Base de Datos de Jurisprudencia - Consejo para la Transparencia

Decisión ROL C5906-20

Reclamante:	ALEJANDRO ANCALAO ROMERO
Reclamado:	POLICÍA DE INVESTIGACIONES DE CHILE
Resumen del caso: Se rechaza el amparo en contra de la Policía de Investigaciones de Chile, relativo a información contenida en el "Archivo de la Brigada Investigadora de Delitos contra los Derechos Humanos de la Policía de Investigaciones de Chile" sobre "Campos de Concentración (aquellos que han sido declarados Monumentos Históricos, Sitios de Memoria, etc., así como aquellos que no poseen declaratorias pero que figuran en los archivos y procesos judiciales. -Centros de Tortura -Centros de Exterminio. Durante el periodo de la Dictadura Militar (1973-1990) y en lo posible toda información sobre el funcionamiento de aquellos centros, procesos judiciales, declaraciones de imputados, que se puedan acceder". Lo anterior, debido que del contenido del requerimiento se desprende que se solicita información asociada a determinados lugares y no en relación con las víctimas de los delitos, agentes u operaciones - como se encuentra organizado mayoritariamente aquel Archivo-, por lo que, otorgar acceso a lo pedido conllevaría la distracción de los funcionarios policiales del cumplimiento habitual de sus funciones, con el evidente perjuicio del normal quehacer institucional de la Policía de Investigaciones de Chile Sin perjuicio de lo anterior, se hace presente al reclamante que nada obsta que pueda formular nuevas solicitudes de acceso a la Policía de Investigaciones de Chile que abarquen un universo más acotado de antecedentes, en relación con la descripción de las series documentales de las que consta el Archivo, de forma que su satisfacción no entorpezca las funciones habituales del referido organismo. Asimismo, se recomienda al órgano reclamado adoptar las medidas necesarias y ajustes pertinentes, de forma tal de disponer de un mecanismo de gestión documental que facilite la búsqueda y sistematización de los antecedentes pedidos, de modo tal de hacer efectivo el ejercicio del derecho de acceso a información pública. Lo anterior, teniendo presente que uno de los atributos del "Archivo de la Brigada Investigadora de Delitos contra los Derechos Humanos de la Policía de Investigaciones de Chile" es "La posibilidad de ser consultado por interesados fomenta un espacio de alta relevancia para el acervo cultural del país".
Tipo de decisión:	Decisión de Fondo
Fecha de la decisión:	1/21/2021
Consejeros:	-Gloria Alejandra de la Fuente González -Francisco Javier Leturia Infante -Natalia Andrea González Bañados -Bernardo Eric Navarrete Yáñez
Legislación aplicada:	Ley de Transparencia Reglamento de la Ley de Transparencia
Palabras clave:
Jurisprudencia desde:	C377-13
Jurisprudencia a:
Recursos relacionados:
Descriptores jurídicos:	- Causales de secreto o reserva >> Debido cumplimiento de las funciones del órgano >> Antecedentes o deliberaciones previas >> Anteproyecto o borrador de proyecto de ley o decretos
Descriptores analíticos:	Orden y Seguridad Interior

DECISIÓN AMPARO ROL C5906-20   Entidad pública: Policía de Investigaciones de Chile (PDI) Requirente: Alejandro Ancalao Romero Ingreso Consejo: 21.09.2020 RESUMEN Se rechaza el amparo en contra de la Policía de Investigaciones de Chile, relativo a información contenida en el "Archivo de la Brigada Investigadora de Delitos contra los Derechos Humanos de la Policía de Investigaciones de Chile" sobre "Campos de Concentración (aquellos que han sido declarados Monumentos Históricos, Sitios de Memoria, etc., así como aquellos que no poseen declaratorias pero que figuran en los archivos y procesos judiciales. -Centros de Tortura -Centros de Exterminio. Durante el periodo de la Dictadura Militar (1973-1990) y en lo posible toda información sobre el funcionamiento de aquellos centros, procesos judiciales, declaraciones de imputados, que se puedan acceder". Lo anterior, debido que del contenido del requerimiento se desprende que se solicita información asociada a determinados lugares y no en relación con las víctimas de los delitos, agentes u operaciones - como se encuentra organizado mayoritariamente aquel Archivo-, por lo que, otorgar acceso a lo pedido conllevaría la distracción de los funcionarios policiales del cumplimiento habitual de sus funciones, con el evidente perjuicio del normal quehacer institucional de la Policía de Investigaciones de Chile Sin perjuicio de lo anterior, se hace presente al reclamante que nada obsta que pueda formular nuevas solicitudes de acceso a la Policía de Investigaciones de Chile que abarquen un universo más acotado de antecedentes, en relación con la descripción de las series documentales de las que consta el Archivo, de forma que su satisfacción no entorpezca las funciones habituales del referido organismo. Asimismo, se recomienda al órgano reclamado adoptar las medidas necesarias y ajustes pertinentes, de forma tal de disponer de un mecanismo de gestión documental que facilite la búsqueda y sistematización de los antecedentes pedidos, de modo tal de hacer efectivo el ejercicio del derecho de acceso a información pública. Lo anterior, teniendo presente que uno de los atributos del "Archivo de la Brigada Investigadora de Delitos contra los Derechos Humanos de la Policía de Investigaciones de Chile" es "La posibilidad de ser consultado por interesados fomenta un espacio de alta relevancia para el acervo cultural del país". En sesión ordinaria N° 1148 del Consejo Directivo, celebrada el 12 de enero de 2021, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto del amparo Rol C5906-20. VISTO: Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia. TENIENDO PRESENTE: 1) SOLICITUD DE ACCESO: Con fecha 31 de agosto de 2020, don Alejandro Ancalao Romero solicitó a la Policía de Investigaciones de Chile - en adelante también PDI-, lo siguiente: "Necesito consultar el Archivo de la Brigada Investigadora de Delitos Contra los Derechos Humanos, específicamente lo relacionado con: -Campos de Concentración (aquellos que han sido declarados Monumentos Históricos, Sitios de Memoria, etc., así como aquellos que no poseen declaratorias pero que figuran en los archivos y procesos judiciales. -Centros de Tortura -Centros de Exterminio. Durante el periodo de la Dictadura Militar (1973-1990) y en lo posible toda información sobre el funcionamiento de aquellos centros, procesos judiciales, declaraciones de imputados, que se puedan acceder". 2) RESPUESTA: La Policía de Investigaciones de Chile mediante carta, de fecha 16 de septiembre de 2020, informó lo siguiente: "consultada la Jefatura Nacional de Delitos Contra los Derechos Humanos y las Personas, informó que mediante Decreto N° 79, de fecha 12.ABR.018 del Ministerio de Educación, se declaró Monumento Nacional en la categoría de Monumento Histórico al "Archivo de la Brigada Investigadora de Delitos Contra los DD.HH. de la Policía de Investigaciones de Chile". No obstante, encontrándose en la actualidad muchas de las investigaciones que lo integran en proceso de tramitación, no es posible acceder a su requerimiento". 3) AMPARO: Con fecha 21 de septiembre de 2020, don Alejandro Ancalao Romero dedujo amparo a su derecho de acceso en contra de la Policía de Investigaciones de Chile, fundado en la respuesta negativa a la solicitud. 4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado al Sr. Director General de la Policía de Investigaciones de Chile mediante Oficio N° E17.334, de fecha 13 de octubre de 2020, para que formule sus descargos y observaciones solicitando, especialmente, lo siguiente: (1°) se refiera a las causales de secreto o reserva que, a su juicio, harían procedente la denegación de la información reclamada; y, (2°) señale a qué tipo de investigaciones se refiere, cuántas son, el estado se encuentran y la fecha aproximada de las mismas. El órgano reclamado por medio de ordinario N° 830, de fecha 28 de octubre de 2020, señaló que el "Archivo de la Brigada Investigadora de Delitos contra los Derechos Humanos" está conformado y es propio de causas e investigaciones efectuadas por personal de la Policía de Investigaciones de Chile en materias sobre violaciones a los derechos humanos y por crímenes de lesa humanidad ocurridos en el país entre los años 1973 a 1991, cuya data de las indagatorias se remonta a los años 1991, en cuyo caso los procesos judiciales relacionados con esa información se encuentran vigentes, por lo que, los documentos siguen siendo consultados en forma permanente para el desarrollo de las diferentes investigaciones, muchas de las cuales se encuentran interrelacionadas, y son llevadas por la Brigada Investigadora de Delitos contra los Derechos Humanos, dependencia institucional que mantiene alrededor de 1.700 causas incoadas por diferentes Cortes de Apelaciones del país, al amparo del antiguo sistema de persecución penal. En tal sentido hacen presente lo dispuesto en los artículos 74, 74 bis B y 78 del Código de Procedimiento Penal, en los artículos 4 y 5 del decreto ley N° 2.460, año 1979, dicta Ley Orgánica de Policía de Investigaciones de Chile - en adelante D.L. N° 2.460-. Citando jurisprudencia de este Consejo en tal sentido. De esta forma, sostienen que los antecedentes obtenidos y emitidos en el ejercicio de su función investigativa están protegidas por el deber de secreto, lo que significa la abstención de otorgar información sobre ellos. Así, consideran que concurre respecto de lo pedido las causales de secreto o reserva dispuestas en el artículo 21 N° 1 letra a) y N° 5 de la Ley de Transparencia, esta última en relación con lo establecido en el Código de Procedimiento Penal. Por otro lado, sostienen que en este caso, el acceso a la información pública, se instrumentaliza sólo para la optimación del beneficio que le reporta al solicitante y no se constituye como mecanismo de control ciudadano del desempeño de las funciones propias de esa Institución o como una herramienta de combate de la corrupción, como busca el espíritu de la Ley de Transparencia, sino que actúa en contraposición a la protección de los derechos esenciales de un sin número de ciudadanos, considerando que las investigaciones penales aún no están concluidas lo que podría significar que la ciudadanía efectúe una valoración anticipada, o peor aún, distinta a la conclusión a la que puedan arribar los Tribunales de Justicia, provocando en definitiva una lesión en los derechos fundamentales de una persona, lo que estiman que provoca irreparables en su vida y en la de su grupo familiar y social. 5) GESTIÓN OFICIOSA: En atención a los antecedentes tenidos a la vista, este Consejo solicitó a la Policía de Investigaciones de Chile mediante correo electrónico de fecha 4 de enero de 2021, informe si la totalidad de los antecedentes contenidos en el "Archivo de la Brigada Investigadora de Delitos contra los Derechos Humanos", dicen relación con procedimientos judiciales penales que no se encuentran concluidos. En el evento, de ser negativa su respuesta, informe si la búsqueda y sistematización de la información en los términos solicitados, haría concurrir la causal de reserva dispuesta en el artículo 21 N° 1 letra c) de la Ley de Transparencia, señalando, especialmente, lo siguiente: a) Si la información se encuentra en formato digital o material; b) ubicación material de lo solicitado, sea en las dependencias del órgano reclamado, o bien, en lugares especialmente destinados para el archivo y resguardo de la información requerida, circunstancia que debe acreditarse detallada y suficientemente, tanto desde el punto de vista geográfico como desde la perspectiva del acceso directo e inmediato a dichas dependencias; c) medida de tiempo que comprende la solicitud de información, la que puede referirse a días, semanas, meses o años; d) determinación del número de documentos que han sido requeridos, lo que debe ser explicitado suficientemente por el órgano requerido; e) funcionarios encargados de la búsqueda, recopilación y entrega de la información pedida, como también de las horas hombre destinadas especialmente a dichos efectos. f) Complejidad de determinar si los procesos judiciales se encuentran en tramitación o terminados. g) Necesidad de tarjar datos personales o sensibles contenidos en dicho Archivo, cómo su complejidad. El órgano reclamado mediante carta de fecha 6 de enero de 2021, informó que la totalidad de la documentación que contiene el archivo, dice relación con investigaciones de carácter penal, sin embargo no existe certeza que todas aquellas se encuentren terminadas, toda vez que, sólo puede ser requerida y validada por los Tribunales de Justicia, específicamente cada uno de los Juzgados y/o Ministros investigadores, nunca han llevado o tenido constancia acerca del estado procesal de las causas que se instruyen, en razón de que éstas se desarrollan propiamente en los Tribunales, quedando suscrita la participación de esta Institución a la parte investigativa, como auxiliares de la administración de justicia. Por consiguiente, señalan lo siguiente: a) El archivo no se encuentra digitalizado, por tal razón se está trabajando en un proyecto para poder hacerlo, pero este aún no tiene fecha para concretarse. b) La ubicación material del archivo es en calle Avenida Condell N° 264, comuna de Providencia, esto es en la Brigada Investigadora de Delitos Contra los Derechos Humanos, en una dependencia habilitada para tal efecto (Bodega). c) En cuanto al tiempo que comprende la solicitud de información, es difícil de determinar, toda vez que, es de carácter general y debe leerse cada uno de los documentos para saber si dice relación con lo requerido por el recurrente. d) No se puede determinar en cuantos documentos existe alguna referencia a centros de torturas y/o similares, toda vez que las investigaciones se refieren a delitos cometidos contra las personas, que en muchas ocasiones diferentes causas penales coinciden en algún lugar de detención, pero no tienen vinculación directa entre ellas, salvo lugar de detención o tortura, razón por la cual, los antecedentes no están clasificados bajo una nomenclatura o categorización como la solicitada, motivo por el cual, el funcionario tendría que LEER TODO y CADA UNO DE LAS HOJAS QUE COMPONEN EL ARCHIVO, para efectuar un análisis detallado extrayendo los antecedentes para informar al recurrente, más si consideramos que existe un estimativo de 1.200.000.- de hojas que conforman documentos, en formato papel y en copia mantequilla. e) Respecto de los funcionarios encargados de la búsqueda, recopilación y entrega de la información, sólo hay un funcionario designado para la custodia y para los requerimientos internos de otros oficiales investigadores, por cuanto es material de consulta permanente para las indagatorias, de forma tal que solo dicho funcionario sería en definitiva el encargado de extraer los antecedentes para el reclamante, en atención a que el lugar donde los archivos se encuentran es una unidad policial operativa, asimismo dicho funcionario no solo está encargado de la custodia de este archivo sino que también ejecuta distintas labores en la unidad policial. f) Como se indicó anteriormente, existe una complejidad de determinar si los procesos judiciales se encuentran en tramitación o terminadas, ello no es posible determinarlo institucionalmente, toda vez que, quien está a cargo de la investigación y de la causa procesal son los Tribunales de Justicia. El archivo está formado por copias de los originales que se remiten a los Tribunales, no teniendo la obligación de informar a esta Institución, el estado actual de cada una de las más de 1700 causas. g) Ciertamente, que en los antecedentes que se pretenden constan antecedentes personales y sensibles que necesariamente debieran ser tarjados para dar cumplimiento a lo dispuesto en la ley N° 19.628, sobre protección de la vida privada - en adelante ley N° 19.628-. Y CONSIDERANDO: 1) Que este amparo se funda en la respuesta negativa a la solicitud, al respecto el órgano reclamado alegó las causales de secreto o reserva dispuestas en el artículo 21 N° 1 letra a) y N° 5 de la Ley de Transparencia, esta última en relación con lo dispuesto en los artículos 74 Bis b y 78 del Código de Procedimiento Penal. 2) Que en cuanto a la información solicitada se debe tener presente que el decreto supremo N° 79, año 2018, del Ministerio de Educación, declara monumento nacional en la categoría de monumento histórico al "Archivo de la Brigada Investigadora de Delitos contra los Derechos Humanos de la Policía de Investigaciones de Chile"; y en cuyo texto se señala que aquel se compone de 14 series documentales, a saber: I. Detenidos Desaparecidos. Consta de 752 carpetas con fichas de identificación ordenadas alfabéticamente. II. Agentes. La serie está compuesta por fotografías y cédulas de identidad de ex agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) y la Central Nacional de Informaciones (CNI). Las fotografías están individualizadas en 416 carpetas colgantes ordenadas alfabéticamente y depositadas en cajas. III. Testigos. Se conserva en 106 carpetas y corresponde a entrevistas realizadas en el marco de las distintas investigaciones seguidas por los equipos de trabajo conformados al interior de la PDI. Los documentos se presentan ordenados alfabéticamente y depositados en carpetas. IV. Oficios Reservados enviados a la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación. Documentación administrativa conservada en 11 archivadores ordenados numéricamente, despachada desde el equipo de investigación denominado 'Departamento V de Asuntos Internos', según requerimientos remitidos desde la CNRR. V. Copias de Informes Policiales. Documentación administrativa conservada en 33 cajas y 106 empastes. Los documentos se presentan ordenados numéricamente. VI. Copias de Partes Policiales. Documentación administrativa conservada en 20 cajas y 67 empastes. Los documentos se presentan ordenados numéricamente. VII. Copias de Informes enviados a Tribunales. Documentación administrativa conservada en 65 archivadores. Los documentos se presentan ordenados numéricamente. VIII. Copias de Partes, Informes y Otros Documentos. Documentación administrativa conservada en 103 archivadores, ordenados por casos. IX. Documentos Varios. La serie da cuenta de las investigaciones instruidas por los Tribunales de Justicia chilenos y seguidas por los equipos de trabajo de la PDI, en función de 'Casos'. Entre los casos investigados se encuentran: Villa Grimaldi; Conferencia; Operación Cóndor; José Alsina; Huber; Anfrus-Papi; Operación Albania; Pisagua; Orlando Letelier; Carlos Prats; Carrizal; Comando Conjunto; Degollados; Gendarmería; Lumi Videla Moya; Carmelo Soria Espinoza; Daniel Palma Robledo; Samuel Fuenzalida Devia; Fernando Ossandón Correa; Alfonso Gaona Chávez; Jesús Rodríguez González, Lonquén; Homicidio Calificado de Tucapel Jiménez, Causa Rol N° 1643-1982; Cuarteles; Operación Colombo; Tejas Verdes; Torres San Borja; Causa Rol N° 2182-1998. Augusto Pinochet Ugarte; Caravana de la Muerte (12 cajas); Alfonso Chanfreau Oyarce; entre otros. La documentación está conservada en 62 archivadores, ordenados por casos. X. Patio 29. Antecedentes administrativos, pre-mortem, protocolos de autopsias, estudios médicos, antecedentes familiares y situación civil de las víctimas. Se identifican en la serie certificados de defunción emitidos por el Archivo General del Servicio de Registro Civil e Identificación, autorizaciones de sepultación, certificados de recaudación del Cementerio General, entre otros. La documentación está conservada en 19 carpetas ordenados por casos y depositados en 3 cajas. XI. Fichas de Detenidos Desaparecidos en Provincia. Vicaría de Provincia. Documentación que proviene de la gestión realizada por la Vicaría de la Solidaridad, en regiones. La serie contiene de fichas de identificación de detenidos desaparecidos o ejecutados, las que están ordenadas alfabéticamente y depositadas en 2 archivadores. XII. Fichas de Detenidos Desaparecidos en Santiago. Vicaría de Santiago. Documentación que proviene de la gestión realizada por la Vicaría de la Solidaridad, en Santiago. La serie contiene fichas de identificación de detenidos desaparecidos o ejecutados, las que están ordenadas alfabéticamente y depositadas en 4 archivadores. XIII. Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación con Convicción. Documentación que da cuenta del trabajo realizado por la CNRR, con respecto a la convicción de la calidad de víctima de violaciones a los derechos humanos o de la violencia política, en el contexto de la dictadura cívico-militar. La documentación está conservada en 256 carpetas ordenadas alfabéticamente. XIV. Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación sin Convicción. Documentación que da cuenta del trabajo realizado por la CNRR, con respecto a la falta de convicción de la calidad de víctima de violaciones a los derechos humanos o de la violencia política, en el contexto de la dictadura cívico-militar. La documentación está conservada en 115 carpetas ordenadas alfabéticamente. 3) Que, además, el decreto supremo N° 79/2018, señala que entre los valores históricos y atributos que se identifican para el archivo están, entre otros, "El fondo documental representa una etapa decisiva del proceso de investigación oficial de las violaciones a los derechos humanos, iniciado a partir de 1991, permitiendo comprender la evolución institucional del país para conocer estos delitos, además de aportar a las causas judiciales"; "Es una contribución a la educación en la promoción de los DD.HH. del conjunto de la sociedad"; "El conjunto de documentos es una fuente de información primaria y excepcional para el desarrollo de estudios relacionados con historia del tiempo presente, social y cultural, de las instituciones, política, información judicial, memoria y de Derechos Humanos"; "La información resguardada y conservada por la Jefatura Nacional de Delitos Contra los Derechos Humanos y las Personas, continúa siendo de gran utilidad para investigaciones judiciales actuales y futuras"; y "La posibilidad de ser consultado por interesados fomenta un espacio de alta relevancia para el acervo cultural del país". 4) Que, en la página web institucional del Consejo de Monumentos Nacionales de Chile se informa respecto del "Archivo de la Brigada Investigadora de Delitos contra los Derechos Humanos de la Policía de Investigaciones de Chile", en lo pertinente, lo siguiente: "El fondo documental se encuentra sin proceso de conservación preventiva, sin catalogación, sin digitalización y solamente con propuesta de clasificación. En una primera aproximación, la documentación presenta un buen estado de conservación general, aunque se han detectado indicios de falta de control en la manipulación y almacenaje. La habitación que contiene al conjunto de documentos funciona como depósito". (En: https://www.monumentos.gob.cl/monumentos/monumentos-historicos/archivo-brigada-investigadora-delitos-derechos-humanos-policia, revisado con fecha 7 de enero de 2021) 5) Que, en atención a las alegaciones realizados por el órgano reclamado, este Consejo consultó a aquel en los términos señalados en el N° 5 de la parte expositiva de esta decisión, informe si la totalidad de los antecedentes contenidos en el "Archivo de la Brigada Investigadora de Delitos contra los Derechos Humanos de la Policía de Investigaciones de Chile", dicen relación con procedimientos judiciales penales que no se encuentran concluidos. En tal sentido, la PDI manifestó no tener certeza de aquello puesto que nunca han llevado o tenido constancia acerca del estado procesal de las causas que se instruyen, debido a que éstas se desarrollan propiamente en los Tribunales de Justicia, quedando suscrita su participación a la parte investigativa, como auxiliares de la administración de justicia. 6) Que atendido a que del contenido del requerimiento se desprende que se solicita información asociada a determinados lugares y no en relación con las víctimas de los delitos, agentes u operaciones - como se encuentra organizado mayoritariamente aquel Archivo, según lo informado en el considerando segundo-, este Consejo solicitó al órgano reclamado informe si la búsqueda y sistematización de aquella en los términos solicitados, haría concurrir la causal de reserva dispuesta en el artículo 21 N° 1 letra c) de la Ley de Transparencia, en virtud de la cual se podrá denegar la entrega de la información cuando su publicidad "afecte el debido cumplimiento de las funciones del órgano requerido por tratarse de requerimientos de carácter genérico, referidos a un elevado números de actos administrativos o sus antecedentes o cuya atención requiera distraer indebidamente a los funcionarios del cumplimiento regular de sus funciones habituales". Dicha norma ha sido desarrollada en el artículo 7 N° 1 letra c) del Reglamento de la citada ley, señalando que "(...) un requerimiento distrae indebidamente a los funcionarios cuando su satisfacción requiera por parte de éstos, la utilización de un tiempo excesivo, considerando su jornada de trabajo, o un alejamiento de sus funciones habituales". 7) Que, respecto de la interpretación de la causal de reserva señalada en el considerando anterior, la jurisprudencia de este Consejo ha establecido que ésta sólo puede configurarse en la medida que los esfuerzos que supone la búsqueda o eventualmente la sistematización y posterior entrega de lo pedido demanden esfuerzos de tal entidad, que entorpezcan el normal o debido funcionamiento del organismo. Resumiendo, este criterio, la decisión de amparo rol C377-13, razonó que "la causal en comento depende ya no tanto de la naturaleza de lo pedido, sino más bien de cada situación de hecho en términos de los esfuerzos desproporcionados que involucraría entregar lo solicitado". Por ende, la configuración de la causal supone una ponderación de hecho sobre los aspectos que configuran tales esfuerzos, entre ellos el volumen de información o el costo de oportunidad. 8) Que, en dicho contexto, cabe tener presente lo señalado por la Excma. Corte Suprema, en su sentencia recaída en el recurso de queja Rol N° 6663-2012, de 17 de enero de 2013, en orden a que "la reserva basada en el debido ejercicio de las funciones del órgano deberá explicarse pormenorizadamente y probarse de modo fehaciente de qué manera el control ciudadano reflejado en la solicitud [de acceso] podría afectar el debido cumplimiento de las funciones (...), mencionarse las atribuciones precisas que la revelación de la información le impediría o entorpecería de cumplir debidamente (...), sin que basten para estos efectos meras invocaciones generales". 9) Que el órgano reclamado informó que el archivo no se encuentra digitalizado, que está ubicado en una bodega habilitada para tal efecto, que les resulta difícil determinar el tiempo que comprende la solicitud de información, toda vez que, es de carácter general y debe leerse cada uno de los documentos para saber si dice relación con lo requerido por el recurrente. Además, no pueden señalar de antemano en cuántos existe alguna referencia a centros de torturas y/o similares, toda vez que las investigaciones se refieren a delitos cometidos contra las personas, que en muchas ocasiones diferentes causas penales coinciden en algún lugar de detención, pero no tienen vinculación directa entre ellas, salvo lugar de detención o tortura, razón por la cual, los antecedentes no están clasificados bajo una nomenclatura o categorización como la solicitada, motivo por el cual, se tendría que leer todo y cada uno de las hojas que componen el archivo, para efectuar un análisis detallado ( alrededor de 1.200.000 hojas, algunas en papel mantequilla). Para lo anterior, cuentan sólo con un funcionario designado para la custodia y para los requerimientos internos de otros oficiales investigadores. A lo que se debe añadir la complejidad de determinar si los procesos judiciales se encuentran en tramitación o terminados, pues no cuentan con información sobre el estado actual de cada una de las más de 1700 causas que contiene el archivo. A todo lo anterior, se debe agregar que aquella contiene datos personales y sensibles que hay que tarjar. 10) Que, de esta forma, se concluye que otorgar acceso a lo pedido conllevaría la distracción de los funcionarios policiales del cumplimiento habitual de sus funciones, con el evidente perjuicio del normal quehacer institucional de la Policía de Investigaciones de Chile, en los términos previstos en el artículo 21 N° 1 letra c) de la Ley de Transparencia. Razón por la cual, se rechazará el amparo, por concurrir la causal de secreto o reserva señalada. Lo anterior, en ejercicio de la atribución otorgada a este Consejo por el artículo 33 letra j) de la ley citada. 11) Que, en virtud de lo resuelto precedentemente, este Consejo no se pronunciara sobre las alegaciones realizadas por el órgano reclamado, por resultar inoficioso. 12) Que, finalmente, se hace presente al reclamante que nada obsta que pueda formular nuevas solicitudes de acceso a la Policía de Investigaciones de Chile que abarquen un universo más acotado de antecedentes, en relación con la descripción de las series documentales de las que consta el Archivo, según se detalla en el considerando segundo, de forma que su satisfacción no entorpezca las funciones habituales del referido organismo. Asimismo, se recomienda al órgano reclamado adoptar las medidas necesarias y ajustes pertinentes, de forma tal de disponer de un mecanismo de gestión documental que facilite la búsqueda y sistematización de los antecedentes pedidos, de modo tal de hacer efectivo el ejercicio del derecho de acceso a información pública. Lo anterior, teniendo presente que uno de los atributos del "Archivo de la Brigada Investigadora de Delitos contra los Derechos Humanos de la Policía de Investigaciones de Chile" es "La posibilidad de ser consultado por interesados fomenta un espacio de alta relevancia para el acervo cultural del país". EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA: I. Rechazar el amparo interpuesto por don Alejandro Ancalao Romero en contra de la Policía de Investigaciones de Chile, por configurarse la causal de secreto o reserva dispuesta en el artículo 21 N° 1 letra c) de la Ley de Transparencia, en virtud de los fundamentos señalados precedentemente. II. Encomendar al Director General (S) y a la Directora Jurídica (S) de este Consejo, indistintamente, notificar el presente acuerdo a don Alejandro Ancalao Romero y al Sr. Director General de la Policía de Investigaciones de Chile. En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011. Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidenta doña Gloria de la Fuente González, su Consejera doña Natalia González Bañados y sus Consejeros don Francisco Leturia Infante y don Bernardo Navarrete Yáñez. Por orden del Consejo Directivo, certifica la Directora Jurídica (S) del Consejo para la Transparencia doña Ana María Muñoz Massouh.