Base de Datos de Jurisprudencia - Consejo para la Transparencia

Decisión ROL C5789-20

Reclamante:	MÓNICA FIGUEROA NAVIA
Reclamado:	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS (INE)
Resumen del caso: Se acoge el amparo deducido en contra del Instituto Nacional de Estadísticas, teniendo por entregado de manera extemporánea el respaldo de la información contenida en su computador, atendido a que la reclamante no se manifestó disconforme con los antecedentes complementarios otorgados por el órgano reclamado, con ocasión de procedimiento SARC. Además, se requiere la entrega de copia de 19 expedientes sumariales, en los que la reclamante fue fiscal o investigadora, tarjando previamente todo dato personal de contexto que puedan contener. Lo anterior, debido a que la argumentación realizada por el órgano reclamado carece de la suficiencia necesaria para acreditar la distracción indebida invocada, pues no proporciona elementos de convicción cuya precisión tornen plausible dicha hipótesis de reserva. De hecho, su argumentación parte de la falta de identificación clara de la información solicitada, situación que fue descartada pues la reclamante individualizó las resoluciones de inicio y término de los 19 procesos disciplinarios reclamados.
Tipo de decisión:	Decisión de Fondo
Fecha de la decisión:	1/20/2021
Consejeros:	-Gloria Alejandra de la Fuente González -Francisco Javier Leturia Infante -Natalia Andrea González Bañados -Bernardo Eric Navarrete Yáñez
Legislación aplicada:	Ley 19628 1999 - Ley de protección de la vida privada Ley de Transparencia
Palabras clave:
Jurisprudencia desde:	C377-13
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Descriptores jurídicos:
Descriptores analíticos:	Grupos de interés especial

DECISIÓN AMPARO ROL C5789-20   Entidad pública: Instituto Nacional de Estadísticas (INE) Requirente: Mónica Figueroa Navia Ingreso Consejo: 15.09.2020 RESUMEN Se acoge el amparo deducido en contra del Instituto Nacional de Estadísticas, teniendo por entregado de manera extemporánea el respaldo de la información contenida en su computador, atendido a que la reclamante no se manifestó disconforme con los antecedentes complementarios otorgados por el órgano reclamado, con ocasión de procedimiento SARC. Además, se requiere la entrega de copia de 19 expedientes sumariales, en los que la reclamante fue fiscal o investigadora, tarjando previamente todo dato personal de contexto que puedan contener. Lo anterior, debido a que la argumentación realizada por el órgano reclamado carece de la suficiencia necesaria para acreditar la distracción indebida invocada, pues no proporciona elementos de convicción cuya precisión tornen plausible dicha hipótesis de reserva. De hecho, su argumentación parte de la falta de identificación clara de la información solicitada, situación que fue descartada pues la reclamante individualizó las resoluciones de inicio y término de los 19 procesos disciplinarios reclamados. En sesión ordinaria N° 1148 del Consejo Directivo, celebrada el 12 de enero de 2021, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto del amparo Rol C5789-20. VISTO: Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia. TENIENDO PRESENTE: 1) SOLICITUD DE ACCESO: Con fecha 29 de julio de 2020, doña Mónica Figueroa Navia solicitó al Instituto Nacional de Estadísticas - en adelante también INE-, lo siguiente: a) "Respaldo de la información del computador de quien suscribe-Mónica Figueroa-; todos archivos word, pdf y Excel. Información del año 2010 a 2018". b) "Copia en pdf de todos los procedimientos disciplinarios (expedientes completos) llevados por quien suscribe - Mónica Figueroa - desde el año 2012 a 2018 y que se encuentren afinados a la fecha de esta solicitud ya sea en calidad de fiscal o investigador". 2) RESPUESTA: El Instituto Nacional de Estadísticas mediante ordinario N° 1003, de fecha 9 de septiembre de 2020, informó que proceden a la entrega de los archivos solicitados. Sin perjuicio de lo cual, por motivos de capacidad del correo electrónico institucional, la información disponible podrá ser descargada desde el sitio web que indican. 3) AMPARO: Con fecha 15 de septiembre de 2020, doña Mónica Figueroa Navia dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del Instituto Nacional de Estadísticas, fundado en la respuesta incompleta o parcial. En particular sostuvo que "La solicitud consiste en 2 peticiones; la primera copia digital de todos los procesos disciplinarios en que fui fiscal/investigador desde 2010 a 2018, sólo se me entregan 11 archivos, 4 de 2013, 1 de 2015, 3 de 2016 y 3 de 2017, siendo esta información incompleta respecto de la totalidad llevados en esos años, además faltando los años 2012 y 2014 completos sin dar razón alguna de ello. Como referencia sólo en 2012 lleve más de 10 procesos disciplinarios. Por otra parte, se solicitaba copia del respaldo del computador ocupado por mi persona, se me da instrucciones de revisar una carpeta a través de un link enviado anteriormente, pero no se encuentra nada referente a la información solicitada, solo otras respuestas a solicitudes de transparencia, faltando la entrega completa de este punto". 4) SISTEMA ANTICIPADO DE RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (SARC): Este Consejo acordó la realización de gestiones tendientes a alcanzar una solución anticipada a este amparo, mediante correo electrónico de fecha 1° de octubre de 2020, ofreció al Instituto Nacional de Estadísticas, someter la solicitud de información al procedimiento de Solución Anticipado de Resolución de Controversias (SARC). El órgano reclamado por medio de correo electrónico de fecha 6 de octubre de 2020, aceptó someterse al procedimiento SARC e informó en cuanto a lo reclamado respecto del literal a) de la solicitud, indicando nuevo enlace con las credenciales de acceso correspondientes. Por su parte, respecto de lo reclamado relativo al literal b) del requerimiento, hizo presente que disponen de un sistema de referencia de resoluciones automatizadas (AROMO) para consultas vía electrónica. Lo anterior sólo es posible respecto de las resoluciones de inicio de los procesos disciplinarios a partir del año 2013. Por su parte, los actos administrativos que ponen término a aquellos no se encuentran disponibles en su totalidad en el sistema señalado. Debido a lo cual, informan que lo entregado en su respuesta, corresponde a todo lo reportado en dicha oportunidad. En este sentido es importante destacar que el Subdepartamento de Partes y Registros -que corresponde a la unidad del INE que lleva registro de los procesos disciplinarios, entre otras materias-, en la actualidad cuentan con un solo funcionario efectuando trabajo presencial, y que atendida la data de las resoluciones en que constan los procesos disciplinarios en que tuvo participación la solicitante, estas ya se encuentran archivadas en su archivo histórico. Es por lo anterior que solicitan proporcione información específica respecto de lo que solicita, en especial que mencione las resoluciones en que se le designó como fiscal y/o investigador, y las resoluciones de término de dichos procesos disciplinarios, a fin de concurrir a los archivos señalados, de manera presencial, y recabar la información solicitada, especialmente con relación al año 2012, año que por haberse verificado el censo de población y vivienda, elaboraron más de 13.000 resoluciones exentas, por lo cual les resulta indispensable conocer el número específico de las resoluciones de término, para verificar su apertura en la documentación archivada, su escaneo, y anonimización respecto de la información sensible incorporada en dichos procesos disciplinarios. 5) SOLICITUD DE PRONUNCIAMIENTO: Atendido lo señalado precedentemente, esta Corporación mediante Oficio N° E18.271, de fecha 23 de octubre de 2020, solicitó a la reclamante pronunciarse en los siguientes términos: (1°) señale si la información proporcionada por el órgano reclamado satisface o no su requerimiento; y, (2°) en el evento de manifestar su disconformidad con la misma, aclare la infracción cometida por aquel, señalando qué información de la reclamada no habría sido otorgada. La parte reclamante por medio de correo electrónico de fecha 29 de octubre de 2020, manifestó su disconformidad con la información otorgada, pues "No se ha entregado gran parte (copia de los expedientes de procedimientos disciplinarios) de la información solicitada, la que el organismo me pide a mi entregarles de manera específica la información solicitada, siendo que ella obra en poder del mismo organismo, de lo contrario se entiende que no se hará entrega de lo solicitado". 6) NOTIFICACIÓN DEL AMPARO AL ORGANISMO RECLAMADO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación el presente amparo, confiriendo traslado a la Sra. Directora Nacional del Instituto Nacional de Estadísticas, mediante Oficio N° E19.144, de fecha 4 de noviembre de 2020, para que formule sus descargos y observaciones solicitando, especialmente, lo siguiente: (1°) se refiera a las alegaciones de la parte reclamante, quien sostiene que se la ha remitido información incompleta a su requerimiento y que la causal de reserva invocada no sería procedente porque solicitó los procedimientos afinados; (2°) señale si la información reclamada obra en poder del órgano que representa, constando en alguno de los soportes documentales que señala el inciso segundo del artículo 10 de Ley de Transparencia; (3°) se refiera a la eventual concurrencia de alguna circunstancia de hecho que haga procedente la denegación de la información reclamada; (4°) se pronuncie acerca de la eventual concurrencia de algunas de las causales constitucionales o legales de secreto o reserva que, a su juicio, harían procedente su denegación; (5°) señale las razones por las cuales resulta difícil reunir y/o acceder a parte de la información reclamada; y, (6°) se refiera a su volumen, cantidad de tiempo y funcionarios que se destinarían a recopilarla información requerida. 7) PRESENTACIÓN DE LA RECLAMANTE: La parte reclamante por medio de correo electrónico de fecha 6 de noviembre de 2020, remitido a este Consejo y al INE, adjuntó listado de un total de 30 expedientes, en el que se indica número y fecha de resoluciones de inicio y de término de los procesos sumariales pedidos. 8) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO RECLAMADO: El Instituto Nacional de Estadísticas por medio de ordinario N° 1426, de fecha 19 de noviembre de 2020, reiteró lo informado con ocasión de procedimiento SARC en cuanto a lo solicitado en el literal b) del requerimiento, en orden a que disponen de un sistema de referencia de resoluciones automatizadas (AROMO), el cual permite efectuar consultas de resoluciones - incluyendo las de inicio de procesos disciplinarios- a contar del año 2013 en adelante. Por su parte, las resoluciones que ponen término a dichos procesos, y en los cuales se adjuntan los antecedentes del expediente, no se encuentran disponibles en su totalidad en dicho sistema, atendida la reserva de dicha información, en conformidad a lo dispuesto en el artículo 137 del decreto con fuerza de ley N° 29, que fija texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.834, sobre Estatuto Administrativo - en adelante Estatuto Administrativo-. Así, en dicho sistema, si se tiene únicamente el nombre de la fiscal o investigadora, es posible realizar la búsqueda de resoluciones de inicio de los procesos disciplinarios (instruye sumario, o investigación sumaria, y nombra fiscal o investigador), más no aquellas que se refieren a resoluciones de término, y es en aquellas en las que queda anexado todo el expediente o proceso sumarial, las cuales, por su configuración en el sistema, no se encuentran asociadas a la resolución de inicio, que es un antecedente más de la misma (la primera resolución del proceso). De esta forma, sostienen que, para la entrega de los 11 procesos sumariales acompañados a su respuesta, uno de sus funcionarios debió tener dedicación exclusiva, por 5 días hábiles. Además, hacen presente que de los 10 abogados que actualmente integran la División Jurídica, más la Fiscal, 6 de ellos ingresaron durante los años 2018 y 2019, 1 desempeña funciones diversas desde el año 2014, y los otros 3 ingresaron al servicio durante los años 2016-2017. Por otra parte, detalla las funciones que les corresponden al Subdepartamento de Partes y Registros, entre las que se encuentra la de "Administrar el archivo general del Instituto". Por lo que, todo requerimiento de expedientes sumariales que se encuentren afinados y archivados deben solicitarse a dicho Subdepartamento. Por ello, señalan que, para proceder a la búsqueda de alguna carpeta, y sus antecedentes, resulta del todo relevante contar con dicho dato, sea éste el número de la resolución de término, o los datos del investigado o sumariado. Además, en el sistema, queda escaneada únicamente la resolución de término, no así sus antecedentes, de los cuales sólo se deja constancia de su archivo con la resolución correspondiente. Lo anterior atiende no sólo al volumen de cada proceso disciplinario sino, además, a la necesidad de anonimizar toda la información, de cada una de las páginas, en que se contienen datos personales o sensibles de algún testigo, denunciante o denunciado. Así, sostienen que su capacidad funcionaria y carga laboral, les impide poder disponer de un funcionario para realizar labores exclusivas de anonimización de expedientes, más aún si se considera que "la solicitante indica que, para el año 2012, no le fue remitida información, y en forma genérica, indica que no está completo el listado para el resto de los años. En este sentido, requerido el Subdepartamento de Partes y Registros sobre la búsqueda de los expedientes que datan de dicho periodo, esto es, casi 8 años, nos ha indicado que, para dar cumplimiento al encargo, es imprescindible señalar en la petición el detalle de los expedientes sumariales, sea número de resolución de término o, en última instancia, nombre del denunciado, investigado o sumariado, toda vez que, habiéndose verificado durante dicho año el proceso del Censo de Población y Vivienda, fueron elaboradas, aprobadas y archivadas más de 13.000 resoluciones. Por ello, la búsqueda de una resolución, en este caso, de un expediente sumarial, sin datos necesarios para su ubicación, más allá del nombre de la fiscal o investigadora asignada, obliga a dicho Subdepartamento a realizar la revisión de todas las cajas que contienen las resoluciones archivadas de ese año, en la bodega de archivo, ubicadas en dependencias de Bulnes N° 418, comuna de Santiago, y no en las nuevas dependencias de Morandé N° 801, de la misma comuna, seleccionando todas aquellas que corresponden a investigaciones sumarias o sumarios administrativos, revisarlas una a una, y verificar todas aquellas en que la reclamante haya sido designada investigadora o fiscal. Una vez revisadas las 13.000 resoluciones, recién se tendrá la carpeta o expediente sumarial de cada uno de los procesos, los que luego deberán ser desarchivados, escaneados (en todos sus tomos) y luego anonimizados por uno de los abogados de la División Jurídica, para salvaguardar toda aquella información sensible o dato personal que arroje cada una de las páginas de cada expediente. En este sentido, es importante destacar que el Subdepartamento de Partes y Registros -que corresponde a la unidad del INE que lleva registro de los procesos disciplinarios, entre otras materias-, actualmente cuenta con solo cuatro funcionarios efectuando trabajo presencial, de los 11 que componen dicho Subdepartamento, en las dependencias centrales ubicadas en calle Morandé 801, y se debe coordinar la presencia de otro funcionario en la bodega, para requerimientos específicos, lo que afecta directamente las funciones del Subdepartamento, para la gestión y cumplimiento de todas las otras funciones asociadas al mismo y que deban efectuarse en las dependencias del Servicio. Por otra parte, una vez desarchivado cada uno de los expedientes sumariales, debe designarse a uno de los abogados de la División Jurídica, para que proceda a anonimizar las carpetas, luego del escaneo que realice el funcionario del Subdepartamento de Partes y Registros". Finalmente, detallan las funciones que le corresponde realizar a la División Jurídica y la carga laboral de sus funcionarios, en el contexto pandemia COVID-19. De esta forma, concluyen que el requerimiento, en los términos genéricos realizados, esto es, todos los procesos disciplinarios en que la exfuncionaria se desempeñó como fiscal o investigadora, desde el año 2010 al 2018, más allá de lo que fue encontrado, desarchivado, escaneado, anonimizado y remitido, permite configurar la causal denegatoria del artículo 21° N° 1 letra c) de la Ley de Transparencia. 9) GESTIÓN OFICIOSA A LA RECLAMANTE: Con ocasión de lo señalado precedentemente, este Consejo solicitó a la reclamante mediante correo electrónico de fecha 10 de diciembre de 2020, indique forma detallada cual información no se le habría proporcionado. La reclamante por medio de correo electrónico de fecha 15 de diciembre de 2020, señaló que en "procedimiento SARC y acorde a lo solicitado por el organismo (INE), se envió con fecha 06 de noviembre de 2020, mediante correo electrónico un listado de 30 procesos disciplinarios, listado que incluía aquellos que ya habían sido entregados por el organismo, no teniendo respuesta alguna a la fecha por parte de este. Ahora bien, nuevamente he elaborado un listado de los procesos disciplinarios, siendo considerados sólo aquellos que no obran en mi poder quedando un total de 19 procesos pendientes de entrega, los que en su mayoría no superan las 100 páginas, por lo que solicito nuevamente que dicha información me pueda ser entregada. Entendiendo que, para ello, dicha entrega no será de inmediato ya que deberán borrarse los datos personales de los involucrados, tomando tiempo para realizar esta labor. Por otra parte, si alguno no fuere posible su entrega debido a que la materia de cual habla es considerada secreta o reservada por la ley de transparencia, se desiste de dicha entrega, siempre y cuando se indique la norma que la protege y se ajuste a derecho". Y CONSIDERANDO: 1) Que el presente amparo se funda en la respuesta incompleta o parcial, al respecto el órgano reclamado, con ocasión de procedimiento SARC, complementó la información otorgada en su oportunidad, en atención a lo cual, este Consejo solicitó a la reclamante, de la forma indicada en el N° 5 de la parte expositiva de esta decisión, pronunciamiento acerca de la suficiencia aquella, quien manifestó su disconformidad con lo informado respecto del literal b) de la solicitud. Por lo que, se tendrá por entregado, de manera extemporánea, lo pedido en el literal a) del requerimiento. 2) Que en cuanto a lo requerido en el literal b) de la solicitud, el órgano reclamado alegó con ocasión de sus descargos la concurrencia de la causal de secreto o reserva dispuesta en el artículo 21 N° 1 letra c) de la Ley de Transparencia. Al respecto, se debe hacer presente que este Consejo ha establecido que aquella sólo puede configurarse, en la medida que las tareas que supone la búsqueda o eventualmente la sistematización y posterior entrega de lo pedido demanden esfuerzos de tal entidad, que entorpezcan el normal o debido funcionamiento del organismo. Resumiendo, este criterio, la decisión de amparo Rol C377-13, razonó que "la causal en comento depende ya no tanto de la naturaleza de lo pedido, sino más bien de cada situación de hecho en términos de los esfuerzos desproporcionados que involucraría entregar lo solicitado". Por ende, la configuración de la causal supone una ponderación de hecho sobre los aspectos que suponen tales esfuerzos, entre ellos el volumen de información o el costo de oportunidad, relación entre funcionarios y tareas, tiempo estimado o costo de oportunidad. 3) Que, en dicho contexto, cabe considerar lo señalado por la Excma. Corte Suprema, en su sentencia recaída en el recurso de queja Rol N° 6663-2012, de 17 de enero de 2013, en orden a que "la reserva basada en el debido ejercicio de las funciones del órgano deberá explicarse pormenorizadamente y probarse de modo fehaciente de qué manera el control ciudadano reflejado en la solicitud [de acceso] podría afectar el debido cumplimiento de las funciones (...), mencionarse las atribuciones precisas que la revelación de la información le impediría o entorpecería de cumplir debidamente (...), sin que basten para estos efectos meras invocaciones generales". 4) Que, en cuanto a la acreditación de la causal de excepción alegada, se debe considerar que, en presentación realizada por la reclamante indicada en el N° 7 de la parte expositiva de la presente decisión, remite un listado de 30 procesos sumariales, los que son individualizados por número y fecha de las resoluciones de inicio y término. Posteriormente, con ocasión de gestión oficiosa realizada por este Consejo, la solicitante precisa que de aquellos se requieren un total de 19, pues 11 de los señalados fueron otorgados conjuntamente con la respuesta a su requerimiento. De esta forma, la alegación realizada por el órgano reclamado, referido a que la solicitud de acceso tendría el carácter de genérica, pues no indica claramente el universo de antecedentes requeridos, así como también, la dificultad de búsqueda de aquellos al no contar, precisamente, con la identificación de las resoluciones de inicio y término de los procedimientos, deben ser descartadas. 5) Que, además, se debe considerar que el órgano reclamado señaló que uno de sus funcionarios se tuvo que dedicar de manera exclusiva por 5 días hábiles en la búsqueda, sistematización y envió de un total de 11 expedientes que fueron entregados con ocasión de su respuesta. Por lo que, el tiempo que deberá destinar a recolectar la información reclamado necesariamente deberá ser menor en proporción al contar con la individualización precisa de los procedimientos requeridos. 6) Que, en consecuencia, las alegaciones del órgano reclamado no otorgan antecedentes para configurar la causal de excepción al principio de publicidad que rige el actuar de los órganos de la Administración del Estado pues parte de una premisa que no sería aplicable, puesto que la reclamante cumplió con individualizar los expedientes pedidos. De esta forma, la argumentación carece de la suficiencia necesaria para acreditar la distracción indebida invocada, al no proporcionar elementos de convicción cuya precisión tornen plausible dicha hipótesis de reserva, descartándose su concurrencia. 7) Que habiendo descartado la concurrencia de las alegaciones realizadas por el órgano reclamado, al tratarse de información pública que obra en su poder y en aplicación de los principios de máxima divulgación y de facilitación consagrados en el artículo 11 letras d) y e) de la Ley de Transparencia, se acogerá el amparo requiriendo la entrega de la información solicitada, debiendo tarjar todos los datos personales de contexto que puedan estar incorporados en aquella, según lo dispuesto en los artículos 2 letra f) y 4 de la ley N° 19.628, sobre protección de la vida privada, y en cumplimiento de la atribución otorgada a este Consejo por el artículo 33 letra m) de la Ley de Transparencia. EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA: I. Acoger el amparo deducido por doña Mónica Figueroa Navia en contra de la Instituto Nacional de Estadísticas, teniendo por entregada la información solicitada en el literal a) del requerimiento, de manera extemporánea, en virtud de los fundamentos señalados precedentemente. II. Requerir a la Sra. Directora Nacional del Instituto Nacional de Estadísticas, lo siguiente: a) Hacer entrega a la reclamante de copia de los 19 procedimientos sumariales individualizados, tarjando previamente los datos personales de contexto que puedan contener. b) Cumplir dicho requerimiento en un plazo que no supere los 15 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia. c) Acreditar la entrega efectiva de la información señalada en el literal a) precedente, en conformidad a lo establecido en el inciso segundo del artículo 17 de la Ley de Transparencia, por medio de comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dio cumplimiento a las obligaciones impuestas en la presente decisión en tiempo y forma. III. Encomendar al Director General (S) y a la Directora Jurídica (S) de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a doña Mónica Figueroa Navia y a la Sra. Directora Nacional del Instituto Nacional de Estadísticas, remitiendo a esta última copia del listado remitido por la reclamante con ocasión de respuesta a gestión oficiosa realizada. En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011. Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidenta doña Gloria de la Fuente González, su Consejera doña Natalia González Bañados y sus Consejeros don Francisco Javier Leturia Infante y don Bernardo Navarrete Yáñez. Por orden del Consejo Directivo, certifica la Directora Jurídica (S) del Consejo para la Transparencia doña Ana María Muñoz Massouh.