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DECISIÓN AMPARO ROL C5857-20</p>
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Entidad pública: Carabineros de Chile</p>
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Requirente: Sebastián Merino Fuentes</p>
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Ingreso Consejo: 17.09.2020</p>
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RESUMEN</p>
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Se acoge parcialmente el amparo deducido en contra de Carabineros de Chile, ordenando la entrega del gasto total y unitario realizado en la compra de carros lanza aguas durante el 18 de octubre del año 2019 y el 24 de julio del 2020.</p>
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Lo anterior, por cuanto no se logró acreditar que la publicidad de dichos antecedentes, de carácter general, tenga la potencialidad suficiente para afectar en forma presente o probable, y con suficiente especificidad, el debido cumplimiento de las funciones del órgano o el orden público o la seguridad nacional, según lo alegado por el órgano recurrido.</p>
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Aplica criterio contenido en la decisión C2797-14, en que se resolvió la entrega del número de carros lanza aguas destinados a unas regiones en el periodo consultado, razonando que lo requerido "...es un dato numérico de vehículos, y no del personal que opera dichos vehículos, o que se despliega en terreno cuando son empleados, ya sea efectuando labores de seguridad de dichos carros o de coordinación con su funcionamiento, como tampoco se solicitaron las calles, cuadrantes, zonas, ni horarios en que fueron empleados, todos elementos adicionales que resultan necesarios para eventualmente constituir la afectación alegada por la reclamada".</p>
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Se rechaza, respecto al gasto total y unitario realizado en la compra de carros lanza gases, con las respectivas órdenes de compra, durante el mismo período, por inexistencia de la información pedida, sin que se cuenta con antecedentes que conduzcan a una conclusión contraria.</p>
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Asimismo, se rechaza la entrega de las órdenes de compra de vehículos lanza aguas y transporte de personal blindado; por estimarse que forman parte de aquellas materias que el artículo 436 N° 4, del Código de Justicia Militar, pretende cautelar, por cuanto se refiere a datos que de ser entregados implicaría revelar antecedentes específicos de los vehículos consultados, lo cual conlleva un riesgo de afectación presente o probable y con suficiente especificidad al debido cumplimiento de las funciones de Carabineros de Chile y a la seguridad de la Nación.</p>
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En sesión ordinaria N° 1154 del Consejo Directivo, celebrada el 2 de febrero de 2021, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C5857-20.</p>
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VISTO:</p>
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Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.</p>
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TENIENDO PRESENTE:</p>
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1) SOLICITUD DE ACCESO: El 17 de agosto de 2020, ingresó, por derivación desde la Subsecretaría del Interior, la solicitud de don Sebastián Merino Fuentes, quien requirió la siguiente información:</p>
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a) Gasto total realizado en la compra de carros lanza agua durante el período del 18 de octubre de 2019 al 24 de julio de 2020, además de especificar el costo unitario de los vehículos.</p>
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b) Gasto total realizado en la compra de carros lanza gases, durante el período indicado, además de especificar el costo unitario de los vehículos.</p>
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c) Órdenes de compra relacionadas con la compra de vehículos, lanza aguas, lanza gases y transporte de personal blindado durante el período indicado.</p>
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2) RESPUESTA: El 14 de septiembre de 2020, Carabineros de Chile respondió a dicho requerimiento de información, mediante Resolución Exenta N° 409, de esa fecha, señalando, en síntesis, lo siguiente:</p>
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1. Durante el periodo consultado no se han adquiridos vehículos lanza gases.</p>
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2. En lo que respecta a la entrega de las órdenes de compra de los carros lanza agua y vehículos de transporte de personal blindado adquiridos por la Institución, junto con el costo total y unitario de los mismos, no es factible de entregar, ya que esta información posee el carácter de secreta, de acuerdo a las normas contenidas en el Código de Justicia Militar en relación con las que se citan en esta presentación.</p>
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3. Entregar documentación que contiene la cantidad, el detalle, el precio, las condiciones de pago, junto con otros datos de la operación comercial, implica revelar el dato numérico de los medios logísticos adquiridos por la Institución, y por ende, el costo total y unitario de los mismos, junto con la descripción específica de los vehículos consultados, lo cual conlleva un riesgo de afectación cierto, probable, y específico al debido cumplimiento de las funciones de Carabineros de Chile y, en definitiva, a la seguridad pública.</p>
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4. En efecto, para asegurar el cumplimiento de las funciones que la Constitución Política y el Legislador entregan a Carabineros en pro de la comunidad, se requiere disponer de los recursos humanos, logísticos y de infraestructura óptima, lo cual posibilitará el desarrollo de las funciones operativas de orden y de seguridad que caracterizan a la Institución, concepto que desarrolla latamente.</p>
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5. A raíz de las graves alteraciones del orden público que se han suscitado en el país, acompañadas de manifestaciones de distinta índole, ha requerido de Carabineros, en el cumplimiento de su misión constitucional el despliegue operativo de personal y elementos logísticos, entre ellos de su parque vehicular regular, pero en especial aquel parque vehicular táctico destinado al control del orden público.</p>
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6. Al aplicar el test del daño, no resulta beneficioso en aras de un control social revelar los detalles de los procesos de compra de los carros lanza aguas y vehículos blindados durante el periodo solicitado, puesto que importa revelar parte de la flota vehicular táctica, lo que implicaría que con posterioridad, se requiriera conocer los mismos datos para otros periodos, situación que después de un proceso de consolidación de datos permitiría tener una visión completa de todo el parque vehicular destinado al control del orden público, y de ese modo revelar la capacidad institucional para hacer frente a los procedimientos policiales.</p>
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7. Dada la especial función que cumplen estos vehículos de apoyo táctico, los cuales están llamados a prestar sus servicios en situaciones de contingencia social, en las que se transgrede de manera flagrante el orden público, se justifica la necesidad de mantener en reserva los detalles de los procesos de adquisición de los mismos, habida cuenta que, esta clase de medios logísticos poseen condiciones constructivas que difieren de la flota de vehículos policiales convencionales, con cuya entrega se puede ver afectada la seguridad nacional.</p>
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8. En este contexto, todas estas contrataciones se efectuaron bajo la modalidad de Trato Directo, de carácter reservado, por lo que el procedimiento de contratación quedó excluido del sistema de información de compras y contrataciones de la Administración a través del sitio web www.mercadopublico.cl, conforme al inciso final del artículo 20 de la Ley N° 19.886.</p>
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9. Lo anterior, toda vez, que una licitación pública permitiría revelar los detalles de la operación, cantidades, valores unitarios de los mismos, etc., junto con identificar los componentes técnicos y especificaciones que poseen los vehículos que se han adquirido, siendo necesario que estas adquisiciones se realicen en forma reservada, de manera que no se creen formas para neutralizarlos, o que se afecte la seguridad de la adquisición.</p>
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10. A mayor abundamiento, mediante la dictación de la Resolución Exenta N° 90, de 09.08.2018, de la Dirección Nacional de Apoyo a las Operaciones Policiales de Carabineros de Chile, se declaró como material estratégico para la Institución, es decir, de importancia decisiva para el desarrollo de la función que se le ha asignado por la Constitución y la ley a Carabineros de Chile, en el ámbito de armamento y munición, armas de fuego, munición, elementos explosivos, elementos de protección antibala, elementos disuasivos para el control de muchedumbre o de intervención sean éstos químicos, mecánicos, electrónicos, luminosos u otros; elementos para la visión nocturna tales como cañones y visores de luz; equipamiento para la detección y desactivación de elementos explosivos;</p>
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11. En atención a todo lo expuesto, resultan aplicables las causales de reserva del artículo 21 N° 1, N° 3 y 5 de la Ley de Transparencia, en relación con el artículo 436 N° 4 del Código de Justicia Militar, las que se transcriben.</p>
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3) AMPARO: El 17 de septiembre de 2020, don Sebastián Merino Fuentes dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en la respuesta negativa a su solicitud.</p>
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4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo y mediante Oficio N° E17651, de 16 de octubre de 2020, confirió traslado al Sr. General Director de Carabineros de Chile solicitando que: (1°) se refiera, específicamente, a las causales de secreto o reserva que, a su juicio, harían procedente la denegación de la información reclamada; y (2°) detalle cómo la entrega de dicha información afectaría la seguridad de la Nación.</p>
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Mediante Ordinario S/N, de 26 de octubre de 2020, el órgano efectuó sus descargos, reiterando las causales de reserva y fundamentos invocados con ocasión de la respuesta para denegar la información requerida; y agregó que no sólo por consideraciones de derecho se reservaron estos antecedentes, sino que también de nivel táctico, pues develar datos sobre esta materia significaría poner en riesgo a los civiles a los cuales esta institución está llamada a resguardar, dificultar la labor de restablecimiento del orden público que tiene asignada y finalmente, arriesgar la integridad de quienes la componen, toda vez que implicaría entregar valiosos datos los cuales permitirán elaborar planes de respuesta tácticos a quienes quieran repeler su actuación, resultando necesario para garantizar el debido cumplimiento de las funciones que Carabineros de Chile está llamado a cumplir en la prevención de los hechos que alteran el orden público. Por lo anterior, revelar su contenido arriesgaría tornar ineficaz el actuar policial e impediría el cumplimiento de la misión constitucional que ha sido encomendada al órgano.</p>
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5) MEDIDA PARA MEJOR RESOLVER: En sesión ordinaria N° 1148, de 12 de enero de 2021, se acordó requerir a Carabineros de Chile, mediante Oficio N° E922, de 12 de enero de 2021, informar si en las leyes de presupuestos de los años 2019 y 2020 se contempló algún ítem, glosa u otro título a los que se deban imputar las adquisiciones requeridas, como asimismo, especificar detalladamente si se establece un procedimiento especial para informar o dar cuenta de los gastos respectivos, a algún órgano de la Administración del Estado y/o comisión de la Cámara de Diputados o el Senado.</p>
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Por Ordinario N° 16, de 20 de enero de 2021 el órgano respondió lo siguiente "Sobre la materia cumplo con informar que de acuerdo a lo indicado por la Dirección de Finanzas de Carabineros de Chile, previo análisis e informe emitido por el Departamento de Presupuesto Institucional, de su dependencia, en las leyes de presupuestos de los años 2019 y 2020 no se contempló algún ítem, glosa u otro título a los que se debieron imputar las adquisiciones por la compra de vehículos lanza agua, lanza gases y de transporte de personal blindados, en el período del 18 de octubre de 2019 al 24 de julio de 2020, como tampoco se estableció un procedimiento especial para informar o dar cuenta de los gastos respectivos a algún órgano de la Administración del Estado y/o Comisión de la Cámara de Diputados o el Senado".</p>
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Y CONSIDERANDO:</p>
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1) Que, el presente amparo se funda en la respuesta negativa por parte de Carabineros de Chile a la solicitud del reclamante, referida al gasto total y unitario realizado en la compra de carros lanza agua y carros lanza gases, y a las órdenes de compra relacionadas con la compra de estos vehículos y los de transporte de personal blindado, en el periodo indicado en el N° 1 de lo expositivo. Al efecto, el órgano denegó la información relativa a los carros lanza gases, fundada en que en el periodo consultado no adquirió este tipo de vehículos; y respecto a los carros lanza agua y de transporte de personal blindado, en virtud de las causales de reserva del artículo 21 N° 1, N° 3 y N° 5, de la Ley de Transparencia, en relación con lo dispuesto en el artículo 436 N° 4, del Código de Justicia Militar.</p>
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2) Que, en primer lugar, respecto de la información pedida en relación con la compra de carros lanza gases, según se señala en las letras b) y c) de la solicitud, se debe hacer presente que constituye un presupuesto básico para el ejercicio del derecho fundamental de acceso a la información pública el que los antecedentes requeridos existan en poder del órgano solicitado, conforme preceptúan los artículos 5° y 10 de la Ley de Transparencia. En consecuencia, atendido que el órgano reclamado sostiene que no obra en su poder esta información, dado que no adquirió este tipo de vehículos en el período consultado, se rechazará el presente amparo en esta parte, toda vez que no se cuenta con antecedentes que conduzcan a una conclusión contraria.</p>
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3) Que, en segundo lugar, en cuanto a la información pedida en las letras a) y c) de la solicitud, relativas a la compra de carros lanza agua y vehículos de transporte de personal blindado, cabe señalar, que el artículo 8° inciso 2°, de la Constitución Política de la República, en lo que interesa, establece que "son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen. Sin embargo, sólo una ley de quórum calificado podrá establecer la reserva o secreto de aquéllos o de éstos, cuando la publicidad afectare el debido cumplimiento de las funciones de dichos órganos, los derechos de las personas, la seguridad de la Nación o el interés nacional". Por su parte, según lo dispuesto en los artículos 5, inciso segundo y 10 de la Ley de Transparencia, se considera información pública toda aquella que obre en poder de los órganos de la Administración del Estado, cualquiera sea su formato, soporte, fecha de creación, origen, clasificación o procesamiento, además de aquella contenida en "actos, resoluciones, actas, expedientes, contratos y acuerdos, así como a toda información elaborada con presupuesto público", salvo que dicha información se encontrare sujeta a las excepciones establecidas en el artículo 21 de la Ley de Transparencia.</p>
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4) Que, en relación a las causales de reserva invocadas, el citado artículo 436 del Código de Justicia Militar prescribe que se entiende por documentos secretos aquellos cuyo contenido se relacionan directamente con la seguridad del Estado, la defensa nacional, el orden público interior o la seguridad de las personas y, entre otros, según lo establecido en el N° 4 de dicho artículo, "los que se refieran a equipos y pertrechos militares o policiales".</p>
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5) Que, este Consejo, a partir de la decisión del amparo rol C45-09, ha establecido que el artículo 436 del Código de Justicia Militar posee el carácter de ley de quórum calificado para efectos de establecer el secreto o reserva respecto de aquellos documentos que se relacionan directamente con la seguridad del Estado, la defensa nacional, el orden público interior o la seguridad de las personas, algunos de los cuales menciona a título ejemplar. Ahora, en virtud de lo dispuesto en el artículo 21 N° 5 y del artículo 1° transitorio de la Ley de Transparencia, este Consejo ha concluido, que para la aplicación de una norma que disponga el secreto o reserva de determinados antecedentes dictada con anterioridad a la ley señalada, no sólo basta que ésta sea de rango legal y entendida por este hecho de quórum calificado, sino que, además debe reconducirse a alguno de los motivos constitucionales de secreto o reserva que además establece el artículo 8°, inciso 2°, de la Carta Fundamental. Por tanto, si bien el artículo 436 del Código de Justicia Militar, en tanto norma legal, está formalmente sujeta a lo dispuesto por el artículo 1° transitorio de la Ley de Transparencia (y puede por tanto ser objeto de reconducción formal), es igualmente menester determinar si el contenido de dicha disposición guarda correspondencia con las causales de secreto señaladas por el constituyente (es decir, si puede tener lugar a su respecto la reconducción material). La reconducción material señalada debe estar guiada por la exigencia de "afectación" de los bienes jurídicos indicados en el artículo 8°, inciso 2°, de la Constitución Política, esto es, debido cumplimiento de las funciones de los órganos del Estado, derechos de las personas, seguridad de la Nación o el interés nacional.</p>
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6) Que, en efecto, no basta sólo con que la información "se relacione" con el bien jurídico protegido o que le resulte "atingente" para los efectos de mantener tal información en secreto o reserva, sino que se precisa la afectación. En tal sentido, el criterio que ha aplicado uniformemente este Consejo es que aquella debe ser presente o probable y con suficiente especificidad para justificar la reserva, lo que no se presume sino que debe ser acreditado por el órgano administrativo requerido, de modo que los daños que la publicidad provocaría sean superiores al perjuicio que el secreto causaría al libre acceso a la información y al principio de publicidad. Cabe hacer especialmente presente, que este el criterio interpretativo en la forma debe ser aplicada la causal de reserva invocada del artículo 21 N° 5, en relación a las normas dictadas en forma previa a la reforma constitucional del año 2005, ha sido ratificado por los Tribunales Superiores de Justicia de nuestro país. En efecto, la Corte Suprema en el fallo Rol N° 26.843-2018, de 05 de marzo de 2019 sobre recurso de queja, indicó, en su considerando décimo, lo siguiente: "Que, en cuanto a la causal del numeral 5 del artículo 21 de la Ley N° 20.285, esta Corte ha dicho en anteriores ocasiones que para que se configure la excepción a la publicidad, no sólo basta la existencia o mera referencia a una ley de quórum calificado dictada con anterioridad a la reforma constitucional del año 2005, sino que además es necesario evaluar, en concreto, la afectación al bien jurídico que se trata de proteger, en la especie, la seguridad de la Nación. (Roles C.S. N° 35.801-2017 y 49.981-2016)".</p>
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7) Que, respecto de la información analizada, para justificar las causales de reserva alegadas, Carabineros de Chile ha señalado, en síntesis, que entregar la documentación pedida implica revelar medios logísticos adquiridos por la institución, como son el costo total y unitario de los mismos, junto con la descripción específica de los vehículos consultados, lo cual conlleva un riesgo de afectación cierto, probable, y específico al debido cumplimiento de sus funciones, en definitiva, al orden y seguridad pública; cuya entrega importaría revelar parte de la flota vehicular, lo que implicaría que con posterioridad, se requiriera conocer los mismos datos para otros periodos, y tener, finalmente, una visión completa de todo el parque vehicular táctico destinado al control del orden público, y de ese modo revelar la capacidad institucional para hacer frente a los procedimientos policiales y develar datos sobre esta materia. Asimismo, significaría poner en riesgo a los civiles a los cuales esta institución está llamada a resguardar, dificultar la labor de restablecimiento del orden público que tiene asignada y finalmente, arriesgar la integridad de quienes la componen, toda vez que implicaría entregar valiosos datos los cuales permitirán elaborar planes de respuesta tácticos a quienes quieran repeler su actuación, resultando necesario para garantizar el debido cumplimiento de sus funciones. Por lo anterior, revelar su contenido arriesgaría tornar ineficaz el actuar policial e impediría el cumplimiento de la misión constitucional que ha sido encomendada a Carabineros de Chile.</p>
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8) Que, asimismo agregó que estas contrataciones se efectuaron bajo la modalidad de trato directo, con carácter reservado, conforme al artículo 20, inciso final, de la ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministros y Prestación de Servicios, el cual dispone que "Los organismos públicos regidos por esta ley, estarán exceptuados de publicar en el sistema de información señalado precedentemente, aquella información sobre adquisiciones y contrataciones calificada como de carácter secreto, reservado o confidencial en conformidad a la ley. Las Fuerzas Armadas y las de Orden y Seguridad cumplirán con esta obligación, en conformidad a su legislación vigente sobre manejo, uso y tramitación de documentación".</p>
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9) Que, de conformidad al tenor del artículo 436 N° 4, del Código de Justicia Militar, se colige de modo preciso que el legislador ha procurado reservar los documentos secretos que se encuentren referidos o guarden relación con equipos y pertrechos policiales, es decir, antecedentes que detallen su origen, conformación, funcionamiento, desempeño y otros similares. En este contexto, este Consejo no advierte que lo requerido en la letra a) de la solicitud, referida al gasto total y unitario de los carros lanza agua en el periodo consultado, conlleve un riesgo de afectación presente o probable y con suficiente especificidad al debido cumplimiento de las funciones de Carabineros de Chile, y, en definitiva, a la seguridad pública, cuya entrega importe revelar los bienes jurídicos protegidos por la citada norma. En este sentido, se estima que la divulgación del valor general y unitario de adquisición de dichos vehículos, por sí solo, no tiene una entidad suficiente para afectar la capacidad institucional para hacer frente a los procedimientos policiales y develar datos sobre esta materia, ni de entregar antecedentes que den cuenta de la actuación estratégica que debe adoptar la Institución en la prevención de los hechos que alteran el orden público, como sostiene la reclamada, por lo que las causales de reserva invocadas respecto de este literal serán desestimadas. En consecuencia, se acogerá el amparo en esta parte, y ordenará la entrega de la información pedida. Aplica criterio contenido en la decisión C2797-14, en que se resolvió la entrega del número de carros lanza aguas destinados a unas regiones en el periodo consultado, razonando que lo requerido "...es un dato numérico de vehículos, y no del personal que opera dichos vehículos, o que se despliega en terreno cuando son empleados, ya sea efectuando labores de seguridad de dichos carros o de coordinación con su funcionamiento, como tampoco se solicitaron las calles, cuadrantes, zonas, ni horarios en que fueron empleados, todos elementos adicionales que resultan necesarios para eventualmente constituir la afectación alegada por la reclamada" (considerando 6°).</p>
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10) Que, a contrario sensu, lo pedido en la letra c) de la solicitud, referida a las órdenes de compra de vehículos lanza aguas y transporte de personal blindado durante el período indicado; a juicio de este Consejo forma parte de aquellas materias que el referido artículo 436 N° 4, del Código de Justicia Militar, pretende cautelar, por cuanto se refiere a datos que de ser entregados darían cuenta de los medios logísticos adquiridos por la institución, junto con la descripción específica de los vehículos consultados, sus condiciones de pago, junto con otros datos de la operación comercial, lo cual conlleva un riesgo de afectación presente o probable y con suficiente especificidad al debido cumplimiento de las funciones de Carabineros de Chile y, en definitiva, a la seguridad pública. En este contexto, se advierte que los elementos de juicio aportados por Carabineros resultan suficientes para configurar la afectación de alguno de los bienes jurídicos protegidos por el artículo 8° de la Constitución Política de la República, en específico al debido cumplimiento de las funciones del organismo o la seguridad de la Nación, en lo que respecta a la mantención del orden público o la seguridad pública. En consecuencia, se acogerá las hipótesis de reserva alegada por la requerida, respecto de este literal, procediéndose a rechazar el presente amparo en esta parte.</p>
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EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:</p>
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I. Acoger parcialmente el amparo deducido por don Sebastián Merino Fuentes en contra de Carabineros de Chile, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.</p>
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II. Requerir al General Director de Carabineros de Chile, lo siguiente;</p>
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a) Hacer entrega al reclamante</p>
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El gasto total realizado en la compra de carros lanza agua durante el período del 18 de octubre de 2019 al 24 de julio de 2020, y especificar el costo unitario de dicho vehículo.</p>
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b) Cumplir dicho requerimiento en un plazo que no supere los 5 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia.</p>
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c) Acreditar la entrega efectiva de la información señalada en el literal a) precedente, en conformidad a lo establecido en el inciso segundo del artículo 17 de la Ley de Transparencia, por medio de comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dio cumplimiento a las obligaciones impuestas en la presente decisión en tiempo y forma.</p>
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III. Rechazar el amparo en relación con la compra de carros lanza gases en el período consultado, atendida la inexistencia de la información en la forma pedida; como asimismo, de las órdenes de compra de vehículos lanza aguas y transporte de personal blindado en el mismo período, por configurase las causales de reserva del artículo 21 N° 1, N° 3 y N° 5, de la Ley de Transparencia, en relación con lo dispuesto en el artículo 436 N° 4, del Código de Justicia Militar.</p>
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IV. Encomendar al Director General (S) y a la Directora Jurídica (S) de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Sebastián Merino Fuentes y la Sr. General Director de la Carabineros de Chile.</p>
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En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.</p>
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Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidenta doña Gloria de la Fuente González, su Consejera doña Natalia González Bañados y sus Consejeros don Francisco Leturia Infante y don Bernardo Navarrete Yáñez.</p>
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Por orden del Consejo Directivo, certifica la Directora Jurídica (S) del Consejo para la Transparencia doña Ana María Muñoz Massouh.</p>