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DECISIÓN AMPARO ROL C5845-20</p>
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Entidad pública: Corporación Municipal de Ancud</p>
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Requirente: Camila Benavides Martínez</p>
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Ingreso Consejo: 16.09.2020</p>
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RESUMEN</p>
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Se acoge el amparo deducido en contra de la Corporación Municipal de Ancud, referido a la entrega de información respecto a la atención de salud sexual y reproductiva durante la crisis sanitaria/covid en la red de atención primaria con el detalle que indica.</p>
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Lo anterior, por cuanto se trata de información estadística de naturaleza pública que se enmarca dentro de la esfera competencial de la reclamada, respecto de la cual se descartaron las hipotesis de reserva indicadas por el órgano.</p>
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En sesión ordinaria N° 1143 del Consejo Directivo, celebrada el 29 de diciembre de 2020, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C5845-20.</p>
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VISTO:</p>
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Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.</p>
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TENIENDO PRESENTE:</p>
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1) SOLICITUD DE ACCESO: El 6 de agosto de 2020, doña Camila Benavides Martínez solicitó a la Corporación Municipal de Ancud la siguiente información: "Información respecto a la atención de salud sexual y reproductiva durante la crisis sanitaria/covid en la red de atención primaria con el detalle que indica".</p>
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2) RESPUESTA: Mediante Oficio N° 66, de 3 de septiembre de 2020, la Corporación Municipal de Ancud respondió a dicho requerimiento de información indicando que se deniega dicha entrega por las causales de reserva contenidas en el artículo 21 N° 1 letra c) y 21 N° 2, ambos de la Ley de Transparencia.</p>
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3) AMPARO: El 16 de septiembre de 2020, doña Camila Benavides Martínez dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en respuesta incompleta o parcial a su solicitud de información, por lo que se ampara sólo respecto de las 4 más relevantes para acotar el tiempo y personal necesario para responder la solicitud, las cuales son:</p>
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• Número de atenciones de salud del Programa de Salud del Adolescente y número de fichas CLAP aplicadas en el periodo marzo - junio de 2020, desagregadas por establecimientos, edad y sexo.</p>
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• Dosis de anticonceptivos de emergencia entregadas en el trimestre marzo y junio de 2020, desagregado por mes y edad de la usuaria.</p>
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• Número de potenciales casos de embarazos en alguna de las causales de la Ley 21.030 detectados en el trimestre marzo-junio de 2020 y establecimientos a los que han sido derivados, desagregado por causal y edad de la usuaria.</p>
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• Número de casos de violencia sexual (abuso, violación) detectados en el trimestre marzo-junio de 2020, desagregado por edad de la usuaria.</p>
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4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado al Sr. Alcalde y Presidente de la Corporación Municipal de Ancud, mediante Oficio N° E16962, de 6 de octubre de 2020, solicitando que: (1°) atendido lo señalado por la parte reclamante en su amparo, en cuanto a que reduce su requerimiento a cuatro consultas: (a) indique si obra en su poder de manera sistematizada, la información contenida en las consultas que la requirente indica; (b) en la afirmativa de la anterior, y en caso de no existir inconvenientes para la entrega de la información pedida, se solicita la remisión de la misma a la parte recurrente con copia a este Consejo, a fin de evaluar el cierre del presente caso a través del Sistema Anticipado de Resolución de Controversias (SARC); (3°) en la negativa de lo anterior, se refiera, específicamente, a las causales de secreto o reserva que, a su juicio, harían procedente la denegación de la información solicitada; (4°) señale cómo la entrega de la información solicitada afectaría el debido cumplimiento de las funciones del órgano que usted representa; (5°) aclare si la información requerida obra en su poder, constando en alguno de los soportes documentales que señala el inciso segundo del artículo 10 de Ley de Transparencia; (6°) de obrar en su poder, indique si la información solicitada se encuentra sistematizada en algún formato digital; y, (7°) si la información no se encuentra digitalizada, refiérase al volumen, la cantidad de tiempo y funcionarios que se destinarían a recopilar y sistematizar la información requerida.</p>
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A la fecha del presente amparo no consta que la reclamada haya evacuado descargos ante esta sede.</p>
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Y CONSIDERANDO:</p>
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1) Que, el presente amaro se funda en respuesta negativa a la solicitud de información respecto a la atención de salud sexual y reproductiva con el detalle que indica. Al respecto, la reclamada denegó la información en virtud de las causales de reserva contenidas en los artículos 21 N° 1 letra c) y 21 N° 2, ambos de la Ley de Transparencia.</p>
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2) Que, en cuanto a la hipótesis de reserva alegada por el órgano reclamado (artículo 21 N° 1 letra c), cabe tener presente que dicha causal permite reservar aquella información referida a un elevado número de actos administrativos o sus antecedentes o cuya atención requiera distraer indebidamente a los funcionarios del cumplimiento regular de sus labores habituales. En tal sentido, el artículo 7° numeral 1° letra c) del Reglamento de la citada ley precisa, que se distrae a los funcionarios de sus funciones cuando la satisfacción de un requerimiento requiera por parte de éstos, la utilización de un tiempo excesivo, considerando su jornada de trabajo, o un alejamiento de sus funciones habituales.</p>
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3) Que, respecto de la interpretación de la causal en comento, la jurisprudencia de este Consejo ha establecido que ésta sólo puede configurarse en la medida que las tareas que supone la búsqueda o eventualmente la sistematización y posterior entrega de lo pedido demanden esfuerzos de tal entidad, que entorpezcan el normal o debido funcionamiento del organismo. Resumiendo este criterio, la decisión de amparo Rol C377-13, razonó que: «la causal en comento depende ya no tanto de la naturaleza de lo pedido, sino más bien de cada situación de hecho en términos de los esfuerzos desproporcionados que involucraría entregar lo solicitado». Por ende, la configuración de la causal supone una ponderación de hecho sobre los aspectos que configuran tales esfuerzos, entre ellos el volumen de información, relación entre funcionarios y tareas, tiempo estimado o costo de oportunidad, entre otras circunstancias. En la especie, éste no ha sido precisamente el estándar demostrado por el órgano reclamado.</p>
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4) Que, en dicho contexto, cabe tener presente lo señalado por la Excma. Corte Suprema, en su sentencia recaída en el recurso de queja Rol N° 6663-2012, de 17 de enero de 2013, en orden a que «la reserva basada en el debido ejercicio de las funciones del órgano deberá explicarse pormenorizadamente y probarse de modo fehaciente de qué manera el control ciudadano reflejado en la solicitud [de acceso] podría afectar el debido cumplimiento de las funciones..., mencionarse las atribuciones precisas que la revelación de la información le impediría o entorpecería de cumplir debidamente (...), sin que basten para estos efectos meras invocaciones generales» (énfasis agregado).</p>
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5) Que, de acuerdo a lo anterior, esta Corporación debe analizar la naturaleza, origen y volumen de la información requerida. En este sentido, analizadas las alegaciones del órgano, las cuales se traducen en el esbozo de la causal de reserva indicada, se advierte que sus fundamentos no resultan suficientes para acreditar el supuesto establecido en el artículo 21 N° 1, letra c), de la Ley de Transparencia, como se señalará a continuación. Sobre el particular, se debe hacer presente que las materias requeridas corresponden a información estadística referida, en términos generales a la atención de salud sexual y reproductiva durante la crisis sanitaria/covid en la red de atención primaria con el detalle que indica.</p>
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6) Que, en efecto, en el presente caso, el órgano no se pronunció sobre el volumen específico de la información solicitada, su ubicación, ni tampoco ha acreditado fehacientemente, el soporte documental en que dicha información se encuentra en su poder. A su turno, a juicio de esta Corporación, contar con la información requerida debidamente sistematizada da cuenta de una debida diligencia del órgano. Asimismo, cabe hacer presente que el hecho de mantener sistematizada la información requerida, más que provocar una distracción indebida de las funciones del órgano es de aquellas actividades que -precisamente- permiten rendir cuenta del correcto ejercicio de sus funciones públicas, y en particular, de una gestión eficiente de los recursos públicos, conforme los principios de eficiencia y eficacia que debe observar la Administración del Estado, consagrados en el inciso segundo del artículo 3° de la Ley N° 18.575, de 1986, del Ministerio del Interior, Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado.</p>
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7) Que, en consecuencia, en mérito de lo expuesto precedentemente, tratándose de información de naturaleza pública; y, no resultando suficientes las alegaciones de hecho efectuadas por el órgano reclamado para tener por configurada la hipótesis de reserva de distracción indebida, se desestimará la causal alegada por el órgano.</p>
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8) Que, a su turno, la reclamada reservó la información, en virtud de la causal contenida en el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia: "Cuando su publicidad, comunicación o conocimiento afecte los derechos de las personas, particularmente tratándose de su seguridad, su salud, la esfera privada o derechos de carácter comercial o económico".</p>
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9) Que, por consiguiente, corresponde determinar si la divulgación de los antecedentes solicitados afectaría los derechos los derechos de las personas, particularmente tratándose de su salud o su esfera privada.</p>
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10) Que, respecto de la naturaleza de la información solicitada, cabe señalar que publicidad de la misma no afectaría ni la salud ni la esfera privada de las personas sobre las cuales recae, por cuanto la misma es meramente estadística, toda vez que no se solicitan nombres, ni ningún otro antecedente que permita la individualización de las personas ahí contenidas,</p>
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11) Que, en mérito de lo expuesto con anterioridad, tratándose de información estadística de naturaleza pública que debe obrar en poder del órgano reclamado; cuyo dato no fue entregado en su oportunidad; y, no configurándose en la especie causales de secreto o reserva respecto de lo requerido, se acogerá el presente amparo, ordenando que se entregue a la solicitante la información requerida.</p>
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EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:</p>
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I. Acoger el amparo deducido por doña Camila Benavides Martínez, en contra de la Corporación Municipal de Ancud, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.</p>
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II. Requerir a la Presidenta de la Corporación Municipal de Ancud, lo siguiente;</p>
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a) Entregue a la reclamante la información consultada. Lo anterior, tarjando previamente todo dato que permita identificar a los titulares de la información. Ello en conformidad a lo previsto en la Ley 19.628 sobre la Protección de la Vida Privada en concordancia con lo dispuesto en el artículo 19 N° 4 de la Constitución Política de la República y 21 N° 2 de la Ley de Transparencia.</p>
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b) Cumpla dicho requerimiento en un plazo que no supere los 5 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia.</p>
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c) Acredite la entrega efectiva de la información señalada en el literal a) precedente, en conformidad a lo establecido en el inciso segundo del artículo 17 de la Ley de Transparencia, por medio de comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dio cumplimiento a las obligaciones impuestas en la presente decisión en tiempo y forma.</p>
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III. Encomendar al Director General (S) y a la Directora Jurídica (S) de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a doña Camila Benavides Martínez y a la Sra. Presidenta de la Corporación Municipal de Ancud.</p>
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En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de</p>
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Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidenta doña Gloria de la Fuente González, su Consejera doña Natalia González Bañados y sus Consejeros don Francisco Leturia Infante y don Bernardo Navarrete Yáñez.</p>
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Por orden del Consejo Directivo, certifica la Directora Jurídica (S) del Consejo para la Transparencia doña Ana María Muñoz Massouh.</p>