<p>
DECISIÓN AMPARO ROL C5807-20</p>
<p>
</p>
<p>
Entidad pública: SEREMI de Bienes Nacionales Región de Coquimbo</p>
<p>
Requirente: Sebastián Covarrubias Pinto</p>
<p>
Ingreso Consejo: 16.09.2020</p>
<p>
RESUMEN</p>
<p>
Se acoge el amparo deducido en contra de la SEREMI de Bienes Nacionales Región de Coquimbo, ordenando la entrega del "Informe Comunidad Agrícola Díaz Ocaranza, Programa Protección de Propiedad de Comunidades Agrícolas de la Región de Coquimbo", con su correspondiente convenio de colaboración, de enero de 2013.</p>
<p>
En caso de no obrar esta información en poder del órgano, deberá indicar los motivos concretos que justifiquen y fundamenten su inexistencia, conforme lo dispuesto en el numeral 2.3 de la Instrucción General N° 10, de este Consejo, sobre el procedimiento administrativo de acceso a la información.</p>
<p>
Lo anterior, por cuanto la información solicitada corresponde a antecedentes que forman parte de un programa de protección del derecho de propiedad de las comunidades agrícolas de la Región de Coquimbo, como consecuencia del cumplimiento de una función pública que la ley le encomienda al Ministerio de Bienes Nacionales. Al efecto, examinados los antecedentes del caso no ha sido posible tener por configurada alguna causal de reserva legal, ni circunstancia fáctica que justifiquen denegar la entrega de la documentación pedida.</p>
<p>
Previo a la entrega de la información deberán tarjarse aquellos datos personales de contexto incorporados en la documentación requerida, ello en conformidad con lo dispuesto en la Ley sobre protección de la vida privada y en cumplimiento de la atribución otorgada a este Consejo por la Ley de Transparencia.</p>
<p>
En sesión ordinaria N° 1148 del Consejo Directivo, celebrada el 12 de enero de 2021, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C5807-20.</p>
<p>
VISTO:</p>
<p>
Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.</p>
<p>
TENIENDO PRESENTE:</p>
<p>
1) SOLICITUD DE ACCESO: El 12 de agosto de 2020, don Sebastián Covarrubias Pinto, en representación de Inmobiliaria Tierra Verde SpA, solicitó a la Subsecretaría de Bienes Nacionales la siguiente información:</p>
<p>
"Copia del informe Comunidad Agrícola Díaz Ocaranza, Programa Protección de Propiedad de Comunidades Agrícolas de la Región de Coquimbo. Enero de 2013. De la Secretaria Regional Ministerial de Bienes Nacionales, Región de Coquimbo y de su anexo "Convenio de Colaboración".</p>
<p>
Agrega que su representada es actual dueña de terrenos ubicados en el fundo Las Piedras colindantes con la Comunidad Agrícola Díaz Ocaranza, cuyos límites fueron fijados en el documento solicitado.</p>
<p>
2) RESPUESTA: El 31 de agosto de 2020, la Seremi de Bienes Nacionales Región de Coquimbo respondió a dicho requerimiento de información, mediante Resolución Exenta N° E33403, de esa fecha, indicando que se deniega la información en virtud de la oposición ejercida por el tercero interesado, - Comunidad Agrícola Díaz Ocaranza-, notificada en virtud del artículo 20 de la Ley de Transparencia.</p>
<p>
3) AMPARO: El 16 de septiembre de 2020, don Sebastián Covarrubias Pinto, en representación de Inmobiliaria Tierra Verde Ltda. dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra de la Subsecretaría de Bienes Nacionales, fundado en la respuesta negativa a la solicitud de información.</p>
<p>
Se hace presente que atendido que la respuesta fue otorgada por la Seremi de Bienes Nacionales de la Región de Coquimbo el amparo se tuvo por reconducido a dicho organismo. Asimismo, que si bien, se adjunta un mandato otorgado por la referida empresa, el mandatario no coincida con el reclamante, por lo que el reclamo se tendrá por presentado a título personal.</p>
<p>
Además, el reclamante hizo presente, en síntesis, que de conformidad a lo dispuesto en el artículo 5° de la Ley de Transparencia la documentación solicitada es pública, en tanto, se trata de información elaborada con presupuesto público en el marco de una política pública impulsada por el Ministerio de Bienes Nacionales.</p>
<p>
Por su parte, el tercero interesado, la Comunidad Agrícola Diaz Ocaranza, no expresó causa alguna para justificar su oposición, lo cual constituye un incumplimiento de lo preceptuado en el artículo 20 de la Ley de Transparencia y una razón para no considerar su oposición y, por ende, conceder la información requerida.</p>
<p>
Por último, hace presente que Inmobiliaria Tierra Verde Ltda. es actual dueña de terrenos ubicados en el Fundo Las Piedras, colindantes con los de la Comunidad Agrícola Diaz Ocaranza, cuyos límites o deslindes fueron, precisamente, fijados en el marco del Programa Protección de Propiedad de Comunidades Agrícolas de la Región de Coquimbo, materia sobre la cual versan los documentos del año 2013 requeridos. Se acompañan antecedentes que acreditan su dominio.</p>
<p>
4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo y mediante Oficio E17728, de 17 de octubre de 2020, confirió traslado a la Sra. Secretaria Regional Ministerial de Bienes Nacionales Región de Coquimbo, solicitando que: (1°) se refiera, específicamente, a las causales de secreto o reserva que, a su juicio, harían procedente la denegación de la información; (2°) explique cómo lo solicitado afectaría los derechos de los terceros; (3°) acompañe todos los documentos incluidos en el procedimiento de comunicación de los terceros, incluyendo copia de las respectivas comunicaciones, de los documentos que acrediten su notificación, de las oposiciones deducidas y de los antecedentes que dan cuenta de la fecha en la que éstas ingresaron ante el órgano que usted representa; y, (4°) proporcione los datos de contacto -por ejemplo: nombre, dirección, número telefónico y correo electrónico-, de los terceros que se opusieron a la entrega de la información, a fin de dar aplicación a los artículos 25 de la Ley de Transparencia y 47 de su Reglamento.</p>
<p>
Mediante Ordinario N° 2107, de 03 de noviembre de 2020, el órgano efectuó sus descargos señalando, en síntesis, lo siguiente:</p>
<p>
Luego de reiterar que se dio traslado al tercero interesado, agrega que a partir de la interpretación de las normas contenidas en el artículo 16 y el inciso tercero del artículo 20, de la Ley de Trasparencia, concluye que no corresponde al Servicio determinar si, en primer lugar, la oposición deducida contiene o no fundamentos, y luego de hacer este examen, ponderar si aquellos fundamentos pueden ser considerados como suficientes para negar la información solicitada. Por el contrario, al tenor literal de las palabras del artículo 20 de la referida Ley, solo correspondería al organismo identificar si la oposición fue puesta en tiempo y forma, lo que aconteció en la especie.</p>
<p>
Se adjunta notificación y oposición del tercero interesado, en cuya respuesta, de correo electrónico, de fecha 27 de agosto de 2020, señala "la Comunidad Díaz y Ocaranza de Pama bajo Combarbalá RECHAZA la entrega de la información solicitada por identificación desconocida".</p>
<p>
5) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL TERCERO INTERESADO: De conformidad a lo prescrito en el artículo 25 de la Ley de Transparencia, el Consejo Directivo de esta Corporación, acordó dar traslado del amparo al tercero interesado mediante Oficio E19662, de 11 de noviembre de 2020.</p>
<p>
El referido oficio fue notificado con fecha 12 de noviembre de 2020, sin que hasta la fecha conste que el tercero interesado haya evacuado descargos en esta sede.</p>
<p>
6) GESTIÓN OFICIOSA I: Con fecha 04 de noviembre de 2020, esta Corporación requirió al órgano remitir el informe y convenio de colaboración pedido. Por correo electrónico de misma fecha el organismo remitió "Copia del Informe Comunidad Agrícola Diaz Ocaranza, Programa Protección de Propiedad de Comunidades Agrícolas de la Región de Coquimbo. Enero 2019, de la Secretaria Regional Ministerial de Bienes Nacionales, Región de Coquimbo y de su anexo "Convenio de Colaboración".</p>
<p>
7) GESTIÓN OFICIOSA II: Con fecha 06 de enero de 2021 se requirió al órgano confirmar si existe el informe del año 2013 pedido, dado que el remitido en la gestión anterior corresponde al año 2019, (según se adjunta). En caso de existir se requiere remitir el informe pedido por el reclamante con el convenio de colaboración correspondiente.</p>
<p>
Por correo electrónico de fecha 07 de enero de 2021, el órgano respondió lo siguiente; "(...) hechas las averiguaciones con el Abogado Encargado de la Oficina Técnica Regional de las Comunidades Agrícolas de la Región de Coquimbo, le señalo que el informe enviado del año 2019 es el más reciente y actualizado que se tiene de las problemáticas de deslindes de la Comunidad Agrícola Díaz y Ocaranza; (...) es decir, que efectivamente existió un Informe que data del año 2013 (el que fue entregado en su momento como producto final a la Comunidad Agrícola), el que en contraste con el del año 2019, contiene materias y problemáticas que fueron superadas en este último y por tanto, el del año 2019 es un documento actualizado/ Dicho sea de paso, y haciendo las revisiones en los archivos de esta Secretaría, le comento que no se pudo encontrar una copia del informe del año 2013 (...)".</p>
<p>
Y CONSIDERANDO:</p>
<p>
1) Que, el presente amparo tiene por objeto la entrega del "Informe Comunidad Agrícola Díaz Ocaranza, Programa Protección Fortalecimiento del Derecho de Propiedad de las Comunidades Agrícolas de la Región de Coquimbo" y de su anexo "Convenio de Colaboración", ambos del año 2013, según se señala en el N° 1 de lo expositivo. Al efecto el órgano denegó esta información en virtud de la oposición ejercida por el tercero interesado, notificado de acuerdo al procedimiento establecidos en el artículo 20 de la Ley de Transparencia; el cual siendo emplazado en esta sede no evacuó descargos; y luego con ocasión de la gestión efectuada en esta causa la reclamada agregó que no se pudo encontrar el informe del año 2013 pedido.</p>
<p>
2) Que, a modo de contexto, cabe señalar que el "Programa de Protección y Fortalecimiento del Derecho de Propiedad de las Comunidades Agrícolas de la Región de Coquimbo", tiene su fundamento en las normas establecidas en el decreto con fuerza de ley N° 5, del año 1968, que regula las comunidades agrícolas; y en particular en el artículo 4 letras a) y d) de dicho cuerpo legal, ello teniendo presente que en las comunidades agrícolas existen problemas críticos de demarcación de deslindes, que no les permiten ejercer en plenitud su derecho real de dominio, lo cual crea un escenario de incertidumbre e inseguridad jurídica y genera una disminución de la calidad de vida de los integrantes de esta comunidades y un debilitamiento de su sistema de vida. En este sentido con el fin de beneficiar a las comunidades agrícolas de la Región de Coquimbo, el Ministerio de Bienes Nacionales busca elaborar un registro jurídico topográfico georreferenciado, a través de instrumentos de alta precisión, para demarcar físicamente los deslindes, especialmente aquellos tramos críticos de las comunidades agrícolas, evitando de este modo los potenciales conflictos y litigios judiciales con terceros, posibilitando la construcción de determinaciones físicas (monolitos).</p>
<p>
3) Que, en este contexto el referido decreto en su artículo 1° define las comunidades agrícolas, como "la agrupación de propietarios de un terreno rural común que lo ocupen, exploten o cultiven y que se organicen en conformidad con este texto legal". Con todo, de conformidad a lo dispuesto en los artículos 2° y 3°, las comunidades agrícolas podrán solicitar la intervención de la División de Constitución de la Propiedad Raíz del Ministerio de Bienes Nacionales, para la constitución de la propiedad, el saneamiento de sus títulos de dominio y organización. En lo que interesa el artículo 4°, dispone que solicitada la intervención de la División de Constitución de la Propiedad Raíz, ésta tendrá, ente otras, las siguientes atribuciones: a) "Señalar el nombre, ubicación, cabida y deslindes del predio común (...)" y en la letra d) "Asesorar jurídicamente en forma gratuita, a la Comunidad Agrícola que haya obtenido inscripción a su favor en conformidad a estas disposiciones, en todas aquellas materias relativas al dominio o explotación del predio y derechos de aprovechamiento de aguas".</p>
<p>
4) Que, establecido el marco normativo de este reclamo, la información solicitada en la especie corresponde a antecedentes que forman parte de un programa de protección de fortalecimiento del derecho de propiedad de las comunidades agrícolas de la Región de Coquimbo, como consecuencia del cumplimiento de una función pública que la ley le encomienda al Ministerio de Bienes Nacionales. Al respecto se debe hacer presente que, según lo dispuesto en los artículos 5°, inciso segundo, y 10 de la Ley de Transparencia, se considera información pública toda aquélla que obre en poder de los órganos de la Administración del Estado, cualquiera sea su formato, soporte, fecha de creación, origen, clasificación o procesamiento, además de aquélla contenida en actos, resoluciones, actas, expedientes, contratos y acuerdos, así como toda información elaborada con presupuesto público, salvo que dicha información se encontrare sujeta a las excepciones establecidas en el artículo 21 de la Ley de Transparencia.</p>
<p>
5) Que, al efecto, examinados, particularmente, los descargos del órgano recurrido y la oposición del tercero interesado, no ha sido posible tener por configurada alguna causal de reserva legal para denegar la entrega de la documentación pedida, por lo que se desestimarán dichas alegaciones. Por su parte, en cuanto a la inexistencia de la información requerida alegada por el órgano en la gestión oficiosa que se lee en el N° 7 de lo expositivo, cabe hacer presente que conforme ha resuelto previamente este Consejo, en las decisiones de amparo roles C1179-11, C1163-11 y C409-13, entre otras, la inexistencia de la información solicitada, constituye una circunstancia de hecho cuya sola invocación no exime a los órganos de la Administración de su obligación de entregarla. En efecto, esta alegación debe ser fundada, indicando el motivo específico por el cual la información requerida no obra en su poder y debiendo acreditarla fehacientemente. Al respecto, la Instrucción General N° 10, sobre el procedimiento administrativo de acceso a la información, en el acápite sobre búsqueda de la información requerida, numeral 2.3, en su párrafo segundo, dispone que, en caso de no existir un acto administrativo que haya dispuesto la expurgación de los documentos pedidos, si el órgano público constata que no posee la información, luego de realizada su búsqueda, deberá agotar todos los medios a su disposición para encontrarla y, en caso de estimar que los hechos son susceptibles de ser sancionados con una medida disciplinaria, instruir el correspondiente procedimiento sancionatorio.</p>
<p>
6) Que, en virtud de lo expuesto precedentemente, no habiéndose acreditado causal de reserva legal alguna, ni fehacientemente la búsqueda exhaustiva de la información solicitada, ni obrando en poder de este Consejo antecedentes que den cuanta del agotamiento de todos los medios a su disposición e instancias para encontrar los antecedentes solicitados, este Consejo procederá a acoger el presente amparo y ordenará la entrega de la información reclamada, y en caso de no obrar ésta en su poder, se indiquen los motivos concretos que justifiquen y fundamenten su inexistencia, conforme lo dispuesto en el numeral 2.3 de la Instrucción General N° 10, de este Consejo, sobre el procedimiento administrativo de acceso a la información.</p>
<p>
7) Que, finalmente, se deberán tarjar aquellos datos personales de contexto incorporados en la documentación que se ordena entregar, por ejemplo, domicilio particular, fecha de nacimiento, nacionalidad, estado civil, teléfono y correo electrónico particular, entre otros, en conformidad con lo dispuesto en los artículos 2°, letra f), y 4° de la ley N° 19.628. Lo anterior se dispone en virtud del principio de divisibilidad contemplado en el artículo 11 letra e), de la Ley de Transparencia, y en cumplimiento de la atribución otorgada a este Consejo por el artículo 33, letra m), de la misma Ley.</p>
<p>
EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:</p>
<p>
I. Acoger el amparo deducido por don Sebastián Covarrubias Pinto en contra de la SEREMI de Bienes Nacionales Región de Coquimbo, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.</p>
<p>
II. Requerir a la Sra. Secretaria Regional Ministerial de Bienes Nacionales, Región de Coquimbo, lo siguiente;</p>
<p>
a) Hacer entrega al reclamante:</p>
<p>
Copia del "Informe Comunidad Agrícola Díaz Ocaranza, Programa Protección de Propiedad de Comunidades Agrícolas de la Región de Coquimbo, de la Seremi de Bienes Nacionales, Región de Coquimbo" y de su anexo "Convenio de Colaboración"; ambos correspondientes al año 2013. En caso de no obrar esta información en su poder, se deberán indicar los motivos concretos que justifiquen y fundamenten su inexistencia, conforme lo dispuesto en el numeral 2.3 de la Instrucción General N° 10, de este Consejo, sobre el procedimiento administrativo de acceso a la información.</p>
<p>
Se deberán tarjar aquellos datos personales de contexto incorporados en la documentación que se ordena entregar, por ejemplo, domicilio particular, fecha de nacimiento, nacionalidad, estado civil, teléfono y correo electrónico particular, entre otros, en conformidad con lo dispuesto en los artículos 2°, letra f), y 4° de la ley N° 19.628. Lo anterior se dispone en virtud del principio de divisibilidad contemplado en el artículo 11 letra e), de la Ley de Transparencia, y en cumplimiento de la atribución otorgada a este Consejo por el artículo 33, letra m), de la misma Ley.</p>
<p>
b) Cumplir dicho requerimiento en un plazo que no supere los 5 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia.</p>
<p>
c) Acreditar la entrega efectiva de la información señalada en el literal a) precedente, en conformidad a lo establecido en el inciso segundo del artículo 17 de la Ley de Transparencia, por medio de comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dio cumplimiento a las obligaciones impuestas en la presente decisión en tiempo y forma.</p>
<p>
III. Encomendar al Director General (S) y a la Directora Jurídica (S) de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Sebastian Covarrubias Pinto, a la Sra. Secretaria Regional Ministerial de Bienes Nacionales Región de Coquimbo y al tercero interesado.</p>
<p>
En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.</p>
<p>
Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidenta doña Gloria de la Fuente González, su Consejera doña Natalia González Bañados y sus Consejeros don Francisco Leturia Infante y don Bernardo Navarrete Yáñez.</p>
<p>
Por orden del Consejo Directivo, certifica la Directora Jurídica (S) del Consejo para la Transparencia doña Ana María Muñoz Mausouh.</p>