Base de Datos de Jurisprudencia - Consejo para la Transparencia

Decisión ROL C5925-20

Reclamante:	PABLO MUNITA ROZAS
Reclamado:	DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS (DGA)
Resumen del caso: Se rechaza el amparo deducido en contra de la Dirección General de Aguas (DGA), relativo a la entrega de todas las cartas enviadas por la Junta de Vigilancia del Río Copiapó (JVRC) al Director General de Aguas durante el año 2020, que tengan relación con los expedientes donde la "Comunidad de Aguas Subterráneas Copiapó-Piedra Colgada; Piedra Colgada-Desembocadura" sea parte, o bien, que hayan sido complemento esencial para la dictación de actos administrativos. Lo anterior, por cuanto la información no existe en la forma pedida, toda vez que, según señaló el organismo, las cartas consultadas no han sido consideradas para dictar ningún acto administrativo, y no forman parte de expedientes de fiscalización en que sea parte la referida Comunidad; sin que se cuente con antecedentes que conduzcan a una conclusión contraria. A mayor abundamiento, se hace presente el criterio sostenido por este Consejo en la decisión de amparo Rol C4193-20, respecto de un correo electrónico remitido por un particular a la Administración del Estado, en el que señaló que si éste no sirvió de antecedente para acto o resolución administrativa, torna improcedente su entrega sin la autorización expresa de su titular; pues en caso contrario, se infringiría respecto de esta información la causal del artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia.
Tipo de decisión:	Decisión de Fondo
Fecha de la decisión:	1/25/2021
Consejeros:	-Gloria Alejandra de la Fuente González -Natalia Andrea González Bañados -Bernardo Eric Navarrete Yáñez
Legislación aplicada:	Constitución Política de la República Ley de Transparencia
Palabras clave:
Jurisprudencia desde:	C4193-20 C640-10
Jurisprudencia a:
Recursos relacionados:
Descriptores jurídicos:	- Causales de secreto o reserva >> Seguridad de la Nación >> Defensa nacional
Descriptores analíticos:	Bienes Públicos

DECISIÓN AMPARO ROL C5925-20   Entidad pública: Dirección General de Aguas (DGA) Requirente: Pablo Munita Rozas Ingreso Consejo: 21.09.2020 RESUMEN Se rechaza el amparo deducido en contra de la Dirección General de Aguas (DGA), relativo a la entrega de todas las cartas enviadas por la Junta de Vigilancia del Río Copiapó (JVRC) al Director General de Aguas durante el año 2020, que tengan relación con los expedientes donde la "Comunidad de Aguas Subterráneas Copiapó-Piedra Colgada; Piedra Colgada-Desembocadura" sea parte, o bien, que hayan sido complemento esencial para la dictación de actos administrativos. Lo anterior, por cuanto la información no existe en la forma pedida, toda vez que, según señaló el organismo, las cartas consultadas no han sido consideradas para dictar ningún acto administrativo, y no forman parte de expedientes de fiscalización en que sea parte la referida Comunidad; sin que se cuente con antecedentes que conduzcan a una conclusión contraria. A mayor abundamiento, se hace presente el criterio sostenido por este Consejo en la decisión de amparo Rol C4193-20, respecto de un correo electrónico remitido por un particular a la Administración del Estado, en el que señaló que si éste no sirvió de antecedente para acto o resolución administrativa, torna improcedente su entrega sin la autorización expresa de su titular; pues en caso contrario, se infringiría respecto de esta información la causal del artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia. En sesión ordinaria N° 1150 del Consejo Directivo, celebrada el 19 de enero de 2021, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C5925-20. VISTO: Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia. TENIENDO PRESENTE: 1) SOLICITUD DE ACCESO: El 04 de agosto de 2020, don Pablo Munita Rozas solicitó a la Dirección General de Aguas (DGA), la siguiente información: "(...) todas las cartas enviadas por la Junta de Vigilancia del Río Copiapó al Director General de Aguas durante el año 2020". 2) RESPUESTA: Por escrito de fecha 28 de agosto de 2020, la Dirección General de Aguas (DGA) respondió a dicho requerimiento de información, señalando que se encuentra impedido de proporcionar la documentación requerida debido a que el titular ha ejercido su derecho a oposición a la entrega de dichos antecedentes conforme al artículo 20 de la Ley de Transparencia. 3) AMPARO: El 21 de septiembre de 2020, don Pablo Munita Rozas dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en la respuesta negativa a su solicitud. Además, el reclamante hizo presente, en síntesis, lo siguiente: 1. El tercero consultado yerra al restarle importancia a las cartas enviadas a los organismos administrativos y, especialmente, al Director General de Aguas, puesto que, en virtud de dichos documentos, cuya información "es sólo para ellos" -como lo expresa en su respuesta-, se podrían ejercer importantes presiones sobre la Autoridad para la dictación de actos administrativos. 2. Con ello, no se está señalando que ello haya ocurrido, sino que sólo se pone en evidencia la razonabilidad de la preocupación por la denegación de las referidas cartas, respuesta que ha motivado el presente amparo. 3. Al efecto hace presente que, que la Junta de Vigilancia del Río Copiapó y sus Afluentes (JVRC) y la Comunidad de Aguas Subterráneas Copiapó-Piedra Colgada; Piedra Colgada- Desembocadura (cuyos intereses representa) son partes en diversos expedientes administrativos. En la actualidad, son cuatro las fiscalizaciones que se encuentran en tramitación en la DGA, y donde el contenido de las cartas solicitadas pudo haber sido complemento esencial para la dictación de los diversos actos administrativos dictados en dichos expedientes. 4. Lo anterior, a diferencia de lo que sostiene la JVRC, la solicitud sí entra en el campo de aplicación de la Ley 20.285, según doctrina que señala y lo resuelto en causas roles C640-10 y C83-2010, donde este Consejo resolvió que no puede considerarse privada una carta enviada por un particular a un funcionario público, porque se trata de materias propias que mantiene el particular con la administración del Estado. 5. Por tanto, se solicita se ordene la entrega de "(...) de aquellas cartas que tengan relación con los expedientes donde la Comunidad de Aguas Subterráneas Copiapó-Piedra Colgada; Piedra Colgada-Desembocadura sea parte, o bien, aquella correspondencia que haya sido complemento esencial para la dictación de actos administrativos". 4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo y mediante Oficio N° E16969, de 06 de octubre de 2020, confirió traslado al Sr. Director General de Aguas, solicitante que: (1°) se refiera, específicamente, a las causales de secreto o reserva que, a su juicio, harían procedente la denegación de la información; (2°) explique cómo lo solicitado afectaría los derechos de los terceros; (3°) acompañe todos los documentos incluidos en el procedimiento de comunicación de los terceros, incluyendo copia de las respectivas comunicaciones, de los documentos que acrediten su notificación, de las oposiciones deducidas y de los antecedentes que dan cuenta de la fecha en la que éstas ingresaron ante el órgano que usted representa; y, (4°) proporcione los datos de contacto -por ejemplo: nombre, dirección, número telefónico y correo electrónico-, de los terceros que se opusieron a la entrega de la información, a fin de dar aplicación a los artículos 25 de la Ley de Transparencia y 47 de su Reglamento. Por Ordinario DGA N° 490, de 21 de octubre de 2020, el órgano efectuó sus descargos, reiterando que cumplió con notificar al tercero involucrado según lo indica el artículo 20 de la Ley de Transparencia, quienes indicaron que la entrega de información afectaría su derecho a la privacidad de la correspondencia de su organización, y por corresponder a una entidad privada sus comunicaciones que no entra en el ámbito de aplicación de la Ley de Transparencia. - DESCARGOS Y OBSERVACIONES DE LOS TERCEROS INTERESADOS: De conformidad a lo prescrito en el artículo 25 de la Ley de Transparencia, el Consejo Directivo de esta Corporación, acordó dar traslado del amparo a tercero interesado mediante Oficio E18661 - 2020, de 29 de octubre de 2020. Por carta N° 155/2020, de 09 de noviembre de 2020, el tercero reiteró su oposición a la entrega de las cartas pedidas, señalando en lo medular que "Los documentos solicitados por el ciudadano corresponden como bien lo indican a Cartas, vale decir una comunicación escrita enviada por esta parte a el señor Director General de Aguas y en ocasiones a otros destinatarios puntuales ya que lo comunicado es información y comentarios sólo para ellos (...) y reitero, es una comunicación enviada por mi representada a un organismo administrativo, en consecuencia, nuestras comunicaciones no entran al campo de aplicación de la Ley 20.285, según lo indica su artículo 1 y 2 (...)". "(...) En conclusión, tratándose de que dichas cartas son correspondencia enviada por un privado, que ni siquiera han sido respondidas sea dicho de paso y no son un acto emanado por la administración pública, en la eventualidad de hacer público nuestras cartas (que no guardan relación con ningún acto que pueda revestir alguna presunción de ilegalidad) sin nuestro consentimiento a un tercero cuyo interés se desconoce, se estaría afectando nuestro derecho a la privacidad de la correspondencia además de insisto, no estar obligados por la ley 20285 a hacerlo". 5) GESTIÓN OFICIOSA I: Con fecha 20 de noviembre de 2020, esta Corporación requirió al órgano informar lo siguiente: a) Si las cartas consultadas forman parte de algún procedimiento administrativo; Especificar. b) En caso afirmativo indicar si dichos procedimientos se encuentran afinados. Por correo electrónico de fecha 26 de noviembre de 2020 el órgano respondió lo siguiente: a) Ninguno de los documentos son parte del procedimiento que se tramita en este Servicio con el código VFI-0302-15. b) Este expediente se encuentra en etapa de tramitación en al DGA. 6) GESTIÓN OFICIOSA II: Con fecha 27 de noviembre de 2020, esta Corporación requirió al órgano complementar su respuesta a la gestión oficiosa señalada precedentemente en el siguiente sentido: El reclamante señala en su amparo. a) Que existirían cartas enviadas por la Junta de Vigilancia del Río Copiapó al Director General de Aguas durante el año 2020, en relación con los expedientes donde la Comunidad de Aguas Subterráneas Copiapó-Piedra Colgada; Piedra Colgada-Desembocadura es parte; o bien, b) Correspondencia que habría sido remitida por la referida junta que ha sido complemento esencial para la dictación de actos administrativos. (Al efecto el reclamante señala que existen 4 fiscalizaciones que se encuentran en tramitación en la DGA, y donde el contenido de las cartas solicitadas pudo haber sido complemento esencial para la dictación de los diversos actos administrativos dictados en dichos expedientes). Se solicita pronunciarse sobre estas dos hipótesis. En caso de existir estas cartas remitir copias de ellas. Por correo electrónico de fecha 3 de diciembre de 2020, el órgano señaló lo siguiente: "Enviamos todas las cartas emitidas por la Junta de Vigilancia Río Copiapó (JVRC) dirigidas al Director General de Aguas, en el período requerido, señalando que estas cartas no han sido consideradas para dictar ningún acto administrativo, y no forman parte del expediente de fiscalización codificado como VFEI-0302-15 denuncia efectuada por la Comunidad de Aguas Subterráneas Copiapó-Piedra Colgada; Piedra Colgada-Desembocadura en contra de la JVRC". Y CONSIDERANDO: 1) Que, según consta en el punto 5, del N° 3 de lo expositivo, el presente amparo se circunscribe a la entrega de todas las cartas enviadas por la Junta de Vigilancia del Río Copiapó (JVRC) al Director General de Aguas durante el año 2020, que tengan relación con los expedientes donde la "Comunidad de Aguas Subterráneas Copiapó-Piedra Colgada; Piedra Colgada-Desembocadura" sea parte, o que hayan sido complemento esencial para la dictación de actos administrativos. Al efecto el órgano tanto en su respuesta como en los descargos evacuados en esta sede denegó esta información fundada en la oposición ejercida por el tercero interesado conforme al procedimiento establecido en el artículo 20 de la Ley de Transparencia; el cual, siendo emplazado en esta sede, reiteró su negativa a la entrega de lo pedido fundada en que respecto de esta información no se aplica la Ley de Transparencia, y cuya entrega afectaría su derecho a la privacidad. 2) Que, el artículo 8°, inciso 2°, de la Constitución Política de la República, en lo que interesa, establece que "son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen. Sin embargo, sólo una ley de quórum calificado podrá establecer la reserva o secreto de aquéllos o de éstos, cuando la publicidad afectare el debido cumplimiento de las funciones de dichos órganos, los derechos de las personas, la seguridad de la Nación o el interés nacional". Por su parte, según lo dispuesto en los artículos 5, inciso segundo, y 10 de la Ley de Transparencia, se considera información pública toda aquella que obre en poder de los órganos de la Administración del Estado, cualquiera sea su formato, soporte, fecha de creación, origen, clasificación o procesamiento, además de aquella contenida en "actos, resoluciones, actas, expedientes, contratos y acuerdos, así como a toda información elaborada con presupuesto público", salvo que dicha información se encontrare sujeta a las excepciones establecidas en el artículo 21 de la Ley de Transparencia u otras excepciones legales. 3) Que, en primer lugar, atendida la normativa expuesta, cabe señalar que a la información pedida se le aplica la Ley de Transparencia en la medida que obre en poder del órgano recurrido y/o sea fundamento de algún acto administrativo; lo que este Consejo deberá dilucidar y determinar si en ese caso procede su entrega o concurre alguna causal de reserva legal o circunstancia fáctica que impidiera su publicidad. 4) Que, sobre el particular, respecto de las cartas enviadas por el tercero consultado (JVRC) al Director General de Aguas durante el año 2020, relacionadas con expedientes donde la "Comunidad de Aguas Subterráneas Copiapó-Piedra Colgada; Piedra Colgada-Desembocadura" es parte; o bien, que hayan sido complemento esencial para la dictación de actos administrativos; según consta en los N° 5 y N° 6 de lo expositivo, la reclamada señaló que la información en la forma pedida no existe, toda vez que las cartas consultadas no han sido consideradas para dictar ningún acto administrativo, y no forman parte del expediente de fiscalización en que es parte la referida Comunidad de Aguas Subterráneas. 5) Que, en cuanto a la información que según el reclamante no habría sido entregada, se debe hacer presente que constituye un presupuesto básico para el ejercicio del derecho fundamental de acceso a la información pública el que la información requerida exista en poder del órgano solicitado, conforme preceptúan los artículos 5° y 10 de la Ley de Transparencia. En consecuencia, atendido que el órgano reclamado sostiene que no obra en su poder la información en la forma pedida, y que analizados los antecedentes pedidos no se cuenta con antecedentes que conduzcan a una conclusión contraria, se procederá a rechazar el presente amparo. 6) Que, a mayor abundamiento, cabe hacer presente lo razonado por este Consejo en la decisión de amparo Rol C4193-20, respecto de un correo electrónico remitido por un particular a la Administración del Estado, en el cual señaló "(...) que el requerimiento comprende la entrega de una comunicación de carácter privada, enviada por un particular, y que no sirvió de antecedente para acto o resolución administrativa, tornando improcedente su entrega sin la autorización expresa de su titular; caso contrario, se infringiría respecto de esta información la causal del artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia". EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA: I. Rechazar el amparo deducido por don Pablo Munita Rozas en contra de la Dirección General de Aguas (DGA), atendida la inexistencia de la información en la forma pedida, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente. II. Encomendar al Director General (S) y a la Directora Jurídica (S) de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Pablo Munita Rozas; al Director General de Aguas y al tercero interesado. En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011. Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidenta doña Gloria de la Fuente González, su Consejera doña Natalia González Bañados y don Bernardo Navarrete Yáñez. El Consejero don Francisco Leturia Infante no concurre al presente acuerdo por encontrarse ausente. Por orden del Consejo Directivo, certifica la Directora Jurídica (S) del Consejo para la Transparencia doña Ana María muñoz Massouh.