Base de Datos de Jurisprudencia - Consejo para la Transparencia

Decisión ROL C5690-20

Reclamante:	JUAN DIAZ SOTO
Reclamado:	MUNICIPALIDAD DE LOS ÁNGELES
Resumen del caso: Se acoge parcialmente el amparo deducido en contra de la Municipalidad de Los Ángeles, referido a información sobre procesos para proveer los cargos de Directores de Establecimientos realizados en el año 2015, sin perjuicio de tener por entregada, aunque extemporáneamente, la información pedida en los literales a) y b) del requerimiento. Se ordena entregar al solicitante: i. Copia los informes presentados por la comisión calificadora de los respectivos concursos al sostenedor de los establecimientos con la nómina de postulantes seleccionados como elegibles para cada certamen consulado, previa reserva de la identidad de aquellos postulantes que no resultaron ganadores, distintos del reclamante en el evento de estar este incluido en ellos, así como todo otro dato de contexto que allí se consigne. ii. Copia de los informes entregados por las empresas externas cuyo titular sea el requirente. Respecto de lo indicado en punto i. anterior, por tratarse de información sujeta a la regla general de publicidad de los actos de la Administración del Estado; y respecto de lo ordenado en el punto ii., por corresponder a información personal del solicitante. Se hace presente que la información que corresponda al propio peticionario deberá ser entregada previa acreditación de su identidad. Se desestiman las alegaciones del órgano relativas a la concurrencia de la causal de reserva de distracción indebida por no haber acreditado fehacientemente su configuración. Se rechaza el amparo en lo que se refiere a la entrega de los informes elaborados por las empresas externas para los postulantes elegibles o seleccionados, distintos del requirente, por tratarse de información protegida por las causales de afectación al debido cumplimiento de las funciones del órgano y de derechos de las personas.
Tipo de decisión:	Decisión de Fondo
Fecha de la decisión:	1/26/2021
Consejeros:	-Gloria Alejandra de la Fuente González -Natalia Andrea González Bañados -Bernardo Eric Navarrete Yáñez
Legislación aplicada:	Ley 19628 1999 - Ley de protección de la vida privada Ley de Transparencia
Palabras clave:
Jurisprudencia desde:	C377-13 C862-17 C91-10
Jurisprudencia a:
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Descriptores jurídicos:
Descriptores analíticos:	Otros; Educación

DECISIÓN AMPARO ROL C5690-20   Entidad pública: Municipalidad de Los Ángeles Requirente: Juan Díaz Soto Ingreso Consejo: 11.09.2020 RESUMEN Se acoge parcialmente el amparo deducido en contra de la Municipalidad de Los Ángeles, referido a información sobre procesos para proveer los cargos de Directores de Establecimientos realizados en el año 2015, sin perjuicio de tener por entregada, aunque extemporáneamente, la información pedida en los literales a) y b) del requerimiento. Se ordena entregar al solicitante: i. Copia los informes presentados por la comisión calificadora de los respectivos concursos al sostenedor de los establecimientos con la nómina de postulantes seleccionados como elegibles para cada certamen consulado, previa reserva de la identidad de aquellos postulantes que no resultaron ganadores, distintos del reclamante en el evento de estar este incluido en ellos, así como todo otro dato de contexto que allí se consigne. ii. Copia de los informes entregados por las empresas externas cuyo titular sea el requirente. Respecto de lo indicado en punto i. anterior, por tratarse de información sujeta a la regla general de publicidad de los actos de la Administración del Estado; y respecto de lo ordenado en el punto ii., por corresponder a información personal del solicitante. Se hace presente que la información que corresponda al propio peticionario deberá ser entregada previa acreditación de su identidad. Se desestiman las alegaciones del órgano relativas a la concurrencia de la causal de reserva de distracción indebida por no haber acreditado fehacientemente su configuración. Se rechaza el amparo en lo que se refiere a la entrega de los informes elaborados por las empresas externas para los postulantes elegibles o seleccionados, distintos del requirente, por tratarse de información protegida por las causales de afectación al debido cumplimiento de las funciones del órgano y de derechos de las personas. Se representa al órgano haber otorgado respuesta fuera del plazo legal establecido para ello. En sesión ordinaria N° 1150 del Consejo Directivo, celebrada el 19 de enero de 2021, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C5690-20. VISTO: Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia. TENIENDO PRESENTE: 1) SOLICITUD DE ACCESO: El 24 de julio de 2020, don Juan Díaz Soto solicitó a la Municipalidad de Los Ángeles, lo siguiente: "Solicito se me informe lo siguiente: a.- La fecha en que el Sr. (...) hizo entrega al Sostenedor del Informe Fundado de cada uno de los 5 concursos de Directores realizado en los meses de enero y febrero de 2015. b.- Se me informe, quién es la persona responsable de la custodia de la información de ese concurso una vez terminado éste y nombrado por el Alcalde el Director de cada establecimiento, además, se señale el cargo que tiene ese funcionario. c.- Solicito se le haga entrega de la copia del informe fundado de cada uno de los establecimientos del concurso de Directores 2015 entregado en esa oportunidad al sostenedor para elegir a cada uno de los Directores por establecimiento. d.- Se me entregue copia de los informes curricular y psicolabral realizados por las empresas evaluadoras externas que fueron adjuntados a cada uno de los informes fundados entregados al sostenedor. En caso de no tenerlos se informe de su inexistencia". 2) AUSENCIA DE RESPUESTA Y AMPARO: El 11 de septiembre de 2020, don Juan Díaz Soto dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en que no recibió respuesta a su solicitud. 3) RESPUESTA EXTEMPORÁNEA: Por medio de Ord. N° 2325-1, de 15 de septiembre de 2020, la Municipalidad de Los Ángeles dio respuesta al requerimiento de información señalando, en resumen, que se accede a la entrega de los datos pedidos en los literales a) y b), los que indica, y que se deniegan los antecedentes pedidos en los literales c) y d), por configurarse a su respecto la causal de reserva del artículo 21 N° 1, letra b) de la Ley de Transparencia. Justifica la causal de reserva invocada en la circunstancia de que el reclamante a dicha época habría presentado un total de 25 solicitudes de acceso, motivo por el cual respecto de la solicitud N° MU153T0002325, se deniega lo pedido en las letras c) y d), atendido que estas "corresponden a la búsqueda de 75 informes ya que requiere la información respecto de la terna de 25 concursos públicos para proveer al cargo de director, lo que evidentemente significa una carga de trabajo muy superior a la que hoy pueden atender los funcionarios del DAEM derivado del sistema de trabajo propuesto para protegerse de contagio frente a la Pandemia". Acto seguido, enuncia los actos administrativos mediante los cuales la autoridad ha decretado estado de excepción constitucional de catástrofe, por calamidad pública, y sus respectivas prórrogas, así como aquel por medio del cual la autoridad municipal dispuso medidas excepcionales de funcionamiento interno ante alerta sanitaria. En tal contexto, señala que "funcionarios de la Dirección Comunal de Educación Municipal, algunos se encuentran mediante la opción de flexibilidad laboral (...), por cuanto la información y documentos relativo a la letra c) y d) de la solicitud, en encuentran en estas dependencias municipales, y estos no son de fácil acceso dada la contingencia y emergencia sanitaria que vive el país, principalmente, el resguardar la seguridad y la saludad de él y los funcionarios. Se acompañarán decretos". Informa que la encargada de Personal, a través de memo que indica, señaló que los funcionarios dependentes del área de personal son 14 funcionarios, de los cuales 3 se encuentran con permiso especial por edad o patología relacionada con la Pandemia COVID-19. Sin embargo, atendido el sistema de turnos, en realidad se encuentran en la unidad 7 personas. Sostiene que dar respuesta a las 14 solicitudes de información presentadas por el reclamante le tomaría 2 meses más 2 vehículos para cumplir con las diferentes tareas del DAEM. Indica también que el valor de horas hombres para realizar ese trabajo es de $1.793.520, por 2 meses (personal, vehículo en jornada de 6 horas por semana). Finalmente, transcribe 8 solicitudes de información realizadas por el reclamante. 4) PRONUNCIAMIENTO DEL RECLAMANTE: En virtud de lo anterior, este Consejo, mediante oficio E17000, de 7 de octubre de 2020, solicitó al reclamante manifestar su conformidad o disconformidad respecto de la respuesta remitida el órgano, y en caso de disconformidad, detallar qué información de la solicitada no le habría sido entregada. Al efecto, por medio de correo electrónico de fecha 13 de octubre de 2020, el reclamante se manifestó disconforme con la respuesta entregada, específicamente, la denegación de información realizada por la Municipalidad. 5) AUSENCIA DE DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado al Sr. Alcalde de la Municipalidad de Los Ángeles, mediante Oficio E19211, de 5 de noviembre de 2020, solicitando que: (1°) se refiera, específicamente, a las causales de secreto o reserva que, a su juicio, harían procedente la denegación de la información solicitada; (2°) señale cómo la entrega de la información solicitada afectaría el debido cumplimiento de las funciones del órgano que usted representa; (3°) aclare si la información denegada se encuentra en formato digital y/o papel; y, (4°) se refiera al volumen de la información solicitada, la cantidad de tiempo y funcionarios que se destinarían a recopilar la información requerida. Con todo, a la fecha del presente acuerdo, no consta que el organismo haya presentado sus descargos en esta sede. Y CONSIDERANDO: 1) Que, el artículo 14 de la Ley de Transparencia dispone que la autoridad o jefatura del organismo requerido deberá pronunciarse sobre la solicitud, sea entregando la información solicitada o negándose a ello en un plazo máximo de veinte días hábiles, contados desde la recepción de esta, sin perjuicio de la prórroga del mismo por el plazo de diez días adicionales. No obstante, en el presente caso, la solicitud en análisis no fue respondida dentro del plazo legal indicado, el cual vencía el 04 de septiembre del año 2020. Debido a lo anterior, este Consejo representará al Sr. Alcalde de la Municipalidad de Los Ángeles, en lo resolutivo de la presente decisión, la infracción a la precitada disposición. 2) Que, lo solicitado corresponde a diversa información relativa los concursos para proveer el cargo de Director de Establecimiento Educacional realizados en enero y febrero del año 2015. 3) Que, con posterioridad a la interposición del amparo, la Municipalidad de Los Ángeles dio respuesta a la solicitud de acceso en análisis. Por su parte, la reclamante se manifestó disconforme con la misma atendida la denegación de los antecedentes requeridos en los literales c) y d) del numeral 1° de lo expositivo. Debido a lo anterior, se acogerá el amparo respecto de la información pedida en los a) y b) del numeral 1° de lo expositivo, teniéndola por entregada de manera extemporánea. 4) Que, en cuanto a la restante información pedida, esto es, aquella referida a "copia del informe fundado de cada uno de los establecimientos del concurso de Directores 2015 entregado en esa oportunidad al sostenedor para elegir a cada uno de los Directores por establecimiento" (literal c) y "copia de los informes curricular y psicolabral realizados por las empresas evaluadoras externas que fueron adjuntados a cada uno de los informes fundados entregados al sostenedor. En caso de no tenerlos se informe de su inexistencia" (literal d), el órgano negó dichos antecedentes por configurarse la causal de reserva de distracción indebida contemplada en el artículo 21 N° 1, letra c) de la Ley de Transparencia. 5) Que, el artículo 8°, inciso 2°, de la Constitución Política de la República, en lo que interesa, establece que "son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen. Sin embargo, sólo una ley de quórum calificado podrá establecer la reserva o secreto de aquéllos o de éstos, cuando la publicidad afectare el debido cumplimiento de las funciones de dichos órganos, los derechos de las personas, la seguridad de la Nación o el interés nacional". Por su parte, según lo dispuesto en los artículos 5, inciso segundo y 10 de la Ley de Transparencia, se considera información pública toda aquella que obre en poder de los órganos de la Administración del Estado, cualquiera sea su formato, soporte, fecha de creación, origen, clasificación o procesamiento, además de aquella contenida en "actos, resoluciones, actas, expedientes, contratos y acuerdos, así como a toda información elaborada con presupuesto público", salvo que dicha información se encontrare sujeta a las excepciones establecidas en el artículo 21 de la Ley de Transparencia. 6) Que, previo al pronunciamiento de la causal de reserva invocada, resulta útil señalar que lo pedido correspondería a procesos concursable regulados por el decreto con fuerza de ley N° 1, de 1996, del Ministerio de Educación, que fija texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 19.070 que aprobó el estatuto de los profesionales de la educación, y de las leyes que la complementan y modifican (en adelante Estatuto de Profesionales de la Educación). Con todo, tratándose de establecimiento educacionales dependientes de Corporaciones Municipales y no de Servicios Locales, no le resultan aplicables las modificaciones introducidas por la ley N° 21.040, que crea el Sistema de Educación Pública. 7) Que, en relación con el mecanismo de selección directiva para proveer las vacantes de los cargos de director de establecimientos educacionales, el Estatuto de Profesionales de la Educación, en su artículo 32 bis, establece que "[e]l proceso de evaluación deberá considerar el apoyo de asesorías externas registradas en la Dirección Nacional del Servicio Civil, con la finalidad de preseleccionar los candidatos que serán entrevistados por la comisión calificadora. Estas asesorías deberán ser elegidas por el miembro de la comisión calificadora del Consejo de Alta Dirección Pública, creado en la ley N° 19.882, o su representante y podrán ser financiadas de acuerdo a lo establecido en el artículo 3° de la Ley de Calidad y Equidad de la Educación. / Con posterioridad, la comisión calificadora deberá entrevistar a cada uno de los candidatos preseleccionados, proceso para el cual podrá contar con apoyo externo. Luego de ello, la comisión calificadora deberá presentar un informe con la nómina de los postulantes seleccionados. Dicha nómina contará con un mínimo de tres y un máximo de cinco candidatos, los que serán presentados al sostenedor quien podrá nombrar a cualquiera de ellos o declarar, previa resolución fundada, desierto el proceso de selección, caso en el cual se realizará un nuevo concurso". Así las cosas, esta Corporación entiende que lo reclamado correspondería, por una parte, a los informes presentados por la comisión calificadora de los respectivos concursos al sostenedor de los establecimientos con la nómina de postulantes seleccionados como elegibles para cada certamen y, por la otra, los informes elaborados por la respectiva empresa externa para cada uno de dichos postulantes seleccionados. 8) Que, ahora bien, en lo relativo a la concurrencia de la causal de reserva de distracción indebida del artículo 21 N° 1 letra c) de la Ley de Transparencia, ésta permite reservar aquella información referida a un elevado número de actos administrativos o sus antecedentes o cuya atención requiera distraer indebidamente a los funcionarios del cumplimiento regular de sus labores habituales. En tal sentido el artículo 7° numeral 1° letra c) del Reglamento de la citada ley precisa, que se distrae a los funcionarios de sus funciones cuando la satisfacción de un requerimiento precisa por parte de éstos, la utilización de un tiempo excesivo, considerando su jornada de trabajo, o un alejamiento de sus funciones habituales. 9) Que, sobre la interpretación de la causal en comento, la jurisprudencia de este Consejo ha establecido que ésta sólo puede configurarse en la medida que las tareas que supone la búsqueda o eventualmente la sistematización y posterior entrega de lo pedido demanden esfuerzos de tal entidad, que entorpezcan el normal o debido funcionamiento del organismo. Resumiendo, este criterio, la decisión de amparo Rol C377-13, razonó que "la causal en comento depende ya no tanto de la naturaleza de lo pedido, sino más bien de cada situación de hecho en términos de los esfuerzos desproporcionados que involucraría entregar lo solicitado". 10) Que, en dicho contexto, cabe tener presente lo señalado por la Excma. Corte Suprema, en su sentencia recaída en el recurso de queja Rol N° 6663-2012, de 17 de enero de 2013, en orden a que "la reserva basada en el debido ejercicio de las funciones del órgano deberá explicarse pormenorizadamente y probarse de modo fehaciente de qué manera el control ciudadano reflejado en la solicitud [de acceso] podría afectar el debido cumplimiento de las funciones (...), mencionarse las atribuciones precisas que la revelación de la información le impediría o entorpecería de cumplir debidamente (...), sin que basten para estos efectos meras invocaciones generales". En la especie, éste no ha sido el estándar demostrado por el órgano reclamado. 11) Que, en efecto, respecto de los elementos necesarios para la configuración de la causal invocada, la reclamada se limitó a señalar que el volumen de la información es de 75 informes (relativo a 25 concursos), sin especificar la cantidad de hojas o documentos que componen esos 75 archivos. Agrega, que la unidad de personal cuenta con 7 funcionarios de un total de 14, atendido el sistema de turnos y flexibilidad de asistencia debido a las medidas por el Covid-19, y que las actividades de búsqueda de la información tomarían 2 meses, considerando los restantes requerimientos de información del reclamante que a dicha época se encontraban pendientes. Luego, a la luz del estándar descrito en los considerandos procedentes, el tiempo de dedicación informado por el municipio parece desproporcionado, inclusive considerando las dificultades que implica la realización de actividades de carácter presencial en el marco del estado de excepción constitucional decretado a raíz de la pandemia por Coronavirus, por cuanto este Consejo no advierte de qué forma la búsqueda, digitalización y eventual censura de 75 informes pueda tomar los 40 días hábiles que propone el organismo. Esto, máxime si se considera, por una parte, que la referencia se realiza tomando en cuenta solicitudes de información distinta a la reclamada y, por otra, que de acuerdo con la Ley de Transparencia el plazo para dar respuesta a una solicitud de información es de 20 días hábiles, más 10 días de prórroga, de ser necesarios. De ahí que, a juicio de esta Corporación, no se advierte que la recopilación de la información pedida suponga un gravamen al organismo que justifique su denegación. En mérito de lo expuesto, se desechará la causal alegada. 12) Que, no obstante lo anterior, atendida la naturaleza de la información reclamada, es menester hacer presente que en materia de concursos para proveer cargos públicos la jurisprudencia de este Consejo ha establecido invariablemente que procede, respecto del ganador o postulante seleccionado, la entrega de los puntajes de sus evaluaciones y calificaciones, currículum vitae y demás antecedentes acompañados en su postulación y actas del certamen, bajo el fundamento de que se trata de antecedentes que han sido tenidos a la vista para la selección de personal en un concurso público y que por tanto constituyen fundamento del acto administrativo que los designa y que, además, acreditarían la idoneidad profesional del seleccionado. Por el contrario, tratándose de los demás postulantes no designados para el cargo, conforme se ha resuelto a partir de la decisión rol C91-10, procede reservar los antecedentes de los candidatos que no resultaron seleccionados para el cargo "por contener datos personales de sus titulares los que, de conformidad con los artículos 4° y 7° de la ley N° 19.628, sobre protección de la vida privada, no pueden ser comunicados sin su autorización", agregándose que "la decisión de postular a un cargo no tiene por qué exponerse a la comunidad en caso de no ser exitosa, por lo que ha de mantenerse la reserva de la identidad del postulante". Lo anterior, implica reservar y proteger la identidad o nombre de los postulantes que no fueron seleccionados para los cargos concursados -y que, por ello, no adquirieron la calidad de funcionario público-, en virtud de lo dispuesto en los mencionados artículos 4° y 7° de la ley N° 19.628, en relación con lo expuesto en el artículo 2, letra f), de la misma ley, y el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, pudiendo únicamente, entregarse los puntajes o resultado de evaluación de dichos postulantes, pero de manera anonimizada, con la finalidad de poder comparar esas calificaciones con las de los candidatos seleccionados para los distintos cargos, facilitando el respectivo control social sobre el proceso de selección. 13) Que, asimismo, en los casos en que el requerimiento contemple el acceso información del propio peticionario en los concursos consultados, aquello constituye una manifestación del derecho a acceso a sus propios datos personales, que obran en poder de un tercero, prerrogativa que reconoce expresamente el artículo 12 inciso 1° de la ley N° 19.628, sobre protección de la vida privada. En dicho caso, la requirente ha ejercido el denominado habeas data impropio frente a la Administración, en virtud de lo cual, las personas pueden acceder a sus propios datos personales, por ser titulares de éstos conforme a lo previsto en el artículo 2°, literal ñ) y 12 de la citada ley. 14) Que, además, respecto del informe psicolaboral del solicitante, este Consejo ha sostenido que el titular de los datos personales sensibles y de toda la información contenida en el informe psicolaboral no es la empresa consultora que elaboró el informe, ni el órgano o servicio público que encargó su confección, sino la persona evaluada, y en tal sentido, el legislador en el artículo quincuagésimo quinto de la ley N° 19.882, no ha hecho otra cosa que explicitar que aquel tiene derecho a acceder al resultado de su evaluación, es decir, a las impresiones vertidas sobre él por el evaluador, y que se materializan o documentan en el informe entregado por la aludida empresa consultora. Ello toda vez que dicho informe, en su integridad, es un dato personal sensible del requirente, razón por la cual en los casos en que la información sea solicitada por el propio interesado, para él dichos datos jamás podrán tener el carácter de reservados. 15) Que, al efecto, la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago, en sentencia Rol 9644-2017, de fecha 19 de abril de 2018, que rechazó el reclamo de ilegalidad interpuesto por la Dirección Nacional del Servicio Civil en contra de la decisión Amparo C862-17 de este Consejo, señaló: "el reconocimiento que hace la ley de que los postulantes a los concursos tienen derecho a acceder a su propia información, desde que los datos que se contienen en ellos son datos personales sensibles según lo dispone el artículo 2°, letra g), la ley N° 19.628 sobre Protección de la Vida Privada, respecto de los cuales surge la titularidad a que se refiere el artículo 12 de aquel texto legal. De esta forma, la expresión "resultado de su evaluación" no puede sino referirse al contenido mismo de los datos personales vertidos en dicho informe. (...). Por lo que el informe, en su integridad, es un dato personal sensible del requirente. Adicionalmente, la jurisprudencia reiterada de los tribunales superiores de justicia, se ha manifestado en este mismo sentido, estableciendo que el titular de los aludidos "informes psicolaborales" tiene derecho a acceder a su contenido. Por lo que, estando en presencia de una solicitud de datos propios del requirente, contenidos en un informe elaborado en el marco de los concursos a los que se presentó, el peticionario tiene derecho a conocer el contenido de los mismos, sin que ello ponga en riesgo ningún valor o principio" (considerando noveno). Acto seguido, agrega "al ser el titular de aquellos datos sensibles, quien solicita su entrega, no puede entenderse que respecto de él, rija la reserva o secreto, precisamente porque los datos son de su propiedad. Al titular de datos sensibles, le asiste el derecho de solicitarlos, y su entrega no puede ser rechazada, tal como lo ha expresado el Consejo para la Transparencia en la Decisión Amparo recurrida. Dicho derecho le asiste por cuánto es el solicitante el único titular de aquellos datos y el ente público, solo tiene el derecho al uso de aquella información para los efectos del proceso de selección, más no ha generado para sí derecho alguno sobre ellos, que importen una causal para excusar su entrega al requirente, por cuanto son datos única y exclusivamente de dominio del solicitante, sensibles para éste y privativos de su persona" (considerando undécimo); "Que, tal como ha razonado y resuelto correctamente el Consejo para la Transparencia mediante la Decisión Amparo recurrida, la información solicitada tiene el carácter de privativa del solicitante, por lo que respecto de éste no tiene el carácter de reservada o confidencial, estando facultado para solicitar y conocer el resultado de la pericia psicolaboral en las distintas áreas en que fue evaluado, sin que ello afecte de manera alguna los procesos de selección del Sistema de Alta Dirección pública llevado por el Servicio Civil" (considerando duodécimo). 16) Que, la anterior conclusión es compartida por el Tribunal Constitucional, quien precisamente conociendo del requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad Rol 4785-18, presentado por la Dirección Nacional del Servicio Civil respecto de los artículos 5° inciso 2°, 21 N° 1° letra b) de la ley N° 20.285 y 2° letra g) de la ley N° 19.628, en el citado reclamo de ilegalidad Rol N° 9644-2017, rechazó dicho requerimiento y señaló en sentencia de fecha 12 de septiembre de 2019, que: "en el caso de marras es el propio postulante el que solicita conocer de sus antecedentes personales recabados en el proceso de selección antes mencionado, los cuales se encuentran protegidos especialmente por lo dispuesto en el artículo 19 N° 4 de la Constitución. Así, esta Magistratura en reiterada jurisprudencia -con anterioridad incluso a la elevación expresa a nivel constitucional, en el recién mencionado precepto de la Carta Fundamental, del derecho a la protección de los datos personales y de la remisión efectuada al legislador, en relación a la forma y condiciones de su tratamiento y protección, efectuada por la ley de reforma N° 21.096, de 16 de junio de 2018- ha señalado que "El legislador ha definido la información relativa a la vida privada como datos sensibles y que, por ello, merecen especial protección. Así aparece en la Ley de Protección de la Vida Privado. Por el otro lado, se encuentran fuera del área protegida aquellos datos o aspectos que puedan generar repercusiones para la ordenación de la vida social y puedan afectar derechos de terceros o intereses legítimos de la comunidad. (STC 1.732 cc. 27 y 28, y en el mismo sentido, STC 1.990 c. 36". En consecuencia, "Las evaluaciones personales se encuentran comprendidas en la vida privada de las personas, pues contienen datos denominados sensibles. Así lo señala la Ley de Protección a la Vida Privada, la Ley que regula la Política Personal de los Funcionarios Públicos y así lo ha establecido el Consejo para la Transparencia. (STC 1.990 cc. 39 y 40).". En definitiva, podemos concluir que los antecedentes solicitados son públicos para su titular, quien tiene derecho, por lo tanto, a solicitar el informe psicolaboral elaborado en virtud de lo dispuesto en el artículo 55° incisos primero, tercero y cuarto letra d) de la Ley N° 19.882, manteniéndose la reserva únicamente respecto de terceros" (considerando vigésimo sexto). 17) Que, a mayor abundamiento, si bien, en el presente caso los procesos concursales reclamados fueron sustanciados con anterioridad a la entrada en vigencia de la ley N° 20.955, de 20 de octubre de 2016, que perfecciona el Sistema de Alta Dirección Pública y fortalece la Dirección Nacional del Servicio Civil -que resulta aplicable en materia de concursos para Director de establecimientos educaciones públicos-, modificó entre otras disposiciones, el artículo quincuagésimo quinto de la ley N° 19.882, consagrando en materia de proceso de selección de Alta Dirección Pública un especifico estatuto de publicidad y reserva de la información vinculada estos; este estatuto debe ser considerado al momento de resolver asuntos como el que nos convoca, por cuanto se aviene a lo resuelto por la jurisprudencia de esta Corporación y permite unificar criterios de publicidad y reserva en materias de idéntica naturaleza. 18) Que, al respecto, el legislador estableció en su inciso 1°, que "[e]l proceso de selección y sus antecedentes tendrán el carácter de públicos, sin perjuicio de las reservas que expresamente establezca la ley", reconociendo, como regla general, la naturaleza pública de dichos procedimientos administrativos, sin perjuicio de las precisiones, excepciones y contra excepciones que la misma norma regula. A continuación, el legislador dispuso que una vez nombrado el alto directivo público o declarado desierto el concurso, serán públicos: a) los antecedentes curriculares de quien sea nombrado, debiendo resguardarse sus datos sensibles; y b) los puntajes finales de los candidatos incluidos en las nóminas a que se refieren los artículos quincuagésimo y quincuagésimo segundo de la ley, resguardándose la identidad de los mismos (inciso 2°). Consagró en materia de habeas data, que cada postulante, una vez finalizada su participación, tiene derecho a acceder a su propia información, señalando explícitamente que "podrá solicitar su puntaje final y el resultado de su evaluación" (inciso 3°). No obstante, también declaró que siempre tendrán el carácter de confidencial: a) el nombre y otros atributos personales que permitan deducir la identidad de los candidatos; b) las referencias entregadas por terceros sobre los candidatos; c) los puntajes de los candidatos, excepto en los casos señalados en la letra b) del inciso segundo y el inciso tercero; d) las opiniones expertas y evaluaciones emitidas por las empresas especializadas en selección de personal sobre los candidatos, sin perjuicio de lo señalado en el inciso tercero; e) la nómina de candidatos. (inciso 4°). 19) Que, asimismo, el aludido artículo estableció que las precitadas normas "serán aplicables a todos aquellos procesos de selección en que la ley disponga la utilización del proceso de selección regulado por el Párrafo 3° del Título VI de la presente ley o en los que participe la Dirección Nacional del Servicio Civil o el Consejo de Alta Dirección Pública o sus representantes" (inciso 5°); y que, "en el debido cumplimiento de las funciones de la Dirección Nacional del Servicio Civil y del Consejo para la adecuada operación del Sistema de Alta Dirección Pública, se mantendrá, por el plazo de nueve años contado desde el inicio de cada proceso de selección, el carácter secreto o reservado de los antecedentes a que se refiere el inciso cuarto de este artículo" (inciso 6°). La ley N° 20.955, en lo que se refiere a la modificación de artículo quincuagésimo quinto de la ley N° 19.882, fue aprobada en su trámite legislativo por quórum calificado. 20) Que, en conclusión, en relación a los documentos pedidos en las letras c) y d) del numeral 1° de lo expositivo, se acogerá parcialmente el amparo, ordenando la entrega de los informes presentados por la comisión calificadora de los respectivos concursos al sostenedor de los establecimientos con la nómina de postulantes seleccionados como elegibles para cada certamen consulado, previa reserva de la identidad de aquellos postulantes que no resultaron ganadores, distintos del reclamante en el evento de estar este incluido en ellos, así como todo otro dato de contexto que allí se consigne tales como, por ejemplo, RUT, domicilio particular, fecha de nacimiento, nacionalidad, estado civil, teléfonos fijos o celulares, correo electrónico particular, entre otros, en conformidad con lo dispuesto en los artículos 2°, letra f) y 4° de la ley N° 19.628, por estimarse que su revelación afectaría los derechos de sus titulares. Por su parte, en lo que dice relación con los informes entregados por las empresas externas respecto de los postulantes incluidos en los antedichos informes de la comisión, se ordena la entrega de aquellos que correspondan al peticionario, de ser ese el caso, rechazándose respecto de los demás postulantes elegibles o seleccionados, por tratarse de información protegida por las causales de afectación al debido cumplimiento de las funciones del órgano y de derechos de las personas, consagradas en el artículo 21 N° 1 y N° 2, de la Ley de Transparencia, respectivamente. Lo anterior se dispone en cumplimiento de la atribución otorgada a este Consejo por el artículo 33, letra m), de la Ley de Transparencia. 21) Se hace presente que la información que corresponda al propio peticionario deberá ser entregada previa acreditación de su identidad, por contener datos personales y sensibles de éste, al alero de la Ley N° 19.628 y el numeral 4.3. de la Instrucción General N° 10 de este Consejo, y teniendo en consideración el estado de catástrofe declarado en el país, producto de la pandemia a consecuencia del COVID-19, así como las directrices otorgadas por el Oficio N° 000252 de fecha 20 de marzo de 2020, de esta Corporación, se recomienda al órgano reclamado que realice la entrega efectiva de esa parte de lo solicitado al requirente o su apoderado, por un medio alternativo a la entrega de manera presencial. A modo meramente ejemplar, a través de correo electrónico o la que estime pertinente, previa acreditación de la identidad del titular o envío de mandato por mecanismos telemáticos, según corresponda. EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA: I. Acoger parcialmente el amparo deducido por don Juan Díaz Soto en contra de la Municipalidad de Los Ángeles, sin perjuicio de tener por entregada, aunque extemporáneamente, la información pedida en los literales a) y b) del requerimiento, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente. II. Requerir al Sr. Alcalde de la Municipalidad de Los Ángeles: b) Hacer entrega al reclamante, en relación con los procesos para proveer los cargos de Directores de Establecimientos realizados en el año 2015, de lo siguiente: i. Copia los informes presentados por la comisión calificadora de los respectivos concursos al sostenedor de los establecimientos con la nómina de postulantes seleccionados como elegibles para cada certamen consulado, previa reserva de la identidad de aquellos postulantes que no resultaron ganadores, distintos del reclamante en el evento de estar este incluido en ellos, así como todo otro dato de contexto que allí se consigne tales como, por ejemplo, RUT, domicilio particular, fecha de nacimiento, nacionalidad, estado civil, teléfonos fijos o celulares, correo electrónico particular, entre otros. ii. Copia de los informes entregados por las empresas externas cuyo titular sea el requirente. Se hace presente que la información que corresponda al propio peticionario deberá ser entregada previa acreditación de su identidad. c) Cumplir dicho requerimiento en un plazo que no supere los 10 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia. d) Acreditar la entrega efectiva de la información señalada en el literal a) precedente, en conformidad a lo establecido en el inciso segundo del artículo 17 de la Ley de Transparencia, por medio de comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dio cumplimiento a las obligaciones impuestas en la presente decisión en tiempo y forma. III. Se rechaza el amparo en lo que se refiere a la entrega de los informes elaborados por las empresas externas para los postulantes elegibles o seleccionados, distintos del requirente, por tratarse de información protegida por las causales de afectación al debido cumplimiento de las funciones del órgano y de derechos de las personas, consagradas en el artículo 21 N° 1 y N° 2, de la Ley de Transparencia, respectivamente. IV. Representar al Sr. Alcalde de la Municipalidad de Los Ángeles, la infracción al artículo 14 de la Ley de Transparencia, al no haber evacuado respuesta al presente requerimiento dentro del plazo legal. Lo anterior, con la finalidad de que se adopten las medidas necesarias para que, en lo sucesivo, no se reiteren tales infracciones. V. Encomendar al Director General (S) y a la Directora Jurídica (S) de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Juan Díaz Soto y al Sr. Alcalde de la Municipalidad de Los Ángeles. En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011. Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidenta doña Gloria de la Fuente González, su Consejera doña Natalia González Bañados y don Bernardo Navarrete Yáñez. El Consejero don Francisco Leturia Infante no concurre al presente acuerdo por encontrarse ausente. Por orden del Consejo Directivo, certifica la Directora Jurídica (S) del Consejo para la Transparencia doña Ana María Muñoz Massouh.