Base de Datos de Jurisprudencia - Consejo para la Transparencia

Decisión ROL C5895-20

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Reclamante:	VICTOR ORLANDO VARELA BUSTAMANTE
Reclamado:	GENDARMERÍA DE CHILE
Resumen del caso: Se acoge parcialmente el amparo deducido en contra de Gendarmería de Chile, solo en cuanto a la falta de derivación de la solicitud en lo relativo a las grabaciones del día 22 de abril de 2020, debido a que es el Ministerio Público el órgano que está en mejor posición para determinar el acceso a la información que forma parte de una investigación penal durante el curso de esta, esto según lo señalado en el Código Procesal Penal. De esta forma, en virtud del principio de facilitación este Consejo derivará en dicho punto el requerimiento al órgano competente. Se rechaza el amparo respecto de la entrega de las grabaciones de los días 15 y 22 de marzo de 2020, debido a que no se disponen de antecedentes que conduzcan a una conclusión contraria de aquella sostenida por el órgano requerido, en orden a que estas no obran en su poder.
Tipo de decisión:	Decisión de Fondo
Fecha de la decisión:	1/15/2021
Consejeros:	-Gloria Alejandra de la Fuente González -Francisco Javier Leturia Infante -Natalia Andrea González Bañados -Bernardo Eric Navarrete Yáñez
Legislación aplicada:
Palabras clave:
Jurisprudencia desde:	C659-15 C1304-16 C911-10
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DECISIÓN AMPARO ROL C5895-20   Entidad pública: Gendarmería de Chile Requirente: Víctor Orlando Varela Bustamante Ingreso Consejo: 05.11.2019 RESUMEN Se acoge parcialmente el amparo deducido en contra de Gendarmería de Chile, solo en cuanto a la falta de derivación de la solicitud en lo relativo a las grabaciones del día 22 de abril de 2020, debido a que es el Ministerio Público el órgano que está en mejor posición para determinar el acceso a la información que forma parte de una investigación penal durante el curso de esta, esto según lo señalado en el Código Procesal Penal. De esta forma, en virtud del principio de facilitación este Consejo derivará en dicho punto el requerimiento al órgano competente. Se rechaza el amparo respecto de la entrega de las grabaciones de los días 15 y 22 de marzo de 2020, debido a que no se disponen de antecedentes que conduzcan a una conclusión contraria de aquella sostenida por el órgano requerido, en orden a que estas no obran en su poder. En sesión ordinaria N° 1146 del Consejo Directivo, celebrada el 5 de enero de 2021, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto del amparo Rol C5895-20. VISTO: Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia. TENIENDO PRESENTE: 1) SOLICITUD DE ACCESO: Con fecha 7 de julio de 2020, don Víctor Orlando Varela Bustamante solicitó a Gendarmería de Chile, respecto al recinto Santiago Sur (Ex - Penitenciaria, lo siguiente: a) "Las grabaciones del sector visitas de la galería 10 de los días 15 y 22 de marzo de 2020". b) "Las grabaciones del sector ovalo del día 22 de abril de 2020". c) "Las grabaciones del sector llamado quinta reja del día 22 de abril de 2020". d) "Las grabaciones del sector llamado guardia interna del día 22 de abril de 2020". e) "Las grabaciones del sector hospital (medico) del día 22 de abril de 2020". 2) PRÓRROGA: Gendarmería de Chile mediante carta N° 3833, de fecha 19 de agosto de 2020, comunicó que, efectuada la búsqueda de la información solicitada, comprobaron que existen circunstancias que hacen difícil reunirla. Debido a lo anterior, y en conformidad con lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley de Transparencia, estiman necesario ampliar el plazo para otorgar respuesta a la solicitud en 10 días hábiles. 3) RESPUESTA: Gendarmería de Chile mediante carta N° 4049/20, de fecha 2 de septiembre de 2020, adjuntó Minuta N° 101/2020, de fecha 6 de agosto de 2020, de la Oficina de Seguridad Interna, del Centro de Detención Preventiva Santiago Sur, en la cual se informa que las grabaciones correspondientes al día 15 y 22 de marzo de 2020 no existen. Por otra parte, deniegan el acceso a las grabaciones correspondientes al día 22 de abril de 2020 del Centro de Detención Preventiva Santiago Sur requeridas, debido a que su publicidad "implicaría exponer el actuar de la Administración Penitenciaria en los diversos procesos de seguridad llevados a cabo en el referido Establecimiento Penitenciario, develar eventuales vulneraciones y situaciones que podrían propiciar evasiones por parte de la población penal, intentos de rescate a internos o ataques de terceros o bandas criminales organizadas a las instalaciones de dicha Unidad, hecho que podrían afectar la integridad física del personal y de la población penal en general". De esta forma, alegan la concurrencia de las causales de secreto y reserva establecidas en el artículo 21 N° 1 y N° 3 de la Ley de Transparencia, pues atendido el contenido de lo solicitado, concluyen que su divulgación supondrá revelar información que eventualmente permitirían inhibir la posibilidad de controlar situaciones internas y externas, reduciendo la eficacia de este servicio y afectando tanto el debido cumplimiento de sus funciones, como lo es la mantención de la seguridad pública dispuesta en el artículo 3 letra a) del decreto ley N° 2859, año 1979, fija Ley Orgánica de Gendarmería de Chile - en adelante D.L. N° 2859-. 4) AMPARO: Con fecha 21 de septiembre de 2020, don Víctor Orlando Varela Bustamante dedujo amparo a su derecho de acceso en contra de Gendarmería de Chile, fundado en la respuesta negativa a la solicitud de información. 5) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado al Sr. Director Nacional de Gendarmería de Chile, mediante Oficio N° E16.968, de fecha 6 de octubre de 2020, para que formule sus descargos y observaciones solicitando, especialmente, lo siguiente: (1°) atendido lo señalado por la parte reclamante en su amparo: (a) aclare si la información requerida -grabaciones de los días 15 y 22 de marzo de 2020- obra en poder del órgano que representa, constando en alguno de los soportes documentales que señala el inciso segundo del artículo 10 de Ley de Transparencia; (2°) de no obrar en su poder, acredite dicha circunstancia ante este Consejo; (3°) se refiera, específicamente a las causales constitucionales o legales de secreto o reserva que, a su juicio, harían procedente la denegación de la información solicitada; (3°) señale cómo la entrega de aquella afectaría el debido cumplimiento de las funciones del órgano que usted representa; (4°) detalle las grabaciones que obran en su poder, y: a) proceda a la conservación de las grabaciones hasta que la decisión de este Consejo se encuentre firme y ejecutoriada; b) detalle si el segmento de grabación consultado, contiene imágenes de personas naturales identificables; c) en el evento de existir personas naturales identificables, indique si el órgano que representa está en posición de tarjar o anonimizar sus rostros de modo de impedir su identificación; y, d) señale si la grabación objeto del amparo fue remitida a un órgano diverso del que representa, por ejemplo, Juzgado de Policía Local, Juzgado de Garantía o el Ministerio Público; y, (5°) detalle cómo la entrega de dicha información afectaría la seguridad pública. El órgano reclamado por medio de ordinario N° 1340/20, de fecha 30 de octubre de 2020, agregó en cuanto a la inexistencia alegada en su respuesta, que en Minuta N° 101, de fecha 6 de agosto de 2020, se informa que "las salas de circuito cerrado de televisión (CCTV), cuentan con un límite en el rango de grabación para efectuar respaldos de imagen y movimiento, específicamente en los sectores de visita sector poniente, de siete (7), días a contar del hecho en cuestión, teniendo en consideración lo anterior, al solicitar respaldo del mismo en fechas que no coincidan con el rango de grabación, esta se elimina automáticamente por el sistema operativo, por sobrepasar la línea temporal máxima requerida por el software". Por su parte, en cuanto a las demás grabaciones reiteró lo señalado en su respuesta, en orden a que respecto de lo pedido se configuran las causales de secreto o reserva establecidas en el artículo 21 N° 1, N° 3 y N° 5 de la Ley de Transparencia, en relación con lo dispuesto en el artículo 27 del D.L. N° 2.859. Además, informan que las grabaciones respecto de los hechos ocurridos con fecha 22 de abril de 2020, fueron remitidos al Ministerio Público, mediante cadena de custodia, según consta en el parte denuncia N° 263, de fecha 22 de abril de 2020, en ellas aparecen imágenes de personas identificables, ante lo cual no cuentan con la tecnología para anonimizar sus rostros. Por lo que, alegan la concurrencia de la causal de excepción dispuesta en el artículo 21 N° 1 letra a) de la Ley de Transparencia, puesto que su entrega podría entorpecer la investigación judicial. 6) GESTIÓN OFICIOSA: Con el objeto de resolver acertadamente el presente amparo este Consejo solicitó a Gendarmería de Chile mediante correo electrónico, de fecha 13 de noviembre de 2020, teniendo presente lo señalado en sus descargos, en orden a que las grabaciones solicitadas fueron remitidas al Ministerio Público, informe si aquellas o una copia de estas obran en su poder actualmente, adjuntando el o los correspondientes certificados de búsqueda, de ser procedente. El órgano reclamado por medio de correo electrónico de fecha 20 de noviembre de 2020, informó que en la "Oficina de Seguridad Interna, se mantiene una copia del respaldo fílmico señalado en correo adjunto, además de eso, debo hacer presente que la causa se encuentra debidamente judicializada, siendo el ministerio Público quien decide a quien remite la Orden de Investigar". Y CONSIDERANDO: 1) Que el presente amparo se funda en la respuesta negativa a la solicitud de acceso, al respecto el órgano reclamado alegó la concurrencia de las causales de secreto o reserva establecidas en el artículo 21 N° 1, N° 3 y N° 5 de la Ley de Transparencia, esta última en relación con lo dispuesto en el artículo 27 del D.L. N° 2.859. Además, sostuvo que lo pedido en el literal a) del requerimiento no obra en su poder. 2) Que, el artículo 8 inciso segundo de la Constitución Política de la República, en lo que interesa, establece que "son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen. Sin embargo, sólo una ley de quórum calificado podrá establecer la reserva o secreto de aquéllos o de éstos, cuando la publicidad afectare el debido cumplimiento de las funciones de dichos órganos, los derechos de las personas, la seguridad de la Nación o el interés nacional". Por otra parte, según lo dispuesto en los artículos 5 inciso segundo y 10 de la Ley de Transparencia, se considera información pública toda aquella que obre en poder de los órganos de la Administración del Estado, cualquiera sea su formato, soporte, fecha de creación, origen, clasificación o procesamiento, además de aquella contenida en "actos, resoluciones, actas, expedientes, contratos y acuerdos, así como a toda información elaborada con presupuesto público", salvo que dicha información se encontrare sujeta a las excepciones establecidas en el artículo 21 de la Ley de Transparencia u otras excepciones legales. 3) Que, en primer lugar, en cuanto a lo pedido en el literal a) del requerimiento, el órgano reclamado sostuvo que aquello no obraba en su poder. Al respecto, cabe hacer presente que la inexistencia de la información es una circunstancia de hecho, cuya sola invocación no exime a los órganos de la Administración de su obligación de entregarla. Esta alegación debe ser fundada, indicando en forma clara el motivo por el cual ésta no obra en su poder, y debe ser acreditada en forma fehaciente. En la especie, Gendarmería de Chile sostuvo que en las salas de circuito cerrado de televisión cuentan con un límite en el rango de grabación para efectuar respaldos de imagen y movimiento, específicamente en los sectores de visita sector poniente, de siete días a contar del hecho en cuestión, para posteriormente eliminarse automáticamente por el sistema operativo, por sobrepasar la línea temporal máxima requerida por el software, como aconteció en el presente caso, pues no existió requerimiento de que fuesen conservadas. 4) Que, en consecuencia, en virtud de lo dispuesto en los artículos 5 y 10 de la Ley de Transparencia, que establece que sólo será pública la información que efectivamente obre en poder de los órganos de la Administración, no pudiendo requerirse la entrega de aquella inexistente. De esta forma, sin que se dispongan de antecedentes que conduzcan a una conclusión contraria de la sostenida por Gendarmería de Chile en orden a que no cuentan con los antecedentes pedidos, se rechazará el presente amparo en este literal. 5) Que en cuanto a lo pedido en los literales b), c), d) y e) de la solicitud, el órgano reclamado alegó la concurrencia de las causales de reserva o secreto contenidas en el artículo 21 N° 1, N° 3 y N° 5, de la Ley de Transparencia, según las cuales, se podrá denegar la información en los casos en los que su comunicación afecte el debido cumplimiento de las funciones del órgano, particularmente: "Cuando su publicidad, comunicación o conocimiento afecte la seguridad de la Nación, particularmente si se refiere a la defensa nacional o la mantención del orden público o la seguridad pública", así como también, cuando se trate de antecedentes que una ley de quórum calificado haya declarado reservados o secretos, de acuerdo a las causales indicadas en el artículo 8 de la Constitución Política. Lo anterior, en relación a lo dispuesto en el artículo 27 del D.L. N° 2.859, en orden a que "Se considerarán secretos los siguientes documentos, cuya publicidad afectare la seguridad del personal de Gendarmería de Chile o la seguridad de la Nación: (...) 2.- Los atinentes a planos o instalaciones de unidades penales u otras instalaciones de la institución y los planes de operación o de servicio de la misma, con sus respectivos antecedentes, considerando especialmente los horarios de ingreso y salidas de los funcionarios penitenciarios desde y hacia las unidades penales y los protocolos que traten sobre el traslado de personas privadas de libertad". 6) Que el presupuesto fáctico de la causal alegada se encuentra en el hecho de que al develar los antecedentes requeridos implicaría exponer el actuar de la Administración Penitenciaria en los diversos procesos de seguridad llevados a cabo en el Establecimiento Penitenciario en cuestión. Así, develar eventuales vulneraciones y situaciones que podrían propiciar evasiones por parte de la población penal, intentos de rescate a internos o ataques de terceros o bandas criminales organizadas a las instalaciones de dicha Unidad, hecho que pudieran afectar la integridad física del personal y de la población penal en general. Al respecto, se debe hacer presente que la información requerida se encuentra acotada a un día específico del mes de abril de este año. Además, se debe considerar que las cámaras de vigilancia tienen por finalidad apoyar el desarrollo de la función principal de Gendarmería de Chile, esto es, "Dirigir todos los establecimientos penales del país, aplicando las normas previstas en el régimen penitenciario que señala la ley y velar por la seguridad interior de ellos" (énfasis agregados). De esta forma, los potenciales infractores deben saber que su acción podría ser grabada y registrada efectivamente, y además consultada y acompañada como prueba en procedimientos penales. Estos objetivos, ciertamente legítimos y relevantes, sin embargo, obligarían a soportar ciertas afectaciones a la privacidad y a otros derechos. 7) Que, para enfrentar este conflicto, conviene recordar el amplio consenso y el uso generalizado respecto de una serie de criterios: i) por su propia naturaleza, los derechos fundamentales ofrecen un amplio espacio de soluciones interpretativas legítimas, derivados de su carácter abierto e indeterminado. ii) Pueden presentarse conflictos reales o aparentes entre ellos, o más bien, entre personas que reclaman la protección de ciertas acciones o estados de cosas, argumentando estar bajo el amparo de estos derechos. iii) Lo anterior obliga al intérprete a delinear adecuadamente su contenido y correcto ejercicio para el caso analizado. Si quien lo hace tiene las facultades legales para que su decisión tenga fuerza obligatoria, puede incluso ordenar la primacía de un derecho sobre el otro, cuando la protección de ambas resulta incompatible, siempre en el caso analizado. iv) En los casos en que esta especificación o delimitación no está hecha en forma previa y genérica (mediante una ley), corresponde resolver los conflictos planteados caso a caso y en base a los derechos constitucionales invocados. v) La doctrina y práctica mayoritaria a nivel mundial considera que estas situaciones de "conflicto de pretensiones amparadas constitucionalmente" deben resolverse mediante el uso de la técnica de la ponderación, que invita a "balancear" todos los elementos relevantes del caso, tanto jurídicos como fácticos, para ver qué derecho debe prevalecer en las circunstancias analizadas. Este análisis nos permitiría acercarnos a la solución que más se ajuste a la Constitución, compatibilizando de mejor modo la vigencia de todo aquello que busca promover. vi) De esta forma, se reafirma la idea de que no existen derechos absolutos y que todos ellos, en algunas circunstancias concretas, podrían enfrentar restricciones a su ejercicio. 8) Que, para el caso en análisis, se deben resolver algunos conflictos que se presentan entre bienes y derechos de rango constitucional, estando entre los principales que parecen entrar en juego la intimidad y la privacidad, la protección de datos personales, el derecho de acceso a la información (comprendido en la libertad de expresión y de prensa) y de alguna manera, el derecho a la tutela judicial efectiva, la necesidad de prevenir y disuadir acciones dañinas, así como la persecución y sanción de quienes infringen la ley. 9) Que, de hecho, la ley N° 19.628, sobre protección de la vida privada (datos personales), señala que cuando la información provenga o haya sido recolectada de fuentes de información accesibles al público, como lo es la calle o una cámara instalada en un recinto público, no se requiere de autorización para el tratamiento de datos (artículo 4), no existe obligación de guardar secreto (artículo 7), y no es exigible el criterio de finalidad único (artículo 9). Incluso, si el video considerase a terceros ajenos a los solicitantes o a los funcionarios de la institución, bien podría permitírseles el acceso sólo a las imágenes que no constituyeran vulneraciones a otros derechos. Cabría, en todo caso, un juicio de ponderación y la aplicación conjunta de los principios de máxima divulgación con el de divisibilidad de la información. Respecto de la protección de datos sensibles, en el caso que los hubiera, caben los mismos argumentos antes dichos, sumándose el que ellos bien podrían protegerse siguiendo el criterio de la divisibilidad de la información. 10) Que, asimismo, resulta interesante recordar que estamos especificando derechos de pretensión universal, de máximo nivel jerárquico y normativo, y reconocidos en forma muy similar en numerosos ordenamientos jurídicos. Es interesante señalar que los marcos normativos existentes para estas materias en Alemania, Inglaterra, España y otros países consultados, llevarían a resolver el asunto mediante el uso de la técnica del balanceo, permitiéndose, en todos los casos, acoger el amparo y facilitar el acceso a la grabación solicitada, al menos en forma parcial. Para ilustrar lo anterior, basta tener a la vista el fallo de la Corte de Justicia de la Comunidad Europea de 24 de noviembre de 2011, y citada reiteradamente por la Agencia Española de Protección de Datos Personales (ver por todos, Informe del gabinete jurídico 0156/2014). 11) Que, desde el punto de vista procesal, y aplicando el principio de facilitación señalado por la propia ley, resulta interesante considerar algunas situaciones adicionales, que también podrían inclinar la balanza hacia acoger, al menos parcialmente, la solicitud en este punto. De hecho, es probable que, si el solicitante hubiese reclamado la información dentro del contexto de un juicio penal, la podría obtener, más aún, si se considera que el reclamante tiene el carácter de víctima, al ser el padre del interno fallecido en la riña. Ante ello, podemos asumir dos posiciones: sostener que precisamente existiendo esos caminos, establecidos por el legislador, debería optarse por ellos, o bien, que con el objetivo de facilitar la tarea y evitar dilaciones, gastos y trámites innecesarios, y tratándose de información que legítimamente puede ser obtenida, este Consejo debe permitir el acceso a la misma, máxime si con ello podría facilitar la protección y promoción de algún bien jurídico para el requirente, aunque siempre respetando todos los derechos en juego. 12) Que, por su parte, conviene recordar que el artículo 5, inciso segundo, parte final, de nuestra Constitución Política de la República, tantas veces recordado por la jurisprudencia, obliga a todos los órganos del Estado a proteger y promover los derechos que la Constitución y los Tratados Internacionales amparan. La misma norma obliga a todos los intérpretes a resolver las controversias jurídicas buscando la promoción de estos derechos, especialmente necesaria cuando no existe una ley que rija la situación o conflicto analizado. 13) Que, así, es deber de todos los órganos estatales, entre los que se encuentra este Consejo y cualquier organismo público, facilitar el acceso a la información que está en su poder, no habiendo razones poderosas y de mayor peso que las que justifican su entrega. Cabe recordar que dicha información se encuentra en manos de un ente público, y que ha sido generada con recursos públicos, para beneficio de la comunidad, repitiendo estos criterios el artículo 1 de la ley 19.628. 14) Que, de esta forma, los riesgos de daños y afectaciones de derechos que pueden generarse en caso de permitir el acceso a lo consultado son mínimos, y existe un interés legítimo y tutelable en la solicitud planteada. Es decir, en base a los antecedentes tenidos a la vista, es posible considerar que los eventuales beneficios de permitir la revisión de las imágenes captadas, bajo la condición de que esta no incluya su difusión masiva y se realice con las medidas y cuidados, son mayores que los de no hacerlo. 15) Que, asimismo, el núcleo del derecho de acceso a la información es servir de derecho llave para el ejercicio de otros derechos fundamentales, como puede ser, en este caso particular, constituir prueba suficiente para evaluar la pertinencia de iniciar una acción ante los órganos que ejercen la jurisdicción, en los términos del artículo 19, N° 3, de la Constitución Política de la República. 16) Que, por lo expuesto, resulta procedente la entrega de la información solicitada por medio del presente amparo, sin embargo, el órgano reclamado informó que las grabaciones solicitadas fueron remitidas al Ministerio Público, con el parte denuncia de los hechos acontecidos el día 22 de abril de 2020, agregando que solo mantiene una copia del respaldo fílmico, haciendo presente que la causa se encuentra debidamente judicializada. En esta línea, cabe señalar que este Consejo ha razonado, en las decisiones de los amparos Roles C911-10, C659-15 y C1304-16, entre otras, que el artículo 182 del Código Procesal Penal "consagra el secreto de las actuaciones de investigación realizadas por el Ministerio Público y por la policía para los terceros ajenos al procedimiento, disponiendo, por otra parte, que los intervinientes siempre tendrán acceso a las mismas, por lo que establece que éstos podrán examinar y obtener copias a su cargo, de los registros y los documentos de la investigación fiscal y podrán examinar los de la investigación policial". En la referida decisión, se concluyó que "la autoridad ante la cual debe hacerse esta petición es el Fiscal a cargo del caso, y la autoridad ante la cual puede reclamarse contra esa decisión es el juez de garantía respectivo. Por esto, se estima que la derivación de la solicitud realizada por la PDI al Ministerio Público, frente a la duda de permitir el acceso y hacer entrega o no de la información solicitada, se ajustó a la normativa que rige el procedimiento procesal penal y, especialmente, a lo dispuesto en el artículo 182 del CPP". 17) Que, en conformidad a lo anterior, siendo el Ministerio Público el órgano que, al alero de lo señalado en el Código Procesal Penal, es quien está en mejor posición para determinar la procedencia del acceso a la información que forma parte de una investigación penal durante el curso de la misma, este Consejo se encuentra impedido de requerir a Gendarmería de Chile la entrega de dicho antecedente, pudiendo acoger el amparo en estos literales, sólo en cuanto dicho organismo no derivó parcialmente la solicitud al Ministerio Público, infringiendo con ello lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley de Transparencia y 14, inciso 2°, de la ley N° 19.880, que dispone: "Requerido un órgano de la Administración para intervenir en un asunto que no sea de su competencia, enviará de inmediato los antecedentes a la autoridad que deba conocer según el ordenamiento jurídico, informando de ello al interesado". Con todo, dicha derivación parcial será realizada por esta Corporación en virtud del principio de facilitación consagrado en la letra f) del artículo 11 de la Ley de Transparencia. EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA: I. Acoger parcialmente el amparo interpuesto por don Víctor Orlando Varela Bustamante en contra de Gendarmería de Chile, sólo en cuanto no derivó el requerimiento al Ministerio Público, en virtud de los fundamentos señalados precedentemente. II. Rechazar el amparo respecto de lo requerido en el literal a) de la solicitud, por no obrar en poder del órgano reclamado, en virtud de los fundamentos señalados precedentemente. III. Encomendar al Director General (S) y a la Directora Jurídica (S) de este Consejo, indistintamente, lo siguiente: a) Derivar la solicitud de información en lo correspondiente a los literales b), c), d) y e), al Ministerio Público, a fin de que se pronuncie sobre ella respecto de las materias propias de su competencia. b) Notificar el presente acuerdo a don Víctor Orlando Varela Bustamante y al Sr. Director Nacional de Gendarmería de Chile. En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011. Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidenta doña Gloria de la Fuente González, su Consejera doña Natalia González Bañados y sus Consejeros don Francisco Leturia Infante y don Bernardo Navarrete Yáñez. Por orden del Consejo Directivo, certifica la Directora Jurídica (S) del Consejo para la Transparencia doña Ana María Muñoz Massouh.