Base de Datos de Jurisprudencia - Consejo para la Transparencia

Decisión ROL C5804-20

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Reclamante:	MATÍAS ROJAS MEDINA
Reclamado:	MUNICIPALIDAD DE TENO
Resumen del caso: Se acoge parcialmente el amparo deducido en contra de la Municipalidad de Teno, referido a la entrega de investigación sumaria y sumario que indica, dando aplicación al principio de divisibilidad conforme con el cual se resguarda la información cuya entrega afecta la vida privada de las personas que han intervenido en dichos procedimientos distintas del reclamante. Se otorga acceso a los antecedentes necesarios para el control social de la función pública, en virtud del cual una vez adoptada una decisión por parte de la autoridad dotada de la potestad disciplinaria en el respectivo sumario administrativo, la ciudadanía conozca los fundamentos que han permitido a ésta arribar a determinadas conclusiones en dicho procedimiento disciplinario, desestimándose la afectación de derechos de terceros por cuanto aquélla no justifica la denegación íntegra de lo pedido.
Tipo de decisión:	Decisión de Fondo
Fecha de la decisión:	1/12/2021
Consejeros:	-Gloria Alejandra de la Fuente González -Francisco Javier Leturia Infante -Natalia Andrea González Bañados -Bernardo Eric Navarrete Yáñez
Legislación aplicada:	Ley de Transparencia
Palabras clave:
Jurisprudencia desde:	C7-10 C411-09 C561-11
Jurisprudencia a:
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Descriptores jurídicos:	- Municipalidades >> Concejo Municipal >> Otros
Descriptores analíticos:	Otros

DECISIÓN AMPARO ROL C5804-20   Entidad pública: Municipalidad de Teno Requirente: Matías Rojas Medina Ingreso Consejo: 16.09.2020 RESUMEN Se acoge parcialmente el amparo deducido en contra de la Municipalidad de Teno, referido a la entrega de investigación sumaria y sumario que indica, dando aplicación al principio de divisibilidad conforme con el cual se resguarda la información cuya entrega afecta la vida privada de las personas que han intervenido en dichos procedimientos distintas del reclamante. Se otorga acceso a los antecedentes necesarios para el control social de la función pública, en virtud del cual una vez adoptada una decisión por parte de la autoridad dotada de la potestad disciplinaria en el respectivo sumario administrativo, la ciudadanía conozca los fundamentos que han permitido a ésta arribar a determinadas conclusiones en dicho procedimiento disciplinario, desestimándose la afectación de derechos de terceros por cuanto aquélla no justifica la denegación íntegra de lo pedido. En sesión ordinaria N° 1143 del Consejo Directivo, celebrada el 29 de diciembre de 2020, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C5804-20. VISTO: Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia. TENIENDO PRESENTE: 1) SOLICITUD DE ACCESO: El 4 de agosto de 2020, don Matías Rojas Medina solicitó a la Municipalidad de Teno la siguiente información: A) "Se me entregue copia íntegra de la Investigación Sumaria ordenada instruir por Decreto Alcaldicio N° F 193, de fecha 29 de julio de 2009, elevada a Sumario Administrativo por Decreto Alcaldicio N° F 355, de fecha 15 de septiembre de 2009, es decir, el expediente completo que se vincula con dichas piezas sumariales, de las cuales fueron extraídas las fojas proporcionadas a este requirente en cumplimiento de la solicitud folio MU316T0000982. B) Se me informe por qué el director del Departamento de Salud, ..., señaló en respuesta a la solicitud MU316T0000704, emitida con fecha 12 de junio de 2019, que no existía ningún sumario en este municipio, relativo a actuaciones de la ex funcionaria y actual Seremi de Salud, doña MDS, ni tampoco sumario por pérdida de insumos médicos, tales como prótesis. C) Se me informe si el día 12 de junio de 2019, cuando el director de Salud negó la existencia de sumarios, este municipio estaba en conocimiento de la existencia, y tenía en su poder, el sumario requerido en el punto A de esta nueva solicitud". 2) PRORROGA DE PLAZO: Por oficio 045, de 1 de septiembre de 2020, el órgano notificó a la parte solicitante la decisión de prorrogar el plazo de respuesta en 10 días hábiles, en los términos referidos en el inciso 2° del artículo 14 de la Ley de Transparencia. 3) RESPUESTA: Mediante decreto Alcaldicio N° 161, de 15 de septiembre de 2020, la Municipalidad de Teno respondió a dicho requerimiento de información indicando que se accede a la entrega de la información; OF. ORD. N° 0216 de fecha 05 de agosto de 2020, del Director Departamento de Salud de Teno y MEMORÁNDUM N° 121, de fecha 15 de septiembre de 2020, del Asesor Jurídico de Teno. En dicho documento se señala: En cuanto al punto A) El Área de Salud municipal de Teno, no cuenta con copia, de Investigación Sumaria, instruida por Decreto Alcaldicio N° F 193, de fecha 29 de julio de 2009. En cuanto al punto B): durante la permanencia de doña MDS, como funcionaria, no fue sometida en comento a alguna investigación de carácter administrativo, como sumario u otra. En cuanto al punto C), mantiene lo señalado en lo referente al punto anterior, esto es, que MDS no fue sometida a proceso de investigación sumaria. Memorándum 121, de 15 de septiembre de 2020, el asesor jurídico indica que: "Al respecto, es preciso señalar que de acuerdo a los antecedentes recopilados, se informa que no existe Decreto Alcaldicio N° 193 de fecha 29 de julio de 2009 que ordene instruir investigación sumaria" (sic). 4) AMPARO: El 16 de septiembre de 2020, don Matías Rojas Medina dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en respuesta negativa a la solicitud de información. Además, el reclamante hizo presente que: "El órgano reclamado prefiere alegar inexistencia de los documentos solicitados en base a un mero error de tipeo de este requirente, escudándose en que el suscrito planteó que la investigación sumaria se instruyó el día 29 de junio de 2009 y no el 28 de junio de 2009, como en los hechos ocurrió. Aun cuando no se hubiere indicado una fecha exacta de la instrucción del sumario, el municipio sí estaba en condiciones de identificar el expediente concreto que se está solicitando con los antecedentes ya aportados por este reclamante..." (sic). El reclamante adjunta: 1. Decreto alcaldicio F 355, de 15 de septiembre de 2009, mediante el cual se eleva investigación sumaria a sumario administrativo. 2. Decreto alcaldicio F 192, de 28 de julio de 2009, mediante el cual se ordena investigación sumaria y designa investigador. 3. Oficio Ord. 183 (aparentemente) de 10 de septiembre de 2009, respecto de un oficio relacionado con el caso (sin antecedentes personales tarjados). 4. Providencia de 16 de septiembre de 2009. 5) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado a la Sra. Alcaldesa de la Municipalidad de Teno, mediante Oficio N° E17433, de 14 de octubre de 2020, solicitando que: (1°) considerando lo expuesto por el reclamante y la respuesta proporcionada por el órgano que Ud. representa, aclare si la información requerida obra en su poder, constando en alguno de los soportes documentales que señala el inciso segundo del artículo 10 de Ley de Transparencia; (2°) indique si procedió a efectuar la búsqueda de la información solicitada, de conformidad a lo dispuesto en el numeral 2.3 de la Instrucción General N° 10 de este Consejo, sobre Procedimiento Administrativo de acceso a la información; (3°) se refiera a las circunstancias de hecho que hacen procedente la denegación de la información solicitada; (4°) se pronuncie acerca de la eventual concurrencia de algunas de las causales constitucionales o legales de secreto o reserva que, a su juicio, harían procedente la denegación de la información requerida; y, (5°) en el evento de pretender otorgar una respuesta a la solicitud mediante sus descargos, remítasela directamente a la parte recurrente, aplicando la divisibilidad respectiva, en caso de existir datos de carácter personal y/o sensible, de conformidad a la Ley 19.628, con copia a este Consejo, a fin de evaluar la finalización del presente amparo, a través del Sistema Anticipado de Resolución de Controversias (SARC). Mediante Oficio Ordinario N° 1009, de 29 de octubre de 2020, el órgano reclamado hace llegar sus descargos a este Consejo, señalando que en la situación analizada no sólo existe un error en la fecha del documento como señala el reclamante, sino que nos encontramos en presencia de la individualización de un documento completamente distinto. De las propias alegaciones del demandante se desprende que él solicita: copia íntegra de la investigación sumaria ordenada instruir por Decreto Alcaldicio N° Fl 93, de fecha 29 de julio de 2009. El Decreto Alcaldicio N° Fl 93 existe, sin embargo, no es de fecha 29 de julio, sino de fecha 28 de julio de 2009 y no se refiere a la instrucción de un proceso de investigación sumaria. Dicho documento se adjunta para su análisis. Lo que solicita el reclamante se encuentra es otro Decreto Alcaldicio, el Fl 92 de 28 de julio de 2009, que es efectivamente el documento acompañado en su escrito de amparo. Por lo tanto a diferencia de lo sostenido por el reclamante y de lo indicado por el CPLT no existe un mero error en la fecha, sino en la individualización completa del documento, entendiendo por tanto este servicio que no es posible acceder a su solicitud. Agrega la reclamada que, se hizo la búsqueda de la información, por ello, se percataron que lo solicitado individualiza un documento que no existe por las razones ya explicadas. En cuanto a lo solicitado, se reitera lo ya señalado, es decir, el error en la individualización del documento, para este servicio constituye un impedimento para la entrega de la información, y no un fundamento para su denegación, ya que, tal como se ha señalado, el reclamante solicita A, queriendo acceder a B. De acuerdo a lo solicitado, se adjunta para los fines requeridos copia íntegra de la investigación sumaria ordenada instruir a través de Decreto Alcaldicio Fl 92 de fecha 28 de julio de 2009 y copia íntegra de sumario realizado con posterioridad a la investigación sumaria ya individualizada ordeno a través de Decreto Alcaldicio F355 de fecha 15 de septiembre de 2009. Señala que, tanto la investigación sumaria como el sumario administrativo contienen información que afectaría la esfera de la vida privada de terceros, ya que en ellos se detallan aspectos médicos o clínicos de muchos pacientes de un programa dental desarrollado en esta comuna. De este modo, la primera causa legal de reserva está consagrada en el artículo 21 N° 2 de la Ley sobre el Acceso a la Información Pública. Indica además la reclamada que, debe aplicarse la causal de reserva contenida en el artículo 21 de la Ley de Transparencia, por cuanto, al entregar la información se debe guardar reserva del testimonio de los terceros y de sus identidades, más cuando, por la data de los procesos disciplinarios debe haber terceros fallecidos. Otra de las causales de reserva que a juicio de este servicio se encuentra la establecida en el artículo 21 de la Ley N° 19.628 que establece la prohibición de los organismos públicos que sometan a tratamiento datos personales relativos a condenas por delitos, infracciones administrativas o faltas disciplinarias, de comunicarlos una vez prescrita la acción penal o administrativa, o cumplida o prescrita la sanción o pena, esto porque los procesos disciplinarios son del año 2009, encontrándose por tanto a la fecha prescrita cualquier sanción si se hubiese aplicado. Y CONSIDERANDO: 1) Que, el presente amparo se funda en respuesta negativa a la solicitud de información referida a copia de la investigación sumaria que indica, en los términos referidos. Al respecto, el órgano reclamado dio respuesta a las solicitudes señaladas como letras B) Y C), denegando el acceso a la solicitud indicada como letra A) referida a la entrega de copia íntegra de la Investigación Sumaria ordenada instruir por Decreto Alcaldicio N° F 193, de fecha 29 de julio de 2009, elevada a Sumario Administrativo por Decreto Alcaldicio N° F 355, de fecha 15 de septiembre de 2009, señalando que no existe Decreto Alcaldicio N° 193 de fecha 29 de julio de 2009 que ordene instruir investigación sumaria. Posteriormente, con ocasión de los descargos evacuados ante esta sede, la reclamada señala, que identificado el proceso solicitado, reserva la información en virtud de las causles de reserva establecidas en los artículos 21 y 21 N° 2 de la Ley de Transparencia y 21 de la ley 19.628. 2) Que, en primer lugar, respecto a las argumentaciones del organismo, relativas a la inexistencia de lo pedido, cabe hacer presente que el artículo 12 de la Ley de Transparencia, al establecer los requisitos que debe contener una solicitud de acceso para ser admitida a trámite, en su literal b), dispone lo siguiente: "identificación clara de la información que se requiere"; en tal sentido queda de manifiesto que, si bien es cierto, el reclamante comete un error de hecho en el señalamiento del acto administrativo por el cual se solicita la investigación de interés, de los demás antecedentes acompañados, tales como identificación de determinados actos administrativos que forman parte de dicha investigación, como la indicación de la persona en contra de la cual se instruyó tal proceso, así como la materia sobre la que versa, es posible determinar a ciencia cierta el proceso investigativo al cual se refiere el reclamante, esto es, investigación sumaria ordenada instruir por Decreto Alcaldicio Fl 92 de fecha 28 de julio de 2009 y copia íntegra de sumario realizado con posterioridad a la investigación sumaria ya individualizada a través de Decreto Alcaldicio F355 de fecha 15 de septiembre de 2009, la cual obra en poder de la reclamada conforme el artículo 10, inciso 2° de la Ley de Transparencia; en cuyo mérito, será desestimada la alegación de inexistencia invocada por la entidad recurrida. 3) Que, en cuanto a la configuración de la causal del artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia alegada por el organismo, al contener el expediente solicitado información de tipo personal y sensible respecto de los terceros involucrados, en primer lugar, es importante destacar que este Consejo ha sostenido a partir de la decisión de los amparos roles A47-09, A95-09, A159-09, C411-09, C7-10 y C561-11, entre otras, que el carácter secreto del expediente sumarial se extiende hasta que el procedimiento que lo originó se encuentre afinado, el cual anticipadamente se levanta sólo respecto de ciertas personas, como el inculpado y su abogado. En efecto, teniendo el secreto sumarial por objeto asegurar el éxito de la investigación, una vez terminada ésta, la justificación de su secreto también finaliza. A mayor abundamiento, en el mismo sentido se ha pronunciado la Contraloría General de la República, al aclarar que la reserva que establece el artículo 137, inciso segundo, del Estatuto Administrativo, es temporal y cesa una vez afinado el sumario administrativo, instante en que pasa a estar "...sometido sin limitaciones al principio de publicidad, que constituye la regla general respecto de todos los actos de la Administración del Estado..." (Dictamen N° 11.341/2010, entre otros). 4) Que, de acuerdo a lo expresado en el considerando anterior, tratándose de un sumario administrativo afinado, como en el presente caso, adquiere el carácter de información pública, por lo que resulta plenamente aplicable los artículos 5° y 10 de la Ley de Transparencia, en el sentido que se trata de documentos que obran en poder del órgano reclamado, y por tanto de carácter público, salvo las excepciones que establece esta ley y las previstas en otras leyes de quórum calificado. Sin embargo, atendido que el órgano reclamado denegó la entrega de la información requerida fundada en la oposición de terceros, corresponde analizar la plausibilidad de los argumentos formulados por dichos terceros y si, finalmente, la información requerida se encuentra sujeta a la reserva establecida en el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia. 5) Que, este Consejo ha establecido como criterio, reiteradamente, que para verificar la procedencia de una causal de reserva, se debe determinar la afectación de los derechos protegidos por ella, debiendo en consecuencia, acreditarse una expectativa razonable de daño o afectación negativa, la que a su vez, debe ser presente o probable y con suficiente especificidad para justificar la reserva, circunstancia que en este asunto no se produce, por cuanto el órgano reclamado solo se limita a señalar que la información afectaría la esfera de la vida privada de terceros, ya que en ellos se detallan aspectos médicos o clínicos de muchos pacientes de un programa dental desarrollado en esa comuna, sin especificar el modo en que dicha afectación se produciría, y que por tanto justifique la denegación íntegra de lo solicitado. 6) Que, de la revisión del expediente solicitado, proporcionado por el organismo con ocasión de sus descargos, se advierte que aquél contiene datos personales y sensibles de los distintos partícipes en el proceso, entre ellos, los pacientes y los doctores que los asistieron. 7) Que, en relación a lo anterior, esta Corporación ha precisado que previo a la entrega de la información de tal naturaleza, en aplicación del principio de divisibilidad contemplado en el artículo 11, letra e), de la Ley de Transparencia, el órgano reclamado debe tarjar única y exclusivamente los datos personales de contexto y sensibles que pudieran estar contenidos en dicha documentación, esto es, el número de cédula de identidad, domicilio particular, fecha de nacimiento, nacionalidad, estado civil, teléfono y correo electrónico particular, fotografías de personas naturales, entre otros, en virtud de lo dispuesto por los artículos 4°, 9° y 20° de la ley N° 19.628 sobre Protección de la Vida Privada, y los datos sensibles (relativos al estado de salud físicos o psíquicos, hábitos personales, antecedentes familiares, entre otros), en virtud del artículo 10° de la ley antedicha de personas distintas del solicitante. Asimismo, se debe tarjar previamente información sobre sanciones prescritas o cumplidas que puedan ir contenidas en los documentos incorporados al proceso en cuestión, en cumplimiento del artículo 21 de dicha ley. 8) Que, por lo expuesto, se acogerá parcialmente el presente amparo, ordenando entregar la información pedida en la forma que a continuación se expone. En efecto, conforme con el principio de divisibilidad establecido en el artículo 11 letra e) de la Ley de Transparencia "si un acto administrativo contiene información que puede ser conocida e información que debe denegarse en virtud de causal legal, se dará acceso a la primera y no a la segunda.", de modo que, en la especie, a juicio de este Consejo es posible acoger parcialmente el presente amparo en aplicación del referido principio, a fin de conciliar el resguardo de los bienes jurídicos que subyacen a la materia del sumario - artículos 21 N° 1 y 2 de la Ley de Transparencia- con el control social de la función pública en virtud del cual una vez adoptada una decisión por parte de la autoridad dotada de la potestad disciplinaria en el respectivo sumario administrativo, la ciudadanía conozca los fundamentos que han permitido a ésta arribar a determinadas conclusiones en dicho procedimiento disciplinario, sea cual fuere el resultado de aquél, y la naturaleza de los hechos que hayan motivado su instrucción. 9) Que, en tal orden de ideas, debe igualmente reservarse la identidad de los particulares que hayan declarado en el proceso consultado, resguardando cualquier dato o antecedente que permita inferir la identidad de los sujetos señalados precedentemente. EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA: I. Acoger parcialmente el amparo deducido por don Matías Rojas Medina, en contra de la Municipalidad de Teno, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente. II. Requerir a la Sra. Alcaldesa de la Municipalidad de Teno, lo siguiente; a) Entregue al reclamante investigación sumaria ordenada instruir a través de Decreto Alcaldicio Fl 92 de fecha 28 de julio de 2009 y copia íntegra de sumario instruido por Decreto Alcaldicio F355 de fecha 15 de septiembre de 2009, reservando la identidad de los particulares que hayan declarado en los mismos, tarjando además aquellos datos personales de contexto y sensibles detallados en el procedimiento consultado. Lo anterior, en conformidad a lo previsto en la Ley N° 19.628 sobre Protección de la Vida Privada en concordancia con lo dispuesto en el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia y 19 N° 4 de la Constitución Política de la República. b) Cumpla dicho requerimiento en un plazo que no supere los 5 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia. c) Acredite la entrega efectiva de la información señalada en el literal a) precedente, en conformidad a lo establecido en el inciso segundo del artículo 17 de la Ley de Transparencia, por medio de comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dio cumplimiento a las obligaciones impuestas en la presente decisión en tiempo y forma. III. Encomendar al Director General (S) y a la Directora Jurídica (S) de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Matías Rojas Medina y a la Sra. Alcaldesa de la Municipalidad de Teno. En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011. Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidenta doña Gloria de la Fuente González, su Consejera doña Natalia González Bañados y sus Consejeros don Francisco Leturia Infante y don Bernardo Navarrete Yáñez. Por orden del Consejo Directivo, certifica la Directora Jurídica (S) del Consejo para la Transparencia doña Ana María Muñoz Massouh.