Base de Datos de Jurisprudencia - Consejo para la Transparencia

Decisión ROL C5749-20

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Reclamante:	RAFAEL HARVEY VALDÉS
Reclamado:	SUBSECRETARÍA PARA LAS FUERZAS ARMADAS
Resumen del caso: Se acoge el amparo interpuesto en contra de la Subsecretaría para Las Fuerzas Armadas, ordenándose la entrega de copia certificada de la totalidad de los documentos, oficios e informes contenidos en la carpeta que entregó el suscrito en la audiencia que singulariza. Lo anterior, por tratarse de antecedentes de naturaleza pública, comprendiéndose dentro del debido ejercicio del derecho de acceso a la información. Al respecto, esta Corporación ha razonado que requerir la certificación de que los documentos entregados son idénticos a aquellos que se encuentran en poder del órgano - solicitud de copia autorizada-, se encuentra amparada por el artículo 17° de la Ley de Transparencia, esto es, el derecho a solicitar y recibir información en la forma y condiciones que establece esta ley. Asimismo, el órgano reclamado no alegó la inexistencia material de los antecedentes consultados, ni esgrimió causales de reserva o secreto que ponderar. Atendido que la información contiene -eventualmente- datos personales y sensibles del reclamante, el órgano deberá proporcionarla previa acreditación de identidad, en conformidad de lo dispuesto en el numeral 4.3. de la Instrucción General N° 10 de este Consejo. No obstante lo anterior, en el evento de que esta información o parte de ella no obre en poder del órgano, se deberá comunicar dicha circunstancia al reclamante y a este Consejo, indicando detalladamente las razones que lo justifiquen.
Tipo de decisión:	Decisión de Fondo
Fecha de la decisión:	1/25/2021
Consejeros:	-Gloria Alejandra de la Fuente González -Natalia Andrea González Bañados -Bernardo Eric Navarrete Yáñez
Legislación aplicada:	Constitución Política de la República Ley de Transparencia Reglamento de la Ley de Transparencia
Palabras clave:
Jurisprudencia desde:	C732-12
Jurisprudencia a:
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Descriptores jurídicos:
Descriptores analíticos:	Defensa

DECISIÓN AMPARO ROL C5749-20   Entidad pública: Subsecretaría para Las Fuerzas Armadas Requirente: Rafael Harvey Valdés Ingreso Consejo: 14.09.2020 RESUMEN Se acoge el amparo interpuesto en contra de la Subsecretaría para Las Fuerzas Armadas, ordenándose la entrega de copia certificada de la totalidad de los documentos, oficios e informes contenidos en la carpeta que entregó el suscrito en la audiencia que singulariza. Lo anterior, por tratarse de antecedentes de naturaleza pública, comprendiéndose dentro del debido ejercicio del derecho de acceso a la información. Al respecto, esta Corporación ha razonado que requerir la certificación de que los documentos entregados son idénticos a aquellos que se encuentran en poder del órgano - solicitud de copia autorizada-, se encuentra amparada por el artículo 17° de la Ley de Transparencia, esto es, el derecho a solicitar y recibir información en la forma y condiciones que establece esta ley. Asimismo, el órgano reclamado no alegó la inexistencia material de los antecedentes consultados, ni esgrimió causales de reserva o secreto que ponderar. Atendido que la información contiene -eventualmente- datos personales y sensibles del reclamante, el órgano deberá proporcionarla previa acreditación de identidad, en conformidad de lo dispuesto en el numeral 4.3. de la Instrucción General N° 10 de este Consejo. No obstante lo anterior, en el evento de que esta información o parte de ella no obre en poder del órgano, se deberá comunicar dicha circunstancia al reclamante y a este Consejo, indicando detalladamente las razones que lo justifiquen. Aplica precedente contenido en la decisión C732-12. En sesión ordinaria N° 1150 del Consejo Directivo, celebrada el 19 de enero de 2021, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C5749-20. VISTO: Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia. TENIENDO PRESENTE: 1) SOLICITUD DE ACCESO: El 4 de agosto de 2020, don Rafael Harvey Valdés solicitó a la Subsecretaría para Las Fuerzas Armadas -en adelante, indistintamente la Subsecretaría- la siguiente información: «copia autenticada de la totalidad de los documentos, oficios e informes contenidos en la carpeta que entregó el peticionario en la audiencia que singulariza». 2) PRORROGA DE PLAZO: Por oficio, de fecha 1 de septiembre de 2020, el órgano notificó a la parte solicitante la decisión de prorrogar el plazo de respuesta en 10 días hábiles, en los términos referidos en el inciso 2° del artículo 14 de la Ley de Transparencia. 3) RESPUESTA: Mediante presentación, de fecha 7 de septiembre de 2020, la Subsecretaría para Las Fuerzas Armadas respondió a dicho requerimiento de información, en los siguientes términos: 3.1) Primeramente, hizo presente que idéntica petición fue efectuada por el peticionario, con fecha 7 de abril de 2020. Sobre lo anterior, señaló que se le proporcionó respuesta mediante resolución exenta N° 2306, de fecha 29 de abril de 2020, particularmente en el considerando 5° de dicho acto administrativo. Al efecto, acompañó copia del referido instrumento, a fin de responder el requerimiento de acceso en análisis. 3.2) A su vez, dicha resolución denegó la petición de información consignada en el punto 4° letra c) de dicho requerimiento, por cuanto no constituye una solicitud de acceso a la información en los términos previstos en la Ley de Transparencia, conforme a decisión emanada de esta Corporación que citó. 4) AMPARO: El 14 de septiembre de 2020, don Rafael Harvey Valdés dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en la denegación de los antecedentes consultados. 5) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado al Sr. Subsecretario para Las Fuerzas Armadas, mediante Oficio N° E17712, de fecha 17 de octubre de 2020, solicitándole que: (1°) considerando lo expuesto por el reclamante y la respuesta proporcionada por el órgano que Ud. representa, aclare si la información requerida obra en su poder, constando en alguno de los soportes documentales que señala el inciso segundo del artículo 10 de Ley de Transparencia; (2°) se refiera a las circunstancias de hecho que hacen procedente la denegación de la información solicitada; y, (3°) se pronuncie acerca de la eventual concurrencia de algunas de las causales constitucionales o legales de secreto o reserva que, a su juicio, harían procedente la denegación de la información requerida. Mediante presentación, de fecha 2 de noviembre de 2020, el órgano reclamado evacuó sus descargos y observaciones, en los siguientes términos: 5.1) Primeramente, reiteró lo expuesto en su respuesta. Sobre este punto, agregó que, el amparo deducido por el peticionario no versa sobre una denegatoria de acceso a la información imputable a la Subsecretaría, pues se otorgó respuesta fundada al requerimiento en análisis. Acto seguido, indicó que, el amparo formulado por el reclamante no contiene una indicación clara en cuanto a la infracción cometida y los hechos que la configuran, en los términos previstos en el artículo 24° de la Ley de Transparencia. 5.2) En cuanto al fondo del asunto, señaló que la alegación del reclamante respecto de ciertas formalidades de la documentación entregada, no corresponden a una denegación de información, sino más bien a una insatisfacción con el contenido de los antecedentes proporcionados en la respuesta, circunstancia que escapa al ámbito de competencia de este Consejo, en conformidad a jurisprudencia emanada de esta Corporación que cita. 5.3) Con respecto a lo solicitado -copias autentificadas- expresó que, dicho organismo debe otorgar acceso a la información elaborada con presupuesto público, pero no está facultado para otorgar una "autentificación" de documentos supuestamente entregados por el peticionario, que además se desconoce su origen y elaboración. En efecto, señaló que, el requerimiento efectuado no se refiere a algunas de las materias comprendidas en el derecho de acceso a la información, toda vez que mediante ella no se solicitó al órgano requerido que le proporcionara información que obrara en su poder, disponible en algún formato. 5.4) Por tales motivos, concluyó que, las solicitudes de información formuladas por el requirente constituyen en los hechos una consulta destinada a provocar un pronunciamiento por parte de la autoridad, pretendiéndose que dicho organismo se erija en un certificador de las presentaciones que hacen los particulares, labor que excede sus funciones legales, en conformidad a marco normativo que ilustró. Y CONSIDERANDO: 1) Que, previo a pronunciarse sobre el fondo del amparo, con respecto a las alegaciones efectuadas por el órgano reclamado sobre la eventual inadmisibilidad del reclamo presentado -por la falta de indicación clara de la infracción cometida y los hechos que la configuran- de los antecedentes examinados en el presente caso, a juicio de este Consejo, el amparo de acceso a la información cumple todos los requisitos y presupuestos habilitantes dispuestos en los artículo 12° y 24° de la Ley de Transparencia, y el artículo 43° del Reglamento de la presente Ley. Al efecto, la reclamación identifica claramente la infracción cometida y los hechos que la configuran, esto es, la denegación de los antecedentes consultados, concretamente de la copia autenticada de la totalidad de los documentos, oficios e informes entregados por el reclamante en la audiencia que se singulariza. En tal contexto, mediante resolución exenta N° 4451, de fecha 7 de septiembre de 2020, el órgano recurrido acompañó como respuesta la resolución exenta N° 2306, de fecha 29 de abril de 2020, la cual denegó idéntica petición de información, verificándose, en consecuencia, el presupuesto habilitante establecido en el inciso primero del artículo 24° del precipitado cuerpo legal. En mérito de lo anterior, se desestimarán las alegaciones efectuadas por el órgano recurrido en este punto (énfasis agregado). 2) Que, establecido lo anterior, el presente amparo se funda en la denegación de los antecedentes consultados por el peticionario, referidos a la entrega de la copia autentificada de los documentos, oficios e informes entregados por el reclamante a la Subsecretaría en audiencia que singulariza. Al respecto, dicho organismo denegó su entrega, por cuanto no constituye una solicitud de acceso, en los términos previstos en la Ley de Transparencia. Sobre lo anterior, hizo presente que dicho organismo debe otorgar acceso a la información elaborada con presupuesto público, pero no está facultado para otorgar autentificación de documentos entregados por el peticionario. Asimismo, puntualizó que el requerimiento no se refiere a las materias comprendidas en el derecho de acceso a la información, toda vez que mediante ella no se solicitó información que obrara en su poder, pues las solicitudes formuladas constituyen una consulta destinada a provocar un pronunciamiento por parte de la Autoridad. 3) Que, respecto a las alegaciones esgrimidas por la Subsecretaría, en cuanto a la forma de entrega requerida -copia autentificada de la documentación proporcionada- cabe tener presente lo expresado por este Consejo en la decisiones de amparos Rol A146-09 que en su considerando 4° señala que: «...respecto de la información que es solicitada a los órganos de la Administración en los términos de la Ley de Transparencia, este Consejo considera que respecto de ella puede requerirse la certificación de que los documentos entregados son idénticos a aquellos que se encuentran en poder del órgano de la Administración, lo que ha sido denominado como solicitud de copia autorizada y que se encuentra amparada por el artículo 17 de la Ley de Transparencia y su disposición acerca de que la información sea entregada en la forma y por el medio que el requirente haya señalado». Por lo anterior, a juicio de esta Corporación, lo pedido sí queda comprendido dentro del ámbito de aplicación de la Ley de Transparencia, correspondiendo al debido ejercicio del derecho de acceso a la información, consagrado en el artículo 10° de la Ley de Transparencia: «Toda persona tiene derecho a solicitar y recibir información de cualquier órgano de la Administración del Estado, en la forma y condiciones que establece esta ley». En consecuencia, se desestimarán las alegaciones del órgano reclamado, referidas a que la información consultada corresponde a la formulación de una consulta destinada a provocar un pronunciamiento por parte del órgano recurrido -derecho de petición consagrado en el artículo 19 N° 14 de la Constitución Política de la República-. 4) Que, en tal orden de ideas, este Consejo advierte que la petición de información en análisis no implica la elaboración de nueva información, sino la certificación de documentos ya entregados a la Subsecretaría, respecto de los cuales el órgano recurrido no alegó su inexistencia material, ni esgrimió causales de secreto o reserva que ponderar (énfasis agregado). 5) Que, en tal contexto, en cuanto a la publicidad de los antecedentes consultados por el reclamante, cabe tener presente que, el artículo 8°, inciso 2°, de la Constitución Política de la República, en lo que interesa, establece categóricamente que «son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen». Por su parte, según lo dispuesto en los artículos 5°, inciso segundo, y 10° de la Ley de Transparencia, se considera información pública toda aquella que obre en poder de los órganos de la Administración del Estado, cualquiera sea su formato, soporte, fecha de creación, origen, clasificación o procesamiento, además de aquella contenida en «actos, resoluciones, actas, expedientes, contratos y acuerdos, así como a toda información elaborada con presupuesto público». 6) Que, en virtud de lo señalado precedentemente, tratándose de antecedentes de naturaleza pública; comprendiéndose lo requerido dentro del debido ejercicio del derecho de acceso a la información; atendiéndose al criterio razonado por este Consejo sobre la entrega de copias autorizadas; y, no habiéndose alegado la inexistencia material de dicha información, ni esgrimido causales de reserva o secreto que ponderar, esta Corporación acogerá el presente amparo, y conjuntamente con ello, ordenará la entrega de copia autenticada de la totalidad de los documentos, oficios e informes contenidos en la carpeta que entregó el suscrito en la audiencia que singulariza, previa acreditación de la identidad del peticionario, por contener -eventualmente- datos personales y sensibles del reclamante, al alero de la Ley N° 19.628 y el numeral 4.3. de la Instrucción General N° 10 de este Consejo, y teniendo en consideración el estado de catástrofe declarado en el país, producto de la pandemia, así como las directrices otorgadas por el Oficio N° 000252 de fecha 20 de marzo de 2020, de esta Corporación, se recomienda al órgano reclamado que realice la entrega efectiva de lo solicitado a la requirente o su apoderado, por un medio alternativo a la entrega personal en la oficina indicada. A modo meramente ejemplar, a través de correo electrónico o la que estime pertinente, previa acreditación de la identidad del titular o envío de mandato por mecanismos telemáticos. No obstante lo anterior, en el evento de que esta información o parte de ella no obre en poder del órgano, se deberá comunicar dicha circunstancia al reclamante y a este Consejo, indicando detalladamente las razones que lo justifiquen (énfasis agregado). EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA: I. Acoger el amparo deducido por don Rafael Harvey Valdés, en contra de la Subsecretaría para Las Fuerzas Armadas, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente. II. Requerir al Sr. Subsecretario para Las Fuerzas Armadas, lo siguiente; a) Entregue al reclamante de copia autenticada de la totalidad de los documentos, oficios e informes contenidos en la carpeta que entregó el suscrito en la audiencia que singulariza, previa acreditación de la identidad del peticionario, por contener -eventualmente- datos personales y sensibles del reclamante, al alero de la Ley N° 19.628 y el numeral 4.3. de la Instrucción General N° 10 de este Consejo, y teniendo en consideración el estado de catástrofe declarado en el país, producto de la pandemia, así como las directrices otorgadas por el Oficio N° 000252 de fecha 20 de marzo de 2020, de esta Corporación, se recomienda al órgano reclamado que realice la entrega efectiva de lo solicitado a la requirente o su apoderado, por un medio alternativo a la entrega personal en la oficina indicada. A modo meramente ejemplar, a través de correo electrónico o la que estime pertinente, previa acreditación de la identidad del titular o envío de mandato por mecanismos telemáticos (énfasis agregado). No obstante lo anterior, en el evento de que esta información o parte de ella no obre en poder del órgano, se deberá comunicar dicha circunstancia al reclamante y a este Consejo, indicando detalladamente las razones que lo justifiquen. b) Cumpla dicho requerimiento en un plazo que no supere los 5 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia. c) Acredite la entrega efectiva de la información señalada en el literal a) precedente, en conformidad a lo establecido en el inciso segundo del artículo 17 de la Ley de Transparencia, por medio de comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dio cumplimiento a las obligaciones impuestas en la presente decisión en tiempo y forma. III. Encomendar al Director General (S) y a la Directora Jurídica (S) de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Rafael Harvey Valdés; y, al Sr. Subsecretario para Las Fuerzas Armadas. En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011. Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidenta doña Gloria de la Fuente González, su Consejera doña Natalia González Bañados y don Bernardo Navarrete Yáñez. El Consejero don Francisco Leturia Infante no concurre al presente acuerdo por encontrarse ausente. Por orden del Consejo Directivo, certifica la Directora Jurídica (S) del Consejo para la Transparencia doña Ana María Muñoz Massouh.