Base de Datos de Jurisprudencia - Consejo para la Transparencia

Decisión ROL C5791-20

Reclamante:	VICTOR ROJAS SILVA
Reclamado:	GOBIERNO REGIONAL REGIÓN DE LOS LAGOS
Resumen del caso: Se acoge parcialmente el amparo deducido en contra del Gobierno Regional de Los Lagos, ordenando la entrega de copia de los documentos emitidos por el organismo durante el año 2020 -hasta la fecha de la solicitud-, correspondientes al Relleno Sanitario Curaco. Lo anterior por tratarse de información de naturaleza pública que obra en poder de la entidad recurrida, desestimando la falta de especificidad del requerimiento alegada por el organismo, y que por tanto su entrega signifique una distracción indebida de los funcionarios del cumplimiento regular de sus labores habituales. A su vez, se argumentó que dada la pandemia, no era posible acceder a lo solicitado, alegación que igualmente se descarta atendido que este Consejo, por medio de Oficio N° 252, de fecha 20 de marzo de 2020, informó a los órganos de la Administración del Estado, sobre el cumplimiento de las disposiciones contenidas en la Ley de Transparencia, con ocasión de la pandemia global, indicando en lo pertinente que en caso de no poder cumplir dentro de los plazos legales, en razón de las especiales circunstancias de calamidad pública, el servicio podrá señalar un nuevo plazo para informar, lo que no aconteció en la especie. Luego, y en resguardo del principio de continuidad de la función pública -que obliga a atender las necesidades públicas en forma continua y permanente-, la mencionada finalidad constitucional y legal no puede ser desatendida, siendo deber de los órganos públicos realizar las acciones tendientes a cumplir los cometidos que les asigna el ordenamiento jurídico. Se sigue en esta parte lo resuelto en la decisión de amparo Rol C2447-20. Se rechaza el amparo respecto a la entrega de copia de los informes internos, minutas y/o documentos emitidos por el organismo y que digan relación con el nuevo proyecto de Relleno Sanitario Curaco; así como también, copia de los antecedentes que aborden la necesidad de realizar la consultoría señalada, en atención a que el organismo señaló expresamente que dicha información no obra en su poder, atendida la inexistencia de un nuevo proyecto al efecto, no contando con antecedentes que permitan desvirtuar aquella alegación.
Tipo de decisión:	Decisión de Fondo
Fecha de la decisión:	1/15/2021
Consejeros:	-Gloria Alejandra de la Fuente González -Francisco Javier Leturia Infante -Natalia Andrea González Bañados -Bernardo Eric Navarrete Yáñez
Legislación aplicada:	Ley de Transparencia
Palabras clave:
Jurisprudencia desde:	C377-13 C2447-20
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Descriptores analíticos:	Aseo y Ornato

DECISIÓN AMPARO ROL C5791-20   Entidad pública: Gobierno Regional de Los Lagos Requirente: Víctor Rojas Silva Ingreso Consejo: 15.09.2020 RESUMEN Se acoge parcialmente el amparo deducido en contra del Gobierno Regional de Los Lagos, ordenando la entrega de copia de los documentos emitidos por el organismo durante el año 2020 -hasta la fecha de la solicitud-, correspondientes al Relleno Sanitario Curaco. Lo anterior por tratarse de información de naturaleza pública que obra en poder de la entidad recurrida, desestimando la falta de especificidad del requerimiento alegada por el organismo, y que por tanto su entrega signifique una distracción indebida de los funcionarios del cumplimiento regular de sus labores habituales. A su vez, se argumentó que dada la pandemia, no era posible acceder a lo solicitado, alegación que igualmente se descarta atendido que este Consejo, por medio de Oficio N° 252, de fecha 20 de marzo de 2020, informó a los órganos de la Administración del Estado, sobre el cumplimiento de las disposiciones contenidas en la Ley de Transparencia, con ocasión de la pandemia global, indicando en lo pertinente que en caso de no poder cumplir dentro de los plazos legales, en razón de las especiales circunstancias de calamidad pública, el servicio podrá señalar un nuevo plazo para informar, lo que no aconteció en la especie. Luego, y en resguardo del principio de continuidad de la función pública -que obliga a atender las necesidades públicas en forma continua y permanente-, la mencionada finalidad constitucional y legal no puede ser desatendida, siendo deber de los órganos públicos realizar las acciones tendientes a cumplir los cometidos que les asigna el ordenamiento jurídico. Se sigue en esta parte lo resuelto en la decisión de amparo Rol C2447-20. Se rechaza el amparo respecto a la entrega de copia de los informes internos, minutas y/o documentos emitidos por el organismo y que digan relación con el nuevo proyecto de Relleno Sanitario Curaco; así como también, copia de los antecedentes que aborden la necesidad de realizar la consultoría señalada, en atención a que el organismo señaló expresamente que dicha información no obra en su poder, atendida la inexistencia de un nuevo proyecto al efecto, no contando con antecedentes que permitan desvirtuar aquella alegación. En sesión ordinaria N° 1146 del Consejo Directivo, celebrada el 5 de enero de 2021, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C5791-20. VISTO: Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia. TENIENDO PRESENTE: 1) SOLICITUD DE ACCESO: El 10 de agosto de 2020, don Víctor Rojas Silva presentó ante el Gobierno Regional de Los Lagos, el siguiente requerimiento: "copia de los informes internos, minutas y/o documentos, cualquiera sea la denominación de los mismos, emitidos desde la Unidad de Residuos Sólidos, la Dirección Jurídica u otra unidad de ese Gobierno Regional y que digan relación con el nuevo proyecto de Relleno Sanitario Curaco. De igual forma, solicito copia de todos los documentos que aborden la necesidad de realizar la consultoría por aproximadamente 471 millones de pesos, que concrete el nuevo proyecto, de acuerdo a lo informado el día 10 de agosto de 2020 en el Diario El Austral de Osorno. Finalmente, solicito copia de todos los documentos emitidos desde ese Gobierno Regional, que digan relación con el Relleno Sanitario Curaco, de este año 2020". 2) RESPUESTA: Por medio de Ord. N° 3221, de 4 de septiembre de 2020, el Gobierno Regional de Los Lagos, informa sobre la inexistencia de un nuevo proyecto asociado al "Relleno Sanitario Curaco". Además, expresan, no es posible entregar antecedentes sobre la información que haya sido difundida por algún medio de prensa, toda vez que no es de responsabilidad del Gobierno Regional, no contando con aquellos antecedentes en que la misma se fundó. Finalmente, en atención a la naturaleza de lo solicitado, se configura la causal del artículo 21 N° 1, letra c) de la Ley de Transparencia, al versar lo pedido en un requerimiento de carácter genérico, referido a un elevado número de actos administrativos o sus antecedentes y cuya atención requiere distraer indebidamente a los funcionarios del cumplimiento regular de sus labores habituales, máxima la situación de pandemia y cuarentena en que se encuentra la comuna de Puerto Montt, lo que importan un menor número de trabajadores en función. 3) AMPARO: El 15 de septiembre de 2020, don Víctor Rojas Silva dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del Gobierno Regional de Los Lagos, fundado en la respuesta negativa, en virtud de la inexistencia de la información y generalidad de su requerimiento. Expresa que su requerimiento es concreto y delimitado, recaído en información de naturaleza pública, conforme lo establecido en la Constitución Política de la República y la Ley de Transparencia. Manifiesta que, conforme lo dispone el artículo 3° del decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, dichos órganos se encuentran sujetos al deber de atender las necesidades públicas en forma continua y permanente, debiendo observar, entre otros, los principios de eficiencia y eficacia, no siendo justificada la reserva alegada conforme el estándar señalado por este Consejo y la Excma. Corte Suprema, en resoluciones que cita. 4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado al Sr. Intendente Regional de Los Lagos, mediante Oficio N° E17304, de 13 de septiembre de 2020. El organismo, por medio de presentación ingresada el 28 de octubre de 2020, argumentó: - Respecto al primer punto del requerimiento, reiteran la inexistencia de algún proyecto de inversión pública radicado en el Gobierno Regional de Los Lagos que se denomine "Nuevo proyecto de relleno sanitario Curaco"; sin perjuicio que esta parte de la respuesta, conforme aseveran, no fue observada y por tanto, no puede ser cuestionada. - En lo relativo a la información de prensa, pedida en la segunda parte de la solicitud, expresan que no es de ninguna forma responsabilidad del Gobierno Regional, al no tener su origen en el mismo o en alguna declaración o informe atribuible a una autoridad o funcionario del organismo. Tampoco es posible entregar los antecedentes de tal noticia, al no contar con su fuente; sin perjuicio que esta parte de la respuesta, conforme también aseveran, no fue observada, y por tanto, no puede ser cuestionada. - Finalmente, en lo relativo a la tercera parte de la solicitud, consistente en la entrega de todos los documentos emitidos por el Gobierno Regional en el año 2020, y que digan relación con el relleno sanitario Curaco, al ser esta parte de la respuesta cuestionada por el reclamante, precisan que se hizo valer la causal del artículo 21 N° 1, letra c) de la Ley de Transparencia, insistiendo que el requerimiento detenta el carácter de genérico, pues apunta a obtener copia de "todos los documentos emitidos", sin individualizarlos, lo que no obsta el haber indicado el nombre del proyecto que consulta. Sobre esta lógica, manifiestan que "más que a un elevado número de actos administrativos, la solicitud del requirente se refiere a un número indeterminado e indeterminable de actos administrativos que no especifica en su presentación". - Continúa señalando que, aun cuando se pudiera subsanar la falta de especificidad, la tarea de reunir esta información, ya sea en formato papel o digital, atenidas las actuales circunstancias de pandemia sanitaria que afecta a todo el territorio nacional, configuran la causal en comento, considerando que comprende información de distintas unidades del organismo, según detalla. - Luego, la recopilación de dicha información, requiere asignar un significativo número de funcionarios dedicados a tal labor, perturbando el funcionamiento del organismo, toda vez que, dadas las circunstancias derivadas de la pandemia por brote de Covid-19, y en lo específico a la ciudad de Puerto Montt, en cuarentena sanitaria desde el día 29 de julio de 2020, no hay asistencia regular de funcionarios a las oficinas, aplicándose en la actualidad el protocolo de teletrabajo, autorizado por Resolución Exenta N° 0753, de este origen, refrendado en el dictamen N° 3.610 de 17 de marzo de 2020, de la Contraloría General de la República. Dar respuesta a la solicitud, implica desacatar la cuarentena decretada, asistiendo de manera presencial a las oficinas, con el potencial riesgo para la salud, por cuanto a la documentación se accede en tales dependencias y no de manera remota. Y CONSIDERANDO: 1) Que, en primer lugar, el recurrente en su escrito de amparo, particularmente en el punto I. "solicitud de amparo", alegó lo siguiente: "(...) el requerido niega la solicitud, señalando, en primer lugar que no existe un nuevo proyecto, que no cuenta con los antecedentes que fundó la noticia del Diario Austral de Osorno, y finalmente se ampara en la causal de reserva del artículo 21 N° 1, letra c) de la Ley de Transparencia"; en consecuencia, no es efectivo lo señalado por el organismo en sus descargos, en orden a que la reclamación únicamente se circunscribe a la respuesta dada a la tercera parte de la solicitud, razón por la cual dicho argumento debe ser desestimado, considerando además que la información pedida en cada ítem, se encuentra relacionada. 2) Que, determinado lo anterior, constituye un presupuesto básico para el ejercicio del derecho de acceso a la información pública el que los antecedentes solicitados existan en poder del órgano requerido, conforme preceptúan los artículos 5° y 10 de la Ley de Transparencia. En tal sentido, el inciso 2° del artículo 5° de la Ley de Transparencia, dispone que "es pública la información elaborada con presupuesto público y toda otra información que obre en poder de los órganos de la Administración". 3) Que, respecto a la entrega de "copia de los informes internos, minutas y/o documentos, cualquiera sea la denominación de los mismos, emitidos desde la Unidad de Residuos Sólidos, la Dirección Jurídica u otra unidad de ese Gobierno Regional y que digan relación con el nuevo proyecto de Relleno Sanitario Curaco", y "copia de todos los documentos que aborden la necesidad de realizar la consultoría por aproximadamente 471 millones de pesos, que concrete el nuevo proyecto, de acuerdo a lo informado el día 10 de agosto de 2020 en el Diario El Austral de Osorno", el organismo tanto en su respuesta como en sus descargos, señaló expresamente no poseer dichos antecedentes, atendida la inexistencia de un nuevo proyecto al efecto. En tal sentido, y sobre el particular, la noticia a la cual alude el recurrente se encuentra publicada en el siguiente enlace: https://www.australosorno.cl/impresa/2020/08/10/papel/, cuya lectura íntegra no fue posible, atendido a que para ello es necesario suscribirse a este medio de comunicación, efectuando un previo pago. No obstante, se logra advertir de su enunciado, lo siguiente "Cuestionan solicitud de millonarios fondos regionales para terminar relleno sanitario" "Gore pedirá $471 millones para contratar una consultoría que concrete un nuevo proyecto en el mismo terreno, proyecto que tendrá un costo adicional estimado de 4 mil millones. Consejeros, organizaciones vecinales y ambientalistas, aseguran que es malgastar recursos públicos e insistir en un tema fracasado". A su vez, en distintos medios, se hace referencia a lo inviable de continuar las operaciones en el sector señalado . En cuyo mérito, la respuesta otorgada por la recurrida a estos puntos, no es más que la manifestación de la autoridad, en orden a que no se han llevado a efecto estudios a fin de concretar nuevos proyectos referentes al relleno sanitario consultado, no contando con antecedentes que permitan desvirtuar la alegación de inexistencia de información señalada por el organismo, debiendo rechazar el amparo en estos puntos. 4) Que, respecto a la entrega de "copia de todos los documentos emitidos desde ese Gobierno Regional, que digan relación con el Relleno Sanitario Curaco, de este año 2020", denegada por el organismo en virtud de la causal del artículo 21 N° 1, letra c) de la Ley de Transparencia, cabe señalar que conforme dicho precepto se podrá denegar el acceso a la información cuando su comunicación afecte el debido cumplimiento de las funciones del órgano, particularmente, tratándose de requerimientos de carácter genérico, referidos a un elevado número de actos administrativos o sus antecedentes, o cuya atención requiera distraer indebidamente a los funcionarios del cumplimiento regular de sus labores habituales. Al respecto, el Reglamento de la citada Ley, al precisar los supuestos de dicha causal, señala en su artículo 7° N° 1, literal c), inciso tercero, que "se considerará que un requerimiento distrae indebidamente a los funcionarios cuando sus satisfacción requiera por parte de estos, la utilización de un tiempo excesivo, considerando su jornada de trabajo o un alejamiento de sus funciones habituales". 5) Que, respecto de la interpretación de la causal de reserva alegada, la jurisprudencia de este Consejo ha establecido que esta sólo puede configurarse en la medida que las tareas que supone la búsqueda o eventualmente la sistematización y posterior entrega de lo pedido demanden gestiones de tal entidad, que entorpezcan el normal o debido funcionamiento del organismo. Resumiendo este criterio, la decisión de amparo Rol C377-13, razonó que "la causal en comento depende ya no tanto de la naturaleza de lo pedido, sino más bien de cada situación de hecho en términos de los esfuerzos desproporcionados que involucraría entregar lo solicitado". Por ende, la configuración de la causal supone una ponderación de hecho sobre los aspectos que configuran tales esfuerzos, entre ellos, el volumen de información, relación entre funcionarios y tareas, tiempo estimado o costo de oportunidad, entre otras, circunstancias. En dicho contexto, cabe tener presente lo señalado por la Excma. Corte Suprema, en su sentencia recaída en el recurso de queja Rol N° 6663-2012, de 17 de enero de 2013, en orden a que "la reserva basada en el debido ejercicio de las funciones del órgano deberá explicarse pormenorizadamente y probarse de modo fehaciente de qué manera el control ciudadano reflejado en la solicitud [de acceso] podría afectar el debido cumplimiento de las funciones (...), mencionarse las atribuciones precisas que la revelación de la información le impediría o entorpecería de cumplir debidamente (...), sin que basten para estos efectos meras invocaciones generales". 6) Que, en consecuencia, las argumentaciones expresadas por el órgano reclamado, no revisten mérito suficiente para tener por configurada la causal de reserva invocada. Lo anterior, teniendo en especial consideración la naturaleza de la información solicitada referida al relleno sanitario Curaco, cuya ejecución ha sido objeto de una debatida y pública controversia. En tal sentido, y respecto a la alegación sobre la generalidad del requerimiento formulado, sin perjuicio que se estima que aquel se refiere a una materia y periodo acotado -desde inicio de 2020 hasta la fecha de la solicitud-, es la propia recurrida en sus descargos, quien manifiesta que dicha generalidad se materializa solo en la falta de determinación de lo pedido por parte del reclamante, circunstancia que, en virtud de la facultad conferida en el artículo 12 de la Ley de Transparencia, podría haber sido objeto de subsanación por parte del peticionario, a solicitud previa del organismo, gestión que en definitiva la recurrida no ejerció. No obstante, y conforme se reitera, estimando en su conjunto el requerimiento, es posible determinar que lo pretendido son informes, minutas y documentos emitidos durante el año 2020 por el organismo, referidos al relleno sanitario en cuestión. 7) Que, luego, el organismo funda la causal de reserva que invoca, en la actual crisis sanitaria que atraviesa el país, haciendo presente el protocolo que les es aplicable en la especie. No obstante, es importante destacar que este Consejo por medio de oficio N° 252, de 20 de marzo de 2020, informó a los órganos de la Administración del Estado, entre ellos a la entidad reclamada "sobre el cumplimiento de las disposiciones contenidas en la Ley de Transparencia, con ocasión de la pandemia global calificada por la Organización Mundial de la Salud, a consecuencia del brote de COVID-19, con fecha 11 de marzo de 2020, y en atención a la declaración de Estado de Excepción Constitucional de Catástrofe, de fecha 18 de marzo de 2020". En dicho contexto, si bien se refiere a la adopción de medidas extraordinarias respecto de los plazos de cumplimiento de las obligaciones de proporcionar acceso a la información pública con ocasión de la pandemia mundial, tal como se razonó en la decisión de amparo Rol C2447-20, en caso alguno justifica la falta de entrega de esta, ni se constituye en una causal de reserva o secreto de aquella. En efecto, el oficio en cuestión establece, en lo pertinente y respecto del plazo para dar respuesta a una solicitud de acceso a la información, que: "A tales efectos y en consideración de las circunstancias de excepción previamente reseñadas, de producirse algún evento constitutivo de caso fortuito o fuerza mayor que impida dar cumplimiento al plazo de veinte días estipulado y a la prórroga de 10 días adicionales, el órgano requerido deberá contactar al solicitante, a la brevedad posible, indicando fundadamente que, en razón de las especiales circunstancias de calamidad pública, se ve imposibilitado de responder a su solicitud de acceso a la información en el plazo legal establecido, señalando un nuevo plazo para proceder a informar a éste su pronunciamiento". 8) Que, como es posible apreciar del tenor del oficio citado, para la aplicación de la facultad excepcional que ahí se consagra, es pertinente que se verifiquen a lo menos dos requisitos, esto es, informar al solicitante indicando fundadamente que, en razón de las especiales circunstancias de calamidad pública, se ve imposibilitado de responder a su solicitud de acceso a la información en el plazo legal establecido; y, señalar un nuevo plazo para proceder a informar a aquel su pronunciamiento. En el presente caso, no se cumplió en la respuesta otorgada, con ninguno de los elementos descritos precedentemente. 9) Que, a su turno, en resguardo del principio de continuidad de la función pública consagrado en el artículo 3 inciso primero, de la ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado -que obliga a esta última a atender las necesidades públicas en forma continua y permanente-, la mencionada finalidad constitucional y legal no puede ser desatendida, siendo deber de los órganos realizar las acciones pertinentes, tendientes a cumplir los cometidos que les asigna el ordenamiento jurídico. En tal sentido, el órgano reclamado, debió seguir lo informado por este Consejo en el citado Oficio N° 252, de fecha 20 de marzo de 2020, lo cual habría facilitado su actuar en materia de cumplimiento de acceso a información pública, debiendo proceder a la búsqueda y entrega de la información solicitada, dentro de un plazo prudente establecidos por ellos mismos, de acuerdo con su propia realidad. 10) Que, en consecuencia, las alegaciones del órgano reclamado no otorgan antecedentes para configurar la causal de excepción al principio de publicidad que rige el actuar de los órganos de la Administración del Estado, pues no detalla su volumen, formato, cantidad de tiempo y funcionarios que se destinarían a su recopilación. En efecto, se debe considerar que el hecho de haber prescindido del trabajo presencial de la gran mayoría de sus funcionarios no impide que aquellos puedan desempeñar igualmente sus labores habituales de forma remota, más si se considera el principio de continuidad de la función pública y el hecho de que, por lo menos parte de lo requerido debe encontrarse sistematizado en las respectivas unidades y digitalizado. Por lo que, la argumentación carece de la suficiencia necesaria para acreditar la distracción indebida invocada, al no proporcionar elementos de convicción que tornen plausible dicha hipótesis de reserva, descartándose su concurrencia. EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA: I. Acoger parcialmente el amparo deducido por don Víctor Rojas Silva en contra del Gobierno Regional de Los Lagos, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente. II. Requerir al Sr. Intendente Regional de Los Lagos: a. Hacer entrega al solicitante de copia de los documentos emitidos por el organismo durante el año 2020 -hasta la fecha de la solicitud-, correspondientes al Relleno Sanitario Curaco. b. Cumplir con lo resuelto en un plazo que no supere los 15 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia. c. Acreditar el cumplimiento de lo ordenado, por medio de comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar la observancia de las obligaciones impuestas en la presente decisión en tiempo y forma. III. Rechazar el amparo respecto a la entrega de copia de los informes internos, minutas y/o documentos emitidos por el organismo y que digan relación con el nuevo proyecto de Relleno Sanitario Curaco; así como también, copia de los antecedentes que aborden la necesidad de realizar la consultoría por aproximadamente 471 millones de pesos, que concrete el nuevo proyecto, de acuerdo a lo informado el día 10 de agosto de 2020 en el Diario El Austral de Osorno; lo anterior por cuanto el organismo señaló expresamente que dicha información no obra en su poder, atendida la inexistencia de un nuevo proyecto al efecto. IV. Encomendar al Director General (S) y a la Directora Jurídica (S) de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Víctor Rojas Silva y al Sr. Intendente Regional de Los Lagos. En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011. Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidenta doña Gloria de la Fuente González, su Consejera doña Natalia González Bañados y sus Consejeros don Francisco Leturia Infante y don Bernardo Navarrete Yáñez. Por orden del Consejo Directivo, certifica el Directora Jurídica (S) del Consejo para la Transparencia doña Ana María Muñoz Massouh.