Base de Datos de Jurisprudencia - Consejo para la Transparencia

Decisión ROL C5689-20

Reclamante:	MARCELO FIGUEROA VENENCIANO
Reclamado:	MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA
Resumen del caso: Se acoge el amparo interpuesto en contra de la Municipalidad de Quillota, ordenándose la entrega de copia de los decretos alcaldicios de otorgamiento de autorización de extracción de áridos a la empresa que se indica, los expedientes administrativos que sustentaron dichos decretos, los documentos que acreditan los pagos de los derechos municipales, entre otros antecedentes. Lo anterior por tratarse de información de naturaleza pública, específicamente de actos administrativos emitidos con ocasión de la visación técnica del proyecto y el otorgamiento de la respectiva autorización de extracción de áridos. Asimismo, se desestimó que concurra la causal de reserva de afectación de los derechos comerciales o económicos invocada por el tercero opositor. En virtud del principio de divisibilidad consagrado en la Ley de Transparencia, se deberán tarjar los datos personales y sensibles de contexto, que allí se contengan, ello en conformidad con lo dispuesto en la Ley sobre Protección de la Vida Privada. No obstante lo anterior, en el evento de que esta información o parte de ella no obre en poder del órgano, se deberá comunicar dicha circunstancia al reclamante y a este Consejo, indicando detalladamente las razones que lo justifiquen. Aplica precedente contenido en la decisión C1175-20.
Tipo de decisión:	Decisión de Fondo
Fecha de la decisión:	1/21/2021
Consejeros:	-Gloria Alejandra de la Fuente González -Francisco Javier Leturia Infante -Natalia Andrea González Bañados -Bernardo Eric Navarrete Yáñez
Legislación aplicada:	Ley de Transparencia
Palabras clave:
Jurisprudencia desde:	C2739-14 C2549-15 C1743-17 C1175-20
Jurisprudencia a:	C1412-21
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DECISIÓN AMPARO ROL C5689-20   Entidad pública: Municipalidad de Quillota Requirente: Marcelo Figueroa Venenciano Ingreso Consejo: 10.09.2020 RESUMEN Se acoge el amparo interpuesto en contra de la Municipalidad de Quillota, ordenándose la entrega de copia de los decretos alcaldicios de otorgamiento de autorización de extracción de áridos a la empresa que se indica, los expedientes administrativos que sustentaron dichos decretos, los documentos que acreditan los pagos de los derechos municipales, entre otros antecedentes. Lo anterior por tratarse de información de naturaleza pública, específicamente de actos administrativos emitidos con ocasión de la visación técnica del proyecto y el otorgamiento de la respectiva autorización de extracción de áridos. Asimismo, se desestimó que concurra la causal de reserva de afectación de los derechos comerciales o económicos invocada por el tercero opositor. En virtud del principio de divisibilidad consagrado en la Ley de Transparencia, se deberán tarjar los datos personales y sensibles de contexto, que allí se contengan, ello en conformidad con lo dispuesto en la Ley sobre Protección de la Vida Privada. No obstante lo anterior, en el evento de que esta información o parte de ella no obre en poder del órgano, se deberá comunicar dicha circunstancia al reclamante y a este Consejo, indicando detalladamente las razones que lo justifiquen. Aplica precedente contenido en la decisión C1175-20. En sesión ordinaria N° 1148 del Consejo Directivo, celebrada el 12 de enero de 2021, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C5689-20. VISTO: Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia. TENIENDO PRESENTE: 1) SOLICITUD DE ACCESO: El 16 de agosto de 2020, don Marcelo Figueroa Venenciano solicitó a la Municipalidad de Quillota -en adelante, indistintamente Municipio o Municipalidad- la siguiente información: 1.1) «Decretos Alcaldicios de otorgamiento de permiso de extracción de áridos a la empresa que se indica, desde el año 2015 a la fecha, con sus respectivos anexos o modificaciones; 1.2) Expediente administrativo que sustentaron los decretos alcaldicios desde el año 2015 a la fecha; 1.3) Documentos que acrediten los pagos de los derechos municipales por la extracción de áridos de la empresa, desde el año 2015 a la fecha; y 1.4) Inspecciones técnicas realizadas por la Municipalidad a la empresa que se indica, respecto a la extracción de áridos en la comuna, incluyendo en su caso, los respectivos informes finales, periodo 2015 a la fecha». 2) OPOSICIÓN DE TERCERO: Mediante presentación, de fecha 19 de agosto de 2020, el tercero involucrado presentó su oposición a la entrega de los documentos consultados. Al efecto, expuso que, las Municipalidades no tienen la tuición, ni facultades para otorgar concesiones o permisos para la extracción de áridos en terrenos particulares, pues su competencia y facultades se radican respecto de concesiones o permisos en bienes nacionales de uso público. Sobre este punto, agregó que, los áridos de aprovechamiento privado ubicados en terrenos particulares, tienen como régimen jurídico el derecho común, lo cual, le permite al dueño aprovecharse a su arbitrio de ellos, sin perjuicio del sometimiento a las normas sanitarias y ambientales correspondientes y el pago de los derechos municipales. Por tales motivos, atendido que dicha actividad no requiere de un acto autorizante u otorgante de una concesión o permiso, razonó que, la información pedida es propia de la empresa y su publicidad afecta sus derechos de carácter comercial, económico y patrimonial, en los términos previstos en los artículos 20° y 21° N° 2 de la Ley de Transparencia. Sobre lo anterior, agregó que, la información de carácter privado está excluida del conocimiento de terceros, pues forma parte de la esfera de privacidad de sus titulares. Asimismo, hizo presente que, ésta no pierde su naturaleza por el sólo hecho de ser recibida por un órgano del Estado o de percibir los derechos municipales correspondientes. 3) RESPUESTA: Mediante presentación, de fecha 20 de agosto de 2020, la Municipalidad de Quillota respondió a dicho requerimiento de información, señalando que se encuentra impedida de proporcionar los antecedentes consultados, en virtud de oposición formulada por tercero interesado, en conformidad de lo dispuesto en el artículo 20° de la Ley de Transparencia y el artículo 34° del Reglamento de la presente Ley. Al respecto, acompañó copia de la carta de oposición presentada por el tercero interesado. 4) AMPARO: El 10 de septiembre de 2020, don Marcelo Figueroa Venenciano dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en la respuesta negativa a su solicitud, en razón de la oposición formulada por el tercero. Adicionalmente hizo presente que, el tercero interviniente no explicitó de qué forma se podría afectar los derechos en el caso que se devele la información consultada, por cuanto se trata de antecedentes vinculados a un pronunciamiento público. Asimismo, puntualizó que, no se acreditó cómo se vincula los derechos que dice proteger -derechos comerciales, económicos y patrimoniales- con actos administrativos, que por su propia naturaleza, puede ser objeto de control mediante el procedimiento contemplado en la Ley de Transparencia. 5) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado al Sr. Alcalde de la Municipalidad de Quillota, mediante Oficio N° E17293, de fecha 13 de octubre de 2020, solicitándole que: (1°) se refiera, específicamente, a las causales de secreto o reserva que, a su juicio, harían procedente la denegación de la información; (2°) explique cómo lo solicitado afectaría los derechos del tercero; (3°) acompañe todos los documentos incluidos en el procedimiento de comunicación al tercero, incluyendo copia de la respectiva comunicación, de los documentos que acrediten su notificación, de la oposición deducida y de los antecedentes que dan cuenta de la fecha en la que ésta ingresó ante el órgano que usted representa; (4°) proporcione los datos de contacto -por ejemplo: nombre, dirección, número telefónico y correo electrónico-, de los terceros que se opusieron a la entrega de la información, a fin de dar aplicación a los artículos 25 de la Ley de Transparencia y 47 de su Reglamento; y, (5°) remita copia íntegra de la información solicitada. Finalmente, hago presente a usted que, de acuerdo al artículo 26 de la Ley de Transparencia y mientras no se adopte la decisión definitiva, el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia mantendrá el debido resguardo de los antecedentes que le sean remitidos. Asimismo, si la decisión final del Consejo declara que la información es secreta o reservada tendrán este carácter los escritos, documentos y actuaciones que hayan servido de base para su pronunciamiento. Mediante presentación, de fecha 26 de octubre de 2020, el Municipio reclamado evacuó sus descargos y observaciones en los siguientes términos: 5.1) Primeramente, clarificó que, la empresa en cuestión sólo cuenta con un permiso de extracción de áridos autorizado en el mes de febrero de 2020, no habiendo otros permisos otorgados a la empresa en fechas anteriores. 5.2) Acto seguido, expuso que, la información solicitada contiene datos que pueden ser estratégicos para el desempeño comercial de la empresa, tales como volúmenes de material autorizados, condiciones impuestas para la explotación, plazos, entre otros. 5.3) A su vez, remitió copia de la información que fue solicitada por el peticionario: i) Decreto Alcaldicio N° DA 2094, de fecha 7 de febrero de 2020, que autoriza ejecución del proyecto de extracción de áridos en ubicación que indica; ii) Ordinario N° 257, de fecha 28 de enero de 2020; iii) Memorándum N° 051, de fecha 14 de agosto de 2020, emitido por la Dirección de Obras Municipales del Municipio; iv) Memorándum N° 064, de fecha 9 de octubre de 2020, emitido por la Dirección de Obras Municipales del Municipio; v) copia de los boletines de pago por extracción de áridos de Marzo, Abril y Mayo; vi) y, copia de la boleta de garantía entregada a la Entidad Edilicia. 6) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL TERCERO INTERESADO: De conformidad a lo prescrito en el artículo 25° de la Ley de Transparencia, el Consejo Directivo de esta Corporación, acordó dar traslado del amparo al tercero interesado, mediante Oficio N° E19761, de fecha 12 de noviembre, a fin de que haga mención expresa de los derechos que le asisten, y que pudieran verse afectados con la publicidad de la información solicitada. Mediante presentación, de fecha 24 de noviembre de 2020, el tercero interviniente evacuó sus descargos y observaciones, en los siguientes términos: 6.1) Primeramente, indicó que, las faenas de explotación se iniciaron el presente año en terreno particular que señala. 6.2) Asimismo, puntualizó que, los actos públicos emitidos por el Municipio con respecto a la faena, se ajustan a los requerimientos y condiciones establecidos en la Ordenanza Municipal sobre extracción de áridos desde pozos lastreros. 6.3) Acto seguido, expresó que, no se pronunciará con respecto a los actos públicos emitidos por el Municipio, ni a la administración que le ha correspondido en la ejecución del proyecto de extracción de áridos. Finalmente, solicitó que, en caso de que se ordene la entrega se tarjen los datos personales de contexto contenidos en la información consultada, en virtud de lo establecido en la Ley sobre Protección de la Vida Privada. Y CONSIDERANDO: 1) Que, el presente amparo se funda en la denegación de los antecedentes consultados por el peticionario, referidos a la entrega de copia de los decretos alcaldicios de otorgamiento de permiso de extracción de áridos a la empresa que se indica, los expedientes administrativos que sustentaron dichos decretos, los documentos que acreditan los pagos de los derechos municipales y las inspecciones técnicas realizadas por el Municipio a la empresa en el periodo que se indica. Sobre lo anterior, la Municipalidad se opuso a su entrega, por estimar que, podía existir una afectación de sus derechos económicos y comerciales -por contener datos que pueden ser estratégicos para el desempeño comercial de la empresa, tales como volúmenes de material autorizados, condiciones impuestas para la explotación, entre otros- , y encontrarse impedido de proporcionarla, fundado en la oposición formulada por el tercero interesado, en conformidad de lo dispuesto en el artículo 20° de la Ley de Transparencia. A su vez, el tercero interviniente se opuso a su entrega, por cuanto la información pedida es propia de la empresa y su publicidad afecta sus derechos de carácter comercial, económico y patrimonial, en los términos previstos en el artículo 21° N° 2 de la Ley de Transparencia. 2) Que, primeramente, a modo de contexto, cabe señalar que el artículo 11° de la ley N° 11.402, dispone que: «La extracción de ripio y arena de en los cauces de los ríos y esteros deberá efectuarse con permiso de las Municipalidades, previo informe favorable de la Dirección General de Obras Públicas». En el mismo sentido, el artículo 5° literal c), del Decreto con Fuerza de Ley N° 1, de 2006, del Ministerio del Interior, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.695, orgánica constitucional de municipalidades, recoge lo antedicho, al establecer como atribución de los municipios el administrar los bienes municipales y nacionales de uso público incluido el subsuelo, dentro de las cuales se encuentra la prerrogativa de otorgar las autorización de extracción de áridos (énfasis agregado). 3) Que, acto seguido, este Consejo advierte que, el órgano reclamado y el tercero involucrado esgrimen la concurrencia de la causal de reserva prevista en el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia. Dicho precepto legal permite denegar el acceso a la información «cuando su publicidad, comunicación o conocimiento afecte los derechos de las personas, particularmente tratándose de su seguridad, su salud, la esfera de su vida privada o derechos de carácter comercial o económico». Sobre la interpretación de la referida causal de reserva, este Consejo ha establecido como criterio, que para verificar la procedencia de una causal de secreto, se debe determinar la afectación del interés jurídico protegido por ella, debiendo en consecuencia, acreditarse una expectativa razonable de daño o afectación negativa, la que a su vez, debe ser presente o probable y con suficiente especificidad para justificar la reserva (énfasis agregado). 4) Que, del análisis de los antecedentes aportados por la reclamada en el presente procedimiento de acceso, este Consejo no advierte de que forma la entrega de la información en poder del Municipio pueda afectar de forma presente o probable y con suficiente especificidad los derechos de carácter comercial u económicos del tercero interesado, máxime si se considera que dichos antecedentes versan -principalmente- sobre actos administrativos emitidos por la Autoridad Municipal con ocasión de la visación técnica del proyecto y la concesión de la respectiva autorización de extracción de áridos, a saber: el volumen autorizado de extracción, la vigencia del permiso, la zona autorizada de extracción, las coordenadas perimetrales, los plazos de presentación de informes de autocontrol, suspensiones de extracción, entre otras consideraciones de naturaleza exclusivamente técnica contenidas en el proyecto consultado (énfasis agregado). Por tal motivo, esta Corporación advierte que la información consultada se circunscribe -mayoritariamente- a aspectos técnicos que se tuvieron a la vista para la dictación de un acto administrativo, esto es, la autorización por parte de la Autoridad Municipal para la ejecución de una actividad económica (énfasis agregado). 5) Que, en concordancia con lo expuesto precedentemente, lo solicitado tiene, en principio, el carácter de información pública, toda vez que se configuran como presupuestos de naturaleza técnica que sirvieron de fundamento del acto administrativo que concedió la autorización de extracción de áridos respectiva. En tal sentido el artículo 8°, inciso 2°, de la Constitución Política de la República, en lo que interesa, establece que «son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen» (énfasis agregado). 6) Que, asimismo, sobre la materia objeto del presente amparo, esta Corporación ha razonado que la actividad de extracción de áridos supone labores que generalmente no difieren unas de otras, que se traducen en último término en la extracción de material del cauce de un río, sujetas a un procedimiento de visación técnica que considera elementos uniformes establecidos por la autoridad encargada de revisar los proyectos, no advirtiéndose por este Consejo la necesidad de mantener su reserva. En este sentido, esta Corporación, en las decisiones de amparos roles C2739-14, C2549-15 y C1743-17, C1175-20, entre otras, ha resuelto la publicidad de los proyectos de extracción de áridos y en general, de los documentos de aprobación y carpetas de los proyectos de extracción de áridos. 7) Que, en virtud de lo expuesto precedentemente, tratándose de información de naturaleza pública; no configurándose en la especie la afectación de derechos invocada por el órgano reclamado y esgrimida por el tercero interesado, este Consejo procederá a acoger el presente amparo, y conjuntamente con ello, ordenará la entrega de los antecedes consultados. En virtud del principio de divisibilidad, en forma previa a la entrega de la información solicitada, el órgano reclamado deberá tarjar todos aquellos datos personales de contexto, como por ejemplo, la cédula de identidad, el domicilio particular, la fecha de nacimiento, la nacionalidad, el estado civil, el teléfono, el correo electrónico particular, entre otros, que pudieren estar contenidos en la información cuya entrega se ordena. Asimismo, el órgano reclamado deberá tarjar los datos sensibles detallados en la información consultada. Lo anterior en aplicación de lo previsto en el artículo 19 N° 4 de la Constitución Política de la República, en concordancia de lo dispuesto en los artículos 2°, letra f) y g), y 4° de la ley N° 19.628, sobre protección de la vida privada, y en cumplimiento de la atribución otorgada a este Consejo por el artículo 33°, letra m), de la Ley de Transparencia. No obstante lo anterior, en el evento de que esta información o parte de ella no obre en poder del órgano, se deberá comunicar dicha circunstancia al reclamante y a este Consejo, indicando detalladamente las razones que lo justifiquen. EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA: I. Acoger el amparo deducido por don Marcelo Figueroa Venenciano, en contra de la Municipalidad de Quillota, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente. II. Requerir al Sr. Alcalde de la Municipalidad de Quillota, lo siguiente; a) Entregue al reclamante: i) Copia de los decretos alcaldicios de otorgamiento de permiso de extracción de áridos a la empresa que se indica, con sus respectivos anexos o modificaciones; ii) los expedientes administrativos que sustentaron los decretos alcaldicios; iii) los documentos que acrediten los pagos de los derechos municipales por la extracción de áridos de la empresa; iv) las inspecciones técnicas realizadas por la Municipalidad a la empresa que se indica, respecto a la extracción de áridos en la comuna, incluyendo en su caso, los respectivos informes finales. En virtud del principio de divisibilidad, en forma previa a la entrega de la información solicitada, el órgano reclamado deberá tarjar todos aquellos datos personales de contexto, como por ejemplo, la cédula de identidad, el domicilio particular, la fecha de nacimiento, la nacionalidad, el estado civil, el teléfono, el correo electrónico particular, entre otros, que pudieren estar contenidos en la información cuya entrega se ordena. Asimismo, el órgano reclamado deberá tarjar los datos sensibles detallados en la información consultada. Lo anterior en aplicación de lo previsto en el artículo 19 N° 4 de la Constitución Política de la República, en concordancia de lo dispuesto en los artículos 2°, letra f) y g), y 4° de la ley N° 19.628, sobre protección de la vida privada, y en cumplimiento de la atribución otorgada a este Consejo por el artículo 33°, letra m), de la Ley de Transparencia. No obstante lo anterior, en el evento de que esta información o parte de ella no obre en poder del órgano, se deberá comunicar dicha circunstancia al reclamante y a este Consejo, indicando detalladamente las razones que lo justifiquen. b) Cumpla dicho requerimiento en un plazo que no supere los 5 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia. c) Acredite la entrega efectiva de la información señalada en el literal a) precedente, en conformidad a lo establecido en el inciso segundo del artículo 17 de la Ley de Transparencia, por medio de comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dio cumplimiento a las obligaciones impuestas en la presente decisión en tiempo y forma. III. Encomendar al Director General (S) y a la Directora Jurídica (S) de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Marcelo Figueroa Venenciano; al Sr. Alcalde de la Municipalidad de Quillota; y, al tercero interesado. En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011. Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidenta doña Gloria de la Fuente González, su Consejera doña Natalia González Bañados y sus Consejeros don Francisco Leturia Infante y don Bernardo Navarrete Yáñez. Por orden del Consejo Directivo, certifica la Directora Jurídica (S) del Consejo para la Transparencia doña Ana María Muñoz Massouh.