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DECISIÓN AMPAROS ROLES C5805-20 y C5806-20</p>
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Entidad pública: Universidad de Talca</p>
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Requirente: Juan Pablo Rojas Díaz</p>
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Ingreso Consejo: 16.09.2020</p>
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RESUMEN</p>
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Se acogen los amparos deducidos en contra de la Universidad de Talca, ordenando entregar al reclamante los respectivos actos administrativos en que se consignen las nóminas de deudores morosos del fondo solidario de crédito universitario, elaboradas en el marco de los artículos 15 de la ley N° 19.287 y 4° y siguientes del decreto N° 297, de 2009, del Ministerio de Educación, para los años 2018 y 2019.</p>
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Lo anterior, por cuanto la publicidad de las nóminas de deudores morosos del FSCU viene dada por normas legales expresas y vigentes, particularmente, el artículo 15° inciso 2° de la ley N° 19.287 y 4° y siguientes del decreto N° 297, de 2009, del Ministerio de Educación, de las que se deduce que el legislador ha optado por un régimen especial de publicidad de las nóminas de deudores morosos, cuyo objetivo no sería sancionar o descreditar financieramente a quienes se encuentran en dicha situación sino, por el contrario, permitir que estos tomen conocimiento de que su deuda universitaria se ha hecho exigible y se encuentra vencida, a fin de incentivar que se adopten las medidas tendientes a su reprogramación y/o aclaración según sea el caso. Esto tiene sentido si se considera la naturaleza solidaria y social de este tipo especial de crédito universitario que, como se señaló, funciona en base a un fondo cuyo principal financiamiento viene dado por los créditos pagados por los deudores (montos recuperados) y los aportes directos que efectúa el fisco por medio de la Ley de Presupuesto, (los que se determinan, entre otros criterios, en base al volumen total de créditos a recuperar, los montos efectivamente recuperados y la variación anual de los mismos, según inciso 2°, del artículo 71 bis de la ley N° 18.591). Esto justifica fundadamente la publicidad de los antecedentes reclamados atendido el interés público que subyace en que dichos dineros sean pagados.</p>
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Se desestiman las causales de reserva de afectación de los derechos de las personas y distracción indebida invocados por el organismo.</p>
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La entrega de la información deberá ser efectuada, previa reserva de aquellos datos caducos que allí se consignen, esto es, aquellos que han perdido actualidad por disposición de la ley, por el cumplimiento de la condición o la expiración del plazo señalado para su vigencia, en los términos del artículo 2°, letra d) y 6° de la ley N° 19.628.</p>
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En sesión ordinaria N° 1146 del Consejo Directivo, celebrada el 5 de enero de 2021, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de las solicitudes de amparo al derecho de acceso a la información Roles C5805-20 y C5806-20.</p>
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VISTO:</p>
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Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.</p>
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TENIENDO PRESENTE:</p>
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1) SOLICITUDES DE ACCESO: Don Juan Pablo Rojas Díaz formuló ante la Universidad de Talca, las siguientes solicitudes de información:</p>
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a) Con fecha 18 de agosto de 2020, la solicitud N° 3164 (Amparo C5805-20): "copia de las nóminas de los deudores morosos de los fondos solidarios de crédito universitario de los años 2018 y 2019."</p>
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b) Con fecha 19 de agosto de 2020, la solicitud N° 3172 (Amparo C5806-20): "solicito informar por escrito si mi nombre ha sido incluido en alguno de los listados o nóminas de deudores morosos del fondo solidario de crédito universitario los años 2018 y 2019. Además pido copia de las nóminas correspondientes a ambos años, en su carácter de información pública explícitamente excluida de la ley de protección de la vida privada."</p>
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2) RESPUESTA: La Universidad de Talca respondió a dichos requerimientos de información, respectivamente, mediante resoluciones N° 1177 y N° 1178, ambas de fecha 08 de septiembre de 2020, señalando, en síntesis, lo siguiente:</p>
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a) Respecto a la solicitud N° 3164 (Amparo C5805-20): Se deniega la información pedida por estimar que concurren las causales de reserva previstas en el artículo 21 N° 1 y N° 2 de la Ley de Transparencia, en relación con los artículos 2 y 9 de la ley N° 19.628, sobre protección de la vida privada, por cuanto el nombre debe ser considerado un dato personal.</p>
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b) Respecto a la solicitud N° 3172 (Amparo C5806-20): Se deniega parcialmente la información pedida, esto es, sólo respecto de las nóminas de deudores requeridas, por estimar que concurren las causales de reserva previstas en el artículo 21 N° 1 y N° 2 de la Ley de Transparencia, en relación con los artículos 2 y 9 de la ley N° 19.628, sobre protección de la vida privada.</p>
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Agrega, que se accede a la entrega respecto a informar si el nombre del solicitante ha sido incluido en alguno de los listados o nóminas de deudores morosos del fondo solidario de los años 2018 y 2019, y que dicha entrega se hará en forma presencial en dependencias de la Oficina de Gobierno Transparente de la Universidad de Talca, en la medida que acredite su identidad a través de la exhibición de cédula de identidad o a quien demuestre que actué en la calidad de apoderado del solicitante, conforme a lo dispuesto en el artículo 22 de la ley N° 19.880, o si el titular utiliza firma electrónica avanzada conforme a la ley N° 19.799, sin restricción alguna.</p>
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3) AMPAROS: El 16 de septiembre de 2020, don Juan Pablo Rojas Díaz dedujo los amparos roles C5805-20 y C5806-20, respectivamente, a su derecho de acceso a la información, en contra de la Universidad de Talca, fundados en que recibió respuesta negativa a su solicitud de información. Argumenta, por una parte, "se me negó lugar a entregar un listado que es PÚBLICO por definición legal, en el que fui incluido erróneamente, según trascendidos" y, por otra, que el inciso 2° del artículo 15 de la ley N° 19.287, reconoce expresamente que las nóminas pedidas son públicas.</p>
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4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: Este Consejo acordó admitir a tramitación los amparos roles C5805-20 y C5806-20, confiriendo traslado al Sr. Rector de la Universidad de Talca mediante oficio N° E17911, de fecha 20 de octubre de 2020. Se solicitó expresamente al órgano: se refiera, específicamente, a las causales de secreto o reserva que, a su juicio, harían procedente la denegación de la información reclamada, detallando cómo la entrega dicha información afectaría el debido cumplimiento de las funciones del órgano que usted representa; explique cómo lo solicitado afectaría los derechos de los terceros; indique si procedió de conformidad a lo estipulado en el artículo 20 de la Ley de Transparencia.</p>
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La Universidad de Talca a través de oficio Ord. Ext. N° 132 de fecha 28 de octubre de 2020, formuló sus descargos u observaciones, señalando, en síntesis, que la información pedida en lo referente a copia de las nóminas de los deudores morosos de los fondos solidarios de crédito universitario de los años 2018 y 2019, no se refiere en caso alguno a estadísticas innominadas, sino que se trata de los nombres de las personas que han contraído deudas con la Universidad y que se encuentran en estado de morosidad desde 2018 a 2019, lo que es una circunstancia que afecta derechos personales como es el tener una deuda vigente.</p>
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En este sentido señala que "datos personales deben utilizarse sólo para los fines para los cuales hubieren sido recolectados, salvo que provengan o se hayan recolectado de fuentes accesibles al público, lo que no ocurre en este caso puesto que la solicitud de información incluye la entrega de nombres de quienes eran deudores de crédito universitario de nuestra casa de estudios entre los años 2018 y 2019", por lo que estima que concurren las causales de reserva previstas en el artículo 21 N° 1 letra c) y N° 2 de la Ley de Transparencia.</p>
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Así, sostiene que concurre la causal de reserva prevista en el artículo 21 N° 1 letra c) de la Ley de Transparencia, por cuanto señala se trata de un requerimiento genérico referido a nombres de quienes son deudores de crédito en un período comprendido por dos años totales, con un registro de 7.996 deudores, razón por la cual la sistematización y búsqueda de dicha información que se aparta del principio de finalidad, y supondría distraer indebidamente a los funcionarios del cumplimiento regular de sus labores habituales, puesto que ello exigiría dar cumplimiento a lo sostenido en el artículo 20 de la Ley de Transparencia, e implicaría la redacción y despacho de un altísimo número de cartas certificadas a fin de contactar a terceros cuyos domicilios y formas de contacto pueden -naturalmente y habida consideración del tiempo transcurrido- no encontrarse actualizados, precisándose que no es obligación de nuestra Universidad mantener una actualización de aquellos.</p>
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Por otra parte, estima que también concurre la causal de reserva establecida en el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia por cuanto la entrega de la información además afectaría los derechos de las personas, en los términos que contempla dicha norma legal y que, como señala precedentemente, requeriría efectuar el procedimiento de notificación del artículo 20 de la citada ley.</p>
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Y CONSIDERANDO:</p>
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1) Que, en virtud del principio de economía procedimental, contenido en el artículo 9 de la Ley N° 19.880, que establece las bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado, se exige a estos últimos responder con la máxima economía de medios y con eficacia, evitando trámites dilatorios. Por lo tanto, atendiendo que son solicitudes de informaciones que versan sobre la misma materia las que han motivado los amparos Roles C5805-20 y C5806-20, este Consejo para facilitar su comprensión y resolución, ha resuelto acumular los citados amparos, resolviéndolos a través de su revisión en conjunto.</p>
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2) Que, de los dichos del reclamante, este Consejo entiende el que el objeto de los amparos en análisis está circunscritos a las nóminas de deudores morosos del fondo solidario de crédito universitario de los años 2018 y 2019. Por su parte, el órgano reclamado denegó dicha información fundado en las causales de reserva previstas en el artículo 21 N° 1 letra c) y N° 2 de la Ley de Transparencia, por tratarse -el nombre de los deudores morosos- de un dato personal cuya divulgación afecta los derechos de las personas y por tanto, requeriría efectuar el procedimiento de notificación del artículo 20 de la Ley de Transparencia a un universo de 7.996 deudores, lo que distraería indebidamente a los funcionarios del cumplimiento regular de sus labores habituales.</p>
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3) Que, para una adecuada resolución del caso resulta necesario establecer que, contrario a lo señalado por el órgano reclamado en sus descargos, las solicitudes de información reclamadas no dicen relación con "la entrega de nombres de quienes eran deudores de crédito universitario de nuestra casa de estudios entre los años 2018 y 2019" -en el entendido que se incluiría a todos deudores de dicha casa de estudios, cualquiera fuese el tipo de crédito universitario que lo vincule- sino exclusivamente con la "nómina de deudores morosos del fondo solidario de crédito universitario los años 2018 y 2019", esto es, con la nómina de deudores del crédito solidario universitario, regulado por la ley N° 19.287, que modifica ley 18.591 y establece normas sobre fondos solidarios de crédito universitario, sus modificaciones y demás normas complementarias.</p>
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4) Que, en tal orden de ideas, a modo de marco normativo vigente aplicable el caso a la fecha de los requerimientos, se debe señalar que mediante el artículo 70 de la ley N° 18.591, del año 1987, -modificado por el artículo 1° de la ley N° 19.287- se creó un fondo solidario de crédito universitario (en adelante también FSCU) para cada una de las instituciones de educación superior que reciben aporte del Estado con arreglo al artículo 1° del decreto con fuerza de ley N° 4, del Ministerio de Educación, de 1981. La administración de los fondos se efectúa con arreglo a las disposiciones legales de la ley N° 19.287 y a lo que establezca el reglamento que apruebe, para tal efecto, cada una de las instituciones indicadas. Con cargo a dicho fondo tales instituciones, otorgan crédito a sus alumnos para pagar el valor anual o semestral de la matrícula, según corresponda. El fondo solidario de crédito universitario de cada institución de educación superior estará constituido, entre otros, por los recursos que anualmente consulte la Ley de Presupuestos para estos efectos; los aportes voluntarios que efectúen los profesionales y ex-alumnos provenientes de la institución respectiva, y otras donaciones.</p>
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5) Que, de acuerdo con los artículos 7° y 8° de la ley N° 19.287, las principales características del FSCU es que el monto del crédito o deuda de los alumnos devenga un interés del 2% anual a partir de la fecha de suscripción del instrumento representativo del crédito universitario otorgado para cada período académico. La obligación contenida en el conjunto de instrumentos suscritos por el beneficiario se hace exigible transcurridos dos años desde su egreso de la institución de enseñanza superior, por haber cursado sus estudios completos, esté o no en posesión del título profesional o grado respectivo. Los instrumentos representativos del crédito establecen que, a contar de la fecha en que se haga exigible la obligación, el deudor deberá pagar anualmente una suma equivalente al 5% del total de los ingresos que haya obtenido en el año inmediatamente anterior, expresado en unidades tributarias mensuales correspondientes a cada uno de los meses en que se percibieron los ingresos. Para este efecto se considerará como ingreso total del deudor el ingreso bruto menos los descuentos legales. Si transcurrido un plazo de doce años desde que la deuda se hizo exigible, y habiendo cumplido el deudor todas sus obligaciones, restare aún un saldo, éste será condonado por el solo ministerio de la ley, salvo para aquellos casos en que la deuda acumulada, al momento en que sea exigible, sea superior a doscientas unidades tributarias mensuales, situación en la cual el plazo será de quince años.</p>
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6) Que, en lo que interesa a la información reclamada, el artículo 15 de la citada ley N° 19.287, establece "En caso de incumplimiento del pago anual que corresponda efectuar en conformidad con lo establecido en los artículos anteriores, dicha obligación devengará un interés penal del 1% por cada mes o fracción de mes en que se retrase su cumplimiento, y el administrador general del fondo de la institución de educación superior procederá al cobro ejecutivo del mismo./ Las nóminas de los deudores morosos por las obligaciones a que se refiere la presente ley, serán públicas" (énfasis agregado). Luego, el artículo 1° de la ley N° 19.989, que establece facultades para la Tesorería General de la República y modifica la ley N° 19.848, sobre reprogramación de deudas a los fondos de crédito solidario, facultó la Tesorería General de la República para retener de la devolución anual de impuestos a la renta que correspondiere a los deudores del crédito solidario universitario regulado por la ley N° 19.287 y sus modificaciones, los montos de dicho crédito que se encontraren impagos según lo informado por la entidad acreedora, en la forma que establezca el reglamento, e imputar dicho monto al pago de la mencionada deuda.</p>
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7) Que, por su parte, el decreto N° 297, de 2009, del Ministerio de Educación, que aprueba reglamento que fija procedimiento para retención de la devolución del impuesto a la renta por parte de la Tesorería General de la República (en adelante el Reglamento), establece en su artículo 4°, sobre elaboración de nómina de deudas vencidas y no pagadas, lo siguiente "[l]os Administradores deberán elaborar una nómina de los deudores del crédito solidario universitario regulado por la ley N° 19.287 y sus modificaciones y de los montos de dicho crédito que se encontraren vencidos e impagos, debiendo constar la información de manera desagregada por deudor. Dicha nómina deberá ser confeccionada antes del día 1 de febrero del año respectivo. La nómina que elaboren los Administradores deberá contener las siguientes indicaciones: a) El nombre completo del deudor. b) El número de Rol Único Nacional. c) El monto de la deuda vencida y no pagada, con reajustes e intereses incluidos, calculados al día de la remisión del listado, todo ello expresado en Unidades Tributarias Mensuales. d) El nombre del Fondo Solidario de Crédito Universitario acreedor. La nómina respectiva deberá estar a disposición del público en las dependencias del respectivo Administrador y los antecedentes que en ella consten serán utilizados para proceder a la notificación de la futura retención de la devolución de impuestos a los deudores" (énfasis agregado). El mismo Reglamento, en su artículo 3°, numeral 2°, establece que en caso de no constar o no existir domicilio conocido del deudor, la notificación se realizará por medio de un aviso, entendiéndose notificado el deudor desde la fecha de la respectiva publicación en un diario de circulación nacional.</p>
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8) Que, el artículo 4° de la ley N° 19.628, sobre protección a la vida privada, señala que el tratamiento de los datos personales sólo puede efectuarse cuando dicha ley u otras disposiciones legales lo autoricen, situación que ocurre en la especie.</p>
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9) Que, el artículo 8°, inciso 2°, de la Constitución Política de la República, en lo que interesa, señala que "son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen. Sin embargo, sólo una ley de quórum calificado podrá establecer la reserva o secreto de aquéllos o de éstos, cuando la publicidad afectare el debido cumplimiento de las funciones de dichos órganos, los derechos de las personas, la seguridad de la Nación o el interés nacional". Por su parte, según lo dispuesto en los artículos 5, inciso segundo, y 10 de la Ley de Transparencia, se considera información pública toda aquella que obre en poder de los órganos de la Administración del Estado, cualquiera sea su formato, soporte, fecha de creación, origen, clasificación o procesamiento, además de aquella contenida en "actos, resoluciones, actas, expedientes, contratos y acuerdos, así como a toda información elaborada con presupuesto público", salvo que dicha información se encontrare sujeta a las excepciones establecidas en el artículo 21 de la Ley de Transparencia u otras excepciones legales.</p>
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10) Que, establecido lo anterior, se concluye, que la información explícitamente requerida por el solicitante "nómina de deudores morosos del fondo solidario de crédito universitario los años 2018 y 2019", obra o debiese obrar en poder de la Universidad Talca, de forma íntegra y sin necesidad de efectuar ningún tipo de actividad destinada a su recolección y levantamiento de datos, por cuanto ésta debió ser elaborada al 1° de febrero de los años 2018 y 2019, respectivamente, para efectos de ser remitida a la Tesorería General de la República, y por tanto, no se trata de un requerimiento genérico referido a nombres de quienes son deudores de crédito sino a un listado contenido plausiblemente en un acto administrativo.</p>
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11) Que, si bien, en materia nómina de deudores que obran en poder de la Administración del Estado, este Consejo ha seguido lo resuelto por la Excelentísima Corte Suprema en sentencia de recurso de queja rol N° 4681-2013, en orden a que aparecer como deudor en una nómina puede perjudicar la capacidad de operar comercialmente de una persona, así como su vida privada y honra; no resulta menos cierto que en materia de deudas asociada a un préstamo con cargo al fondo solidario de las instituciones que forman parte del Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas (CRUCH), el legislador ha optado por un régimen especial de publicidad de las nóminas de deudores morosos, cuyo objetivo no sería sancionar o descreditar financieramente a quienes se encuentran en dicha situación sino, por el contrario, permitir que estos tomen conocimiento de que su deuda universitaria se ha hecho exigible y se encuentra vencida, a fin de incentivar que se adopten las medidas tendientes a su reprogramación y/o aclaración según sea el caso. Lo anterior, tiene sentido si se considera la naturaleza solidaria y social de este tipo especial de crédito universitario que, como se señaló, funciona en base a un fondo cuyo principal financiamiento viene dado por los créditos pagados por los deudores (montos recuperados) y los aportes directos que efectúa el Fisco por medio de la Ley de Presupuesto, (los que se determinan, entre otros criterios, en base al volumen total de créditos a recuperar, los montos efectivamente recuperados y la variación anual de los mismos, según inciso 2°, del artículo 71 bis de la ley N° 18.591). Esto justifica fundadamente la publicidad de los antecedentes reclamados atendido el interés público que subyace en que dichos dineros sean pagados, situación que ha quedado de manifiesto en la historia de la ley N° 19.899, que modificó la ley N° 19.848, sobre reprogramación de deudas provenientes del Crédito Universitario de la Educación Superior, al incorporar el artículo 13 bis en este último cuerpo legal .</p>
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12) Que, a mayor abundamiento, este Consejo pudo verificar que un número importante de establecimientos de educación superior del Consejo de Rectores, mantienen permanentemente a disposición del público, en sus sitios web, banner Fondo Solidarios Crédito Universitario, las nóminas de deudores morosos correspondiente al año calendario en curso, junto a la demás información que permite a sus ex alumnos efectuar el pago de sus créditos y/o reprogramaciones. Así, por ejemplo, se advierte en los sitios web de la Universidad de Chile (https://www.uchile.cl/portal/admision-y-matriculas/aranceles-y-credito/fondo-solidario-de-credito-universitario/58383/retencion-impuestos-a-la-renta-tgr), de la Universidad de Valparaíso (https://fscu.uv.cl/), de la Universidad Austral de Chile (https://secure01.uach.cl/PortalPagosPubFC/ConsMorosos.aspx), de la Universidad Católica de la Santísima Concepción (http://sitios.ucsc.cl/fscu/wp-content/uploads/sites/22/2020/01/Nomina-deudores-morosos-publicados-en-sitio-web-13-ene-20.pdf), de la Universidad de Biobio (https://www.ubiobio.cl/w/m.php?id=111), de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación (https://www.umce.cl/index.php/fondo-solidario-de-credito-universitario/fondo-solidario-de-credito-universitario), de la Universidad de Atacama (http://www.fscu.uda.cl/index.php?option=com_content view=article id=395:retencion-de-la-devolucion-de-impuestos-a-la-renta-tgr catid=15:noticias-uda Itemid=277), de la Universidad de Los Lagos (https://web.helen.cl/web_ulagos/), entre otras.</p>
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13) Que, así las cosas, la publicidad de las nóminas de deudores morosos del FSCU viene dada por normas legales expresas y vigentes y, por tanto, no se advierte de qué forma su entrega pueda afectar los derechos de las personas en los términos invocados por el organismo. En tal sentido, siendo indiscutible el carácter público de las nóminas reclamadas, en la especie, es innecesario que el organismo efectúe el procedimiento de notificación establecido en el artículo 20 de la Ley de Transparencia.</p>
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14) Que, por otra parte, respecto de la causal de reserva del artículo 21 N° 1, letra c) de la Ley de Transparencia invocada por la Universidad de Talca en sus descargos, dispone que se podrá denegar el acceso a la información, cuando su entrega afecte el debido cumplimiento de las funciones del órgano requerido, especialmente "tratándose de requerimientos de carácter genérico, referidos a un elevado número de actos administrativos o sus antecedentes o cuya atención requiera distraer indebidamente a los funcionarios del cumplimiento regular de sus labores habituales". Asimismo, el artículo 7 N° 1, letra c), del Reglamento de dicha ley, establece que "se considera que un requerimiento distrae indebidamente a los funcionarios cuando su satisfacción requiera por parte de éstos, la utilización de un tiempo excesivo, considerando su jornada de trabajo, o un alejamiento de sus funciones habituales".</p>
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15) Que, en cuanto a la interpretación de esta causal, la jurisprudencia de este Consejo ha establecido que ésta sólo puede configurarse en la medida que las tareas que suponen la búsqueda o eventualmente la sistematización y posterior entrega de lo pedido demanden esfuerzos de tal entidad, que entorpezcan el normal o debido funcionamiento del organismo. Resumiendo este criterio, la decisión de amparo Rol C377-13, razonó que "la causal en comento depende ya no tanto de la naturaleza de lo pedido, sino más bien de cada situación de hecho en términos de los esfuerzos desproporcionados que involucraría entregar lo solicitado". Por ende, la configuración de la causal supone una ponderación de hecho sobre los aspectos que configuran tales esfuerzos, entre ellos el volumen de información, relación entre funcionarios y tareas, tiempo estimado o costo de oportunidad, entre otras circunstancias.</p>
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16) Que, en dicho contexto, cabe tener presente lo señalado por la Excma. Corte Suprema, en su sentencia recaída en el recurso de queja Rol N° 6663-2012, de 17 de enero de 2013, en orden a que "la reserva basada en el debido ejercicio de las funciones del órgano deberá explicarse pormenorizadamente y probarse de modo fehaciente de qué manera el control ciudadano reflejado en la solicitud [de acceso] podría afectar el debido cumplimiento de las funciones (...), mencionarse las atribuciones precisas que la revelación de la información le impediría o entorpecería de cumplir debidamente (...), sin que basten para estos efectos meras invocaciones generales". No obstante, las argumentaciones expuestas por el organismo no permiten configurar esta hipótesis de reserva, ya que respecto del volumen de la información necesaria para satisfacer el requerimiento se ha limitado a señalar que es genérico referido a nombres de quienes son deudores de crédito en un período comprendido por dos años, con un registro de 7.996 deudores, sin hacer alusión a ningún otro antecedente que permita configurar la causal en análisis, tales como, cantidad especifica de documentos a entregar, relación entre funcionarios y tareas, tiempo estimado o costo de oportunidad, entre otras circunstancias.</p>
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17) Que, además, como se indicó anteriormente y, tal como se da cuenta en los sitios web aludidos en el considerando 12°, resulta plausible que cada una de las nóminas reclamadas esté comprendida en un acto administrativo cuya finalidad sea la publicación de esta y su posterior envío a la Tesorería General de la República. De igual forma, tampoco es pertinente invocar una afectación a las funciones del organismo, por distracción indebida, en lo que se refiere a la necesidad de notificar a los deudores consignados en las nóminas pues según se expuso en el considerando 13° precedente, al ser indiscutible el carácter público del listado, resulta innecesario realizar el procedimiento de notificación del artículo 20 de la Ley de Transparencia, careciendo así de sustento factico las alegaciones del organismo sobre la aplicación de la causal de reserva en comento.</p>
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18) Que, en consecuencia, se acogerán los amparos en análisis, ordenando entregar al reclamante los respectivos actos administrativos en que se consignen las nóminas de deudores morosos del fondo solidario de crédito universitario, elaboradas en el marco de los artículos 15 de la ley N° 19.287 y 4° y siguientes del decreto N° 297, de 2009, del Ministerio de Educación, para los años 2018 y 2019.</p>
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19) Que, la entrega de la información reclamada deberá ser efectuada, previa reserva de aquellos datos caducos que allí se consignen, esto es, aquellos que han perdido actualidad por disposición de la ley, por el cumplimiento de la condición o la expiración del plazo señalado para su vigencia, en los términos del artículo 2°, letra d) de la ley N° 19.628. Esto último se establece en virtud de las facultades y atribuciones que confiere el artículo 33, letra m) de la Ley de Transparencia y en aplicación del principio de divisibilidad consagrado en el artículo 11, letra e) del mismo cuerpo legal y lo dispuesto en el artículo 6° de la ley N° 19.628, en orden a que los datos personales deberán ser eliminados o cancelados cuando su almacenamiento carezca de fundamento legal o cuando hayan caducado, situación que ha reconocido la Excma. Corte Suprema al resolver la apelación del recurso de protección Rol 7299-2019.</p>
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EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:</p>
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I. Acoger los amparos deducidos por don Juan Pablo Rojas Díaz en contra de la Universidad de Talca, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.</p>
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II. Requerir al Sr. Rector de la Universidad de Talca, lo siguiente:</p>
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a) Hacer entrega al reclamante de los actos administrativos en que se consignen las nóminas de deudores morosos del fondo solidario de crédito universitario, elaboradas en el marco de los artículos 15 de la ley N° 19.287 y 4° y siguientes del decreto N° 297, de 2009, del Ministerio de Educación, para los años 2018 y 2019, lo anterior, previa reserva de aquellos datos caducos que allí se consignen, esto es, aquellos que han perdido actualidad por disposición de la ley, por el cumplimiento de la condición o la expiración del plazo señalado para su vigencia, en los términos del artículo 2°, letra d) de la ley N° 19.628.</p>
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b) Cumplir dicho requerimiento en un plazo que no supere los 10 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia.</p>
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c) Acreditar la entrega efectiva de la información señalada en el literal a) precedente, en conformidad a lo establecido en el inciso segundo del artículo 17 de la Ley de Transparencia, por medio de comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dio cumplimiento a las obligaciones impuestas en la presente decisión en tiempo y forma.</p>
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III. Encomendar al Director General (S) y a la Directora Jurídica (S) de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Juan Pablo Rojas Díaz y al Sr. Rector de la Universidad de Talca.</p>
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En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.</p>
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Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidenta doña Gloria de la Fuente González, su Consejera doña Natalia González Bañados y sus Consejeros don Francisco Leturia Infante y don Bernardo Navarrete Yáñez.</p>
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Por orden del Consejo Directivo, certifica la Directora Jurídica (S) del Consejo para la Transparencia doña Ana Marí Muñoz Massouh.</p>