido cumplimiento de las funciones del órgano que usted representa; (4°) aclare si la información denegada se encuentra en formato digital y/o papel; y, (5°) se refiera a su volumen, cantidad de tiempo y funcionarios que se destinarían a recopilarla. El órgano reclamado por medio de ordinario N° 3924, de fecha 21 de octubre de 2020, reiteró lo señalado en su respuesta en orden a que concurría respecto de lo pedido la causal de secreto o reserva dispuesta en el artículo 21 N° 1 letra c) de la Ley de Transparencia. Lo anterior debido a que para otorgar acceso a lo solicitado debería recopilar y procesar un gran volumen de actos administrativos y documentos emitidos durante un periodo de 10 años. De esta forma, estiman "que la pesquisa de dichos antecedentes exigiría en lo concreto que 2 funcionarios de esta Subsecretaría se dedicaran exclusivamente durante dos meses a reunir dicha información, no sólo aumentando con ello el volumen de carga laboral de estas personas, sino que además distrayéndolos de sus funciones habituales, en desmedro del resto de la ciudadanía que hace uso legítimo de su derecho de acceso a la información, debido a que con la distracción de dichos funcionarios, se retrasaría la respuesta de otras solicitudes". En tal sentido, hacen presente lo establecido en el artículo 3 de la ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado - en adelante ley N° 18.575- que prescribe que los órganos de la Administración del Estado se encuentran sujetos al deber de atender las necesidades públicas de forma continua y permanente, debiendo observar, entre otros, los principios de eficiencia y eficacia. A mayor abundamiento, precisan que, en el desarrollo de la pandemia, su énfasis se encuentra en el trabajo directo o remoto con los establecimientos educacionales de la provincia de San Antonio, en consecuencia, sostienen que dar respuesta al requerimiento afecta el cumplimiento de los objetivos ministeriales. Así, indican que "las actuales condiciones de trabajo y personal de la dirección provincial de San Antonio, que corresponden a 18 funcionarios, de estos dos se encuentran en comisión de servicio, tres con licencia médica y solo tres con trabajo presencial, el resto de los funcionarios va en turnos una vez a la semana, producto que el edificio institucional fue afectado por una inundación y no permite el distanciamiento entre los funcionarios, producto que hay zanas que no cumplen con la habitabilidad mínima por ende se encuentran clausurados". Por otra parte, informan que existe un conjunto de información que se encuentra solo en papel, dado que las funciones de creación de cursos, subvenciones se radica en las direcciones provinciales, los que deben ser revisados uno por uno para seleccionar aquellos atingentes a lo consultado. En tal sentido, informan que en la comuna de San Antonio existe un total de 75 establecimientos educacionales: 23 municipales; 2 particular pagado y 50 particular subvencionado. Así, estiman que se trata de aproximadamente de 8 documentos por establecimientos, por un periodo de 10 años, lo que constituye un total de 6000 actos administrativos a revisar y tratar. Y CONSIDERANDO: 1) Que el presente amparo se funda en la respuesta negativa a la solicitud de acceso, circunscribiéndose el objeto de este a lo pedido en el literal c) del requerimiento, al respecto el órgano reclamado alegó la concurrencia de la causal de secreto o reserva dispuesta en el artículo 21 N° 1 letra c) de la Ley de Transparencia. 2) Que en primer lugar en cuanto a lo solicitado relativo a las "raciones junaeb entregadas", con ocasión de su respuesta, el órgano reclamado informó que aquella parte del requerimiento fue derivado a la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas, en virtud de lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley de Transparencia. Lo anterior, se materializa por medio de ordinario N° 647, de fecha 6 de agosto de 2020. En este punto, se debe hacer presente lo dispuesto en el artículo 2 de la ley N° 15.720, que crea una corporación autónoma con personalidad jurídica de derecho público y domicilio en Santiago, denominada Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas; en orden a que a aquella le corresponde, entre otras funciones, la de programar "la aplicación de los siguientes beneficios a los alumnos de los establecimientos de enseñanza pública y particular gratuita, de niveles pre-primario, primario, medio y superior: a) De alimentación...". 3) Que, en virtud de lo señalado en el considerando anterior, el órgano que se encuentra en mejor posición para responder de esa parte del requerimiento es la JUNAEB, por lo que, el órgano reclamado se ajustó a lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley de Transparencia. A mayor abundamiento, cabe hacer presente que la disconformidad del reclamante dice relación con que no le proporcionaron acceso a lo pedido relativo al periodo 2009 a 2011, pero si, respecto de los años 2012 a 2019. Por lo que, no cabe sino que concluir que está reclamando respecto de la respuesta otorgada por el órgano al que fue derivada la solicitud. En consecuencia, se rechazará el amparo en este aspecto. 4) Que en cuanto a los demás antecedentes el órgano reclamado alegó la causal de secreto o reserva dispuesta en el artículo 21 N° 1 letra c) de la Ley de Transparencia. En tal sentido, se debe hacer presente que este Consejo ha establecido que aquella sólo puede configurarse, en la medida que las tareas que supone la búsqueda o eventualmente la sistematización y posterior entrega de lo pedido demanden esfuerzos de tal entidad, que entorpezcan el normal o debido funcionamiento del organismo. Resumiendo, este criterio, la decisión de amparo Rol C377-13, razonó que "la causal en comento depende ya no tanto de la naturaleza de lo pedido, sino más bien de cada situación de hecho en términos de los esfuerzos desproporcionados que involucraría entregar lo solicitado". Por ende, la configuración de la causal supone una ponderación de hecho sobre los aspectos que suponen tales esfuerzos, entre ellos el volumen de información o el costo de oportunidad, relación entre funcionarios y tareas, tiempo estimado o costo de oportunidad. 5) Que, en dicho contexto, cabe considerar lo señalado por la Excma. Corte Suprema, en su sentencia recaída en el recurso de queja Rol N° 6663-2012, de 17 de enero de 2013, en orden a que "la reserva basada en el debido ejercicio de las funciones del órgano deberá explicarse pormenorizadamente y probarse de modo fehaciente de qué manera el control ciudadano reflejado en la solicitud [de acceso] podría afectar el debido cumplimiento de las funciones (...), mencionarse las atribuciones precisas que la revelación de la información le impediría o entorpecería de cumplir debidamente (...), sin que basten para estos efectos meras invocaciones generales". 6) Que, en cuanto a la información solicitada, en términos generales, se debe tener presente lo dispuesto en el artículo 2 bis de la ley N° 18.956, que reestructura el Ministerio de Educación Pública - en adelante ley N° 18.956- en orden a que al Ministerio de Educación le corresponde, entre otras funciones, la de "d) Proponer y evaluar las políticas y diseñar e implementar programas y las acciones de apoyo técnico pedagógico para docentes, equipos directivos, asistentes de la educación, sostenedores y establecimientos educacionales con el fin de fomentar el mejoramiento del desempeño de cada uno de esos actores educativos y el desarrollo de capacidades técnicas y educativas de las instituciones escolares y sus sostenedores"; "g) Desarrollar estadísticas, indicadores y estudios del sistema educativo, en el ámbito de su competencia, y poner a disposición del público la información que con motivo del ejercicio de sus funciones recopile. Esta información será pública y de libre acceso para todo el que tenga interés en consultarla. Los resguardos de confidencialidad de los resultados individuales se garantizarán de conformidad a la ley"; y "h) Establecer y administrar los registros públicos que determine la ley". 7) Que, por su parte, el artículo 18 de la ley N° 18.956, establece que "Los Registros de Información comprenderán los siguientes: a) Registro de Sostenedores, el que deberá incluir la constancia de su personalidad jurídica, representante legal, establecimientos que administra e historial de infracciones, si las hubiere. En el caso de percibir subvención o aportes estatales, deberá también informarse sobre origen y monto de todos los recursos recibidos. b) Registro de Establecimientos Reconocidos Oficialmente, donde deberá incluirse el nombre y domicilio del establecimiento educacional, identificación del sostenedor y representante legal, constancia del acto administrativo por medio del cual se otorgó el reconocimiento oficial y su fecha, nivel de enseñanza y modalidad que imparte y la información pertinente relativa a alumnos, directivos, docentes y asistentes de la educación. Asimismo, deberá contemplar indicadores de eficacia y eficiencia interna y fuentes de recursos y monto de los mismos. En el caso de los establecimientos que reciben subvenciones o aportes estatales, deberá incluir, además, la individualización de los integrantes del Consejo Escolar e información sobre el Plan de Mejoramiento Educativo, si lo tuvieren. c) Registro de Docentes, que deberá incluir el nombre, títulos, menciones y el perfeccionamiento realizado, sector de aprendizaje, cursos y establecimiento educacional donde se desempeña y otros antecedentes relativos a la idoneidad para ejercer la profesión, de conformidad a la ley. La información para confeccionarlo deberá ser proporcionada por el sostenedor para quien trabaja el docente. d) Registro Público de Entidades Pedagógicas y Técnicas de Apoyo, que estarán certificadas para prestar apoyo a los establecimientos educacionales y para la elaboración y ejecución del Plan de Mejoramiento Educativo. Un reglamento establecerá los requisitos y estándares de certificación que permitirán el ingreso y la permanencia en el registro, así como una adecuada identificación de las personas o entidades técnicas y las especialidades que ofrecen y los antecedentes relativos a la calidad de los servicios que hubieren prestado. Igualmente establecerá el procedimiento de certificación, la duración de la misma y las causales de pérdida de ella". 8) Que, en tal sentido, los incisos primero y tercero del artículo 19 de la ley N° 18.956, disponen que "El Ministerio de Educación deberá administrar y mantener con información actualizada los registros señalados en el artículo precedente, estableciendo instrucciones sobre las categorizaciones y formas de entrega de la misma. // La entrega de información de los registros a que se refiere este Título se sujetará a las exigencias establecidas en las leyes N° 20.285 y N° 19.628, en lo que fuere aplicable". 9) Que el órgano reclamado alegó que para otorgar acceso a lo pedido deberían buscar, levantar, analizar, revisar, eliminar los datos personales que puedan contener, sistematizarla y ponerla a disposición del reclamante. Lo anterior, respecto de un periodo de 10 años, por lo que, estiman que dos de sus funcionarios se deberían dedicar de manera exclusiva a dicha tarea por alrededor de dos meses, puesto que parte de aquella sólo se encuentra en formato papel. En tal sentido, informan que en la comuna de San Antonio existe un total de 75 establecimientos educacionales: 23 municipales; 2 particular pagado y 50 particular subvencionado. Así, estiman que se trata de aproximadamente de 8 documentos por establecimientos, por un periodo de 10 años, lo que constituye un total aproximado de 6000 actos administrativos a revisar y tratar. Todo lo cual se ve obstaculizado por el contexto de pandemia en que se encuentra el país, contando con un personal reducido en atención a licencias y comisiones de servicios. 10) Que, en cuanto a la causal de reserva alegada y las dificultades generadas por el COVID-19, se debe señalar que este Consejo, por medio de Oficio N° 252, de fecha 20 de marzo de 2020, informó a los órganos de la Administración del Estado, sobre el cumplimiento de las disposiciones contenidas en la Ley de Transparencia, con ocasión de la pandemia global calificada por la Organización Mundial de la Salud, a consecuencia del brote de COVID-19, con fecha 11 de marzo de 2020, y en atención a la declaración de Estado de Excepción Constitucional de Catástrofe, de fecha 18 de marzo de 2020. En dicho contexto, si bien se refiere a la adopción de medidas extraordinarias respecto de los plazos de cumplimiento de las obligaciones de proporcionar acceso a la información pública en el contexto de la pandemia mundial, tal como se razonó en la decisión de amparo Rol C2447-20, en caso alguno justifica la falta de entrega de esta, ni se constituye en una causal de reserva o secreto de aquella. En efecto, el oficio en cuestión establece, en lo pertinente y respecto del plazo para dar respuesta a una solicitud de acceso a la información, que: "A tales efectos y en consideración de las circunstancias de excepción previamente reseñadas, de producirse algún evento constitutivo de caso fortuito o fuerza mayor que impida dar cumplimiento al plazo de veinte días estipulado y a la prórroga de 10 días adicionales, el órgano requerido deberá contactar al solicitante, a la brevedad posible, indicando fundadamente que, en razón de las especiales circunstancias de calamidad pública, se ve imposibilitado de responder a su solicitud de acceso a la información en el plazo legal establecido, señalando un nuevo plazo para proceder a informar a éste su pronunciamiento". 11) Que, como es posible apreciar del tenor del oficio citado, para la aplicación de la facultad excepcional que ahí se consagra, es pertinente que se verifiquen a lo menos dos requisitos, esto es, informar al solicitante indicando fundadamente que, en razón de las especiales circunstancias de calamidad pública, se ve imposibilitado de responder a su solicitud de acceso a la información en el plazo legal establecido; y, señalar un nuevo plazo para proceder a informar a aquel su pronunciamiento. En el presente caso, no se cumplió en la respuesta otorgada, con ninguno de los elementos descritos precedentemente. 12) Que, a su turno, en resguardo del principio de continuidad de la función pública consagrado en el artículo 3 inciso primero, de la ley N° 18.575 -que obliga a esta última a atender las necesidades públicas en forma continua y permanente-, la mencionada finalidad constitucional y legal no puede ser desatendida, siendo deber de los órganos realizar las acciones pertinentes, tendientes a cumplir los cometidos que les asigna el ordenamiento jurídico. En tal sentido, el órgano reclamado, debió seguir lo informado por este Consejo en el citado Oficio N° 252, de fecha 20 de marzo de 2020, lo cual habría facilitado su actuar en materia de cumplimiento de acceso a información pública, debiendo proceder a su búsqueda y entrega, dentro de un plazo prudente establecido por ellos mismos, de acuerdo con su propia realidad. 13) Que, en consecuencia, las alegaciones del órgano reclamado no otorgan antecedentes para configurar la causal de excepción al principio de publicidad que rige el actuar de los órganos de la Administración del Estado pues si bien detalla su volumen, formato, cantidad de tiempo y funcionarios que se destinarían a su recopilación, aquello no se condice con el marco normativo aplicable, según se señala en los considerandos sexto, séptimo y octavo. Por lo que, la argumentación carece de la suficiencia necesaria para acreditar la distracción indebida invocada, al no proporcionar elementos de convicción cuya precisión tornen plausible dicha hipótesis de reserva, descartándose su concurrencia. 14) Que, a mayor abundamiento, cabe hacer presente lo dispuesto en el artículo 17 de la ley N° 18.956, en orden a que "Para los efectos de los registros establecidos en la ley, los sostenedores deberán proporcionar toda la información solicitada por el Ministerio de Educación, incluyendo los cobros efectuados en los establecimientos en que así procediere, y se deberá considerar, además, toda la información pública que generen sobre los establecimientos y los sostenedores la Agencia de la Calidad de la Educación y la Superintendencia de Educación. // A partir de la información a que se refiere el inciso anterior, el Ministerio de Educación elaborará una Ficha Escolar que resumirá la información relativa a cada establecimiento educacional. // La Ficha Escolar será publicada en la página web del Ministerio de Educación...". 15) Que habiendo descartado la concurrencia de las alegaciones realizadas por el órgano reclamado, y tratarse de información pública que obra en su poder, se acogerá el amparo requiriendo la entrega de lo solicitado, debiendo tarjar todos los datos personales de contexto que puedan estar incorporados en aquello, según lo dispuesto en los artículos 2 letra f) y 4 de la ley N° 19.628, sobre protección de la vida privada - y en cumplimiento de la atribución otorgada a este Consejo por el artículo 33 letra m), de la Ley de Transparencia. EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33, LETRA B), DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA: I. Acoger parcialmente el amparo interpuesto por don Mauricio Esteban Riquelme Naranjo en contra de la Subsecretaría de Educación, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente. II. Requerir al Sr. Subsecretario de Educación, lo siguiente: a) Hacer entrega al reclamante respecto de los establecimientos educacionales de la Provincia de San Antonio, para los últimos 10 años, lo siguiente: "ubicación del establecimiento, cantidad de cursos y alumnos por cada curso, personal contratado por el establecimiento, detallando cargo, remuneración y otros pagos informados (de cualquier naturaleza u origen), indicar cantidad de visitas de supervisión realizadas por el ministerio de educación y resultado de estas visitas material de aula entregado, material bibliográfico entregado y cualquier otro insumo, material, herramienta o suma de dinero entregado que esté fuera del itemizado de subvención escolar". Lo anterior, debiendo tarjar los datos personales de contexto que puedan estar incorporados en aquello. b) Cumplir dicho requerimiento en un plazo que no supere los 10 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia. c) Acreditar la entrega efectiva de la información señalada en el literal a) precedente, en conformidad a lo establecido en el inciso segundo del artículo 17 de la Ley de Transparencia, por medio de comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dio cumplimiento a las obligaciones impuestas en la presente decisión en tiempo y forma. III. Rechazar el amparo respecto de lo pedido referido a "raciones junaeb entregadas" por haber procedido conforme lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley de Transparencia, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente. IV. Encomendar al Director General (S) y a la Directora Jurídica (S) de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Mauricio Esteban Riquelme Naranjo y al Sr. Subsecretario de Educación. En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011. Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidenta doña Gloria de la Fuente González, su Consejera doña Natalia González Bañados y sus Consejeros don Francisco Leturia Infante y don Bernardo Navarrete Yáñez. Por orden del Consejo Directivo, certifica la Directora Jurídica (S) del Consejo para la Transparencia doña Ana María Muñoz Massouh.